Los textos, leídos tal como están escritos.

El objetivo declarado del tratado es una relación de cooperación mutua entre las Partes: la UE y el Reino Unido, para Gibraltar (artículo 3, apartado 1, letra a)). Esa relación debe promover también la prosperidad compartida y unas relaciones estrechas y constructivas respecto a Gibraltar y a la zona adyacente de España, en particular el territorio de los municipios que componen la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (la asociación de los municipios del Campo de Gibraltar).

No se nombra ningún otro artículo. El artículo 3, apartado 1, letra g), define el mismo territorio, los municipios que componen la Mancomunidad, como «zona contigua a la frontera». Ese término definido se usa en los artículos 62, 248, 276, 279, 295 y 299.

El artículo 18, apartado 1, exige que el tratado se interprete de buena fe y a la luz de su objeto y propósito; el artículo 1 es donde el tratado declara su objetivo. El artículo 1 nombra los municipios de la Mancomunidad «en particular»; no fija el límite exterior de «la zona adyacente».

El objetivo del presente Acuerdo es establecer una relación de cooperación mutua entre las Partes que promueva asimismo la prosperidad compartida y unas relaciones estrechas y constructivas respecto a Gibraltar y a la zona adyacente del Reino de España, en particular, el territorio de los municipios que componen la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Texto oficial Artículo 1 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El tratado, cualquier acuerdo complementario según el artículo 4, cualquier acuerdo administrativo u otra disposición relacionada con el tratado, y cualquier medida, instrumento o práctica adoptados en aplicación de ellos, como resultado de ellos o al amparo de ellos, dejan a salvo (no afectan a) las posiciones jurídicas del Reino Unido o de España sobre la soberanía y la jurisdicción, y no las afectan de ningún otro modo. Nada de ello sirve de base para afirmar o negar la soberanía, tampoco en procedimientos judiciales ni de otro tipo.

Se nombra el artículo 4 (acuerdos complementarios), por lo que el artículo 2 también abarca los acuerdos que son acuerdos complementarios según el artículo 4. También abarca los «acuerdos administrativos u otras disposiciones relacionadas con el presente Acuerdo». Los siete acuerdos administrativos entre el Reino Unido, para Gibraltar, y España se firmaron en Madrid el 25 de junio de 2026; el acuerdo administrativo en materia de aplicación dice que se celebra conforme a los principios del tratado y con sujeción a ellos «y, en particular, a lo dispuesto en su artículo 2».

El artículo 301, apartado 2, letra a), excluye el artículo 2 de las disposiciones que pueden llevarse ante el tribunal de arbitraje según la sexta parte (solución de diferencias). Según el artículo 301, apartado 3, una Parte podrá, en su lugar, llevar una diferencia sobre ese artículo al Consejo de Cooperación. El artículo 301, apartado 6, añade que la sexta parte no se aplica a ninguna diferencia sobre la soberanía y la jurisdicción. Fuera del tratado, el Concordat entre el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de Gibraltar, firmado en Bruselas el 14 de julio de 2026, recoge que las obligaciones del Reino Unido fueron "entered into with the consent of His Majesty’s Government of Gibraltar" (en español: contraídas con el consentimiento del Gobierno de Su Majestad de Gibraltar), y menciona la moción del Parlamento de Gibraltar de 3 de marzo de 2026. También recoge que la expresión "United Kingdom, in respect of Gibraltar" (en español: Reino Unido, para Gibraltar) se entiende, cuando proceda, referida al Gobierno de Gibraltar o a Gibraltar.

El presente Acuerdo, los acuerdos complementarios a que se refiere el artículo 4, los posibles acuerdos administrativos u otras disposiciones relacionadas con el presente Acuerdo, así como las medidas, instrumentos o prácticas adoptados en aplicación o como resultado de ellos, o en virtud de ellos, se entenderán sin perjuicio de las respectivas posiciones jurídicas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o del Reino de España en relación con la soberanía y la jurisdicción, y no afectarán de otro modo a dichas posiciones jurídicas ni servirán de base para ninguna afirmación o denegación de la soberanía, ni siquiera en procedimientos judiciales o de otro tipo.

Texto oficial Artículo 2 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Fija el significado de palabras clave para todo el tratado y para cualquier acuerdo complementario, salvo que una disposición diga otra cosa. Las Partes son la UE y el Reino Unido, para Gibraltar. La legislación de una Parte es, en el caso del Reino Unido, el ordenamiento jurídico aplicable en Gibraltar, salvo que se disponga específicamente otra cosa. Un interesado es una persona física identificada o identificable (un ser humano, no una empresa), y los datos personales son toda información relativa a esa persona. Un día es un día natural, por lo que cuentan los fines de semana y los festivos. Un país de la UE («Estado miembro», en el texto) es un miembro de la UE. La zona contigua a la frontera es el territorio de los municipios que componen la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en España. Las referencias a la UE incluyen la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), salvo que se disponga otra cosa o que el contexto exija otra interpretación. Las referencias al Reino Unido aluden al Reino Unido como Estado responsable de las relaciones exteriores de Gibraltar.

El artículo 1 nombra por primera vez la Mancomunidad; la letra g) convierte su territorio en el término definido «zona contigua a la frontera», que se usa en los artículos 62, 248, 276, 279, 295 y 299. Las definiciones de interesado y de datos personales se usan en el artículo 14, el artículo sobre protección de datos. El artículo 26 añade otra serie de definiciones para la segunda parte.

Letra b): cuando el tratado se refiere a la legislación de una Parte, en el caso del Reino Unido se refiere al ordenamiento jurídico aplicable en Gibraltar, salvo que una disposición diga específicamente otra cosa. Letra g): la zona contigua a la frontera es el territorio de la Mancomunidad, no toda España. Letra d): los plazos del tratado se cuentan en días naturales, salvo que un artículo diga otra cosa. Apartado 3: el Reino Unido es Parte como Estado responsable de las relaciones exteriores de Gibraltar. El artículo 6 hace pasar las comunicaciones formales dirigidas a las autoridades competentes de Gibraltar, o procedentes de ellas, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (Foreign, Commonwealth and Development Office), salvo cuando otro artículo deja sin efecto esa vía.

1. A los efectos del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario, y salvo que se disponga otra cosa, se entenderá por:
a) «Parte» o «Partes»: la Unión Europea y el Reino Unido, respecto a Gibraltar;
b) «legislación de una Parte» o «legislación de las Partes», en lo que se refiere al Reino Unido, respecto a Gibraltar, el ordenamiento jurídico aplicable en Gibraltar, salvo que se disponga otra cosa específicamente;
c) «interesado»: una persona física identificada o identificable; se considerará persona identificable una persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular, mediante un identificador, como, por ejemplo, un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;
d) «día»: día natural;
e) «Estado miembro»: un Estado miembro de la Unión Europea;
f) «datos personales»: toda información relativa a un interesado;
g) «zona contigua a la frontera»: el territorio de los municipios que componen la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en el Reino de España.
2. Se entenderá que toda referencia a la «Unión» en el presente Acuerdo o en cualquier acuerdo complementario incluye a la Comunidad Europea de la Energía Atómica, salvo que se disponga otra cosa o que el contexto exija otra interpretación.
3. Se entenderá que toda referencia al «Reino Unido» en el presente Acuerdo o en cualquier acuerdo complementario alude al Reino Unido como Estado responsable de las relaciones exteriores de Gibraltar.

Texto oficial Artículo 3 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cuando la UE y el Reino Unido celebren otros acuerdos bilaterales entre ellos respecto a Gibraltar, esos acuerdos son «acuerdos complementarios» de este, salvo que dispongan otra cosa. Forman parte integrante de las relaciones generales entre la UE y el Reino Unido, para Gibraltar, que rige el tratado, y forman parte del marco general. Lo mismo se aplica a los acuerdos entre la UE y los países de la UE, por una parte, y el Reino Unido, para Gibraltar, por otra, y a los acuerdos entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y el Reino Unido, para Gibraltar.

Solo el artículo 2 nombra el artículo 4 por su número: la cláusula de soberanía abarca los acuerdos complementarios. Muchos otros artículos se aplican a «cualquier acuerdo complementario» con esas mismas palabras, entre ellos la norma sobre derechos privados (artículo 21), los artículos institucionales (22, 23, 24), la solución de diferencias (artículos 300 a 304 y otros de la sexta parte) y la terminación (artículo 334).

A través de esos artículos, un acuerdo complementario queda sometido a los mismos órganos y normas que el tratado: el Consejo de Cooperación lo supervisa (artículo 22, apartado 3); las decisiones del Consejo y de los comités del tratado UE-Reino Unido son vinculantes para los órganos creados en su marco (artículo 24, apartado 1); la solución de diferencias se extiende a él (artículo 301, apartado 1); y, si cualquiera de las Partes pone fin al tratado con una notificación por escrito, el acuerdo complementario deja de estar en vigor en la misma fecha (artículo 334).

1. Cuando la Unión y el Reino Unido concluyan otros acuerdos bilaterales entre ellos respecto a Gibraltar, dichos acuerdos constituirán acuerdos complementarios del presente Acuerdo, salvo que en dichos acuerdos se disponga otra cosa.
Esos acuerdos complementarios serán parte integrante de las relaciones bilaterales generales entre la Unión y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, regidas por el presente Acuerdo y formarán parte del marco general.
2. El apartado 1 también se aplicará a:
a) los acuerdos entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, por otra; y
b) los acuerdos entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, por otra.

Texto oficial Artículo 4 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las comunicaciones formales, y las decisiones que deban notificarse, que hagan las autoridades competentes de Gibraltar (los organismos públicos encargados de cada asunto) o que se dirijan a ellas pasan por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO), o por otro organismo con sede en el Reino Unido que el Gobierno del Reino Unido podrá nombrar (apartado 1). Cuando una decisión de una autoridad de Gibraltar deba hacerse valer directamente ante un tribunal u otra autoridad encargada de hacerla cumplir en un país de la UE sin una notificación formal previa, el FCDO certifica que el documento es auténtico (apartado 2). Cuando el Reino Unido notifica qué autoridades de Gibraltar son competentes según el tratado o un acuerdo complementario, la notificación también debe mencionar el FCDO o el otro organismo del Reino Unido (apartado 3). Otros artículos dejan sin aplicar estas normas, de forma expresa, para intercambios concretos.

Nueve artículos dejan sin aplicar de forma expresa el artículo 6, apartado 1 (en el artículo 48, todo el artículo 6), para intercambios concretos: las notificaciones sobre personas residentes en Gibraltar (46), los visados (47, 48), los permisos de residencia (50, 51), la norma transitoria sobre los permisos de residencia (52) y los intercambios sobre aduanas, mercancías y tabaco (249, 257, 258). El artículo 250, apartado 8, limita el artículo 6, apartado 1, a los intercambios de datos compilados periódicamente según ese artículo. El artículo SSC.2 del Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social deja sin aplicar los apartados 2 y 3 para ese Protocolo. En los capítulos sobre Europol y Eurojust, los intercambios pasan por los puntos de contacto y los funcionarios de enlace del Reino Unido (artículos 77 y 100).

Cuando se aplica el artículo 6, el canal de las comunicaciones formales con las autoridades competentes de Gibraltar es el FCDO, u otro organismo del Reino Unido que nombre el Gobierno del Reino Unido. Seis de los nueve artículos que lo dejan sin aplicar (46 a 48 y 50 a 52) están en la segunda parte, título III, capítulo 1, sobre residencia, visados y permisos de residencia. El artículo 6 no dice por sí mismo qué canal se usa cuando no se aplica.

1. Las comunicaciones formales y las decisiones que deban ser notificadas a las autoridades competentes de Gibraltar, realizadas por ellas o dirigidas a ellas, se transmitirán a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Desarrollo y de la Commonwealth (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO) u otro organismo equivalente del Reino Unido, en cualquier caso con sede en dicho país, que el Gobierno del Reino Unido decida nombrar.
2. El FCDO certificará como auténticos los documentos expedidos por las autoridades competentes de Gibraltar cuando las decisiones deban hacerse valer directamente ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad encargada del control del cumplimiento de un Estado miembro sin necesidad de una notificación oficial previa.
3. La notificación, por parte del Reino Unido, de las autoridades competentes de Gibraltar en virtud del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario incluirá también una referencia al FCDO o al otro organismo del Reino Unido contemplado en el apartado 1.

Texto oficial Artículo 6 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Todas las barreras físicas deben eliminarse («se eliminarán») según el plan de ejecución del acuerdo administrativo correspondiente entre el Reino Unido, para Gibraltar, y España. El artículo no enumera qué barreras abarca, no dice quién las elimina y no fija ninguna fecha. Deja esas cuestiones al plan, que está en un acuerdo administrativo fuera del texto del tratado.

El artículo 28 fija una obligación aparte de eliminar todas las barreras físicas relacionadas con la circulación de personas entre la UE y Gibraltar, sin remitir al plan. El artículo 336, apartado 2, remite al plan de ejecución de este artículo.

Tenemos el texto del plan: el anexo 1 (España) y el anexo 2 (el Reino Unido, para Gibraltar) del acuerdo administrativo sobre la aplicación, firmado en Madrid el 25 de junio de 2026. Cada uno fija una primera fase de obras que debe terminar antes del 15 de julio de 2026 y una segunda fase que debe terminar antes del 1 de enero de 2028. La primera fase del plan de Gibraltar incluye «la demolición íntegra de la verja fronteriza». Según el artículo 336, apartado 2, las Partes solo podían acordar aplicar el tratado de forma provisional después de notificarse mutuamente que el plan y los acuerdos administrativos de la lista «están en vigor y se han aplicado plenamente», y que las medidas del artículo 258 están en vigor. El propio plan tiene una segunda fase que termina antes del 1 de enero de 2028; los textos consultados no dicen cómo encajan las dos cosas. El comunicado de prensa IP/26/1609 de la Comisión Europea, de 14 de julio de 2026, decía que la aplicación provisional empezaría el 15 de julio de 2026.

Todas las barreras físicas se eliminarán de conformidad con el plan de ejecución contenido en el acuerdo administrativo pertinente entre el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España.

Texto oficial Artículo 7 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Fija las normas del tratado sobre protección de datos. Se aplican a la protección de las personas físicas en lo que respecta a los datos personales tratados de forma total o parcialmente automatizada, o de otra forma cuando los datos forman parte de un fichero o están destinados a formar parte de él (apartado 1). El anexo 3, una lista de normas de la UE sobre protección de datos que incluye el Reglamento general de protección de datos (RGPD), es parte integrante del artículo, sin las normas del RGPD sobre la competencia y las funciones de la autoridad de control principal y de la autoridad de control que corresponda (apartado 2). El artículo 19 se aplica al anexo 3: el Reino Unido, para Gibraltar, debe tener las mismas disposiciones en su legislación y aplicarlas, y debe notificar en un plazo de 30 días su decisión de aceptar cada acto posterior de la UE e incorporarlo a su legislación, con las consecuencias que fija el artículo 19 (apartado 3). Sin que cambie lo que dice el artículo 20, la legislación de Gibraltar en este ámbito se interpreta de acuerdo con los actos pertinentes del Comité Europeo de Protección de Datos (el órgano de la UE que reúne a las autoridades de protección de datos), de la misma manera y en las mismas condiciones que para los países de la UE (apartado 4). La autoridad de control del Reino Unido, para Gibraltar, en materia de protección de datos debe tener en cuenta en la mayor medida posible las decisiones adoptadas según los artículos 60 y 65 del RGPD cuando decida asuntos que planteen cuestiones similares sobre las mismas normas (apartado 5). Se entiende que la referencia a los países de la UE del artículo 68, apartado 3, del RGPD no incluye al Reino Unido, para Gibraltar. La autoridad de control del Reino Unido, para Gibraltar, solo podrá ser invitada a las reuniones del Comité cuando se debatan decisiones dirigidas a ella, o cuando su presencia sea necesaria y de interés para la UE para garantizar la aplicación efectiva de las mismas normas en Gibraltar; en ese caso participa como experta o invitada, y su participación se limita estrictamente a los puntos correspondientes del orden del día (apartado 6). A efectos del tratado, las referencias a terceros países en las normas de la UE de la lista no incluyen al Reino Unido, para Gibraltar, siempre que se cumpla el apartado 2 de acuerdo con el artículo 19, apartado 1 (apartado 7). Se mantendrá debidamente informado al Reino Unido, para Gibraltar, siempre que la UE tenga la intención de adoptar una decisión de adecuación (una decisión de la UE que reconoce que la protección de datos de un país es adecuada) según el artículo 45 del RGPD o el artículo 36 de la Directiva (UE) 2016/680 (apartado 8).

El artículo 19 obliga al Reino Unido, para Gibraltar, a tener y aplicar las mismas disposiciones que los actos de la UE de la lista, y a notificar en un plazo de 30 días su decisión de aceptar cada acto posterior de la UE e incorporarlo a su legislación. Según el artículo 19, apartado 5, si el Reino Unido, para Gibraltar, se niega, no lo notifica o no informa de su incorporación en un plazo de seis semanas, se considera terminado todo el tratado, salvo que el Consejo de Cooperación (el órgano conjunto que vigila el tratado) decida otra cosa en un plazo de 90 días. El artículo 20 obliga a interpretar esas disposiciones de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El anexo 3 contiene la lista de actos; el RGPD y la Directiva (UE) 2016/680, sobre protección de datos en el ámbito policial y penal, se citan para los dictámenes del Comité Europeo de Protección de Datos y para las decisiones de adecuación.

El anexo 3 enumera el RGPD, la Directiva (UE) 2016/680, sobre protección de datos en el ámbito policial y penal, y una serie de decisiones de adecuación de la UE. Según el apartado 6, la referencia a los países de la UE del artículo 68, apartado 3, del RGPD no incluye al Reino Unido, para Gibraltar, y la autoridad de control del Reino Unido, para Gibraltar, solo podrá ser invitada a las reuniones del Comité en los casos que fija ese apartado, y participa como experta o invitada. El apartado 7 es condicional: se aplica «a condición de que se cumpla lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, de conformidad con el artículo 19, apartado 1».

1. El presente artículo se aplica a la protección de las personas físicas en lo que respecta a sus datos personales cuando estos se traten de forma total o parcialmente automatizada, o de forma no automatizada cuando esos datos estén contenidos en un fichero o estén destinados a ser incluidos en un fichero (en lo sucesivo, «protección de datos»).
2. El anexo 3 será parte integrante del presente artículo. Dicho anexo no incluirá las disposiciones del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) que regulan la competencia y las funciones de la autoridad de control principal y de la autoridad de control que corresponda.
3. El artículo 19 se aplicará al anexo 3.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 del presente Acuerdo, las disposiciones de la legislación interna del Reino Unido, respecto a Gibraltar, mencionadas en el artículo 19, apartado 1, del presente Acuerdo, en el ámbito cubierto por el anexo 3 se interpretarán de conformidad con los actos pertinentes del Comité Europeo de Protección de Datos (en lo sucesivo, «Comité») de la misma manera y en las mismas condiciones en que se interpreten para los Estados miembros. Esto incluye los dictámenes que la autoridad de control en materia de protección de datos del Reino Unido, respecto a Gibraltar, solicite o reciba de conformidad con el artículo 64 del Reglamento (UE) 2016/679, en relación con las normas aplicables al Reino Unido, respecto a Gibraltar, que son las mismas que las normas de los actos de la Unión que figuran en el anexo 3.
5. La autoridad de control en materia de protección de datos del Reino Unido, respecto a Gibraltar, tendrá en cuenta en la mayor medida posible las decisiones adoptadas por la autoridad de control competente de conformidad con el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679 y las decisiones adoptadas por el Comité de conformidad con el artículo 65 de dicho Reglamento a la hora de decidir sobre asuntos que planteen cuestiones similares de interpretación y aplicación de las mismas normas que las establecidas en ese Reglamento.
6. Se entenderá que la referencia a los Estados miembros en el artículo 68, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679 no incluye al Reino Unido, respecto a Gibraltar. La autoridad de control en materia de protección de datos del Reino Unido, respecto a Gibraltar, solo podrá ser invitada a las reuniones del Comité en los casos en que se debatan decisiones dirigidas a dicha autoridad de control o en que la presencia de dicha autoridad de control sea necesaria y de interés para la Unión a fin de garantizar la aplicación efectiva en Gibraltar de las mismas normas que las establecidas en los actos de la Unión en materia de protección de datos contemplados en el artículo 19, apartado 1. En tales casos, la autoridad de control en materia de protección de datos del Reino Unido, respecto a Gibraltar, participará como experta o invitada de conformidad con el reglamento interno pertinente del Comité. Su participación se limitará estrictamente a los puntos correspondientes del orden del día y, en los documentos pertinentes, como el acta de la reunión, se hará referencia a ella como autoridad de control del Reino Unido, respecto a Gibraltar.
7. A efectos del presente Acuerdo, se entenderá que las referencias a terceros países y a sus autoridades competentes que figuran en las disposiciones del Derecho de la Unión enumeradas en el anexo 3 no incluyen al Reino Unido, respecto a Gibraltar, ni a sus autoridades competentes, a condición de que se cumpla lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, de conformidad con el artículo 19, apartado 1.
8. Siempre que la Unión tenga la intención de adoptar una decisión de adecuación en virtud del artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679 o del artículo 36 de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), se mantendrá debidamente informado al Reino Unido, respecto a Gibraltar.

Texto oficial Artículo 14 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Tres compromisos son elementos esenciales de la cooperación: la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos (artículo 8, apartado 1); el respeto del Acuerdo de París (artículo 9, apartado 1); y la lucha contra las armas de destrucción masiva (artículo 10, apartado 1). Si una de las Partes considera que la otra ha incumplido de manera grave y sustancial cualquiera de ellos, podrá decidir dar por terminado el tratado, o cualquier acuerdo complementario, o suspender su aplicación, total o parcialmente. Antes debe pedir una reunión inmediata del Consejo de Cooperación para buscar una solución de mutuo acuerdo; si no se encuentra ninguna en un plazo de 30 días desde esa solicitud, podrá actuar. Las medidas deben respetar plenamente el Derecho internacional y ser proporcionadas, y se da prioridad a las que menos perturben el tratado. El apartado 5 recoge que las Partes consideran que, para que una situación sea ese incumplimiento, «ha de ser excepcional en su gravedad y naturaleza, amenazar la paz y la seguridad o tener repercusiones internacionales». Para mayor certeza, una acción u omisión que frustre materialmente el objeto y propósito del Acuerdo de París «siempre se considerará» un incumplimiento grave y sustancial.

Los artículos 8, apartado 1, 9, apartado 1, y 10, apartado 1, recogen los tres compromisos que son elementos esenciales; el resto de esos artículos no lo es. El Consejo de Cooperación es el órgano del artículo 22. Otras vías para terminar el tratado son el artículo 19, apartado 5 (si no se acepta o no se incorpora un acto posterior de la UE), el artículo 66 (terminación tras la evaluación de la segunda parte) y el artículo 334 (terminación por notificación escrita de cualquiera de las Partes).

Según el apartado 2, la decisión corresponde a «alguna de las Partes», es decir, a la UE o al Reino Unido, para Gibraltar (artículo 3, apartado 1, letra a)); España no es Parte. Los apartados 3 a 5 fijan los límites: una solicitud al Consejo de Cooperación y un plazo de 30 días, el pleno respeto del Derecho internacional, la proporcionalidad, la prioridad de la medida que menos perturbe y una prueba de gravedad. El texto no dice si la conducta del Reino Unido fuera de Gibraltar cuenta como conducta de la Parte en el caso del Acuerdo de París del apartado 5.

1. El artículo 8, apartado 1, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 1, constituyen elementos esenciales de la cooperación establecida mediante el presente Acuerdo y los acuerdos complementarios.
2. Si alguna de las Partes considera que la otra ha incumplido de manera grave y sustancial cualquiera de las obligaciones que se describen como elementos esenciales en el apartado 1, podrá decidir dar por terminado el presente Acuerdo o cualquier acuerdo complementario, o suspender su aplicación, ya sea total o parcialmente.
3. Antes de hacerlo, la Parte que se acoja al presente artículo deberá solicitar que el Consejo de Cooperación se reúna inmediatamente con miras a buscar una solución oportuna y de mutuo acuerdo. Si no se encuentra una solución de mutuo acuerdo en un plazo de treinta días a partir de la fecha de la solicitud al Consejo de Cooperación, la Parte podrá adoptar las medidas mencionadas en el apartado 2.
4. Las medidas a las que se refiere el apartado 2 se adoptarán respetando plenamente el Derecho internacional y serán proporcionadas. Se dará prioridad a las medidas que menos perturben el funcionamiento del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario.
5. Las Partes consideran que, para que una situación constituya un incumplimiento grave y sustancial de cualquiera de las obligaciones consideradas elementos esenciales en el apartado 1, ha de ser excepcional en su gravedad y naturaleza, amenazar la paz y la seguridad o tener repercusiones internacionales. Para mayor certeza, una acción u omisión que frustre materialmente el objeto y propósito del Acuerdo de París siempre se considerará un incumplimiento grave y sustancial a los efectos del presente artículo.

Texto oficial Artículo 16 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Compromisos de seguridad tecnológica y física nuclear para Gibraltar. Las dos Partes deben colaborar para mejorar de manera continua las normas y convenciones internacionales de seguridad tecnológica nuclear y su aplicación, y las normas y convenciones internacionales de seguridad física nuclear. En la medida en que no entre en conflicto con la evolución de las normas internacionales de seguridad tecnológica nuclear jurídicamente vinculantes, la UE y el Reino Unido, para Gibraltar, no deben debilitar ni reducir la protección por debajo de las normas, y de su aplicación, compartidas por las Partes y aplicadas con respecto a Gibraltar hasta el 31 de diciembre de 2020 en seguridad tecnológica nuclear, protección contra las radiaciones, gestión segura de los desechos radiactivos y del combustible gastado, desmantelamiento, transporte seguro de materiales nucleares, preparación y respuesta ante emergencias y control del material radiactivo y de las fuentes radiactivas (apartado 1). La misma norma de no debilitar la protección se aplica a la protección física, medida con las normas aplicadas por la UE y el Reino Unido, para Gibraltar, hasta el 31 de diciembre de 2020, sin esa condición (apartado 5). El Reino Unido, para Gibraltar, debe aplicar, «en el momento en que estas disposiciones sean necesarias», un sistema de contabilidad y control de los materiales nucleares con el fin de garantizar que esos materiales se utilicen exclusivamente con fines pacíficos, disposiciones de seguridad tecnológica y física para las instalaciones nucleares civiles y las fuentes radiactivas pertinentes en Gibraltar, y un acuerdo negociado con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre salvaguardias (apartados 2 a 4). También debe adoptar medidas para firmar o ratificar los instrumentos de la parte 1 del anexo 4, o adherirse a ellos, según proceda, y aplicarlos plenamente, así como, cuando corresponda, sus futuras modificaciones en la medida en que el Reino Unido las ratifique; y debe tomar medidas para seguir, según proceda, los documentos de orientación de la parte 2 del anexo 4 y sus futuras modificaciones en la medida en que el Reino Unido los utilice (apartado 4). El Reino Unido ha ampliado a Gibraltar la aplicación del Convenio de París sobre la responsabilidad civil en materia de energía nuclear; las Partes toman nota de que el Reino Unido seguirá adoptando medidas para ampliar el Protocolo de 2004 y cualquier otra modificación, a menos que una Parte haya notificado por escrito a la otra que no acepta la modificación (apartado 6). El Reino Unido, en nombre de Gibraltar, debe seguir manteniendo y revisando periódicamente las disposiciones operativas según las convenciones del OIEA sobre la pronta notificación de accidentes nucleares y sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica; esas disposiciones están en el anexo 5, y sus actualizaciones se notifican a la otra Parte lo antes posible y a más tardar 3 meses después de su entrada en vigor (apartado 7). Para el control del material radiactivo y de las fuentes radiactivas, el Reino Unido, para Gibraltar, debe garantizar una efectividad y una cobertura al menos equivalentes a las de dos directivas de la UE que el artículo nombra, también con sus futuras modificaciones o los textos que las sustituyan (apartado 8).

El anexo 4 enumera los instrumentos nucleares a los que Gibraltar debe adoptar medidas para adherirse (parte 1) y los documentos de orientación que debe tomar medidas para seguir, según proceda (parte 2); el anexo 5 contiene las disposiciones de notificación de emergencias y se modifica cuando estas se actualizan. Las dos directivas de la UE que nombra el apartado 8 tratan del transporte terrestre de mercancías peligrosas (Directiva 2008/68/CE) y de las normas básicas de seguridad para la protección contra las radiaciones ionizantes (Directiva 2013/59/Euratom).

Los apartados 2 y 3, y el acuerdo de salvaguardias con el OIEA del apartado 4, se aplican «en el momento en que estas disposiciones sean necesarias»; el texto no dice cuándo será eso ni quién lo decide. Los apartados 1 y 5 no tienen esa condición de tiempo: la UE y el Reino Unido, para Gibraltar, no deben debilitar ni reducir la protección por debajo de los niveles aplicados hasta el 31 de diciembre de 2020 (en el apartado 1, en la medida en que no entre en conflicto con la evolución de las normas internacionales de seguridad tecnológica nuclear jurídicamente vinculantes). El apartado 8 vincula el control del material radiactivo y de las fuentes radiactivas a dos directivas de la UE, «incluidas sus futuras modificaciones o textos que las sustituyan».

1. Las Partes reconocen la importancia que reviste la cooperación internacional para la eficacia de las disposiciones de seguridad tecnológica nuclear y colaborarán para mejorar de manera continua las normas y convenciones internacionales de seguridad tecnológica nuclear y su aplicación. En la medida en que no entre en conflicto con la evolución de las normas internacionales de seguridad tecnológica nuclear jurídicamente vinculantes, ni la Unión ni el Reino Unido, respecto a Gibraltar, debilitarán ni reducirán los niveles de protección por debajo de los previstos en las normas de protección, y en su aplicación, compartidas por las Partes y aplicadas con respecto a Gibraltar hasta el 31 de diciembre de 2020 en relación con la seguridad tecnológica nuclear, la protección contra las radiaciones, la gestión segura de los desechos radiactivos y el combustible gastado, el desmantelamiento, el transporte seguro de materiales nucleares, la preparación y respuesta ante emergencias y el control eficaz del material radiactivo y de las fuentes radiactivas.
2. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, aplicará un sistema sólido y eficaz de contabilidad y control de los materiales nucleares con el fin de garantizar que los materiales nucleares, tal como se definen en el artículo XII del Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), adoptado en Nueva York el 23 de octubre de 1956, se utilicen exclusivamente con fines pacíficos en el momento en que estas disposiciones sean necesarias.
3. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, aplicará disposiciones de seguridad tecnológica y física, de conformidad con los acuerdos internacionales pertinentes, en relación con las instalaciones nucleares civiles y las fuentes radiactivas pertinentes en Gibraltar, en el momento en que esas disposiciones sean necesarias.
4. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, aplicará, en el momento en que estas disposiciones sean necesarias, un acuerdo negociado con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para la aplicación de salvaguardias en Gibraltar, y adoptará medidas para firmar o ratificar los instrumentos internacionales enumerados en la parte 1 del anexo 4, o adherirse a ellos, según proceda, y aplicarlos plenamente, así como, cuando corresponda, sus futuras modificaciones, en la medida en que el Reino Unido las ratifique. Además, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, tomará medidas para seguir, según proceda, los documentos de orientación enumerados en la parte 2 del anexo 4, así como sus futuras modificaciones, en la medida en que el Reino Unido las utilice.
5. Las Partes reconocen la importancia que reviste la cooperación internacional para la eficacia de los acuerdos de seguridad física nuclear y colaborarán para mejorar de manera continua las normas y convenciones internacionales de seguridad física nuclear. La Unión y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, no debilitarán ni reducirán los niveles de protección por debajo de los previstos en las normas de protección, y en su aplicación, puestas en práctica por la Unión y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, hasta el 31 de diciembre de 2020 en relación con la protección física.
6. El Reino Unido ha ampliado a Gibraltar la aplicación del Convenio sobre la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, celebrado en París el 29 de julio de 1960, modificado por el Protocolo adicional de 28 de enero de 1964 y por el Protocolo de 6 de noviembre de 1982. Las Partes toman nota de que el Reino Unido seguirá adoptando medidas para ampliar el Protocolo de 12 de febrero de 2004 (que entró en vigor el 1 de enero de 2022 en el Reino Unido), así como cualquier otra modificación del Convenio, a menos que una Parte haya notificado por escrito a la otra Parte que no acepta dicha modificación.
7. El Reino Unido en nombre de Gibraltar seguirá manteniendo y revisando periódicamente las disposiciones operativas en relación con los sucesos que se produzcan en Gibraltar o que afecten a Gibraltar, la Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares, adoptada por la Conferencia General del OIEA, reunida en sesión extraordinaria en Viena el 26 de septiembre de 1986, y la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, adoptada por la Conferencia General del OIEA, reunida en sesión especial en Viena el 26 de septiembre de 1986, en caso de que se produzca tal suceso. Estas disposiciones operativas se detallan en el anexo 5; sus actualizaciones se notificarán a la otra Parte lo antes posible y, a más tardar, tres meses después de su entrada en vigor, y el anexo 5 se modificará en consecuencia.
8. Respecto al control efectivo del material radiactivo y de las fuentes radiactivas, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, garantizará una efectividad y una cobertura al menos equivalentes a las previstas tanto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) como en la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo (5), incluidas sus futuras modificaciones o textos que las sustituyan.

Texto oficial Artículo 17 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El Reino Unido, para Gibraltar, debe tener en su propia legislación, y aplicar de forma efectiva, las mismas disposiciones que los actos de la UE enumerados en los artículos y anexos a los que se aplica este artículo y, en las condiciones de los apartados 2 a 4, las de los actos posteriores de la UE: actos que modifican, sustituyen, completan o ejecutan un acto de la lista, u otros actos sobre la misma materia (apartado 1). Cuando la UE adopta uno de esos actos posteriores, debe notificarlo de inmediato al Reino Unido, para Gibraltar (apartado 2). En un plazo de 30 días desde esa notificación, el Reino Unido, para Gibraltar, debe notificar a la UE su decisión de aceptar el contenido del acto e incorporarlo a su legislación; la aceptación crea derechos y obligaciones entre el Reino Unido, para Gibraltar, y la UE (apartado 3). Si para incorporar el acto a su legislación hay que cumplir requisitos constitucionales, el Reino Unido, para Gibraltar, debe decirlo en esa notificación, informar por escrito a la UE sin demora cuando se hayan cumplido todos y, mientras tanto, desde la entrada en vigor del acto, aplicar de forma provisional las mismas normas en la mayor medida posible (apartado 4). Si el Reino Unido, para Gibraltar, notifica que no acepta el acto, no hace la notificación en los 30 días o no ha informado a la UE de la incorporación del acto a su legislación a más tardar seis semanas después de la entrada en vigor del acto, se considera terminado todo el tratado, salvo que el Consejo de Cooperación, tras analizar detenidamente las posibilidades de mantenerlo, decida otra cosa en un plazo de 90 días desde la negativa o desde el fin del plazo incumplido. En ese caso, la terminación surte efecto tres meses después de que acabe ese plazo de 90 días (apartado 5).

Este artículo se activa allí donde el texto dice que se aplica: dentro de los artículos 1 a 38, el artículo 14, apartado 3 (anexo 3, protección de datos), el artículo 36 (responsabilidad de los transportistas) y el artículo 37 (información anticipada sobre los pasajeros). El artículo 27 hace un trabajo parecido para la segunda parte, porque entiende que las referencias a actos de la UE incluyen sus futuras modificaciones. El artículo 20 obliga a interpretar las disposiciones alineadas de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. La regla del artículo 21 de que el tratado no da derechos a las personas deja a salvo, según su propio texto, el artículo 19, apartados 1 y 2.

La obligación de tener las mismas disposiciones en la legislación interna recae en el Reino Unido, para Gibraltar; la obligación de la UE es notificar los actos posteriores (apartado 2). El artículo 19 no prevé ningún papel para el Reino Unido, para Gibraltar, en la adopción del acto posterior de la UE; prevé que notifique en un plazo de 30 días su decisión de aceptarlo e incorporarlo a su legislación. Según el apartado 5, si se niega, si no hace la notificación o si no informa de la incorporación en un plazo de seis semanas desde la entrada en vigor del acto, se considera terminado todo el tratado, salvo que el Consejo de Cooperación decida otra cosa en un plazo de 90 días. El Consejo decide de común acuerdo (artículo 24, apartado 2), así que una decisión de mantener el tratado necesita a las dos Partes. El texto no dice cómo se aplica el plazo de seis semanas del apartado 5, letra c), mientras se están cumpliendo los requisitos constitucionales del apartado 4.

1. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, establecerá en su legislación interna, y aplicará efectivamente, las mismas disposiciones que las que figuran:
a) en los actos de la Unión enumerados en aquellas disposiciones y anexos del presente Acuerdo a los que sea aplicable el presente artículo, o
b) cuando se den las condiciones establecidas en los apartados 2 a 4, en un acto posterior de la Unión, a saber:
i) un acto de la Unión por el que se modifique o sustituya un acto de la Unión contemplado en la letra a);
ii) un acto de la Unión por el que se complete o ejecute un acto de la Unión contemplado en la letra a); o iii) un acto de la Unión relativo al objeto de un acto de la Unión contemplado en la letra a).
2. Cuando la Unión adopte un acto posterior de la Unión, notificará inmediatamente al Reino Unido, respecto a Gibraltar, la adopción de dicho acto.
3. En el plazo de treinta días a partir de la notificación a que se refiere el apartado 2, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, notificará a la Unión su decisión de aceptar el contenido del acto posterior de la Unión e incorporarlo a su legislación interna. La aceptación por parte del Reino Unido, respecto a Gibraltar, del contenido de un acto posterior de la Unión creará derechos y obligaciones entre el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y la Unión.
4. Si la incorporación del acto posterior de la Unión a la legislación interna exige el cumplimiento de requisitos constitucionales, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, informará de ello a la Unión en el momento de la notificación prevista en el apartado 3. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, informará sin demora a la Unión por escrito del cumplimiento de todos los requisitos constitucionales. Desde la entrada en vigor del acto posterior de la Unión y hasta que se informe del cumplimiento de los requisitos constitucionales, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, aplicará de forma provisional, en la mayor medida posible, las mismas normas que las establecidas en el acto posterior de la Unión.
5. Si el Reino Unido, respecto a Gibraltar:
a) notifica su decisión de no aceptar el contenido de un acto posterior de la Unión;
b) no realiza una notificación en el plazo establecido en el apartado 3; o
c) no informa a la Unión, a más tardar seis semanas después de la entrada en vigor de un acto posterior de la Unión, de la incorporación de dicho acto a su legislación interna;
se considerará terminado el presente Acuerdo, salvo decisión en contrario del Consejo de Cooperación, tras analizar detenidamente las posibilidades de mantener el Acuerdo, en un plazo de noventa días a partir de la notificación a que se refiere la letra a) o de la expiración del plazo a que se refieren las letras b) o c). La terminación del presente Acuerdo surtirá efecto tres meses después de finalizar el plazo de noventa días.

Texto oficial Artículo 19 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las disposiciones procedentes del Derecho de la UE que cubre el artículo 19, apartado 1, deben interpretarse y aplicarse conforme a los métodos y principios generales del Derecho de la UE y, en su ejecución y aplicación, de conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El artículo no da ninguna competencia al Tribunal de Justicia y no dice quién debe hacer la interpretación.

El artículo 19, apartado 1, define las disposiciones cubiertas: los actos de la UE enumerados en los artículos y anexos a los que se aplica el artículo 19, y los actos que los sucedan. El artículo 14, apartado 4, aplica la misma idea a la protección de datos a través del Comité Europeo de Protección de Datos. El artículo 18 dice de forma expresa que su regla general (los tribunales de una Parte no vinculan a los de la otra) no cambia lo que dice este artículo.

Dentro de los artículos 1 a 38, los ámbitos que cubre el artículo 19 son la protección de datos (artículo 14), la responsabilidad de los transportistas (artículo 36) y la información anticipada sobre los pasajeros (artículo 37); las disposiciones de la legislación de Gibraltar en esos ámbitos deben interpretarse de conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia. El artículo 20 no fija ninguna fecha límite para esa jurisprudencia. El artículo 18 fija las normas generales de interpretación del tratado, y su apartado 3, según su propio texto, no cambia lo que dice el artículo 20.

Las disposiciones contempladas en el artículo 19, apartado 1, se interpretarán y aplicarán conforme a los métodos y principios generales del Derecho de la Unión y, en el marco de su ejecución y aplicación, se interpretarán de conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Texto oficial Artículo 20 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El tratado, y cualquier acuerdo complementario, no se interpreta en el sentido de que dé a las personas derechos o les imponga obligaciones distintos de los creados entre las Partes (la UE y el Reino Unido, para Gibraltar) según el Derecho internacional, ni en el sentido de que permita invocarlo directamente en los ordenamientos internos de las Partes. Esta regla deja a salvo (no limita) el artículo 19, apartados 1 y 2, los títulos I y II de la cuarta parte (ámbito personal y derechos de los trabajadores fronterizos) y el artículo SSC.70 del Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social; y, solo en lo que se refiere a la UE, no se aplica al título V de la segunda parte (cooperación policial y judicial). Una Parte no podrá establecer en su legislación un derecho a demandar a la otra Parte con el argumento de que esa otra Parte ha incumplido el tratado.

El texto nombra el artículo 19, apartados 1 y 2, así que la regla deja a salvo las disposiciones de Derecho de la UE que el Reino Unido, para Gibraltar, debe tener en su propia legislación; el texto no dice por sí mismo qué derechos dan esas disposiciones a las personas, si es que dan alguno. También nombra los títulos I y II de la cuarta parte y el artículo SSC.70 del Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social; el título V de la segunda parte queda exceptuado solo en lo que se refiere a la UE. La sexta parte regula la solución de diferencias entre las Partes.

La regla general cubre, por ejemplo, el artículo 30 (circulación sin inspecciones fronterizas) y el artículo 34 (descripciones y detenciones en los pasos fronterizos): ninguno de los dos está en la lista de excepciones. Las excepciones son el artículo 19, apartados 1 y 2, los títulos I y II de la cuarta parte, el artículo SSC.70 y el título V de la segunda parte; esta última excepción solo se aplica «en lo que atañe a la Unión».

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, apartados 1 y 2, y la cuarta parte, títulos I y II, del presente Acuerdo, y el artículo SSC.70 del Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social, y con la excepción, en lo que atañe a la Unión, de la segunda parte, título V, del presente Acuerdo, ningún elemento de este o de los acuerdos complementarios se interpretará en el sentido de que confiera a las personas derechos o les imponga obligaciones distintos de los creados entre las Partes en virtud del Derecho internacional público, ni de que permita la invocación directa del presente Acuerdo o de los acuerdos complementarios en las legislaciones internas de las Partes.
2. Una Parte no establecerá un derecho de acción en virtud de su legislación contra la otra Parte basándose en que esta ha actuado en contravención del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario.

Texto oficial Artículo 21 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Crea el Consejo de Cooperación, formado por representantes de la UE y del Reino Unido, para Gibraltar; podrá reunirse en diferentes formaciones según el asunto. Lo copresiden un miembro de la Comisión Europea y un representante del Gobierno del Reino Unido a nivel ministerial. Se reúne a petición de la UE o del Reino Unido, para Gibraltar, y al menos una vez al año, y fija de común acuerdo su calendario y su orden del día. Supervisa los objetivos del tratado y supervisa y facilita su ejecución y aplicación; cada una de las Partes podrá remitirle cualquier cuestión de ejecución, aplicación o interpretación. Sus competencias son: adoptar decisiones cuando el tratado lo prevé; formular recomendaciones; adoptar modificaciones por decisión cuando el tratado lo permite; hasta el final del cuarto año después de la entrada en vigor, adoptar modificaciones para corregir errores o resolver omisiones u otras deficiencias (salvo en relación con el título IV de la primera parte, artículos 18 a 21, sobre interpretación); debatir cualquier asunto de los ámbitos cubiertos; delegar competencias en los comités del tratado UE-Reino Unido (salvo las competencias de la letra g): crearlos, asignarles tareas o cambiárselas, o disolverlos); y crear esos comités, asignarles tareas, cambiárselas o disolverlos. Su reglamento interno está en el anexo 6, que el Consejo podrá modificar.

El artículo 23 crea los tres comités del tratado UE-Reino Unido; el artículo 24 hace vinculantes las decisiones del Consejo, también para el tribunal de arbitraje, y exige el común acuerdo. Según el artículo 16, una Parte debe pedir primero que el Consejo se reúna de inmediato, y solo podrá dar por terminado el tratado o suspenderlo por un incumplimiento grave y sustancial de un elemento esencial si no se encuentra una solución de mutuo acuerdo en un plazo de 30 días desde esa solicitud. Según el artículo 19, apartado 5, el Consejo podrá decidir, en un plazo de 90 días, que el tratado no se considera terminado tras la falta de aceptación o de incorporación de un acto posterior de la UE. El anexo 6 contiene el reglamento interno.

Los miembros son representantes de la UE y del Reino Unido, para Gibraltar; la copresidencia del Reino Unido corresponde a un representante del Gobierno del Reino Unido a nivel ministerial (apartado 2). El artículo no nombra a España. El Concordat de 14 de julio de 2026 recoge que la expresión "United Kingdom, in respect of Gibraltar" (en español: Reino Unido, para Gibraltar) se entiende referida, cuando corresponda, al Gobierno de Gibraltar o a Gibraltar. Hasta el final del cuarto año después de la entrada en vigor, el Consejo podrá modificar el tratado por decisión para corregir errores, omisiones u otras deficiencias (apartado 4, letra d)); esa competencia no alcanza al título IV de la primera parte (artículos 18 a 21, que incluyen el artículo 19 sobre el Derecho de la UE y el artículo 20 sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Según el artículo 336, apartado 4, durante la aplicación provisional la «entrada en vigor del presente Acuerdo» se entiende referida a la fecha en que empezó la aplicación provisional. Según el artículo 24, apartado 2, el Consejo decide de común acuerdo.

1. Se instituye un Consejo de Cooperación. Estará compuesto por representantes de la Unión y del Reino Unido, respecto a Gibraltar. El Consejo de Cooperación podrá reunirse en diferentes formaciones en función de los asuntos que se debatan.
2. El Consejo de Cooperación estará copresidido por un miembro de la Comisión Europea y un representante del Gobierno del Reino Unido a nivel ministerial. Se reunirá a petición de la Unión o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y, en cualquier caso, al menos una vez al año, y fijará de común acuerdo su calendario de reuniones y su orden del día.
3. El Consejo de Cooperación supervisará la consecución de los objetivos del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario. Supervisará y facilitará la ejecución y aplicación del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario. Cada una de las Partes podrá remitir al Consejo de Cooperación cualquier cuestión relativa a la ejecución, aplicación e interpretación del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario.
4. El Consejo de Cooperación tendrá competencia para:
a) adoptar decisiones respecto de todas las cuestiones cuando el presente Acuerdo o cualquier acuerdo complementario así lo establezcan;
b) formular recomendaciones a las Partes sobre la ejecución y la aplicación del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario;
c) adoptar, mediante decisión, modificaciones del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario en los casos previstos en el presente Acuerdo o en el acuerdo complementario;
d) salvo en relación con el título IV de la primera parte, hasta el final del cuarto año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, adoptar decisiones que modifiquen el presente Acuerdo o cualquier acuerdo complementario, siempre que dichas modificaciones sean necesarias para corregir errores o resolver omisiones u otras deficiencias;
e) debatir cualquier asunto relacionado con los ámbitos abarcados por el presente Acuerdo o cualquier acuerdo complementario;
f) delegar algunas de sus competencias en un comité especializado, excepto las competencias y responsabilidades mencionadas en la letra g); y
g) mediante decisión, establecer comités especializados y asignarles tareas, disolver cualquier comité especializado o modificar las tareas que se les hayan asignado.
5. Los trabajos del Consejo de Cooperación se regirán por el reglamento interno que figura en el anexo 6. El Consejo de Cooperación podrá modificar dicho anexo.

Texto oficial Artículo 22 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Se crean tres comités del tratado UE-Reino Unido: sobre la circulación de personas, sobre economía y comercio, y sobre aviación. En su ámbito, cada uno podrá supervisar y revisar la aplicación; ayudar al Consejo de Cooperación e informarle, y hacer las tareas que este le asigne; adoptar decisiones y recomendaciones cuando el Consejo le haya delegado competencias según el artículo 22, apartado 4, letra f) o cuando el tratado lo prevea; debatir cuestiones técnicas; y servir de foro para intercambiar información y prácticas. Se debe informar a los comités, según sea necesario, de la aplicación de los acuerdos administrativos entre el Reino Unido, para Gibraltar, y España. Cada Parte envía representantes con los conocimientos técnicos adecuados; la copresidencia corresponde a un representante de la UE y a un representante del Reino Unido, para Gibraltar. Los comités se reúnen al menos una vez al año, salvo que el tratado disponga otra cosa o la copresidencia decida otra cosa; fijan de común acuerdo su calendario y su orden del día; y siguen el reglamento del anexo 6, aunque un comité podrá adoptar y modificar sus propias normas.

El artículo 22, apartado 4, letra f), es la competencia de delegación que permite al Consejo pasar a un comité su facultad de decidir, y el artículo 22, apartado 4, letra g), le permite crear comités, cambiarles las tareas o disolverlos. El artículo 24 hace vinculantes las decisiones de los comités y exige el común acuerdo. El anexo 6 contiene el reglamento interno común.

El comité del tratado UE-Reino Unido sobre la circulación de personas aparece en muchos artículos posteriores de la segunda parte (por ejemplo, los artículos 65, 68 y 71). Según el apartado 3, se debe informar a los comités, «según proceda», de la aplicación de los acuerdos administrativos entre el Reino Unido, para Gibraltar, y España; el artículo 23 no les da competencia para aprobar esos acuerdos. La copresidencia corresponde a un representante de la UE y a un representante del Reino Unido, para Gibraltar (apartado 5); a diferencia del artículo 22, apartado 2, que lo exige para el Consejo, el artículo 23 no exige el nivel ministerial.

1. Se crean los comités especializados siguientes:
a) el Comité Especializado en Circulación de Personas;
b) el Comité Especializado en Economía y Comercio; y
c) el Comité Especializado en Aviación.
2. Con respecto a las cuestiones relacionadas con su ámbito de competencia, los comités especializados estarán facultados para:
a) supervisar y revisar la aplicación y garantizar el correcto funcionamiento del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario;
b) ayudar al Consejo de Cooperación en el desempeño de sus tareas y, en particular, informar al Consejo de Cooperación y llevar a cabo cualquier tarea que este les haya asignado;
c) adoptar decisiones y formular recomendaciones con respecto a todas las materias en las que el presente Acuerdo así lo establezca o respecto de las cuales el Consejo de Cooperación haya delegado sus competencias en un comité especializado de conformidad con el artículo 22, apartado 4, letra f);
d) debatir las cuestiones técnicas que se deriven de la aplicación del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario; y
e) proporcionar un foro para que las Partes intercambien información, debatan las mejores prácticas y pongan en común su experiencia en materia de aplicación.
3. Se informará a los comités especializados, según proceda, de la aplicación de los acuerdos administrativos celebrados por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España sobre asuntos relacionados con la aplicación del presente Acuerdo.
4. Los comités especializados estarán integrados por representantes de cada una de las Partes. Cada una de las Partes garantizará que sus representantes en los comités especializados tengan los conocimientos técnicos adecuados sobre las cuestiones abordadas.
5. Los comités especializados estarán copresididos por un representante de la Unión y un representante del Reino Unido, respecto a Gibraltar.
6. Salvo que se disponga otra cosa en el presente Acuerdo, o salvo que los copresidentes decidan otra cosa, se reunirán al menos una vez al año.
7. Los comités especializados fijarán de común acuerdo su calendario de reuniones y su orden del día.
8. Los trabajos de los comités especializados se regirán por el reglamento interno que figura en el anexo 6.
9. No obstante lo dispuesto en el apartado 8, un comité especializado podrá adoptar y posteriormente modificar las normas que regularán su trabajo.

Texto oficial Artículo 23 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Definiciones para la segunda parte. Las inspecciones fronterizas son las que se hacen en los pasos fronterizos para garantizar que pueda autorizarse a las personas, con sus medios de transporte y los objetos que llevan, a entrar en el territorio de los países de la UE y Gibraltar o a salir de él. La vigilancia de fronteras es la vigilancia de las fronteras entre los pasos fronterizos, y de los pasos fronterizos fuera de su horario de apertura establecido, para los fines que enumera la definición, como impedir o detectar los cruces no autorizados. El control fronterizo es el conjunto de inspecciones y vigilancia que se hace en una frontera exclusivamente en respuesta a la intención de cruzarla o al acto de cruzarla. La acción coercitiva son las medidas que se adoptan respecto de una persona o un objeto al ejercer funciones relacionadas con el control fronterizo, también como seguimiento de descripciones en bases de datos y sistemas de información; la definición enumera, entre otras, la limitación temporal de la libertad ambulatoria, la retención, la detención, la puesta bajo protección, las investigaciones, el registro y la intervención de objetos, cualquier otra actuación ante descripciones para investigar o reunir pruebas de un delito cometido o planeado, y las denegaciones de entrada. Las personas residentes en Gibraltar son las que tienen derecho a residir legalmente en Gibraltar, de cualquier nacionalidad, salvo los ciudadanos de la UE y los nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y los de Andorra y San Marino una vez que estén en vigor los acuerdos que les den derechos de libre circulación. Nacional de un tercer país es toda persona que no sea ciudadana de la UE ni familiar de un ciudadano de la UE (en el sentido de la Directiva 2004/38/CE), ni nacional de uno de esos seis países, ni familiar de un nacional de esos países, que tenga derechos de libre circulación equivalentes a los de los ciudadanos de la UE según un acuerdo con la UE. Los países de la UE que aplican íntegramente las normas de Schengen son los que han dejado de controlar a las personas en sus fronteras comunes. Otras definiciones tratan de las fuerzas del Reino Unido no residentes, su componente civil y los miembros de la familia que forman parte del hogar; las fuerzas visitantes de terceros países (de países miembros de la OTAN o de determinados países socios, que vayan a desplazarse a Gibraltar a invitación del Reino Unido); la protección internacional (estatuto de refugiado y protección subsidiaria); la inspección de segunda línea (una nueva inspección que puede hacerse en un lugar especial aparte de la primera línea, donde se inspecciona a todas las personas); y la zona de inspecciones de segunda línea, delimitada según lo que acuerden el Reino Unido, para Gibraltar, y España conforme al artículo 33, apartado 6.

El artículo 33, apartado 6, prevé los acuerdos administrativos que fijan dónde está la zona de inspecciones de segunda línea. El artículo 34, apartado 9, usa la definición de personas residentes en Gibraltar: cuando las autoridades competentes de España exijan la detención o la privación de libertad de una de esas personas, solo las autoridades competentes de Gibraltar podrán practicarla. La definición de acción coercitiva se usa en los artículos 32, apartado 2, y 34. El artículo 27 mantiene al día los actos de la UE citados aquí.

Según la letra j), una persona que sea ciudadana de la UE, o nacional de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza, y que tenga derecho a residir legalmente en Gibraltar no es una de las «personas residentes en Gibraltar» a efectos de la segunda parte. Por eso, el artículo 34, apartado 9, que reserva a las autoridades competentes de Gibraltar la detención o la privación de libertad de una persona residente en Gibraltar que exijan las autoridades competentes de España, no cubre a esa persona. La letra e) enumera medidas de acción coercitiva que van desde la limitación temporal de la libertad ambulatoria hasta la detención, la intervención de objetos y la denegación de entrada, y la lista no es cerrada («sin ánimo de exhaustividad»). Las definiciones sobre las fuerzas llevan condiciones de residencia distintas: las fuerzas del Reino Unido no residentes no deben ser residentes en Gibraltar (letra i)); el componente civil no debe ser residente en Gibraltar ni en la UE, salvo que tenga derecho a residir en el Reino Unido o en la Zona de Viaje Común (letra d)); los miembros de la familia que forman parte del hogar y las fuerzas visitantes no deben ser residentes en la UE ni en Gibraltar (letras f) y n)).

A efectos de la presente parte, se entenderá por:
a) «inspecciones fronterizas»: las inspecciones efectuadas en los pasos fronterizos con el fin de garantizar que pueda autorizarse la entrada de personas, incluidos sus medios de transporte y los objetos en su posesión en el territorio de los Estados miembros y Gibraltar o su abandono;
b) «control fronterizo»: la actividad realizada en las fronteras, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y a los efectos del mismo, que con independencia de otros motivos, obedezca a la intención de cruzar la frontera o al propio acto de cruzarla y que consista en la realización de inspecciones fronterizas y de actividades de vigilancia de fronteras;
c) «vigilancia de fronteras»: la vigilancia de las fronteras entre los pasos fronterizos y la vigilancia de estos últimos fuera de los horarios de apertura establecidos, para impedir o detectar el cruce no autorizado de la frontera o la elusión de las inspecciones fronterizas, contribuir a aumentar el conocimiento de la situación, atajar la delincuencia transfronteriza y adoptar medidas contra las personas que hayan cruzado la frontera de forma ilegal;
d) «componente civil»: los civiles empleados o contratados por el Gobierno del Reino Unido, sin ser personas residentes en Gibraltar ni en la Unión, a excepción de las personas que tengan derecho a residir en el Reino Unido o en la Zona de Viaje Común;
e) «acción coercitiva»: las medidas que se adopten con respecto a una persona o un objeto en el desempeño de las funciones relacionadas con el control fronterizo, incluidas las actuaciones realizadas ante la presencia de descripciones en las bases de datos y los sistemas de información utilizados en el control fronterizo, y entre las que cabe citar, sin ánimo de exhaustividad, la limitación temporal de la libertad ambulatoria, la retención, la detención, la puesta bajo protección, las investigaciones, el registro y la intervención de objetos, así como cualquier otro tipo de actuación que, debido a la presencia de descripciones, se efectúe con el propósito de investigar o reunir pruebas de los actos preparatorios de un hecho delictivo o de su comisión, y también las denegaciones de entrada;
f) «miembros de la familia que forman parte del hogar»: el cónyuge o pareja de un miembro de las fuerzas del Reino Unido no residentes o de un componente civil o un hijo que dependa de él o ella para su manutención, que no sea residente ni en la Unión ni en Gibraltar;
g) «protección internacional»: el estatuto de refugiado de conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, en la redacción dada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, y el estatuto de protección subsidiaria, según el cual un nacional de un tercer país o un apátrida que no reúna los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir daños graves, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país;
h) «Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen»: los Estados miembros que han dejado de controlar a las personas en sus fronteras comunes;
i) «fuerzas del Reino Unido no residentes»: los ciudadanos del Reino Unido, ciudadanos de la Commonwealth, ciudadanos irlandeses o personas con derecho a residir en el Reino Unido o en la Zona de Viaje Común que no sean personas residentes en Gibraltar y que sean personal al servicio de las fuerzas del Reino Unido, tanto de carrera como reservistas;
j) «personas residentes en Gibraltar»: las personas titulares del derecho a residir en Gibraltar, cualquiera que sea su nacionalidad, a excepción de los ciudadanos de la Unión y los nacionales de Islandia, del Principado de Liechtenstein, del Reino de Noruega y de la Confederación Suiza, así como, una vez entrados en vigor los acuerdos que les reconozcan derechos de libre circulación, de los nacionales del Principado de Andorra y de la República de San Marino;
k) «inspección de segunda línea»: una nueva inspección que puede efectuarse en un lugar especial aparte de aquel en que se inspecciona a todas las personas (primera línea);
l) «zona de inspecciones de segunda línea»: un lugar especial, cuya delimitación se regirá por lo acordado entre el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España conforme a lo dispuesto en el artículo 33, apartado 6, en el que se desarrollen las inspecciones de segunda línea, la cooperación operativa entre las autoridades competentes, y otras actividades;
m) «nacional de un tercer país»: toda persona que no sea:
i) ciudadano de la Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ni, cualquiera que sea su nacionalidad, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, tal como lo recogen los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6); ni ii) nacional de Islandia, del Principado de Liechtenstein, del Reino de Noruega, de la Confederación Suiza, del Principado de Andorra ni de la República de San Marino, ni a las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que sean miembros de la familia de un nacional de uno de estos países y a las que se hayan reconocido, en virtud de un acuerdo entre la Unión y dicho país, derechos de libre circulación equivalentes a los contemplados en el inciso i);
n) «fuerzas visitantes de terceros países»: las personas no residentes ni en la Unión ni en Gibraltar que sean personal al servicio de las fuerzas armadas de un Estado miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o de determinados países socios o que trabaje para estas fuerzas, sea por cuenta ajena o propia, que vayan a desplazarse a Gibraltar a invitación del Reino Unido.

Texto oficial Artículo 26 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El Reino Unido, para Gibraltar, y España deben establecer pasos fronterizos en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar, y todos los pasajeros que entren en Gibraltar desde el puerto o el aeropuerto se someten allí a inspecciones fronterizas (apartados 1 y 2). Como excepción, las inspecciones podrán hacerse en el paso fronterizo del aeropuerto si el volumen de tráfico del puerto permite un nivel de control efectivo, elevado y uniforme en el aeropuerto; en ese caso, el Reino Unido, para Gibraltar, y España deben garantizar que los pasajeros y las tripulaciones que lleguen al puerto sean conducidos hasta el paso fronterizo del aeropuerto para las inspecciones del artículo 33, apartados 1 y 2, en las condiciones que fije un acuerdo administrativo entre ellos (apartado 3). El Reino Unido, para Gibraltar, y España deben permitir el uso de sistemas automatizados de control fronterizo (puertas automáticas) para sus respectivas inspecciones de las personas residentes en Gibraltar, de los ciudadanos de la UE y sus familiares nacionales de terceros países, y de los beneficiarios de la libre circulación según acuerdos de la UE, conforme a la legislación interna y al Derecho de la UE (apartado 4). A la entrada, inspeccionan primero las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, y después las de España; a la salida, primero las de España y después las del Reino Unido, para Gibraltar (apartado 5). Las inspecciones de segunda línea, si las hay, deben hacerse en la zona de inspecciones de segunda línea (apartado 6). Sin que cambie lo que dicen el artículo 32, apartado 3, y el artículo 43, las condiciones de entrada que exigen las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, y las de España son acumulativas (se suman, así que se aplican las dos); el Reino Unido, para Gibraltar, se compromete a adaptar las condiciones de entrada de Gibraltar a las del Derecho de la UE (apartado 7). El Reino Unido, para Gibraltar, y España deben garantizar que solo se pueda entrar en Gibraltar desde fuera del espacio Schengen por estos pasos fronterizos (apartado 8); pese a los apartados 2, 5 y 8, sus autoridades competentes podrán permitir la entrada por otro lugar en los casos del artículo 5, apartado 2, letras a) a c), del Código de fronteras Schengen y en los del artículo 38 (apartado 9). Deben garantizar que las infraestructuras necesarias estén instaladas y se mantengan, para que los pasos fronterizos funcionen de forma adecuada al volumen de tráfico y garanticen un nivel de control efectivo, elevado y uniforme conforme al Código de fronteras Schengen; esas infraestructuras deben cumplir el anexo 7 y fijarse en el acuerdo administrativo del artículo 33, apartado 6 (apartado 10). Determinados puntos del anexo VI del Código de fronteras Schengen se aplican a las inspecciones de España en estos pasos fronterizos, y la información que exigen debe facilitarse a la vez y sin demora a las autoridades competentes de las dos partes (apartado 11).

El artículo 33 fija lo que hacen los agentes de España en estos pasos, y el artículo 33, apartado 6, prevé el acuerdo que fija la disposición y las infraestructuras; el artículo 32 regula las inspecciones de Gibraltar, y el artículo 32, apartado 3, junto con el artículo 43, matizan la regla de las condiciones acumulativas. El artículo 38 es la vía aparte para las fuerzas del Reino Unido y las fuerzas visitantes. El anexo 7 contiene los requisitos de infraestructura; el Código de fronteras Schengen es el reglamento de la UE que siguen las inspecciones de España, y el artículo 27 mantiene al día esa referencia.

Los pasos fronterizos de este artículo están en el puerto y en el aeropuerto; el artículo 30 prevé la circulación entre Gibraltar y los países Schengen de la UE sin inspecciones fronterizas. A la entrada, inspeccionan primero las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, y después las de España; a la salida, el orden se invierte (apartado 5). Como las condiciones de entrada son acumulativas (apartado 7), una persona que cumple las condiciones de Gibraltar puede, aun así, no cumplir las de España, y al revés, salvo lo que dicen el artículo 32, apartado 3, el artículo 43 y la exclusión de las personas residentes en Gibraltar de la facultad de España de denegar la entrada (artículo 33, apartado 4, letra a), inciso ii)). El apartado 4 dice que Gibraltar y España «permitirán el uso» de sistemas automatizados de control fronterizo; no dice quién los proporciona ni para cuándo.

1. A los efectos del presente Acuerdo, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España establecerán pasos fronterizos en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, en los que se realizarán inspecciones fronterizas en los términos contemplados en el apartado 2.
2. Todos los pasajeros que entren en Gibraltar desde el puerto o el aeropuerto de Gibraltar serán sometidos a inspecciones fronterizas en los pasos fronterizos establecidos a que se refiere el apartado 1.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, las inspecciones fronterizas podrán realizarse en el paso fronterizo del aeropuerto si el volumen de tráfico que transite por el puerto fuera tal que las inspecciones pudiesen desarrollarse en el paso fronterizo del aeropuerto con un nivel elevado, uniforme y efectivo de control. De ser así, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España velarán por que los pasajeros y tripulaciones que lleguen al puerto sean conducidos hasta el paso fronterizo del aeropuerto al objeto de ser sometidos a las inspecciones a las que se refiere el artículo 33, apartados 1 y 2. Las modalidades para la aplicación de esta excepción se acordarán a nivel administrativo entre el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España.
4. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España permitirán el uso, conforme a su respectiva legislación interna y al Derecho de la Unión, de sistemas automatizados de control fronterizo en los pasos fronterizos a que se refiere el apartado 1 para sus respectivas inspecciones de las personas residentes en Gibraltar, de los ciudadanos de la Unión y sus familiares nacionales de terceros países, y de los beneficiarios de derechos de libre circulación en virtud de acuerdos celebrados por la Unión.
5. Las inspecciones fronterizas a la entrada serán realizadas por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar y, posteriormente, por las autoridades competentes del Reino de España. Las inspecciones fronterizas a la salida serán realizadas por las autoridades competentes del Reino de España y, posteriormente, por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar.
6. En su caso, las inspecciones de segunda línea se realizarán en la zona de inspecciones de segunda línea.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32, apartado 3, y en el artículo 43, las condiciones de entrada exigidas por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y las exigidas por las autoridades competentes del Reino de España tendrán carácter acumulativo. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, se compromete a adaptar las condiciones de entrada establecidas en la legislación del Reino Unido, respecto a Gibraltar, a las aplicables en virtud del Derecho de la Unión.
8. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España velarán por que únicamente pueda producirse la entrada en Gibraltar desde fuera del espacio Schengen sin control en las fronteras interiores a través de los pasos fronterizos a que se refiere el apartado 1.
9. No obstante lo dispuesto en los apartados 2, 5 y 8 del presente artículo, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y del Reino de España podrán permitir la entrada en Gibraltar por otra vía distinta de los pasos fronterizos en los supuestos contemplados en el artículo 5, apartado 2, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) (Código de fronteras Schengen) y el artículo 38 del presente Acuerdo.
10. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España velarán por la instalación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para que el funcionamiento de los pasos fronterizos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se adecúe al volumen de tráfico que transite por ellos, con un nivel elevado, uniforme y efectivo de control, conforme al Código de fronteras Schengen. Estas infraestructuras serán conformes con las exigencias a que se refiere el anexo 7 del presente Acuerdo y su composición concreta se acordará a nivel administrativo entre el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España, tal como se menciona en el artículo 33, apartado 6.
11. A las inspecciones fronterizas realizadas por las autoridades competentes del Reino de España en los pasos fronterizos a que se refiere el apartado 1, les serán de aplicación los puntos 2.3.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.5 y 3.2.6 del anexo VI del Código de fronteras Schengen. En su caso, la información exigida en los citados puntos será facilitada sin dilación y de forma simultánea a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y a las autoridades competentes del Reino de España.

Texto oficial Artículo 29 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las Partes (la UE y el Reino Unido, para Gibraltar) deben garantizar que las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, puedan circular sin inspecciones fronterizas entre Gibraltar y los países de la UE que aplican íntegramente las normas de Schengen (las normas de Schengen sobre los viajes sin inspecciones en las fronteras interiores), sin que esto cambie las normas sobre fronteras marítimas del anexo VI del Código de fronteras Schengen. Excepción: si hay una amenaza grave para el orden público, la salud pública o la seguridad interior, esos países de la UE o, en su caso, el Reino Unido, para Gibraltar, podrán, con carácter excepcional, restablecer el control fronterizo entre Gibraltar y su territorio, como último recurso, durante un máximo de 10 días, que podrán prorrogarse 20 días y después por periodos de un mes hasta un máximo de seis meses; el alcance y la duración no deben ir más allá de lo estrictamente necesario para responder a la amenaza. Si un país de la UE restablece o prorroga el control fronterizo, la UE debe informar a la otra Parte; si lo hace el Reino Unido, para Gibraltar, este debe informar a la otra Parte. El aviso debe darse a más tardar cuatro semanas antes del restablecimiento o la prórroga previstos, o lo antes posible si la necesidad se conoce con menos de cuatro semanas de antelación; y de forma inmediata, en un máximo de 48 horas, tras una decisión adoptada ante una amenaza grave que exija actuar de inmediato. El aviso indica si los motivos son una amenaza grave para el orden público, la salud pública o la seguridad interior; los datos de interés sobre esos motivos, salvo que haya razones imperiosas de seguridad o confidencialidad para no darlos; los nombres de los pasos fronterizos autorizados; la fecha de inicio y la duración; y, en su caso, las medidas que podría adoptar la otra Parte. Las Partes deben garantizar que se informe al público de forma coordinada, en particular de las fechas de inicio y fin y del alcance, salvo que haya razones imperiosas de seguridad para no hacerlo.

El artículo 26, letra h), define los países de la UE que aplican íntegramente las normas de Schengen como los que han dejado de controlar a las personas en sus fronteras comunes. El anexo VI del Código de fronteras Schengen contiene las normas sobre fronteras marítimas que el apartado 1 deja a salvo. El artículo 29 establece pasos fronterizos en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar, donde se hacen las inspecciones fronterizas.

El apartado 1 se aplica cualquiera que sea la nacionalidad. Según el apartado 2, un país Schengen de la UE o el Reino Unido, para Gibraltar, podrá restablecer el control fronterizo, por los mismos motivos y dentro de los mismos plazos, como último recurso y sin ir más allá, ni en alcance ni en duración, de lo estrictamente necesario. El texto no dice si una nueva amenaza abre un nuevo máximo de seis meses. El artículo 30 no da a ningún órgano un papel en la aprobación de un restablecimiento; exige avisar a la otra Parte e informar al público.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo VI del Código de fronteras Schengen con respecto a las fronteras marítimas, las Partes garantizarán que, cualquiera que sea su nacionalidad, las personas puedan circular entre Gibraltar y los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen sin ser sometidas a inspecciones fronterizas.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en caso de que concurra una grave amenaza para el orden público, la salud pública o la seguridad interior, los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen o, en su caso, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán, con carácter excepcional, restablecer temporalmente el control fronterizo entre Gibraltar y el territorio de los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen por un plazo de hasta diez días. Este plazo será prorrogable en otros veinte días, tras lo cual se permitirán prórrogas mensuales hasta un máximo de seis meses. El control fronterizo entre Gibraltar y el territorio de los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen solamente deberá restablecerse como último recurso, y con un alcance y una duración que se ciñan a lo estrictamente necesario para responder a la grave amenaza.
3. Si, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2, uno de los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, optara por restablecer o prorrogar el control fronterizo entre Gibraltar y el territorio del Estado miembro en cuestión, la Unión, si quien restablece el control fronterizo es un Estado miembro, o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, si es este último quien restablece el control fronterizo, pondrá este hecho en conocimiento de la otra Parte:
a) con una antelación mínima de cuatro semanas al restablecimiento previsto o a la prórroga prevista, o, en caso de no tener conocimiento de las circunstancias determinantes de la necesidad de restablecer o prorrogar el control fronterizo con esta antelación mínima de cuatro semanas, a la mayor brevedad posible; y
b) de forma inmediata, y en el plazo máximo de 48 horas desde la decisión de restablecer o prorrogar el control fronterizo como consecuencia de una grave amenaza que obligue a una actuación inmediata.
4. En la puesta en conocimiento de la otra Parte, conforme a lo dispuesto en el apartado 3, de una decisión de restablecimiento o prórroga del control fronterizo entre Gibraltar y el territorio de un Estado miembro que aplica íntegramente el acervo de Schengen, la Unión, si quien restablece el control fronterizo es un Estado miembro, o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, si es este último quien restablece el control fronterizo, deberá comunicar la siguiente información a la otra Parte:
a) si el restablecimiento o prórroga se fundamenta en una grave amenaza al orden público, a la salud pública o a la seguridad interior;
b) los datos de interés sobre las causas en que se fundamente, salvo cuando la comunicación de estos datos se desaconseje por razones imperiosas de seguridad o confidencialidad;
c) la denominación de los pasos fronterizos autorizados;
d) la fecha de inicio y la duración del restablecimiento o la prórroga; y
e) en su caso, las medidas que la otra Parte pudiera adoptar.
5. Salvo si se desaconsejara por razones imperiosas de seguridad, las Partes se asegurarán de que la decisión de restablecer o prolongar el control fronterizo entre Gibraltar y el territorio de un Estado miembro que aplica íntegramente el acervo de Schengen, y en particular de las fechas de inicio y fin y el alcance del restablecimiento, sea objeto de una publicidad coordinada.

Texto oficial Artículo 30 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Según el tratado, las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, no tienen acceso a los sistemas de información y bases de datos establecidos al amparo del Derecho de la UE. El artículo no enumera esos sistemas. Según el artículo 34, apartado 1, cada parte hace el seguimiento de las descripciones de sus propias bases de datos y sistemas de información.

El artículo 34, apartado 1, dispone que las autoridades competentes de cada parte hacen el seguimiento de las descripciones de sus propias bases de datos y sistemas de información, y el artículo 34, apartado 4, que las autoridades competentes de España actúan ante las descripciones que solo existen en los sistemas de España. El artículo 33, apartado 4, letra c), inciso i), da a las autoridades competentes de España el derecho a utilizar sistemas informáticos y de información que tratan datos personales de conformidad con el Derecho nacional, de la UE e internacional.

El artículo 34, apartados 3 y 4, dice quién actúa ante una descripción que solo existe en los sistemas de una parte, y el artículo 34, apartados 6 y 7, trata de las descripciones que tienen las dos. El artículo 31 se limita al acceso «en virtud del presente Acuerdo»; no dice nada sobre el acceso según cualquier otro instrumento.

En virtud del presente Acuerdo, no se concederá a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, acceso a los sistemas de información y bases de datos establecidos al amparo del Derecho de la Unión.

Texto oficial Artículo 31 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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A efectos del tratado, las autoridades competentes de Gibraltar ejercen el control fronterizo, que consiste en las inspecciones fronterizas y la vigilancia de fronteras, según la Gibraltar Immigration, Asylum and Refugee Act (ley de inmigración, asilo y refugiados de Gibraltar), con sus modificaciones o la norma que la sustituya (apartado 1). Si, después de las inspecciones del artículo 29, apartado 2, las autoridades competentes de Gibraltar tienen previsto denegar la entrada a una persona y no hace falta ninguna otra acción coercitiva según el artículo 34, apartado 3, deben comunicarlo de inmediato a las autoridades competentes de España en el paso fronterizo y conducir a la persona hasta la zona de inspecciones de segunda línea. Allí, las autoridades competentes de España revisan si la persona cumple las condiciones de entrada del Derecho de la UE, conforme al artículo 33; esto no cambia la posibilidad de que España autorice la entrada según el artículo 6, apartado 5, del Código de fronteras Schengen (la disposición que permite admitir a determinadas personas que no cumplen todas las condiciones de entrada) (apartado 2). Si la revisión muestra a las autoridades competentes de España que la persona tiene derechos de libre circulación según el Derecho de la UE (también según acuerdos de la UE), o que es nacional de un tercer país con un visado de larga duración o un permiso de residencia expedido por un país Schengen de la UE, y que cumple las condiciones de entrada y estancia de la UE, las autoridades competentes de España deben permitirle entrar en los países Schengen de la UE, sin que cambie la posibilidad de adoptar medidas según el artículo 33, apartado 4, letra c), inciso ii) (como detener, cachear o retener); y las autoridades competentes de Gibraltar deben permitirle entrar en España o en otro país Schengen de la UE (apartado 3). El texto no deja claro si la condición de cumplir las condiciones de entrada y estancia de la UE se aplica a los dos grupos o solo a quienes tienen el visado o el permiso.

El artículo 29, apartado 2, es la inspección en los pasos fronterizos del puerto y del aeropuerto. El artículo 34, apartado 3, trata de la acción coercitiva ante descripciones que solo existen en los sistemas de Gibraltar, que ejecutan las autoridades de Gibraltar; el apartado 2 solo se aplica cuando no hace falta esa acción. El artículo 33 fija las funciones de España; la letra c), inciso ii), del artículo 33, apartado 4, es la facultad de España de detener, cachear, retener, interrogar o poner bajo protección a una persona, o intervenir o registrar sus efectos personales. El artículo 35 dice quién ejecuta una denegación de entrada.

El apartado 1 nombra una ley de Gibraltar, la Gibraltar Immigration, Asylum and Refugee Act, con sus modificaciones o la norma que la sustituya, como la ley según la cual las autoridades competentes de Gibraltar ejercen el control fronterizo. Los apartados 2 y 3 tratan de una persona a la que las autoridades de Gibraltar tienen previsto denegar la entrada: las autoridades de España revisan el caso según el Derecho de la UE y, si la persona está comprendida en el apartado 3, las dos partes deben permitirle entrar en España o en otro país Schengen de la UE. El apartado 3 no dice si esa persona es admitida en el propio Gibraltar o solo se le permite pasar a España.

1. A los efectos del presente Acuerdo, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, ejercerán el control fronterizo, consistente en las inspecciones fronterizas y la vigilancia de fronteras, de conformidad con la Ley gibraltareña de Inmigración, Asilo y Refugiados (Immigration, Asylum and Refugee Act) o norma que la modifique o sustituya.
2. Si una vez realizadas las inspecciones fronterizas por parte del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y por parte del Reino de España tal como dispone el artículo 29, apartado 2, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, tuvieran previsto denegar la entrada a una persona sin que fuera necesario realizar otra acción coercitiva en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34, apartado 3, pondrán el hecho en conocimiento inmediato de las autoridades competentes del Reino de España en el paso fronterizo y conducirán a la persona hasta la zona de inspecciones de segunda línea, en la que las autoridades competentes del Reino de España verificarán el cumplimiento de las condiciones de entrada establecidas en el Derecho de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 33, sin perjuicio de la posibilidad de que el Reino de España autorice la entrada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 5, del Código de fronteras Schengen.
3. Si, a raíz de la revisión a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, las autoridades competentes del Reino de España apreciaran que el interesado es persona titular del derecho a la libertad de circulación al amparo del Derecho de la Unión, concepto que incluye a los beneficiarios de derechos a la libertad de circulación en virtud de acuerdos celebrados por la Unión, o nacional de un tercer país titular de un visado de larga duración o de un permiso de residencia expedido por un Estado miembro que aplica íntegramente el acervo de Schengen, y también cumple las condiciones de entrada y estancia establecidas en el Derecho de la Unión, las autoridades competentes del Reino de España permitirán a esa persona la entrada en los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen, sin perjuicio de la posibilidad de adoptar medidas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33, apartado 4, letra c), inciso ii). Las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, permitirán a la persona la entrada en el Reino de España o en un Estado miembro que aplica íntegramente el acervo de Schengen.

Texto oficial Artículo 32 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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A efectos del tratado, las autoridades competentes de España ejercen las funciones necesarias para el control fronterizo, que consiste en las inspecciones fronterizas y la vigilancia de fronteras, tal como lo establece el Código de fronteras Schengen, y los cometidos conexos del Derecho de la UE (apartado 1). Las inspecciones fronterizas se hacen en los pasos fronterizos del artículo 29, apartado 1, para garantizar que pueda autorizarse a las personas, con sus medios de transporte y los objetos que llevan, a entrar en el territorio de España o a salir de él (apartado 2). La vigilancia de fronteras se hace entre los pasos fronterizos en Gibraltar, y en los pasos fronterizos fuera de su horario de apertura establecido, para impedir que las personas eludan las inspecciones fronterizas y para prevenir o detectar los cruces no autorizados (apartado 3). Las funciones de España incluyen, entre otros, el derecho a: someter a las personas a inspecciones, también de segunda línea, según el Código de fronteras Schengen; denegar la entrada a los nacionales de terceros países que no cumplan las condiciones de entrada del artículo 6, apartado 1, de ese Código, salvo las personas residentes en Gibraltar y las personas de las categorías del artículo 6, apartado 5, de ese Código; adoptar las medidas adecuadas para evitar que un nacional de un tercer país al que se haya denegado la entrada, y al que un transportista haya llevado a la frontera, entre de forma ilegal mientras espera el transporte de salida según el artículo 36; impedir los cruces no autorizados y adoptar medidas contra las personas que hayan cruzado de forma ilegal, incluido aprehenderlas y garantizar su retorno según la Directiva de retorno de la UE (Directiva 2008/115/CE); utilizar sistemas informáticos y de información que traten datos personales, hacer el seguimiento y otras actuaciones, y establecer las medidas de seguridad para proteger los datos personales, de conformidad con el Derecho nacional, de la UE e internacional; detener, cachear, retener, interrogar o poner bajo protección a una persona, o intervenir o registrar sus efectos personales, cuando esté justificado en el desarrollo del control fronterizo que ejercen las autoridades competentes de España y de conformidad con el Derecho español, de la UE e internacional; y admitir las solicitudes de protección internacional (estatuto de refugiado o protección subsidiaria, artículo 26, letra g)) que presente ante las autoridades competentes de España cualquier nacional de un tercer país o apátrida (apartado 4). Las autoridades competentes de Gibraltar deben, cuando sea necesario, auxiliar a las autoridades competentes de España en estas funciones y facilitarlas (apartado 5). Los acuerdos administrativos entre el Reino Unido, para Gibraltar, y España deben fijar los aspectos prácticos de las funciones de las autoridades competentes de España, la cooperación operativa en el control fronterizo y la disposición de las inspecciones en los pasos fronterizos (apartado 6).

El artículo 29, apartado 1, sitúa los pasos fronterizos en el puerto y en el aeropuerto. El artículo 36 es la norma sobre la responsabilidad de los transportistas a la que remite el apartado 4, letra a), inciso ii), cuando un pasajero al que se ha denegado la entrada espera el transporte de salida. El apartado 6 prevé los acuerdos administrativos a los que también remiten los artículos 26, letra l), y 29, apartado 10, para la zona de inspecciones de segunda línea y las infraestructuras. La Directiva de retorno (2008/115/CE) se nombra para el retorno de las personas que cruzaron de forma ilegal.

Según este artículo, las autoridades competentes de España hacen las inspecciones fronterizas Schengen en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar, y la vigilancia de fronteras entre los pasos fronterizos en Gibraltar (apartados 2 y 3). La facultad del apartado 4, letra c), inciso ii), de detener, cachear, retener, interrogar o poner bajo protección a una persona, o intervenir o registrar sus efectos personales se aplica «siempre que ello se encuentre justificado en el desarrollo del control fronterizo» que ejercen las autoridades competentes de España, y de conformidad con el Derecho español, de la UE e internacional. La facultad de denegar la entrada del apartado 4, letra a), inciso ii), no alcanza a las personas residentes en Gibraltar. Las autoridades competentes de Gibraltar deben, cuando sea necesario, auxiliar a las de España y facilitar el ejercicio de sus funciones (apartado 5). El apartado 6 deja a los acuerdos administrativos los aspectos prácticos, la cooperación operativa y la disposición de las inspecciones. El apartado 4, letra c), inciso iii), trata de la admisión de solicitudes de protección internacional; el artículo 33 no dice por sí mismo cómo se tramitan después.

1. A los efectos del presente Acuerdo, las autoridades competentes del Reino de España ejercerán las funciones que sean necesarias para el ejercicio del control fronterizo, consistente en las inspecciones fronterizas y la vigilancia de fronteras, tal y como se establece en el Código de fronteras Schengen, así como los cometidos conexos recogidos en el Derecho de la Unión.
2. Las inspecciones fronterizas se efectuarán en los pasos fronterizos a que se refiere el artículo 29, apartado 1, con el fin de garantizar que pueda autorizarse la entrada de personas, incluidos sus medios de transporte y los objetos en su posesión, en el territorio del Reino de España o su abandono.
3. Se efectuará la vigilancia de fronteras entre los pasos fronterizos en Gibraltar, lo que incluye la vigilancia de estos últimos fuera de los horarios de apertura establecidos, con el fin de impedir que las personas se sustraigan a las inspecciones fronterizas y de prevenir o detectar el cruce no autorizado de fronteras.
4. Entre las funciones en el sentido del apartado 1 estarán:
a) las funciones de inspección fronteriza, que comprenden, entre otros, el derecho a:
i) someter a las personas a inspecciones fronterizas, incluidas las de segunda línea, de conformidad con el Código de fronteras Schengen;
ii) denegar la entrada a los nacionales de terceros países que no reúnan las condiciones de entrada establecidas en el artículo 6, apartado 1, del Código de fronteras Schengen, a excepción de las personas residentes en Gibraltar y las personas que se encuadren en las categorías recogidas en el artículo 6, apartado 5, del Código de fronteras Schengen.
Si el nacional de un tercer país al que se haya denegado la entrada hubiera sido transportado a la frontera exterior por un transportista, hasta el momento en que la empresa se haga cargo de esa persona, dando así cumplimiento a las obligaciones de los transportistas a las que se refiere el artículo 36 del presente Acuerdo, adoptar las medidas adecuadas para evitar la entrada ilícita del nacional de un tercer país al que se les haya denegado la entrada;
b) las funciones de vigilancia de fronteras, que comprenden, entre otros, el derecho a:
i) impedir el cruce no autorizado de la frontera y adoptar medidas contra las personas que hayan cruzado la frontera ilegalmente, lo que incluye aprehender a estas personas y velar por su retorno de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8);
ii) efectuar la vigilancia de fronteras de tal manera que impida que las personas se sustraigan a las inspecciones en los pasos fronterizos y las disuada de hacerlo, mediante el uso de unidades fijas o móviles; y
c) las funciones ejercidas a los efectos tanto de inspección fronteriza como de vigilancia de fronteras, que comprenden, entre otros, el derecho a:
i) utilizar sistemas informáticos y de información para tratamiento de los datos personales de conformidad con la legislación nacional, el Derecho de la Unión y el Derecho internacional, realizar todas las actuaciones posteriores necesarias u otras actuaciones de conformidad con la legislación nacional, de la Unión e internacional, y disponer las medidas técnicas y organizativas de seguridad que exija la legislación nacional, de la Unión e internacional para proteger los datos personales de la destrucción accidental o ilícita o la pérdida accidental, de la alteración o de la revelación o el acceso no autorizados, inclusive el acceso por parte de las autoridades de terceros países.
ii) detener, cachear, retener, interrogar o poner bajo protección a una persona, o intervenir o registrar sus efectos personales, siempre que ello se encuentre justificado en el desarrollo del control fronterizo efectuado por las autoridades competentes del Reino de España y de conformidad con el Derecho español, de la Unión e internacional;
y iii) admitir solicitudes de protección internacional por parte de los nacionales de terceros países o apátridas que se presenten ante las autoridades competentes del Reino de España.
5. Cuando sea preciso, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, auxiliarán a las autoridades competentes del Reino de España en el ejercicio de las funciones a las que se refiere el presente artículo y facilitarán el ejercicio de estas.
6. Los aspectos prácticos del desempeño de las funciones de las autoridades competentes del Reino de España, los aspectos de la cooperación operativa relacionados con el control fronterizo y la disposición física sobre el modo de efectuar las inspecciones fronterizas en los pasos fronterizos se establecerán en acuerdos de carácter administrativo entre el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España.

Texto oficial Artículo 33 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Al desempeñar sus cometidos según los artículos 32 y 33, las autoridades competentes de cada parte actúan ante las descripciones (alertas) que aparecen en sus propias bases de datos y sistemas de información, según la legislación nacional y el Derecho de la UE aplicables (apartado 1). Si una descripción exige una acción coercitiva, se conduce a la persona a la zona de inspecciones de segunda línea. La excepción: si una descripción exige recabar información de forma discreta y conducir a la persona pondría en riesgo esa discreción, la autoridad que detectó la descripción podrá recabar la máxima información posible durante la inspección fronteriza rutinaria (apartado 2). Si hace falta una acción coercitiva por descripciones que solo están en los sistemas de Gibraltar, las autoridades competentes de Gibraltar toman las medidas posteriores oportunas según la legislación de Gibraltar; si las descripciones solo están en los sistemas de España, lo hacen las autoridades competentes de España, según la legislación nacional y el Derecho de la UE (apartados 3 y 4). Si esas descripciones exigen una detención o una privación de libertad, el texto dice que, según corresponda, a la entrada «la persona no se opondrá a la detención o la privación de libertad; o, alternativamente, se le permitirá optar por que se le deniegue la entrada», y que a la salida la alternativa es que se le obligue a salir (apartado 5). Si los sistemas de ambas partes tienen descripciones que exigen una acción coercitiva, las autoridades competentes de las dos partes acuerdan cuál de ellas actúa, o actúa primero, y, cuando proceda, las actuaciones posteriores, salvo en los supuestos de los apartados 7 y 9 (apartado 6). Si las descripciones de ambas partes exigen una detención, una privación de libertad o la intervención de objetos y solo una de las dos autoridades puede ejecutarla, la ejecutan las autoridades competentes de España, según el Derecho nacional y de la UE. En casos excepcionales, la autoridad competente correspondiente podrá pedir que se suspenda la detención y la privación de libertad cuando haya motivos relacionados con los derechos humanos de la persona u obligaciones internacionales contradictorias en materia de extradición; en ese caso, las autoridades correspondientes deben resolver esas cuestiones antes de cualquier expulsión (apartado 7). Las autoridades competentes de cada parte comunican a la otra cuándo termina la acción coercitiva de los apartados 6 y 7, para que la otra pueda tomar las medidas posteriores que procedan (apartado 8). Si las autoridades competentes de España exigen la detención o la privación de libertad de una persona residente en Gibraltar, solo podrán ejecutar esa acción las autoridades competentes de Gibraltar. A petición de las autoridades competentes de España, y una vez recibida la información necesaria para ejecutarla conforme a Derecho, las autoridades competentes de Gibraltar deben ejecutar la acción pedida, para que España pueda tomar las medidas posteriores sobre sus descripciones. Después deben comunicar esa acción a las autoridades competentes de España «para permitir una extradición rápida» (apartado 9). En toda detención según este artículo, la persona debe recibir las garantías procesales adecuadas antes de cualquier decisión o elección (apartado 10). El artículo no cambia las obligaciones del Reino Unido, para Gibraltar, y de España según el Estatuto de la Corte Penal Internacional (apartado 11).

Los artículos 32 y 33 regulan las inspecciones en las que aparecen las descripciones. El artículo 26 define la acción coercitiva y a las personas residentes en Gibraltar (definición que excluye a los ciudadanos de la UE, a los nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y a los nacionales de Andorra y San Marino una vez en vigor los acuerdos que les reconozcan derechos de libre circulación), y así fija a quién se aplica el apartado 9. El artículo 31 dice que las autoridades competentes de Gibraltar no tienen acceso, según el tratado, a los sistemas de información ni a las bases de datos creados según el Derecho de la UE. El artículo 35, apartado 4, dice que las denegaciones de entrada se hacen efectivas después de cualquier actuación tomada ante una descripción.

Según el apartado 9, si las autoridades competentes de España exigen la detención o la privación de libertad de una persona residente en Gibraltar (de cualquier nacionalidad, salvo los grupos que excluye el artículo 26, letra j)), solo podrán ejecutar esa acción las autoridades competentes de Gibraltar, que deben ejecutarla a petición de España una vez que tengan la información necesaria para ejecutarla conforme a Derecho. Según el apartado 7, si ambas partes tienen descripciones y solo una autoridad puede ejecutar una detención, una privación de libertad o una intervención de objetos, actúan las autoridades competentes de España. El apartado 5 no dice quién decide entre las dos vías que establece (no oponerse a la detención o la privación de libertad, o que se le deniegue la entrada o se le obligue a salir). El artículo 34 no regula el procedimiento de extradición que puede seguir a la acción prevista en el apartado 9.

1. En la realización de sus cometidos en virtud de los artículos 32 y 33, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y las autoridades competentes del Reino de España actuarán ante la presencia de descripciones en sus respectivas bases de datos y sus respectivos sistemas de información de conformidad con la legislación nacional y el Derecho de la Unión aplicable.
2. Si las descripciones en las respectivas bases de datos o los respectivos sistemas de información hicieran necesaria la aplicación de acciones coercitivas, se procederá a conducir a la persona interesada a la zona de inspecciones de segunda línea, salvo en el supuesto descrito en el párrafo segundo.
Si la presencia de una descripción en una base de datos o un sistema de información administrado por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o las autoridades competentes del Reino de España hiciera necesario recabar información de manera discreta, y si la eventual conducción de la persona a la zona de inspecciones de segunda línea supusiera un riesgo para el carácter discreto de las medidas que se fueran a adoptar, se autorizará a la autoridad que se hubiera percatado de la descripción a recabar la máxima información posible en la inspección fronteriza rutinaria.
3. Si descripciones que solo estuvieran presentes en las bases de datos y los sistemas de información administrados por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, hicieran necesaria la aplicación de acciones coercitivas, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, tomarán las acciones posteriores que sean oportunas de conformidad con la legislación interna aplicable del Reino Unido, respecto a Gibraltar.
4. Si descripciones que solo estuvieran presentes en las bases de datos y los sistemas de información administrados por el Reino de España hicieran necesaria la aplicación de acciones coercitivas, las autoridades competentes del Reino de España tomarán las acciones posteriores que sean adecuadas de conformidad con la legislación nacional y el Derecho de la Unión.
5. Si, en aplicación de los apartados 3 y 4, fuera necesaria la aplicación de acciones coercitivas destinadas a la detención o retención de una persona, se aplicará el siguiente procedimiento, según corresponda:
a) en el desarrollo de inspecciones fronterizas a la entrada, la persona no se opondrá a la detención o la privación de libertad; o, alternativamente, se le permitirá optar por que se le deniegue la entrada;
b) en el desarrollo de inspecciones fronterizas a la salida, la persona no se opondrá a la detención o la privación de libertad;
o, alternativamente, se le permitirá optar por que se le obligue a salir.
6. Si la presencia de descripciones tanto en las bases de datos y los sistemas de información administrados por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, como en los administrados por el Reino de España hiciera necesaria la aplicación de acción coercitiva, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y las autoridades competentes del Reino de España convendrán en la elección de la autoridad que realizará la acción de que se trate, o que la realizará primero, y en su caso, en las actuaciones posteriores a realizar, salvo en los supuestos descritos en los apartados 7 y 9.
7. Si las descripciones presentes tanto en las bases de datos y sistemas de información administrados por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, como en los administrados por las autoridades competentes del Reino de España hicieran necesaria la aplicación de alguna acción coercitiva para la detención o la privación de la libertad de una persona o la intervención de objetos, y solo fuera posible que una de esas autoridades emprendiera dicha acción coercitiva, quienes la realicen serán las autoridades competentes del Reino de España, de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión aplicables. Sin embargo, en casos excepcionales, en atención a los derechos humanos de la persona o por existir obligaciones internacionales contradictorias en materia de extradición, la autoridad competente correspondiente podrá solicitar la suspensión de la detención y privación de libertad. En este caso, las autoridades correspondientes subsanarán las cuestiones problemáticas antes de proceder a una expulsión.
8. Las autoridades competentes, sean del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o del Reino de España, notificarán a las otras autoridades competentes la terminación de la acción coercitiva efectuada en virtud de los apartados 6 y 7 para que, salvo en los supuestos recogidos en el apartado 9, las otras autoridades competentes puedan realizar, cuando proceda, las actuaciones posteriores necesarias ante la presencia de descripciones en las bases de datos y los sistemas de información administrados por las autoridades competentes.
9. Si las autoridades competentes del Reino de España exigieran la ejecución de acción coercitiva para la detención o la privación de la libertad y la persona interesada fuera residente en Gibraltar, solo las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán llevar a cabo la acción coercitiva. A petición de las autoridades competentes del Reino de España y previa recepción de la información que sea precisa para que la acción coercitiva se lleve a cabo conforme a Derecho, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, efectuarán esa acción coercitiva al objeto de permitir que el Reino de España realice las actuaciones posteriores necesarias ante la presencia de las descripciones en las bases de datos y sistemas de información administrados por sus autoridades competentes. Las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, notificarán a las autoridades competentes del Reino de España cualquier acción coercitiva realizada para permitir una extradición rápida.
10. En todas las detenciones realizadas en virtud del presente artículo, se extenderán las garantías procesales adecuadas a la persona antes de cualquier decisión o elección.
11. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las obligaciones del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y del Reino de España en virtud del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Texto oficial Artículo 34 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Quién hace efectiva una denegación de entrada depende de qué condiciones de entrada incumple una persona de las que el tratado llama «nacionales de terceros países». Si la persona solo incumple las condiciones de entrada de la legislación de Gibraltar, las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, hacen efectiva la denegación, de acuerdo con el artículo 32 (apartado 1). Si solo incumple las condiciones de entrada del Derecho de la UE, la hacen efectiva las autoridades competentes de España, de acuerdo con el artículo 33, apartado 4, letra a), inciso ii), siempre que no se haya autorizado su entrada según el artículo 6, apartado 5, del Código de fronteras Schengen (apartado 2). Si incumple ambas, las autoridades competentes de las dos partes hacen efectiva la denegación de forma conjunta (apartado 3). Las denegaciones según este artículo se hacen efectivas después de cualquier actuación que se haya podido tomar ante una descripción en las bases de datos y sistemas de información de cualquiera de las partes, según el artículo 34 (apartado 4).

El artículo 32 es el control fronterizo de Gibraltar, y su apartado 2 envía primero una denegación que solo es de Gibraltar a la zona de inspecciones de segunda línea para que España la revise; el artículo 33, apartado 4, letra a), inciso ii), es la facultad de España para denegar la entrada, que excluye a las personas residentes en Gibraltar; el artículo 34 es la actuación ante descripciones, que tiene prioridad. El artículo 6, apartado 5, del Código de fronteras Schengen es la facultad de España para admitir a una persona aunque incumpla una condición.

Este artículo solo se refiere a los «nacionales de terceros países» (artículo 26, letra m)). Según el artículo 32, apartado 2, a una persona a la que las autoridades competentes de Gibraltar tienen intención de denegar la entrada se la conduce primero a la zona de inspecciones de segunda línea para que la revisen las autoridades competentes de España, salvo que el artículo 34, apartado 3, exija otra acción coercitiva. El apartado 1 se refiere a las personas que solo incumplen las condiciones de entrada de Gibraltar; el apartado 2, a las que solo incumplen las condiciones de entrada de la UE; el apartado 3, a las que incumplen ambas. La facultad de España para denegar la entrada no alcanza a las personas residentes en Gibraltar (artículo 33, apartado 4, letra a), inciso ii)). El apartado 3 no dice cómo actúan las dos autoridades si no están de acuerdo sobre si se cumplen las condiciones.

1. Las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, harán efectivas las denegaciones de entrada con respecto a los nacionales de terceros países que incumplan las condiciones de entrada establecidas, únicamente, en la legislación del Reino Unido, respecto a Gibraltar, de conformidad con el artículo 32.
2. Las autoridades competentes del Reino de España harán efectivas las denegaciones de entrada con respecto a los nacionales de terceros países que incumplan las condiciones de entrada establecidas, únicamente, en el Derecho de la Unión, de conformidad con el artículo 33, apartado 4, letra a), inciso ii), y cuya entrada tampoco se haya autorizado en virtud del artículo 6, apartado 5, del Código de fronteras Schengen.
3. Las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y del Reino de España harán efectivas conjuntamente las denegaciones de entrada con respecto a los nacionales de terceros países que incumplan las condiciones de entrada establecidas tanto en la legislación del Reino Unido, respecto a Gibraltar, como en el Derecho de la Unión, de conformidad con el artículo 32 y el artículo 33, apartado 4, letra a), inciso ii).
4. Se harán efectivas las denegaciones de entrada en virtud del presente artículo una vez realizadas, en su caso, las actuaciones posteriores adoptadas ante la presencia de una descripción en las bases de datos y sistemas de información de las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y del Reino de España, de conformidad con el artículo 34.

Texto oficial Artículo 35 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Dos normas de la UE sobre la responsabilidad de los transportistas, el artículo 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y la Directiva 2001/51/CE del Consejo, se aplican al Reino Unido, para Gibraltar, y dentro de Gibraltar. Tratan de las obligaciones de un transportista (una compañía aérea o naviera) que trae pasajeros sin los documentos necesarios. Cubren el transporte a Gibraltar por mar o por aire desde un país de fuera de la UE de cualquier persona que no sea ciudadana de la UE ni nacional de Islandia, Noruega, Suiza o Liechtenstein (ni de Andorra o San Marino, una vez en vigor los acuerdos de libre circulación), cuando el pasajero no tiene los documentos de viaje necesarios para entrar en los países de la UE, salvo Irlanda. Se aplica el artículo 19: el Reino Unido, para Gibraltar, debe tener estas normas en su legislación y aplicarlas, y debe notificar en un plazo de 30 días su decisión de aceptar los actos posteriores de la UE sobre ellas e incorporarlos a su legislación, con las consecuencias que fija el artículo 19, apartado 5; según el artículo 20, se interpretan de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El artículo 19 convierte los dos instrumentos de la UE en una obligación de alinearse: el Reino Unido, para Gibraltar, debe tenerlos en su legislación y notificar en un plazo de 30 días su decisión de aceptar los actos posteriores de la UE e incorporarlos a su legislación, con la sanción que fija el artículo 19, apartado 5. El artículo 33, apartado 4, letra a), inciso ii), remite a las obligaciones de los transportistas según este artículo cuando un pasajero al que se ha denegado la entrada espera el transporte para continuar el viaje. El artículo 27, por separado, mantiene al día la referencia.

Se aplica al transporte a Gibraltar por mar o por aire desde un «tercer país»; el artículo no define ese término. El criterio es si el pasajero tiene los documentos de viaje necesarios para entrar en los países de la UE, salvo Irlanda; el artículo no remite a los requisitos de entrada propios de Gibraltar.

El artículo 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (9), y la Directiva 2001/51/CE del Consejo (10) serán de aplicación al Reino Unido, respecto a Gibraltar, así como dentro de Gibraltar, en lo que respecta al transporte a Gibraltar por mar o por aire desde un tercer país de personas no provistas de los documentos de viaje necesarios para la entrada en los Estados miembros a excepción de Irlanda, y que no sean ni ciudadanos de la Unión ni nacionales de Islandia, del Reino de Noruega, de la Confederación Suiza ni del Principado de Liechtenstein, ni tampoco, una vez entrados en vigor los acuerdos que les reconozcan el derecho a la libertad de circulación, nacionales del Principado de Andorra ni de la República de San Marino.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 19.

Texto oficial Artículo 36 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El Reino Unido, para Gibraltar, debe velar por que los transportistas envíen a las autoridades de España la información anticipada sobre los pasajeros (datos API: datos sobre los pasajeros que se envían antes de la llegada) de los vuelos que salen de fuera del espacio Schengen y llegan al aeropuerto de Gibraltar. Los datos y su transmisión deben cumplir la Directiva 2004/82/CE del Consejo. Se aplica el artículo 19: el Reino Unido, para Gibraltar, debe tener las disposiciones de la Directiva en su legislación y aplicarlas, y debe notificar en un plazo de 30 días su decisión de aceptar los actos posteriores de la UE sobre ella e incorporarlos a su legislación; según el artículo 20, se interpretan de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El artículo no exige que los datos se envíen a las autoridades de Gibraltar, y no cubre los vuelos que llegan desde dentro del espacio Schengen.

El artículo 19 convierte la Directiva sobre datos API en una obligación de alinearse, con la sanción de terminación que fija el artículo 19, apartado 5. El artículo 29, apartado 1, establece el paso fronterizo del aeropuerto donde España hace sus inspecciones; el artículo 27 mantiene al día la referencia a la Directiva.

La obligación de velar por que los transportistas envíen los datos recae en el Reino Unido, para Gibraltar; el destinatario que se nombra son las autoridades de España. El artículo 37 no dice cuánto tiempo podrán conservar los datos las autoridades de España ni para qué fines; exige que los datos y su transmisión cumplan la Directiva 2004/82/CE.

El Reino Unido, respecto a Gibraltar, velará por que los transportistas transmitan a las autoridades del Reino de España la información anticipada sobre los pasajeros (en lo sucesivo, «datos API») relativa a los vuelos que lleguen al aeropuerto con origen fuera del espacio Schengen. Los datos API y su transmisión se ajustarán a lo exigido por la Directiva 2004/82/CE del Consejo (11).
Se estará a lo dispuesto en el artículo 19.

Texto oficial Artículo 37 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Normas para el personal militar y los grupos relacionados en los pasos fronterizos del puerto y del aeropuerto (artículo 29, apartado 1). En las condiciones del apartado 2, y siempre que se cumplan los trámites del tratado sobre su entrada y salida, los miembros de las fuerzas del Reino Unido no residentes y de las «fuerzas visitantes de terceros países» (fuerzas de miembros de la OTAN o de determinados países socios, artículo 26, letra n)) están exentos de las normas sobre pasaporte y visado y de las inspecciones fronterizas Schengen de España según el artículo 33, pero no adquieren ningún derecho a residencia permanente ni a domicilio en el espacio Schengen (apartado 1). Para su registro solo se exigen dos documentos: una tarjeta de identidad emitida por el Ministerio de Defensa del Reino Unido o por el de la fuerza visitante, y una orden de destino, individual o colectiva, en español e inglés, emitida por el Ministerio de Defensa del Reino Unido; los datos recogidos solo podrán usarse para la seguridad de las fronteras en los pasos fronterizos (apartado 2). Para las fuerzas del Reino Unido no residentes, los titulares de permisos de residencia según los artículos 50, apartado 13, y 51, apartado 12, las fuerzas visitantes y el componente civil que llegan o salen en aeronaves o buques estatales, el Reino Unido debe facilitar a España la información necesaria para identificarlos, y la identificación corre a cargo de los funcionarios de enlace designados según un acuerdo administrativo entre el Reino Unido y España; a los miembros de la familia que forman parte del hogar se les indica que se dirijan a los pasos fronterizos (apartado 3). En las condiciones del apartado 5, y siempre que se cumplan los trámites del tratado, los miembros del componente civil y los miembros de la familia que forman parte del hogar que son nacionales del Reino Unido o tienen derecho a residir en el Reino Unido o en la Zona de Viaje Común están exentos de las normas sobre pasaporte y visado y de la inspección de inmigración en las inspecciones Schengen de España, con un pasaporte británico, un documento de viaje del Reino Unido o un permiso de residencia del Reino Unido en vigor, más una orden de destino; no adquieren ningún derecho a residencia permanente ni a domicilio en el espacio Schengen (apartados 4 y 5). Quienes no tienen esa condición se someten a las inspecciones Schengen de España según el artículo 33; una vez autorizada así su entrada o salida, no pasan por las inspecciones adicionales del apartado 7 para entrar en un país de la UE que aplica íntegramente las normas de Schengen o salir de él (apartado 6). Los miembros de todos estos grupos que quieran entrar en un país de la UE que aplica íntegramente las normas de Schengen, o salir de él, se someten a las inspecciones Schengen de España en los pasos fronterizos. El Reino Unido y España deben informarles de esa obligación y de que podrán ser objeto de medidas disciplinarias si no se someten a las inspecciones; esto no cambia lo que dicen los actos de la UE sobre el retorno de los nacionales de países de fuera de la UE en situación irregular. Las unidades o formaciones regularmente constituidas no podrán entrar en el espacio Schengen ni salir de él por estos pasos fronterizos (apartado 7).

El artículo 26 define los cuatro grupos (fuerzas del Reino Unido no residentes, componente civil, miembros de la familia que forman parte del hogar y «fuerzas visitantes de terceros países»), cada uno con su propia condición de residencia. El artículo 33 regula la inspección Schengen de España de la que se exime a estos grupos; el artículo 29, apartado 1, establece los pasos fronterizos. Según los artículos 50, apartado 13, y 51, apartado 12, las personas destinadas al servicio de las fuerzas del Reino Unido o al servicio del Reino Unido, para Gibraltar, y los miembros de la familia de esas personas que formen parte de su hogar reciben un permiso de residencia válido solo para Gibraltar cuando España se ha opuesto a la expedición del permiso. El artículo 336, apartado 2, incluye el acuerdo administrativo al que se refiere este artículo entre los que debían estar en vigor antes de la aplicación provisional, y el artículo 336, apartado 5, dice que los títulos I a IV de la segunda parte dejan de aplicarse si esos acuerdos se suspenden o terminan.

Las exenciones de los apartados 1 y 4 se aplican en los pasos fronterizos del puerto y del aeropuerto (artículo 29, apartado 1) y no dan derecho a residencia permanente ni a domicilio en el espacio Schengen. Para el personal civil y los miembros de la familia que forman parte del hogar, la regla depende de su condición: quienes son nacionales del Reino Unido o tienen derecho a residir en el Reino Unido o en la Zona de Viaje Común están exentos (apartados 4 y 5); los demás se someten a las inspecciones Schengen de España (apartado 6). Para todos estos grupos, la entrada en un país de la UE que aplica íntegramente las normas de Schengen, o la salida de él, está sujeta a las inspecciones Schengen de España (apartado 7).

1. De acuerdo con las condiciones especificadas en el apartado 2 del presente artículo y con el cumplimiento de las formalidades establecidas por el presente Acuerdo relativas a la entrada y salida de los miembros de las fuerzas del Reino Unido no residentes o fuerzas visitantes de terceros países, dichos miembros estarán exentos de la exigencia de pasaporte y visado, así como de las inspecciones fronterizas de Schengen reguladas por el artículo 33 y realizadas en los pasos fronterizos de Schengen a los que se refiere el artículo 29, apartado 1, pero no se considerará que adquieren derecho alguno a domicilio o a residencia permanente en el espacio Schengen.
2. La única documentación necesaria para el registro de los miembros de las fuerzas del Reino Unido no residentes o las fuerzas visitantes de terceros países, que se presentarán en los pasos fronterizos de Schengen, es la siguiente:
a) tarjeta personal de identidad emitida por el Ministerio de Defensa del Reino Unido o el Ministerio de Defensa del tercer país de origen de la fuerza visitante, en la que conste nombre y apellidos, fecha de nacimiento, graduación, número (si lo tiene), arma o servicio al que pertenece y fotografía;
b) orden de destino, individual o colectiva, en español e inglés, emitida por el Ministerio de Defensa del Reino Unido y que certifique la condición del individuo o de la unidad como miembro o miembros de una fuerza del Reino Unido no residente o de una fuerza visitante de terceros países y la orden de destino.
Los datos que se recojan a los efectos del presente apartado se utilizarán exclusivamente a los fines de la seguridad de las fronteras en los pasos fronterizos a que se refiere el artículo 29, apartado 1.
3. En lo que respecta a la entrada y salida de personas que sean miembros de las fuerzas del Reino Unido no residentes, de las personas a las que se haya expedido un permiso de residencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50, apartado 13, y el artículo 51, apartado 12, miembros de las fuerzas visitantes de terceros países, o componente civil si su entrada y salida se efectúa a bordo de aeronaves estatales o buques estatales, el Reino Unido facilitará al Reino de España la información precisa para la identificación de estas personas. La identificación de dichas personas en el momento de su llegada o salida correrá a cargo de los funcionarios de enlace acordados a nivel administrativo entre el Reino Unido y el Reino de España. Se indicará a los miembros de la familia que forman parte del hogar que se dirijan a los pasos fronterizos.
4. De acuerdo con las condiciones especificadas en el apartado 5 del presente artículo, y siempre que se cumplan los trámites establecidos por el presente Acuerdo relativos a la entrada y salida de los miembros del componente civil de las fuerzas del Reino Unido no residentes y los miembros de la familia que forman parte del hogar, estas personas estarán exentas de la exigencia de pasaporte y visado, así como de la inspección de inmigración en las inspecciones fronterizas Schengen reguladas por el artículo 33 en los pasos fronterizos de Schengen a los que se refiere el artículo 29, apartado 1, pero no se considerará que adquieren derecho alguno a domicilio o a residencia permanente en el espacio Schengen.
5. La única documentación necesaria para el registro de los miembros del componente civil de las fuerzas del Reino Unido no residentes y los miembros de la familia que forman parte del hogar que sean nacionales del Reino Unido o tengan el derecho a residir en el Reino Unido o en la Zona de Viaje Común, es la siguiente. Dicha documentación debe presentarse en los pasos fronterizos de Schengen a que se refiere el artículo 29, apartado 1:
a) pasaporte británico en vigor, documento de viaje del Reino Unido en vigor o permiso de residencia del Reino Unido en vigor; y
b) orden de destino, individual o colectiva, en español e inglés, emitida por el Ministerio de Defensa del Reino Unido y que certifique la condición del individuo o de la unidad como miembro o miembros del componente civil de las fuerzas del Reino Unido no residentes o miembros de la familia que forman parte del hogar, y la orden de destino.
Los datos que se recojan a los efectos del presente apartado se utilizarán exclusivamente a los fines de la seguridad de las fronteras en los pasos fronterizos a los que se refiere el artículo 29, apartado 1.
6. Los miembros del componente civil o los miembros de la familia que forman parte del hogar que no sean ciudadanos del Reino Unido ni tengan el derecho a residir en el Reino Unido o en la Zona de Viaje Común serán sometidos a las inspecciones fronterizas de Schengen previstas en el artículo 33. Estas personas no se someterán a las inspecciones fronterizas adicionales de Schengen de conformidad con el apartado 7 del presente artículo, para poder entrar en un Estado miembro que aplica íntegramente el acervo de Schengen o salir de él, siempre y cuando se haya autorizado su entrada o salida de conformidad con el presente apartado.
7. Los miembros de las fuerzas del Reino Unido no residentes, de fuerzas visitantes de terceros países o del componente civil, así como los miembros de sus familias que forman parte del hogar, que deseen entrar o salir de un Estado miembro que aplique íntegramente el acervo de Schengen se someterán a inspecciones fronterizas de Schengen de conformidad con el artículo 33 en los pasos fronterizos de Schengen a que se refiere el artículo 29, apartado 1. El Reino Unido y el Reino de España pondrán en conocimiento de estas personas la obligación de someterse a las mencionadas inspecciones y la posibilidad de ser objeto de medidas disciplinarias en caso de su incumplimiento, sin perjuicio de la aplicación de los actos de la Unión que regulan el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular. No se permitirá que las unidades o formaciones regularmente constituidas entren en el espacio Schengen o salgan de este por los pasos fronterizos a que se refiere el artículo 29, apartado 1.

Texto oficial Artículo 38 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Apartado 1: tres grupos podrán entrar en Gibraltar y permanecer allí sin visado hasta 90 días en cualquier período de 180 días: los ciudadanos de la UE; los miembros de su familia de fuera de la UE que tienen tarjeta de residencia según la Directiva 2004/38/CE; y los nacionales de países de fuera de la UE que viven legalmente en un país de la UE que aplica íntegramente las normas de Schengen (el conjunto de normas de la UE para viajar sin controles fronterizos). Las personas residentes en Gibraltar podrán entrar y permanecer sin visado, hasta 90 días en cualquier período de 180 días, en los países de la UE que aplican íntegramente las normas de Schengen. En los países de la UE que no las aplican íntegramente, el período de estancia se calcula por separado para cada uno de esos Estados. Apartado 2: cada país de la UE podrá decidir exigir visado a las personas residentes en Gibraltar que viajen para ejercer una actividad remunerada. El Reino Unido, para Gibraltar, podrá decidir lo mismo para los tres grupos del párrafo primero cuando viajen para ejercer una actividad remunerada.

Este artículo no remite a otros artículos por su número. El artículo 42 exime a las personas residentes en Gibraltar de los sellos en el pasaporte, del Sistema de Entradas y Salidas y de la autorización de viaje del SEIAV (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes). Los artículos 47 a 49 fijan las normas de visado para los nacionales de países de fuera de la UE que vienen a Gibraltar. Según el artículo 39, en este capítulo «Estados miembros» excluye a Irlanda.

El párrafo segundo del apartado 1 se aplica a las «personas residentes en Gibraltar»; no menciona la nacionalidad. Según el párrafo tercero, los 90 días se calculan por separado para cada país de la UE que no aplica íntegramente las normas de Schengen. Según el apartado 2, cada país de la UE podrá decidir por sí mismo si exige visado para una actividad remunerada. El artículo no define «actividad remunerada».

1. Podrán entrar en Gibraltar y permanecer hasta un máximo de noventa días en cualquier período de ciento ochenta días, sin necesidad de visado, los ciudadanos de la Unión, los miembros de sus familias que sean nacionales de terceros países y titulares de tarjeta de residencia en virtud de la Directiva 2004/38/CE, y los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen.
Las personas residentes en Gibraltar podrán entrar en el territorio de los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen y permanecer en él hasta un máximo de noventa días en cualquier período de ciento ochenta días sin necesidad de visado.
Cuando se trate de la entrada y permanencia sin visado en Estados miembros que no aplican íntegramente el acervo de Schengen por un período máximo de noventa días en cualquier período de ciento ochenta días, este período máximo autorizado se calculará por separado para cada uno de dichos Estados miembros.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1, cada Estado miembro podrá, facultativamente, exigir visado a las personas residentes en Gibraltar que se desplacen con el fin de ejercer una actividad remunerada.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 1, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrá, facultativamente, exigir visado a las personas a que se refiere ese párrafo que se desplacen con el fin de ejercer una actividad remunerada.

Texto oficial Artículo 41 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cuando una persona residente en Gibraltar cruza la frontera exterior de un país de la UE, sea o no por los pasos fronterizos a los que se refiere el artículo 29, apartado 1 (puerto y aeropuerto de Gibraltar), no se podrá estampar ningún sello de entrada o de salida en su documento de viaje (apartado 1). Las personas residentes en Gibraltar están exentas de los requisitos del Sistema de Entradas y Salidas (el registro electrónico de la UE de las entradas y salidas de los viajeros de fuera de la UE) (apartado 1). Al cruzar esas fronteras, también están exentas de la obligación de tener una autorización de viaje válida según el Reglamento (UE) 2018/1240 (SEIAV, el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes: la autorización previa al viaje que la UE pide a los visitantes que no necesitan visado) (apartado 2).

El artículo 29, apartado 1, es donde se fijan los pasos fronterizos. Las tres exenciones son de mecanismos fronterizos de la UE — el sellado de pasaportes, el Sistema de Entradas y Salidas y la autorización de viaje del SEIAV —, y ninguno de ellos es una disposición de este tratado.

Las tres exenciones se aplican a las «personas residentes en Gibraltar»; el artículo no menciona la nacionalidad. El artículo 45, apartado 1, dice que el derecho legal a residir en Gibraltar se acredita con un carné de identidad o un permiso de residencia en vigor expedido en Gibraltar por las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar, siempre que se cumplan las condiciones del artículo 45. Este artículo no dice cómo demuestra una persona en la frontera que reside en Gibraltar.

1. No se estampará un sello de entrada o de salida en los documentos de viaje de las personas residentes en Gibraltar cuando crucen las fronteras exteriores de un Estado miembro, sea o no por los pasos fronterizos a que se refiere el artículo 29, apartado 1.
Las personas residentes en Gibraltar estarán exentas de los requisitos del Sistema de Entradas y Salidas.
2. Cuando crucen las fronteras exteriores de un Estado miembro, sea o no por los pasos fronterizos a que se refiere el artículo 29, apartado 1, las personas residentes en Gibraltar estarán exentas de la obligación, impuesta por el Reglamento
(UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), de estar en posesión de una autorización de viaje válida.

Texto oficial Artículo 42 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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En los pasos fronterizos a los que se refiere el artículo 29, apartado 1 (puerto y aeropuerto de Gibraltar), las personas residentes en Gibraltar que entran en Gibraltar «no se someterán a la verificación» (el control) de la condición del artículo 6, apartado 1, letra c), del Código de fronteras Schengen (apartado 1). Esa condición es, en resumen, que el viajero justifique el propósito y las condiciones de la estancia prevista y disponga de medios de subsistencia suficientes. Según el apartado 2, «En todo caso, no se impedirá el cruce» por esos pasos fronterizos, para entrar en Gibraltar, a las personas residentes en Gibraltar que no cumplen las demás condiciones de entrada del artículo 6, apartado 1, del Código de fronteras Schengen.

El artículo 29, apartado 1, fija los pasos fronterizos. El artículo 6, apartado 1, del Código de fronteras Schengen es Derecho de la UE, no de este tratado: enumera las condiciones de entrada para una estancia de corta duración — documento válido, visado cuando se exija, propósito y medios, ninguna descripción en los sistemas, ninguna amenaza. El artículo 44 es la norma complementaria para la entrada en los países de la UE con fines de tránsito, para que una persona residente pueda llegar a Gibraltar.

Los dos apartados se aplican a las personas residentes en Gibraltar, en los pasos fronterizos a los que se refiere el artículo 29, apartado 1 (puerto y aeropuerto de Gibraltar), para entrar en Gibraltar. El apartado 2 se refiere a las personas residentes «que incumplan las demás condiciones de entrada» del artículo 6, apartado 1, del Código de fronteras Schengen. El artículo está redactado en forma impersonal: no dice de quién son los agentes que hacen las inspecciones. El viaje desde Gibraltar a los países de la UE que aplican íntegramente las normas de Schengen se trata aparte, en el artículo 46. Según el artículo 46, apartado 2, España podrá decidir prohibir a una persona residente salir de Gibraltar para viajar a los países de la UE que aplican íntegramente las normas de Schengen, cuando España considere que la persona «supone una amenaza lo suficientemente grave para el orden público o la seguridad interior, la salud pública o sus relaciones internacionales». El artículo 46, apartado 2, también obliga a España a comunicarlo a las autoridades del Reino Unido para Gibraltar, con los motivos y los recursos que pueden interponerse ante un tribunal español. Según el artículo 46, apartado 4, el artículo 46 no se aplica a determinados miembros de la familia de ciudadanos de la UE y de nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Andorra y San Marino.

1. En los pasos fronterizos a que se refiere el artículo 29, apartado 1, del presente Acuerdo, las personas residentes en Gibraltar no se someterán a la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 6, apartado 1, letra c), del Código de fronteras Schengen para poder entrar en Gibraltar.
2. En todo caso, no se impedirá el cruce por los pasos fronterizos a que se refiere el artículo 29, apartado 1, del presente Acuerdo, con el fin de entrar en Gibraltar, a las personas residentes en Gibraltar que incumplan las demás condiciones de entrada establecidas en el artículo 6, apartado 1, del Código de fronteras Schengen.

Texto oficial Artículo 43 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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A una persona residente en Gibraltar que no cumple todas las condiciones de entrada de Schengen se le podrá autorizar la entrada en el territorio de los países de la UE con fines de tránsito — para pasar por ellos y llegar a Gibraltar. La única excepción es que la persona figure en la lista nacional de personas no admisibles del país de la UE por cuya frontera exterior entra, y que la descripción que le afecte lleve una instrucción de denegar la entrada o el tránsito.

Las condiciones de entrada son las del artículo 6, apartado 1, del Código de fronteras Schengen (Derecho de la UE, no de este tratado). El artículo 43 es la norma equivalente en los pasos fronterizos de Gibraltar. El artículo 46 fija cuándo podrá España prohibir a una persona residente salir de Gibraltar para viajar a los países de la UE que aplican íntegramente las normas de Schengen.

Según el artículo, se podrá autorizar la entrada en tránsito «al objeto de que puedan llegar a Gibraltar»; el artículo no da derecho a quedarse. La excepción depende de la lista nacional de personas no admisibles del país de la UE por cuya frontera exterior se entra, cuando la descripción que afecta a la persona lleva instrucciones de denegar la entrada o el tránsito. El artículo no menciona el Sistema de Información de Schengen (la base de datos común de descripciones de la UE). Tampoco establece ninguna vía para impugnar esa descripción.

Podrá autorizarse la entrada al territorio de los Estados miembros a aquellas personas residentes en Gibraltar que no cumplan las condiciones de entrada establecidas en el artículo 6, apartado 1, del Código de fronteras Schengen, al objeto de que puedan llegar a Gibraltar, a no ser que figuren en la lista nacional de personas no admisibles del Estado miembro en cuyas fronteras exteriores se presenten y que la descripción que les afecte esté acompañada de medidas que se opongan a la entrada o al tránsito.

Texto oficial Artículo 44 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El derecho legal a vivir en Gibraltar se acredita con un carné de identidad o un permiso de residencia en vigor expedido en Gibraltar por las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar, siempre que se cumplan las condiciones de este artículo. El Reino Unido, para Gibraltar, debe velar por que esos documentos solo se expidan a quienes cumplen las condiciones de la legislación vigente en la fecha de entrada en vigor del tratado, y por que las condiciones del carné de identidad sean acordes con el Derecho internacional. Debe informar al Consejo de Cooperación (un órgano conjunto de representantes de la UE y del Reino Unido, para Gibraltar, creado por el artículo 22) siempre que se propongan cambios en esas condiciones; el Consejo se pronuncia en el plazo de un mes sobre si los cambios son compatibles con el tratado. Ningún cambio podrá permitir obtener a) un carné de identidad por razón de residencia anterior sin 10 años de residencia continuada inmediatamente antes de la solicitud, o b) un permiso de residencia sin acreditar un vínculo real con Gibraltar. El vínculo real se acredita con una presencia física efectiva y regular en Gibraltar durante un tiempo adecuado, o con otros criterios objetivos y verificables. Las condiciones para un carné de identidad por una razón distinta de la residencia anterior, y la condición del vínculo real para un permiso de residencia, no se pueden cumplir con inversiones predeterminadas en la economía o en los bienes inmuebles de Gibraltar, ni con pagos predeterminados a las autoridades de Gibraltar. Con la única salvedad del artículo 52, el Reino Unido, para Gibraltar, debe velar por que los permisos de residencia solo se expidan o renueven por el procedimiento de los artículos 50 y 51. El texto dice que «Se retirarán los permisos de residencia» a las personas que ya no tienen un vínculo real con Gibraltar.

Los artículos 50 y 51 fijan el procedimiento para expedir y renovar los permisos de residencia, con el plazo de 28 días que tiene España para oponerse (prorrogable por un máximo de catorce días). El artículo 52 es la norma transitoria para los permisos expedidos antes de la entrada en vigor del tratado. Tanto el artículo 50, apartado 1, como el artículo 51, apartado 1, dicen que los permisos solo podrán expedirse o renovarse si se cumplen las condiciones del artículo 45.

Según el apartado 2, el punto de partida es la legislación vigente en la fecha de entrada en vigor. Después son posibles cambios, pero el apartado 4 exige informar al Consejo de Cooperación y que este se pronuncie. El texto no dice qué ocurre si el Consejo considera que un cambio no es compatible. El apartado 3 exige que las condiciones del carné de identidad sean acordes con el Derecho internacional, pero no dice quién lo decide. El apartado 5 no define «un tiempo adecuado». El apartado 8 no dice quién retira un permiso.

1. El derecho a residir en Gibraltar se acreditará mediante la posesión de un carné de identidad o un permiso de residencia en vigor que haya sido expedido en Gibraltar por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, velará por que todo carné de identidad o permiso de residencia expedido en Gibraltar se expida únicamente a las personas que reúnan las condiciones que la legislación vigente en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo establezca para tener derecho al carné de identidad o al permiso de residencia de que se trate.
3. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, velará por que las condiciones que establezca la legislación a la que se refiere el apartado 2 para tener derecho a un carné de identidad expedido en Gibraltar sean acordes con el Derecho internacional.
4. Transcurrida la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, notificará al Consejo de Cooperación siempre que se propongan cambios en las condiciones establecidas en la legislación a la que se refiere el apartado 2. En el plazo máximo de un mes desde esta notificación, el Consejo de Cooperación se pronunciará sobre la compatibilidad de los mencionados cambios con el presente Acuerdo. En todo caso, los cambios no permitirán que una persona obtenga:
a) un carné de identidad expedido en Gibraltar por razón de anterior residencia en Gibraltar sin haber residido en Gibraltar durante diez años de forma continuada e inmediatamente anterior a la solicitud del carné, o
b) un permiso de residencia expedido en Gibraltar sin acreditar un vínculo real con Gibraltar.
5. La determinación del cumplimiento de la condición del apartado 4, letra b), se basará en la capacidad de la persona de acreditar una presencia física efectiva y regular durante un tiempo adecuado o en otros criterios objetivos y verificables.
6. Los siguientes hechos no serán motivo para dar por cumplidas las condiciones para tener derecho a un carné de identidad expedido por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, por razones distintas de la residencia anterior, ni tampoco la condición para tener derecho a un permiso de residencia contemplada en la letra b) del apartado 4:
a) la realización de inversiones predeterminadas en la economía gibraltareña o en bienes inmuebles sitos en Gibraltar; y
b) la realización de pagos financieros predeterminados a las autoridades gibraltareñas.
7. Únicamente sin perjuicio del artículo 52, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, velará por que la emisión o renovación de los permisos de residencia expedidos en Gibraltar solo se realice siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 50 y 51.
8. Se retirarán los permisos de residencia a las personas que hayan dejado de cumplir las condiciones del apartado 4, letra b).

Texto oficial Artículo 45 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El Reino Unido, para Gibraltar, debe revisar con regularidad los riesgos que pueden derivarse de que las personas residentes en Gibraltar puedan viajar a los países de la UE que aplican íntegramente las normas de Schengen, y enviar a España una evaluación de esos riesgos con regularidad y, como mínimo, cada tres meses. Para esa evaluación debe tener en cuenta toda la información de interés de que disponga, incluida la de investigaciones y operaciones policiales y antiterroristas. Si tiene motivos para considerar que una persona residente podría suponer una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de un país de la UE, debe informar a España sin demora y exponer sus motivos. Si España, por esa información o por cualquier otra, considera que una persona residente supone una amenaza lo suficientemente grave para el orden público o la seguridad interior, la salud pública o sus propias relaciones internacionales, y por esos motivos decide prohibir a la persona salir de Gibraltar para viajar a esos países de la UE, España debe comunicarlo a las autoridades del Reino Unido para Gibraltar, con los motivos y los recursos que pueden interponerse ante un tribunal español. Según el apartado 2, «No se exigirá que la incoación de un recurso tenga efecto suspensivo sobre la resolución de prohibición de entrada» (es decir, un recurso no tiene por qué paralizar la decisión); el apartado trata de la salida de Gibraltar pero usa las palabras «prohibición de entrada», y el texto no explica la diferencia. Al recibir la comunicación, el Reino Unido, para Gibraltar, debe informar a la persona de la comunicación y de su contenido, y adoptar todas las medidas necesarias para impedir el viaje prohibido, también con la cooperación policial y judicial con España. El artículo 6, apartado 1 (la norma según la cual las comunicaciones oficiales hechas por las autoridades competentes de Gibraltar o dirigidas a ellas pasan por el ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el Foreign, Commonwealth and Development Office o FCDO, con sede en el Reino Unido), no se aplica a la información sobre amenazas del apartado 1 ni a la comunicación del apartado 2. El artículo no se aplica a los miembros de la familia de ciudadanos de la UE, cualquiera que sea su nacionalidad, a los que se refieren los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE, ni a los miembros de la familia, cualquiera que sea su nacionalidad, de nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Andorra y San Marino cuando un acuerdo entre la UE y el país de que se trate reconozca a esos familiares derechos de libre circulación equivalentes a los de los familiares de ciudadanos de la UE.

El artículo 6, apartado 1, se deja sin aplicar dos veces: para la información sobre amenazas que el Reino Unido, para Gibraltar, envía según el apartado 1 y para la comunicación de prohibición de España según el apartado 2. No se deja sin aplicar para la evaluación periódica de riesgos. Los miembros de la familia excluidos son los de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE (Derecho de la UE, no de este tratado). El artículo 43 trata de la entrada en Gibraltar; el artículo 51, apartado 4, usa una lista de motivos parecida. La Treaty on Gibraltar and the European Union Act 2026 (una ley de Gibraltar) aplica este artículo en su sección 44. La sección 44, apartado 4, usa las palabras "could pose a threat" (en español: podría suponer una amenaza) donde el tratado dice «puede suponer una amenaza grave», y la sección 44, apartado 5, dice "the Government has decided that the person is prohibited from leaving Gibraltar" (en español: el Gobierno ha decidido que se prohíbe a la persona salir de Gibraltar), mientras que el artículo 46, apartado 2, atribuye esa decisión a España.

Según el apartado 2, la decisión de prohibir a una persona residente salir de Gibraltar para viajar a los países de la UE que aplican íntegramente las normas de Schengen corresponde a España; según el apartado 3, el Reino Unido, para Gibraltar, debe adoptar todas las medidas necesarias para impedir ese viaje. El recurso que nombra el texto es ante un tribunal español. Las obligaciones de información del apartado 1 recaen en el Reino Unido, para Gibraltar. El apartado 4 excluye a los miembros de la familia de los ciudadanos de la UE, pero no nombra a los propios ciudadanos de la UE; el artículo 51, apartado 11, nombra a ambos. El artículo 40 dice que el tratado no afecta a los derechos que las personas residentes en Gibraltar puedan tener según el Derecho de la UE.

1. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, revisará con regularidad los potenciales riesgos derivados de la posibilidad de que las personas residentes en Gibraltar se desplacen al territorio de los Estados miembros que aplican el acervo de Schengen íntegramente y, con una periodicidad mínima trimestral, comunicará su evaluación de estos riesgos al Reino de España. En la realización de esta evaluación de riesgos, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, tendrá en cuenta toda la información de interés de la que tenga constancia, incluida la información relacionada con investigaciones y operaciones policiales y antiterroristas.
Si el Reino Unido, respecto a Gibraltar, apreciara causa para considerar que una persona residente en Gibraltar puede suponer una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de un Estado miembro, informará de ello al Reino de España sin dilación, exponiendo los motivos en que se base dicha consideración.
El artículo 6, apartado 1, no se aplicará a ningún intercambio de información efectuado en virtud del párrafo segundo.
2. Si por considerar, a raíz de información recibida en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 o de cualquier otra información, que una persona residente en Gibraltar supone una amenaza lo suficientemente grave para el orden público o la seguridad interior, la salud pública o sus relaciones internacionales, el Reino de España estimara procedente prohibir a esa persona la salida de Gibraltar para desplazarse al territorio de los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen, comunicará esa prohibición a las autoridades del Reino Unido, respecto a Gibraltar.
En la comunicación a que se refiere el párrafo primero se harán constar los motivos de la prohibición así como los recursos contra la prohibición que la persona interesada pueda interponer ante un órgano jurisdiccional nacional del Reino de España. No se exigirá que la incoación de un recurso tenga efecto suspensivo sobre la resolución de prohibición de entrada.
El artículo 6, apartado 1, no se aplicará a ningún intercambio de información efectuado en virtud del párrafo segundo.
3. Al recibir la comunicación a que se refiere el apartado 2, el Reino Unido, respecto a Gibraltar:
a) pondrá la comunicación y su contenido en conocimiento de la persona interesada; y
b) adoptará todas las medidas necesarias, entre ellas la cooperación policial y judicial con el Reino de España, para evitar que se burle la prohibición de viaje al espacio Schengen.
4. El presente artículo no se aplicará a:
a) los miembros de la familia, cualquiera que sea su nacionalidad, de ciudadanos de la Unión en los términos de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE;
b) las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que sean miembros de la familia de nacionales de Islandia, del Principado de Liechtenstein, del Reino de Noruega, de la Confederación Suiza, del Principado de Andorra y de la República de San Marino, y a las que se hayan reconocido, en virtud de un acuerdo entre la Unión y el país de que se trate, derechos de libre circulación equivalentes a los derechos de las personas a los que se refiere la letra a).

Texto oficial Artículo 46 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Los nacionales de países de fuera de la UE que, según el Derecho de la UE, necesitan un visado de corta duración para entrar en los países de la UE también necesitan visado para entrar en Gibraltar y permanecer allí; quienes están exentos según el Derecho de la UE también lo están para Gibraltar. Los visados de corta duración expedidos según el Derecho de la UE (en particular, los Reglamentos 810/2009 y 2018/1806) también son válidos para Gibraltar hasta 90 días en cualquier período de 180 días. Cuando el motivo principal del viaje es permanecer en Gibraltar, el texto dice que «el visado será expedido por el Reino de España», como país de la UE vecino, y España debe comunicarlo al Reino Unido, para Gibraltar, siempre que tenga previsto expedirlo. Si el Reino Unido, para Gibraltar, considera que el visado no debe expedirse, por motivos de orden público, seguridad interior o salud pública suficientemente graves (incluida una descripción introducida en Gibraltar), debe informar a España. Todo visado que España expida entonces no es válido para entrar en Gibraltar ni para permanecer allí, y así se hace constar en la sección de «observaciones» del visado. El artículo 6, apartado 1 (la norma según la cual las comunicaciones oficiales hechas por las autoridades competentes de Gibraltar o dirigidas a ellas pasan por el ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el Foreign, Commonwealth and Development Office o FCDO, con sede en el Reino Unido), no se aplica a estas comunicaciones. Los visados distintos de los del apartado 3 y del artículo 48 no son válidos para Gibraltar.

El artículo 48 es el otro visado válido para Gibraltar: un visado excepcional de corta duración que las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar podrán expedir en la frontera por razones humanitarias, con un máximo de 15 por año natural salvo que el Consejo de Cooperación cambie esa cifra. El artículo 6, apartado 1, se deja sin aplicar para las comunicaciones del apartado 4. Las listas de visados y las normas sobre visados proceden de los Reglamentos 810/2009 y 2018/1806, que son Derecho de la UE, no de este tratado.

Según los apartados 1 y 2, las nacionalidades que necesitan visado para Gibraltar son las que lo necesitan para los países de la UE según el Derecho de la UE. Según el apartado 3, un visado de corta duración expedido según el Derecho de la UE también es válido para Gibraltar hasta 90 días en cualquier período de 180 días. Según el apartado 4, si el Reino Unido, para Gibraltar, informa a España de que un visado no debe expedirse, el visado que España expida no es válido para Gibraltar. Según el apartado 5, los únicos visados válidos para Gibraltar son los del apartado 3 y los del artículo 48. El texto no dice quién decide si el «motivo principal» de un viaje es permanecer en Gibraltar.

1. Los nacionales de terceros países a los que el Derecho de la Unión imponga la obligación de estar provistos de visado de corta duración para entrar y permanecer en los Estados miembros también estarán sujetos a la obligación de visado para entrar y permanecer en Gibraltar.
2. Los nacionales de terceros países a los que el Derecho de la Unión exceptúe de la obligación de estar provistos de visado de corta duración para entrar y permanecer en los Estados miembros no estarán sujetos a la obligación de visado para entrar y permanecer en Gibraltar.
3. Los visados de corta duración que se expidan en virtud del Derecho de la Unión, en particular, del Reglamento (CE) n.o 810/2009 (13) y (UE) 2018/1806 (14) del Parlamento Europeo y del Consejo, también serán válidos para entrar en Gibraltar y permanecer hasta un máximo de noventa días en cualquier período de ciento ochenta días. En caso de que el desplazamiento tenga como motivo principal permanecer en Gibraltar, el visado será expedido por el Reino de España, en tanto que Estado miembro limítrofe.
4. Siempre que tenga previsto expedir un visado al amparo de lo dispuesto en la segunda frase del apartado 3 del presente artículo, el Reino de España pondrá este hecho en conocimiento del Reino Unido, respecto a Gibraltar. Si, por motivos de orden público, seguridad interior o salud pública suficientemente graves, se fundamenten o no en una descripción introducida en Gibraltar, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, estimara improcedente la expedición de un visado al amparo de lo dispuesto en la segunda frase del apartado 3 del presente artículo, pondrá este hecho en conocimiento del Reino de España. En tal caso, como excepción a lo previsto en el apartado 3 del presente artículo, el visado que expida el Reino de España no será válido para entrar ni para permanecer en Gibraltar, lo cual se hará constar en la sección de «observaciones» del visado. El artículo 6, apartado 1, no se aplicará a las notificaciones en virtud del presente apartado.
5. No será válido para entrar ni para permanecer en Gibraltar ningún otro visado distinto de los expedidos al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo y en el artículo 48.

Texto oficial Artículo 47 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Este artículo se aplica cuando, una vez completadas las inspecciones fronterizas, una persona que no tiene el visado en vigor necesario para entrar en Gibraltar o en los países de la UE pide entrar y permanecer solo en Gibraltar (apartado 1). Las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar podrán, con carácter excepcional, expedir un visado de corta duración en los pasos fronterizos a los que se refiere el artículo 29, apartado 1, cuando haya razones imperiosas de carácter humanitario, si se cumplen todas estas condiciones (apartado 2): a) el solicitante presenta documentos justificativos u otras pruebas de razones humanitarias imprevisibles e imperiosas para la entrada; b) el solicitante cumple las condiciones de entrada, salvo una o varias de estas: tener el visado que exigen tanto las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar como las autoridades competentes de España; no haber permanecido en los países de la UE más de 90 días en cualquier período de 180 días; tener un documento de viaje válido que permita a su titular cruzar la frontera, que siga siendo válido al menos tres meses después de la fecha prevista de salida y que se haya expedido en los 10 años anteriores; y c) se considera garantizado el retorno del solicitante a su país de origen o de residencia, o su tránsito por Estados que no aplican íntegramente las normas de Schengen (el conjunto de normas de Schengen de la UE). El visado solo es válido para Gibraltar. Permite una estancia de hasta 15 días, según el propósito y las condiciones de la estancia prevista, y no da derecho a entrar en los países de la UE. La estancia podrá prorrogarse hasta 15 días si las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar consideran que el titular ha demostrado fuerza mayor (hechos ajenos a su control) o razones humanitarias que le impiden salir (apartado 3). Si España considera que un visado no debe expedirse ni prorrogarse, por motivos de orden público, seguridad interior o salud pública suficientemente graves (incluida una descripción en el Sistema de Información de Schengen, la base de datos común de descripciones de la UE), debe comunicar su oposición al Reino Unido, para Gibraltar; el Reino Unido, para Gibraltar, debe entonces abstenerse de expedir el visado (apartado 4). Cuando el Reino Unido, para Gibraltar, decide expedir o prorrogar un visado de este tipo, debe permitir que las autoridades competentes de España registren los datos del solicitante que exige el Derecho de la UE, incluidos los identificadores biométricos (como las huellas dactilares). España debe introducir los datos en el Sistema de Información de Visados y hacer constar que el visado solo es válido para Gibraltar (apartado 5). No podrán expedirse más de 15 visados de este tipo en un año natural; el Consejo de Cooperación podrá cambiar esa cifra por decisión (apartado 6). Las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar deciden el formato del visado, y el Reino Unido, para Gibraltar, debe facilitar a España, a título informativo, ejemplares y sus cambios posteriores (apartado 7). El artículo 6 (las normas sobre las comunicaciones oficiales a través del ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el Foreign, Commonwealth and Development Office) no se aplica a los apartados 4 y 5.

El artículo 29, apartado 1, fija los pasos fronterizos donde podrá expedirse el visado. El artículo 6 se deja sin aplicar para los apartados 4 y 5. Según el artículo 47, apartado 5, los visados distintos de este y de los visados de corta duración del artículo 47, apartado 3, no son válidos para Gibraltar. Las normas sobre los datos proceden de los Reglamentos 2018/1806, 810/2009 y 767/2008 (Derecho de la UE, no de este tratado).

El apartado 2 limita el visado a las razones imperiosas de carácter humanitario; el apartado 3, a Gibraltar y a 15 días (prorrogables hasta 15 más); y el apartado 6, a 15 por año natural, salvo que el Consejo de Cooperación decida otra cosa. El artículo 24, apartado 2, dice que el Consejo de Cooperación decide de mutuo acuerdo. Según el apartado 4, la oposición de España obliga al Reino Unido, para Gibraltar, a abstenerse de expedir el visado. El apartado 4 permite a España oponerse a una prórroga, pero su última frase solo habla de abstenerse de expedir; el texto no dice con claridad qué ocurre con una prórroga a la que España se opone. Según el apartado 5, España registra los datos del solicitante en el Sistema de Información de Visados.

1. El presente artículo será de aplicación si, completadas las inspecciones fronterizas, una persona no provista del visado en vigor necesario para entrar en Gibraltar o los Estados miembros expresara el deseo de entrar y permanecer únicamente en Gibraltar.
2. En el supuesto a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar podrán, con carácter excepcional, expedir un visado de corta duración en los pasos fronterizos establecidos en la frontera exterior a que se refiere el artículo 29, apartado 1, cuando concurran razones imperiosas de carácter humanitario que así lo justifiquen y se cumplan las condiciones siguientes:
a) el solicitante presenta documentos justificativos u otros elementos probatorios que demuestran la existencia de razones imprevisibles e imperiosas de carácter humanitario para la entrada;
b) el solicitante reúne las condiciones de entrada excepto una o varias de las siguientes:
i) estar provisto del visado exigido por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y las autoridades competentes del Reino de España;
ii) no haber permanecido en el territorio de los Estados miembros por un período superior a noventa días en cualquier período de ciento ochenta días;
iii) estar en posesión de un documento de viaje válido que otorgue a su titular el derecho a cruzar la frontera y que cumpla los siguientes criterios:
A) seguir siendo válido como mínimo tres meses después de la fecha prevista de partida;
B) haberse expedido dentro de los diez años anteriores; y
c) se considera garantizado el retorno del solicitante a su país de origen o residencia, o su tránsito por países distintos de los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen.
3. Los visados que se expidan con carácter excepcional en las fronteras exteriores en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 tendrán validez únicamente para el territorio de Gibraltar y autorizarán la estancia del titular en ese territorio durante un máximo de quince días, en función del propósito y las condiciones de la estancia prevista. El período de duración de la estancia podrá prorrogarse posteriormente por un máximo de quince días si las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, consideran que el titular del visado ha demostrado la existencia de razones humanitarias o de fuerza mayor que le impiden abandonar el territorio. No dará derecho al titular a entrar en el territorio de los Estados miembros.
4. Si, por motivos de orden público, seguridad interior o salud pública suficientemente graves, se fundamenten o no en una descripción introducida en el Sistema de Información de Schengen, el Reino de España estimara improcedente la expedición o prórroga de un visado al amparo de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, pondrá su oposición a la expedición del visado en conocimiento del Reino Unido, respecto a Gibraltar. En tal caso, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, se abstendrá de expedir un visado en las fronteras exteriores al amparo de lo dispuesto en el apartado 2.
El artículo 6 no se aplicará al presente apartado.
5. Si el Reino Unido, respecto a Gibraltar, acordara la expedición o prórroga de un visado al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 o 3 del presente artículo, permitirá a las autoridades competentes del Reino de España el registro de los datos del solicitante, entre ellos los identificadores biométricos, exigidos para la expedición o prórroga de un visado en virtud del Derecho de la Unión, en particular, de lo dispuesto en los Reglamentos (UE) 2018/1806, (CE) n.o 810/2009 y (CE) n.o 767/2008 (15) del Parlamento Europeo y del Consejo. El Reino de España introducirá estos datos en el Sistema de Información de Visados (VIS), haciendo constar asimismo que el visado se ha expedido con una validez territorial limitada al territorio de Gibraltar en virtud del presente artículo.
El artículo 6 no se aplicará al presente apartado.
6. No se expedirán al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 más de quince visados en un año natural. El número de visados que pueda expedirse en un año natural se podrá modificar por decisión del Consejo de Cooperación.
7. Los visados que se expidan al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 revestirán el formato que determinen las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, proporcionará al Reino de España, a título informativo, ejemplares de estos visados y, en su caso, sus modificaciones posteriores.

Texto oficial Artículo 48 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar son las responsables de expedir y renovar los permisos de residencia para Gibraltar, que solo podrán expedirse o renovarse si se cumplen las condiciones del artículo 45. Antes de expedir o renovar uno, deben comunicarlo a las autoridades competentes de España. En un plazo de 28 días, España podrá oponerse si se considera, según las normas de Schengen (las normas de la UE para viajar sin controles fronterizos entre los países que las aplican íntegramente), que el solicitante es una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de un país de la UE, también sobre la base de una descripción en el Sistema de Información de Schengen (la base de datos común de descripciones de la UE). Si España se opone, las autoridades del Reino Unido para Gibraltar «no emitirán ni renovarán el permiso de residencia», y deben informar del resultado al solicitante y darle los datos de contacto de España. A petición del solicitante, las autoridades de España, con la atención debida a sus obligaciones según el Derecho español y de la UE, deben comunicarle la oposición, el motivo (con el contenido esencial de la motivación, cuando proceda) y las vías de recurso disponibles. España podrá prorrogar los 28 días hasta 14 más. Si no hay respuesta al terminar los 28 días, se entiende que la respuesta es positiva, y las autoridades del Reino Unido para Gibraltar no deben expedir ni renovar el permiso antes de que termine el plazo de 28 días con su prórroga. Según el apartado 5, cuando haya causa para oponerse a que una persona tenga un permiso, «entre otros motivos» una amenaza por esas razones, las autoridades de España «solicitarán» la retirada, y las autoridades del Reino Unido para Gibraltar «retirarán sin dilación el permiso de residencia» y darán al titular los datos de contacto de España; España da la misma información si se le pide. Si un permiso se expide o no se retira porque España no se opuso, a pesar de una descripción en el Sistema de Información de Schengen a efectos de denegación de entrada o de retorno, el permiso no da derecho a entrar en los países de la UE. Los permisos deben seguir el modelo uniforme de la UE e indicar claramente que son válidos para Gibraltar; el Reino Unido, para Gibraltar, debe facilitar ejemplares a España. Ambas partes designan sus autoridades competentes según el artículo 68. El artículo 6, apartado 1 (la norma según la cual las comunicaciones oficiales hechas por las autoridades competentes de Gibraltar o dirigidas a ellas pasan por el ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el Foreign, Commonwealth and Development Office o FCDO, con sede en el Reino Unido), no se aplica a los apartados 3, 4 y 5. Los apartados 2 a 6 no se aplican a los ciudadanos de la UE ni a los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad, a los que se refieren los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE, ni a los nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Andorra y San Marino ni a los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad, que tienen derechos de libre circulación equivalentes según acuerdos con la UE. Si España se opone a que se expida un permiso para personas destinadas al servicio de las Fuerzas del Reino Unido o al servicio del Reino Unido, para Gibraltar, o para los miembros de la familia de esas personas que formen parte de su hogar, se les expide un permiso válido solo en Gibraltar. Este artículo se aplica hasta la fecha en que el Sistema de Información de Visados empiece a funcionar según el Reglamento 2021/1134; a partir de esa fecha se aplica el artículo 51. La UE debe comunicar esa fecha con antelación al Reino Unido, para Gibraltar (apartado 11).

El artículo 45 fija las condiciones para expedir los permisos. El artículo 51 sustituye a este artículo desde la fecha en que el Sistema de Información de Visados empiece a funcionar según el Reglamento 2021/1134; mantiene el mismo derecho de oposición y añade la obligación de enviar a España los datos de la solicitud en un plazo de dos días hábiles. El artículo 68 es donde ambas partes designan a las autoridades que envían y reciben estas comunicaciones. El artículo 6, apartado 1, se deja sin aplicar tres veces (apartados 3, 4 y 5); no se deja sin aplicar para la comunicación del apartado 2. La nota a pie de página sobre el «orden público» del apartado 3 dice que las medidas por ese motivo deben ser proporcionadas y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado, que debe constituir una amenaza «real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad».

Los apartados 2 a 6 no cubren a los grupos del apartado 12. Para los demás solicitantes, no se puede expedir ni renovar un permiso si España se opone dentro del plazo de los apartados 3 y 4. El apartado 13 es la excepción: si España se ha opuesto según el apartado 3 a la expedición de su permiso, a las personas destinadas al servicio de las Fuerzas del Reino Unido o al servicio del Reino Unido, para Gibraltar, y a los miembros de la familia de esas personas que formen parte de su hogar se les expide un permiso válido solo en Gibraltar. El apartado 4 dice que, «Transcurrido el plazo de veintiocho días» sin respuesta, esta se entiende positiva, sin mencionar la prórroga; el mismo apartado dice que las autoridades del Reino Unido para Gibraltar deben esperar hasta que venza el plazo «y su prórroga». Según el apartado 5, las autoridades de España «solicitarán» la retirada cuando haya «causa de oposición» a que una persona tenga un permiso, «entre otros motivos» una amenaza por las razones enumeradas; el texto no enumera los otros motivos. El artículo no define qué documentos de Gibraltar son «permisos de residencia». Para la norma transitoria del artículo 52, la sección 49, apartado 8, de la Treaty on Gibraltar and the European Union Act 2026 (una ley de Gibraltar) dice que "residence permit" (en español: permiso de residencia) incluye "the civilian registration cards described in regulation 5(4) of the Electronic Identity Card Regulations 2015" (en español: las tarjetas de registro de personas civiles descritas en el reglamento citado de las normas de Gibraltar sobre el carné de identidad electrónico).

1. Corresponderá a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, la expedición o renovación de los permisos de residencia respecto a Gibraltar. Solamente se podrán expedir o renovar los mencionados permisos de residencia si se dan las condiciones establecidas al efecto en el artículo 45.
2. Antes de expedir o renovar un permiso de residencia, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, lo comunicarán a las autoridades competentes del Reino de España.
3. En el plazo de veintiocho días desde la comunicación a que se refiere el apartado 2, las autoridades competentes del Reino de España podrán manifestar a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, su oposición a la expedición o renovación de un permiso de residencia si, de conformidad con el acervo de Schengen, se considera que el solicitante supone una amenaza para el orden público (16), la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de un Estado miembro, se fundamente o no esta consideración en una descripción introducida en el Sistema de Información de Schengen. En tal caso, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, no emitirán ni renovarán el permiso de residencia y pondrán este hecho, junto con los datos de contacto de las autoridades competentes del Reino de España, en conocimiento del solicitante. A petición del solicitante, las autoridades competentes del Reino de España, con la atención debida a las obligaciones que les corresponden en virtud del Derecho nacional y de la Unión, comunicarán al solicitante:
a) su decisión de oponerse a la expedición o renovación de un permiso de residencia;
b) la causa en que se fundamente su oposición a la expedición o renovación del permiso de residencia, por considerar al solicitante una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales, acompañada, de estimarse oportuno, del contenido esencial de la motivación; y
c) las vías de recurso correspondientes en virtud del Derecho nacional y de la Unión.
El artículo 6, apartado 1, no se aplicará al presente apartado.
4. Las autoridades competentes del Reino de España podrán comunicar a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, que el plazo de veintiocho días a que se refiere el apartado 3 se prorroga por un máximo de catorce días. Transcurrido el plazo de veintiocho días a que se refiere el apartado 3 sin que se reciba respuesta, se entenderá que esta es positiva. En todo caso, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, se abstendrán de emitir o renovar un permiso de residencia hasta que no venza el plazo de veintiocho días a que se refiere el apartado 3 y su prórroga con arreglo al presente apartado.
El artículo 6, apartado 1, no se aplicará al presente apartado.
5. En caso de concurrir causa de oposición a que una persona sea titular de un permiso de residencia, entre otros motivos, por considerar al titular como una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de un Estado miembro, se fundamente o no esta consideración en una descripción introducida en el Sistema de Información de Schengen, las autoridades competentes del Reino de España solicitarán que las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, retiren el permiso de residencia. En tal caso, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, retirarán sin dilación el permiso de residencia y pondrán los datos de contacto de las autoridades competentes del Reino de España en conocimiento del titular. A petición del titular, las autoridades competentes del Reino de España, con la atención debida a las obligaciones que les corresponden en virtud del Derecho nacional y de la Unión, comunicarán al titular:
a) su decisión de solicitar la retirada de un permiso de residencia;
b) la causa en que se fundamente la consideración del titular como una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales, acompañada, de considerarse oportuno, del contenido esencial de la motivación; y
c) las vías de recurso correspondientes en virtud del Derecho nacional y de la Unión.
El artículo 6, apartado 1, no se aplicará al presente apartado.
6. Si a pesar de la presencia de una descripción en el Sistema de Información de Schengen a efectos de denegación de entrada o a efectos de retorno, un permiso de residencia se expidiera o no se retirara porque las autoridades competentes del Reino de España no hubieran manifestado su oposición en virtud del apartado 3 o, en su caso, 5, dicho permiso de residencia no dará derecho al titular a entrar en el territorio de los Estados miembros.
7. Un permiso de residencia respecto a Gibraltar se ajustará al modelo uniforme establecido en el Derecho de la Unión y en él se hará constar claramente su validez para Gibraltar.
8. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, facilitará al Reino de España ejemplares de los permisos respecto a Gibraltar y, en su caso, sus modificaciones posteriores, para que el Reino de España los notifique a la Comisión Europea siguiendo el procedimiento del artículo 39, apartado 1, letra a), del Código de fronteras Schengen.
9. El Reino de España designará, de conformidad con el artículo 68, la autoridad a la que le corresponda la recepción de la información en virtud del presente artículo. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, comunicará, de conformidad con el artículo 68, cuál será la autoridad a la que le corresponda la recepción de las solicitudes de permiso de residencia, la expedición o renovación de los permisos de residencia respecto a Gibraltar y la transmisión de información al Reino de España en cumplimiento del presente artículo.
10. El presente artículo será de aplicación hasta la fecha de entrada en funcionamiento del VIS en aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/1134 del Parlamento Europeo y del Consejo (17). A partir de la mencionada fecha será de aplicación el artículo 51.
11. Con antelación a la fecha de entrada en funcionamiento a que se refiere el apartado 10, la Unión pondrá esta fecha en conocimiento del Reino Unido, respecto a Gibraltar.
12. Los apartados 2 a 6 no serán de aplicación a:
a) los ciudadanos de la Unión ni a las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que sean miembros de la familia de ciudadanos de la Unión en los términos contemplados en los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE;
b) los nacionales de Islandia, del Principado de Liechtenstein, del Reino de Noruega, de la Confederación Suiza, del Principado de Andorra ni de la República de San Marino, ni a las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que sean miembros de la familia de un nacional de uno de estos países y a las que se hayan reconocido, en virtud de un acuerdo entre la Unión y el país de que se trate, derechos de libre circulación equivalentes a los derechos a los que se refiere la letra a).
13. Si las autoridades competentes del Reino de España se hubieren opuesto, al amparo del apartado 3, a la expedición de un permiso de residencia a una persona destinada al servicio de las Fuerzas del Reino Unido o al servicio del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o a un miembro de la familia de una tal persona, se expedirá un permiso de residencia con una validez territorial limitada a Gibraltar.

Texto oficial Artículo 50 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar son las responsables de expedir y renovar los permisos de residencia para Gibraltar, que solo podrán expedirse o renovarse si se cumplen las condiciones del artículo 45, y deben comunicarlo antes a las autoridades competentes de España. En un plazo de dos días hábiles desde una solicitud, deben velar por que se recojan y se envíen a España los datos que España necesita para cumplir el capítulo III del Reglamento 767/2008 (el Reglamento sobre el Sistema de Información de Visados), sin que esto cambie lo que dice el apartado 1. Los datos deben ser exactos, estar al día y tener un nivel adecuado de calidad y completitud, y deben haberse recogido conforme a Derecho, respetando las garantías de ese capítulo; el solicitante debe haber recibido la información del artículo 37, apartados 1 y 2, de ese Reglamento, y debe dar su consentimiento en el momento de la solicitud. En un plazo de 28 días desde la comunicación, España podrá oponerse si se considera, según las normas de Schengen, que el solicitante es una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de un país de la UE, también sobre la base de una descripción en el Sistema de Información de Schengen. Si España se opone, las autoridades del Reino Unido para Gibraltar «no emitirán ni renovarán el permiso de residencia», y deben informar del resultado al solicitante y darle los datos de contacto de España; si el solicitante lo pide, las autoridades de España, con la atención debida a sus obligaciones según el Derecho español y de la UE, deben comunicarle la oposición, el motivo (con el contenido esencial de la motivación, cuando proceda) y las vías de recurso. España podrá prorrogar los 28 días hasta 14 más. Si no hay respuesta al terminar los 28 días, se entiende que la respuesta es positiva, y no podrá expedirse ni renovarse ningún permiso antes de que termine el plazo de 28 días con su prórroga. Según el apartado 6, cuando haya causa para oponerse a que una persona tenga un permiso, «entre otros motivos» una amenaza por esas razones, las autoridades de España «solicitarán» la retirada y las autoridades del Reino Unido para Gibraltar «retirarán sin dilación el permiso de residencia». Un permiso expedido o no retirado porque España no se opuso, a pesar de una descripción en el Sistema de Información de Schengen a efectos de denegación de entrada o de retorno, no da derecho a entrar en los países de la UE. Los permisos deben seguir el modelo uniforme de la UE e indicar claramente que son válidos para Gibraltar; el Reino Unido, para Gibraltar, debe facilitar ejemplares a España; ambas partes designan autoridades según el artículo 68. El artículo 6, apartado 1 (la norma según la cual las comunicaciones oficiales dirigidas a las autoridades competentes de Gibraltar o hechas por ellas pasan por el ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el Foreign, Commonwealth and Development Office), no se aplica a los apartados 4, 5 y 6. Los apartados 2 a 7 no se aplican a los ciudadanos de la UE ni a los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad, a los que se refieren los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE, ni a los nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Andorra y San Marino ni a los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad, que tienen derechos de libre circulación equivalentes según acuerdos con la UE. Si España se opone a que se expida un permiso para personas destinadas al servicio de las fuerzas del Reino Unido o al servicio del Reino Unido, para Gibraltar, o para los miembros de la familia de esas personas que formen parte de su hogar, se les expide un permiso válido solo en Gibraltar.

El artículo 45 fija las condiciones para expedir los permisos. Según el artículo 68, apartado 1, ambas partes hacen las designaciones del artículo 51, apartado 10, a más tardar en la fecha de entrada en vigor. El artículo 6, apartado 1, se deja sin aplicar tres veces (apartados 4, 5 y 6). El artículo 50 es la versión de este procedimiento que se aplica hasta que el Sistema de Información de Visados empiece a funcionar según el Reglamento 2021/1134 (artículo 50, apartado 10); el artículo 52 trata de los permisos expedidos antes de la entrada en vigor. El Reglamento 767/2008 es el Reglamento sobre el Sistema de Información de Visados (Derecho de la UE, no de este tratado).

El artículo 51 sigue al artículo 50 y añade el apartado 3: los datos que España necesita según el capítulo III del Reglamento 767/2008 deben enviarse a España en un plazo de dos días hábiles desde la solicitud, con el consentimiento del solicitante dado en el momento de la solicitud. Los pasos de oposición y de retirada son los del artículo 50. Como en el artículo 50, el apartado 5 dice que, «Transcurrido el plazo de veintiocho días» sin respuesta, esta se entiende positiva, sin mencionar la prórroga, y según el apartado 6 las autoridades de España «solicitarán» la retirada por una «causa de oposición» cuyos motivos no se enumeran todos. La nota a pie de página sobre el «orden público» dice que las medidas por ese motivo deben ser proporcionadas y basarse exclusivamente en una conducta personal que constituya una amenaza «real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad». Según el apartado 12, las personas destinadas al servicio de las fuerzas del Reino Unido o al servicio del Reino Unido, para Gibraltar, y los miembros de la familia de esas personas que formen parte de su hogar reciben un permiso limitado a Gibraltar cuando España se opone a la expedición de su permiso.

1. Corresponderá a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, la expedición o renovación de los permisos de residencia respecto a Gibraltar. Solamente podrán expedir o renovarse los mencionados permisos de residencia si se dan las condiciones establecidas al efecto en virtud de lo dispuesto en el artículo 45.
2. Antes de expedir o renovar un permiso de residencia, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, pondrán la expedición o renovación en conocimiento de las autoridades competentes del Reino de España.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, en lo que respecta a las solicitudes de permisos de residencia cursadas en Gibraltar, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, velarán por que, en el plazo máximo de dos días hábiles contados desde la solicitud, se recojan y transmitan a las autoridades competentes del Reino de España los datos necesarios para que este último cumpla lo dispuesto en el capítulo III del Reglamento (CE) n.o 767/2008.
En este sentido, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, velarán por que:
a) los datos recogidos sean exactos, estén al día y tengan un nivel adecuado de calidad y completitud;
b) los datos se hayan recogido conforme a Derecho, respetando las garantías establecidas en el capítulo antes mencionado;
c) al solicitante se la haya comunicado la información a que se refiere el artículo 37, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 767/2008; y
d) en el momento de la solicitud, el solicitante preste consentimiento al tratamiento de sus datos de la forma descrita en el Reglamento (CE) n.o 767/2008.
4. En el plazo de veintiocho días naturales desde la notificación a que se refiere el apartado 2, las autoridades competentes del Reino de España podrán manifestar a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, su oposición a la expedición o renovación de un permiso de residencia si, de conformidad con el acervo de Schengen, se considera que el solicitante supone una amenaza para el orden público (18), la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de un Estado miembro, se fundamente o no esta consideración en una descripción introducida en el Sistema de Información de Schengen. En tal caso, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, no emitirán ni renovarán el permiso de residencia y pondrán este hecho, junto con los datos de contacto de las autoridades competentes del Reino de España, en conocimiento del solicitante. A petición del solicitante, las autoridades competentes del Reino de España, con la atención debida a las obligaciones que les corresponden en virtud del Derecho nacional y de la Unión, comunicarán al solicitante:
a) su decisión de oponerse a la expedición o renovación de un permiso de residencia;
b) la causa en que se fundamente su oposición a la expedición o renovación del permiso de residencia, por considerar al solicitante una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales, acompañada, de estimarse oportuno, del contenido esencial de la motivación; y
c) las vías de recurso correspondientes en virtud del Derecho nacional y de la Unión.
El artículo 6, apartado 1, no se aplicará al presente apartado.
5. Las autoridades competentes del Reino de España podrán comunicar a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, que el plazo de veintiocho días a que se refiere el apartado 4 se prorroga por un máximo de catorce días. Transcurrido el plazo de veintiocho días a que se refiere el apartado 4 sin que se reciba respuesta, se entenderá que esta es positiva. En todo caso, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, se abstendrán de emitir o renovar un permiso de residencia hasta que no venza el plazo de veintiocho días a que se refiere el apartado 4 y su prórroga con arreglo al presente apartado.
El artículo 6, apartado 1, no se aplicará al presente apartado.
6. En caso de concurrir causa de oposición a que una persona sea titular de un permiso de residencia, entre otros motivos, por considerar al titular como una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de un Estado miembro, se fundamente o no esta consideración en una descripción introducida en el Sistema de Información de Schengen, las autoridades competentes del Reino de España solicitarán que las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, retiren el permiso de residencia. En tal caso, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, retirarán sin dilación el permiso de residencia y pondrán los datos de contacto de las autoridades competentes del Reino de España en conocimiento del titular. A petición del titular, las autoridades competentes del Reino de España, con la atención debida a las obligaciones que les corresponden en virtud del Derecho nacional y de la Unión, comunicarán al titular:
a) su decisión de solicitar la retirada de un permiso de residencia;
b) la causa en que se fundamente la consideración del titular como una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales, acompañada, de considerarse oportuno, del contenido esencial de la motivación; y
c) las vías de recurso correspondientes en virtud del Derecho nacional y de la Unión.
El artículo 6, apartado 1, no se aplicará al presente apartado.
7. Si a pesar de la presencia de una descripción en el Sistema de Información de Schengen a efectos de denegación de entrada o a efectos de retorno, un permiso de residencia se expidiera o no se retirara porque las autoridades competentes del Reino de España no hubieran manifestado su oposición en virtud de los apartados 4 o 6, dicho permiso de residencia no dará derecho al titular a entrar en el territorio de los Estados miembros.
8. Un permiso de residencia respecto a Gibraltar se ajustará al modelo uniforme establecido en el Derecho de la Unión y en él se hará constar claramente su validez para Gibraltar.
9. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, proporcionará al Reino de España ejemplares de los permisos respecto a Gibraltar y, en su caso, sus modificaciones posteriores, para que el Reino de España los notifique a la Comisión Europea siguiendo el procedimiento del artículo 39, apartado 1, letra a), del Código de fronteras Schengen.
10. El Reino de España designará, de conformidad con el artículo 68, la autoridad a la que le corresponda la recepción de la información en virtud del presente artículo. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, comunicará, de conformidad con el artículo 68, cuál será la autoridad a la que le corresponda la recepción de las solicitudes de permiso de residencia, la expedición o renovación de los permisos de residencia respecto a Gibraltar y la transmisión de información al Reino de España conforme al presente artículo.
11. Los apartados 2 a 7 no serán aplicables a:
a) los ciudadanos de la Unión ni a las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que sean miembros de la familia de ciudadanos de la Unión en los términos contemplados en los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE;
b) los nacionales de Islandia, del Principado de Liechtenstein, del Reino de Noruega, de la Confederación Suiza, del Principado de Andorra ni de la República de San Marino, ni a las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que sean miembros de la familia de un nacional de uno de estos países y a las que se hayan reconocido, en virtud de un acuerdo entre la Unión y el país de que se trate, derechos de libre circulación equivalentes a los derechos de las personas a los que se refiere la letra a).
12. Si las autoridades competentes del Reino de España se hubieren opuesto, al amparo del apartado 4, a la expedición de un permiso de residencia a una persona destinada al servicio de las fuerzas del Reino Unido o al servicio del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o a un miembro de la familia de una tal persona, se expedirá un permiso de residencia con una validez territorial limitada a Gibraltar.

Texto oficial Artículo 51 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Los permisos de residencia expedidos por las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar antes de la fecha de entrada en vigor siguen siendo válidos durante los dos años naturales posteriores a esa fecha, o hasta que caduquen, si esto ocurre antes. Según el artículo 336, apartado 4, mientras el tratado se aplica de forma provisional, la «fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo» es la fecha en que empezó la aplicación provisional. El Reino Unido, para Gibraltar, debe facilitar a España ejemplares de esos permisos, y de sus cambios posteriores, para que España los notifique a la Comisión Europea según el artículo 39, apartado 1, letra a), del Código de fronteras Schengen. Las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar deben comunicar a las autoridades competentes de España quiénes son los titulares de permisos vigentes en la fecha de entrada en vigor. España podrá, tras buscar en bases de datos de la UE, nacionales e internacionales, entre ellas el Sistema de Información de Schengen, solicitar la retirada de un permiso si se considera, según las normas de Schengen, que el titular es una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de un país de la UE. El texto dice que las autoridades del Reino Unido para Gibraltar «retirarán el permiso de residencia de que se trate, retirada que será recurrible ante un órgano jurisdiccional nacional». El artículo 6, apartado 1 (la norma según la cual las comunicaciones oficiales hechas por las autoridades competentes de Gibraltar o dirigidas a ellas pasan por el ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el Foreign, Commonwealth and Development Office o FCDO, con sede en el Reino Unido), no se aplica al apartado 3. El apartado 3 no se aplica a los ciudadanos de la UE ni a los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad, a los que se refieren los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE, ni a los nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Andorra y San Marino ni a los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad, que tienen derechos de libre circulación equivalentes según acuerdos con la UE.

Los artículos 50 y 51 fijan el procedimiento para renovar un permiso después de la entrada en vigor; el artículo 6, apartado 1, se deja sin aplicar para el apartado 3 (la lista de titulares y la solicitud de retirada). El apartado 2 coincide con el artículo 50, apartado 8: ejemplares que España notifica a la Comisión Europea según el Código de fronteras Schengen. La Treaty on Gibraltar and the European Union Act 2026 (una ley de Gibraltar) aplica este artículo en su sección 49. La sección 49, apartado 8, dice que, para esa sección, "residence permit" (en español: permiso de residencia) incluye "the civilian registration cards described in regulation 5(4) of the Electronic Identity Card Regulations 2015" (en español: las tarjetas de registro de personas civiles descritas en el reglamento citado de las normas de Gibraltar sobre el carné de identidad electrónico).

Según el apartado 1, un permiso expedido antes de la entrada en vigor sigue siendo válido como máximo dos años naturales después de esa fecha. El apartado 3 dice que la retirada «será recurrible ante un órgano jurisdiccional nacional»; no dice de qué Estado es ese órgano. Los artículos 50 y 51 no usan estas palabras; dicen que España informa a la persona, si lo pide, de «las vías de recurso correspondientes en virtud del Derecho nacional y de la Unión». El texto no da el número de permisos vigentes.

1. Los permisos de residencia expedidos por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo conservarán su validez durante los dos años naturales posteriores a la mencionada fecha, o hasta su fecha de caducidad si esta fuese anterior.
2. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, facilitará al Reino de España ejemplares de tales permisos y, en su caso, sus modificaciones posteriores, para que el Reino de España los notifique a la Comisión Europea en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39, apartado 1, letra a), del Código de fronteras Schengen.
3. Las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, comunicarán a las autoridades competentes del Reino de España los titulares de permisos de residencia vigentes en el momento de entrada en vigor del presente Acuerdo.
Las autoridades competentes del Reino de España podrán solicitar a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, la retirada de un permiso de residencia si, tras haber buscado a las personas interesadas en las bases de datos de interés, sean de la Unión, nacionales o internacionales, entre ellas el Sistema de Información de Schengen, se considerara, de conformidad con el acervo de Schengen, que el titular supone una amenaza para el orden público (19), la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de un Estado miembro. Recibida esta solicitud, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, retirarán el permiso de residencia de que se trate, retirada que será recurrible ante un órgano jurisdiccional nacional.
El artículo 6, apartado 1, no se aplicará al presente apartado.
4. El apartado 3 no se aplicará a:
a) los ciudadanos de la Unión ni a las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que sean miembros de la familia de ciudadanos de la Unión en los términos contemplados en los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE;
b) los nacionales de Islandia, del Principado de Liechtenstein, del Reino de Noruega, de la Confederación Suiza, del Principado de Andorra ni de la República de San Marino, ni a las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que sean miembros de la familia de un nacional de uno de estos países y a las que se hayan reconocido, en virtud de un acuerdo entre la Unión y el país de que se trate, derechos de libre circulación equivalentes a los derechos a los que se refiere la letra a).

Texto oficial Artículo 52 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Dentro de lo que establecen los apartados 6 a 10, cuando una persona solicita protección internacional (el estatuto de refugiado o una protección similar) en Gibraltar, corresponde a las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar examinar la solicitud (apartado 1). Respetando el apartado 5, deben conducir al solicitante a la zona de inspecciones de segunda línea para registrar la solicitud, y deben informar de inmediato a las autoridades competentes de España (apartado 2). Una persona que pasa por las inspecciones fronterizas del artículo 29, apartado 2, podrá presentar la solicitud ante las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar o ante las de España, sin que esto cambie lo que dice el apartado 1 (apartado 3). Si la solicitud se presenta antes de esas inspecciones o durante ellas, las inspecciones deben completarse. Cualquier actuación posterior según el artículo 34 se toma solo «en la medida en que respete y no lesione el derecho a la protección internacional y el principio de no devolución» (la norma que prohíbe devolver a una persona a un lugar donde corre riesgo de persecución o de daños graves). Respetando el apartado 5, las autoridades ante las que se presentó la solicitud deben conducir a la persona a la zona de inspecciones de segunda línea para registrarla. Corresponde a España examinar las solicitudes presentadas ante sus autoridades, según el Derecho de la UE y el Derecho español. Corresponde al Reino Unido, para Gibraltar, examinar las solicitudes presentadas ante sus autoridades, según su legislación interna y dentro de lo que establecen los apartados 6 a 10 (apartado 4). Según el apartado 5, mientras examinan las solicitudes y después de la resolución definitiva, las autoridades competentes no deben informar al presunto agente de persecución (la persona u organismo al que se atribuye la persecución o los daños graves) de una solicitud ni de que se ha presentado. Tampoco deben obtener información del presunto agente de persecución de forma que se le informe de que se ha presentado una solicitud y se ponga en peligro la integridad física del solicitante o de las personas a su cargo, o la libertad y la seguridad de los miembros de su familia que siguen viviendo en el país de origen. Cuando el Reino Unido, para Gibraltar, examina una solicitud, sus exigencias deben ser al menos equivalentes a las de la UE en cuanto a los criterios para recibir protección, el contenido de la protección, los procedimientos y las condiciones de acogida (apartado 6). Una vez informadas según el apartado 2, las autoridades de España podrán oponerse a la concesión en un plazo de 14 días; España debe comunicar a las autoridades del Reino Unido para Gibraltar si ese plazo se va a prorrogar hasta 14 días más. Tras una oposición, las autoridades del Reino Unido para Gibraltar no deben conceder la protección hasta haber tenido plenamente en cuenta toda la información que les facilite España, y deben comunicar a España la decisión definitiva y sus motivos, respetando el apartado 5. Si no hay respuesta al terminar el plazo, o su prórroga, se entiende que la respuesta es positiva, y no podrá concederse la protección antes de que termine el plazo con su prórroga (apartado 7). Cuando la responsabilidad es del Reino Unido, para Gibraltar, este debe adoptar todas las medidas necesarias para que a un solicitante que no sea ciudadano de la UE no se le permita entrar en los países de la UE, y se le impida hacerlo, hasta que haya una decisión definitiva. Las autoridades de España deben tomar los datos de los solicitantes del apartado 1 que no sean ciudadanos de la UE lo antes posible y como máximo 72 horas después de conducirlos a la zona de inspecciones de segunda línea, y enviarlos a Eurodac (la base de datos de huellas dactilares de asilo de la UE) (apartado 8). A quien el Reino Unido, para Gibraltar, conceda protección se le debe expedir un permiso de residencia válido solo en Gibraltar. Tras una resolución definitiva desfavorable, las autoridades del Reino Unido para Gibraltar deben adoptar todas las medidas necesarias para que la persona sea expulsada de Gibraltar, con reglas y garantías que aseguren un nivel equivalente al de la Directiva 2008/115/CE (apartado 9). Cuando la responsabilidad de una solicitud es del Reino Unido, para Gibraltar, y el solicitante ha viajado de forma irregular a un país de la UE, o a un Estado que tiene un acuerdo con la UE sobre qué Estado examina una solicitud de asilo, se devolverá al solicitante a Gibraltar (apartado 10).

Según el apartado 3, una persona que pasa por las inspecciones fronterizas del artículo 29, apartado 2, podrá presentar su solicitud ante las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar o ante las de España. El artículo 34 es la actuación posterior que esas inspecciones pueden poner en marcha; el apartado 4 la somete al derecho a la protección internacional y al principio de no devolución. Las referencias para las exigencias (el Derecho de asilo de la UE, la Directiva 2008/115/CE sobre retorno y Eurodac) son Derecho de la UE, no de este tratado.

Según los apartados 1 y 4, y dentro de lo que establecen los apartados 6 a 10, el Reino Unido, para Gibraltar, es responsable de las solicitudes presentadas en Gibraltar y de las presentadas ante sus autoridades en las inspecciones fronterizas; el apartado 6 fija para esas solicitudes exigencias al menos equivalentes a las de la UE. Según el apartado 7, España podrá oponerse en un plazo de 14 días (prorrogable hasta 14 más); el texto exige entonces a las autoridades del Reino Unido para Gibraltar que se abstengan de conceder la protección «hasta que no hayan tenido en cuenta toda la información proporcionada» por España. No dice que la oposición de España impida la concesión. El apartado 5 se aplica a «las autoridades competentes» sin nombrar a ninguna de las partes. Según el apartado 8, el Reino Unido, para Gibraltar, debe adoptar todas las medidas necesarias para impedir que un solicitante que no sea ciudadano de la UE entre en los países de la UE hasta que haya una decisión definitiva. Según el apartado 10, un solicitante del que es responsable el Reino Unido, para Gibraltar, y que ha viajado de forma irregular a un país de la UE, o a un Estado con un acuerdo con la UE sobre qué Estado examina una solicitud de asilo, será devuelto a Gibraltar; el apartado 10 no menciona a los ciudadanos de la UE.

1. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados 6 a 10, corresponderá a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, el examen de las solicitudes de protección internacional que se presenten en Gibraltar.
2. Una vez presentada una solicitud de protección internacional según lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, conducirán al solicitante a la zona de inspecciones de segunda línea para el registro de la solicitud, estando a lo dispuesto en el apartado 5. Las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, pondrán el hecho en conocimiento inmediato de las autoridades del Reino de España, estando a lo dispuesto en el apartado 5.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, una persona a la que se estén realizando las inspecciones fronterizas reguladas en el artículo 29, apartado 2, podrá solicitar la protección internacional ante las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o ante las autoridades competentes del Reino de España.
4. Si una persona solicitara la protección internacional de forma previa a las inspecciones fronterizas reguladas en el artículo 29, apartado 2, o durante el transcurso de estas, se completarán las inspecciones.
Si a raíz de las inspecciones fronterizas se hiciera necesaria la actuación posterior a que se refiere el artículo 34, se llevará a cabo esta actuación solo en la medida en que respete y no lesione el derecho a la protección internacional y el principio de no devolución.
Una vez presentada una solicitud de protección internacional según lo dispuesto en el apartado 3, las autoridades competentes ante las cuales se haya presentado la solicitud conducirán al solicitante a la zona de inspecciones de segunda línea para el registro de la solicitud, estando a lo dispuesto en el apartado 5.
Corresponderá al Reino de España el examen, de conformidad con el Derecho de la Unión y su Derecho interno, de las solicitudes de protección internacional que se presenten ante las autoridades competentes del Reino de España.
Corresponderá al Reino Unido, respecto a Gibraltar, el examen, de conformidad con la legislación interna y con sujeción a los apartados 6 a 10, de las solicitudes de protección internacional que se presenten ante las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar.
5. A efectos del examen de las solicitudes individuales, y tras la resolución definitiva de la solicitud, las autoridades competentes:
a) no revelarán la información relativa a las solicitudes individuales de protección internacional, o relativa a que se ha presentado una solicitud, al presunto agente o agentes de la persecución o de los daños graves;
b) no obtendrán ninguna información del presunto agente o agentes de la persecución o de daños graves de forma que no se les informe directamente de que el solicitante en cuestión ha presentado una solicitud, ni se ponga en peligro su integridad física o la de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguridad de los miembros de su familia que aún viven en el país de origen.
6. La tramitación de las solicitudes de protección internacional cuyo examen corresponda al Reino Unido, respecto a Gibraltar, estará sujeta a unas exigencias cuando menos equivalentes a las aplicables en la Unión en lo que respecta a los criterios de acceso a la protección internacional y el contenido de esta y en lo que respecta a los procedimientos aplicables al examen de las solicitudes de protección internacional y las condiciones de acogida de los solicitantes.
7. Una vez informadas de una solicitud de protección internacional en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades competentes del Reino de España podrán, en el plazo máximo de catorce días, manifestar a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, su oposición a la concesión de la protección internacional por parte del Reino Unido, respecto a Gibraltar. En tal caso, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, se abstendrán de conceder la protección internacional hasta que no hayan tenido en cuenta toda la información proporcionada, en su caso, por las autoridades competentes del Reino de España. Las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, comunicarán a las autoridades del Reino de España su decisión definitiva y la motivación correspondiente, estando a lo dispuesto en el apartado 5.
Las autoridades competentes del Reino de España comunicarán a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, si el plazo de catorce días a que se refiere el párrafo primero fuera a prorrogarse por un máximo de otros catorce días. Transcurrido el plazo de catorce días a que se refiere el párrafo primero o al vencer cualquier prórroga de dicho plazo inicial de catorce días con arreglo al presente párrafo sin que se reciba respuesta, se entenderá que esta es positiva. En todo caso, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, se abstendrán de conceder la protección internacional hasta que no venza el plazo de catorce días a que se refiere el párrafo primero y su prórroga en virtud del presente párrafo.
8. En las solicitudes de protección internacional cuyo examen corresponda al Reino Unido, respecto a Gibraltar, este adoptará todas las medidas precisas para que, mientras dure el procedimiento de protección internacional y hasta que no se resuelva la solicitud de forma definitiva, se prohíba e impida la entrada en el territorio de los Estados miembros de un solicitante que no sea ciudadano de la Unión.
A la mayor brevedad posible y en el plazo máximo de 72 horas tras haber conducido a la persona a la zona de inspecciones de segunda línea, las autoridades competentes del Reino de España tomarán nota de los datos de las personas que hayan solicitado la protección internacional en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, salvo cuando sean ciudadanos de la Unión, y transmitirán estos datos en la Base Europea de Datos Dactiloscópicos de Asilo (Eurodac).
9. A quien el Reino Unido, respecto a Gibraltar, haya concedido la protección internacional se le expedirá un permiso de residencia con una validez territorial limitada a Gibraltar.
Una vez dictada la resolución definitiva desfavorable de una solicitud de protección internacional, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, adoptarán todas las medidas precisas para que la persona de que se trate sea expulsada de Gibraltar, con sujeción a reglas y garantías que sean igual de exigentes que la Directiva 2008/115/CE.
10. Si una persona que se hubiera desplazado de manera irregular a un Estado miembro, o a un Estado que ha acordado con la Unión los criterios y mecanismos para establecer el Estado al que le corresponda el examen de una solicitud de asilo, presentara una solicitud de protección internacional cuyo examen correspondiera al Reino Unido, respecto a Gibraltar, se devolverá al solicitante a Gibraltar.

Texto oficial Artículo 53 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El objetivo es que las autoridades competentes de los países de la UE y del Reino Unido, para Gibraltar, puedan ayudarse con información pertinente, en las condiciones de su legislación interna y dentro de sus competencias, y siempre que esto no esté previsto en este capítulo ni en el capítulo 2 del título V (cooperación con Europol, la agencia de policía de la UE) (apartado 1). Los fines son: prevenir, investigar, detectar o enjuiciar infracciones penales, incluida la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito; ejecutar sanciones penales; proteger frente a amenazas a la seguridad pública y prevenirlas; y prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Una «autoridad competente» es una autoridad nacional de policía, de aduanas u otra autoridad competente según la legislación interna para esos fines (apartado 2). La información, incluida la información sobre personas buscadas y desaparecidas y sobre objetos, podrá solicitarse o facilitarse de forma espontánea (sin que se pida). Podrá facilitarse en las condiciones de la legislación interna de la autoridad que la facilita y dentro de sus competencias (apartado 3). La información podrá solicitarse y facilitarse siempre que la legislación interna de la autoridad que la pide o de la que la facilita no exija que la solicitud o el envío pasen por las autoridades judiciales (apartado 4). En casos urgentes, la autoridad que facilita la información debe responder, o facilitar información de forma espontánea, lo antes posible (apartado 5). Según el apartado 6, una autoridad que pide información podrá solicitar el consentimiento de la autoridad que la facilita para usarla como prueba en un procedimiento ante una autoridad judicial (un tribunal u órgano similar) de su propio Estado. La autoridad que la facilita podrá dar su consentimiento, en las condiciones del capítulo 6 del título V (asistencia mutua) y de su legislación interna; lo mismo vale para la información facilitada de forma espontánea. Si no se da el consentimiento, la información «no se utilizará a efectos probatorios en un procedimiento ante una autoridad judicial». La autoridad que facilita la información podrá imponer condiciones a su uso, según su legislación interna (apartado 7). Una autoridad podrá facilitar cualquier tipo de información que tenga, en las condiciones de su legislación interna y dentro de sus competencias; esa información podrá incluir información de otras fuentes solo si su transmisión posterior está permitida en el marco en que la obtuvo (apartado 8). Podrá usarse cualquier canal adecuado, incluida la línea segura de Europol, respetando el artículo 73 (apartado 9). Sin que esto cambie lo que dice el apartado 5, las comunicaciones y notificaciones oficiales siguen el artículo 6, apartado 1 (la norma según la cual las comunicaciones oficiales hechas por las autoridades competentes de Gibraltar o dirigidas a ellas pasan por el ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el Foreign, Commonwealth and Development Office o FCDO, con sede en el Reino Unido), salvo las comunicaciones y decisiones sobre cuestiones urgentes de carácter operativo o logístico (apartado 10).

El artículo 73 está en el capítulo sobre Europol y hace pasar las comunicaciones de ese capítulo por el punto de contacto nacional del Reino Unido ante Europol o por los funcionarios de enlace del Reino Unido en Europol, salvo en los casos urgentes del artículo 77, apartado 2. Aquí el artículo 6, apartado 1, se aplica a las comunicaciones oficiales, y no se deja sin aplicar, con una excepción para las cuestiones urgentes de carácter operativo o logístico. El capítulo 6 del título V de la segunda parte es el capítulo sobre asistencia mutua, cuyas condiciones se aplican al consentimiento para usar información como prueba.

Según el apartado 4, la información podrá pasar entre las autoridades de policía, de aduanas u otras autoridades competentes sin pasar por las autoridades judiciales, salvo que la legislación interna exija esa vía. Según el apartado 6, la información recibida no podrá usarse como prueba ante un tribunal salvo que la autoridad que la facilita dé su consentimiento, y según el apartado 7 esa autoridad podrá imponer condiciones. El artículo se aplica en ambos sentidos. El artículo 6, apartado 1, se aplica a las comunicaciones oficiales según este artículo (apartado 10), mientras que los artículos 46 y 50 a 52 lo dejan sin aplicar para los intercambios que nombran.

1. El presente artículo tiene como objetivo garantizar que las autoridades competentes de los Estados miembros y del Reino Unido, respecto a Gibraltar, puedan prestarse, en las condiciones de su legislación interna y dentro del ámbito de sus competencias, y siempre que ello no esté previsto en el presente capítulo ni en el título, V, capítulo 2, de la presente parte, asistencia mutua mediante la comunicación de información pertinente a efectos de:
a) la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, lo que incluye la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito;
b) la ejecución de sanciones penales;
c) la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención; y
d) la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
2. A efectos del presente artículo, por «autoridad competente» se entenderá toda autoridad nacional de policía, aduanas u otra autoridad competente con arreglo a la legislación interna para llevar a cabo actividades a los efectos establecidos en el apartado 1.
3. La información, incluida la información sobre personas buscadas y desaparecidas, así como sobre objetos, podrá ser solicitada por una autoridad competente del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o de un Estado miembro, o facilitada de manera espontánea a una autoridad competente del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o de un Estado miembro. La información podrá facilitarse en respuesta a una solicitud o de forma espontánea, en las condiciones de la legislación interna aplicable a la autoridad competente transmisora y dentro del ámbito de sus competencias.
4. La información podrá solicitarse y facilitarse siempre que las condiciones de la legislación interna aplicable a la autoridad competente requirente o transmisora no establezcan que la solicitud o el suministro de información deba hacerse o transmitirse a través de las autoridades judiciales.
5. En casos urgentes, la autoridad competente transmisora responderá a una solicitud, o facilitará información de manera espontánea, tan pronto como sea posible.
6. Una autoridad requirente de un Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrá solicitar, de conformidad con la legislación o Derecho interno pertinente, en el momento de presentar la solicitud o en un momento posterior, el consentimiento de la autoridad transmisora del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o de un Estado miembro para que la información se utilice con fines probatorios en un procedimiento ante una autoridad judicial. La autoridad transmisora podrá, en las condiciones establecidas en las disposiciones del título V, capítulo 6, de la presente parte y en su legislación o Derecho interno, dar su consentimiento para que la información se utilice con fines probatorios ante un órgano judicial de un Estado miembro, en caso de que la autoridad requirente sea de dicho Estado miembro, o ante un órgano judicial del Reino Unido, respecto a Gibraltar en caso de que la autoridad requirente sea del Reino Unido, respecto a Gibraltar. Del mismo modo, cuando la información se facilite de manera espontánea, la autoridad transmisora podrá dar su consentimiento para que la información se utilice con fines probatorios en un procedimiento ante una autoridad judicial de un Estado miembro, en caso de que la información se facilite a una autoridad competente de ese Estado miembro, o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, en caso de que la información se facilite a una autoridad competente del Reino Unido, respecto a Gibraltar. Cuando no se dé el consentimiento con arreglo al presente apartado, la información recibida no se utilizará a efectos probatorios en un procedimiento ante una autoridad judicial.
7. La autoridad transmisora podrá imponer, con arreglo a la legislación interna pertinente, condiciones para la utilización de la información facilitada.
8. Las autoridades competentes podrán facilitar, en virtud del presente artículo, cualquier tipo de información que obre en su poder, sin perjuicio de las condiciones de la legislación interna que le sea aplicable y dentro del ámbito de sus competencias. Dicha información puede incluir información procedente de otras fuentes, únicamente si la transferencia ulterior de dicha información está permitida en el marco en el que fue obtenida por la autoridad competente transmisora.
9. En virtud del presente artículo, podrá facilitarse información a través de cualquier canal de comunicación adecuado, incluida la línea de comunicación segura para la transmisión de información a través de Europol, estando a lo dispuesto en el artículo 73.
10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del presente artículo, en todas las comunicaciones y notificaciones oficiales cursadas en virtud del presente artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1. De lo anterior quedan excluidas las comunicaciones y decisiones relacionadas con cuestiones urgentes de carácter operativo o logístico.

Texto oficial Artículo 54 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, o de España que, en el marco de una investigación penal, vigilan en España o en Gibraltar a una persona que se presume que ha participado en una de las infracciones enumeradas en el anexo 8, o a una persona que puede ayudar a identificarla o a dar con ella, podrán continuar esa vigilancia en Gibraltar o en España, respectivamente, «en cumplimiento del acervo pertinente de Schengen» (el conjunto de normas de Schengen de la UE). Las modalidades prácticas y la cooperación operativa «se acordarán a nivel administrativo» entre el Reino Unido, para Gibraltar, y España, es decir, en acuerdos administrativos (acuerdos prácticos entre los Gobiernos).

El anexo 8 enumera las infracciones a las que se aplica. El artículo 57 exige líneas de comunicación para, en particular, la transmisión a tiempo de información en los casos de vigilancia y de persecución. El artículo 336, apartado 5, dice que los títulos I a IV de la segunda parte (y el título II de la tercera parte y el título III de la cuarta parte) dejan de aplicarse desde el día en que se suspendan o terminen los acuerdos administrativos a los que se refieren los artículos 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260 y 265 y el Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social.

El apartado 1 se aplica en los dos sentidos: las autoridades competentes de España podrán continuar una vigilancia en Gibraltar, y las del Reino Unido, para Gibraltar, en España. Se limita a las investigaciones penales, a las personas que se presume que han participado en una infracción del anexo 8 o que pueden ayudar a identificar o localizar a esa persona, y a una actuación conforme a las normas de Schengen pertinentes. Los detalles prácticos se dejan a los acuerdos administrativos del apartado 2. Este artículo no fija por sí mismo plazos ni dice cómo se avisa a la otra parte.

1. Las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o del Reino de España que, en el marco de diligencias de investigación penal, estuvieran sometiendo a vigilancia en el Reino de España, o en Gibraltar, según corresponda, al presunto autor de una de las infracciones penales relacionadas en el anexo 8 o a una persona capaz de ayudar a identificar o dar con el presunto autor, podrán continuar esa vigilancia, en cumplimiento del acervo pertinente de Schengen, en Gibraltar o, en su caso, en el Reino de España.
2. Las modalidades prácticas del desarrollo de las funciones de las autoridades competentes y los aspectos operativos de la cooperación en el ámbito de la continuación de la vigilancia a que se refiere el apartado 1 se acordarán a nivel administrativo entre el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España.

Texto oficial Artículo 55 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Los agentes del Reino Unido, para Gibraltar, o de España que persigan a una persona hallada en flagrante delito de cometer una de las infracciones que enumera el anexo 8, o de participar en ella, podrán continuar la persecución en España o en Gibraltar, según el caso, «de conformidad con el acervo pertinente de Schengen» (el conjunto de normas de Schengen de la UE). Lo mismo se aplica cuando la persona se ha evadido mientras estaba en detención provisional o cumplía una pena privativa de libertad. Las modalidades prácticas y la cooperación operativa «se acordarán a nivel administrativo entre el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España», es decir, en acuerdos administrativos (acuerdos prácticos entre gobiernos).

El anexo 8 enumera las infracciones a las que se aplica. El artículo 55 es la disposición equivalente para la vigilancia; el artículo 57 prevé las líneas de comunicación. El artículo 336, apartado 5, dice que los títulos I a IV de la segunda parte (y otros títulos) dejan de aplicarse a partir del día en que se suspendan o terminen los acuerdos administrativos a que se refieren los artículos 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260 y 265 y en el Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social.

El apartado 1 se aplica en los dos sentidos: los agentes de España podrán continuar una persecución en Gibraltar, y los agentes del Reino Unido, para Gibraltar, en España. El párrafo primero trata de una persona hallada en flagrante delito de cometer una infracción del anexo 8 o de participar en ella. El párrafo segundo dice que «Se aplicarán las mismas normas» cuando la persona perseguida se ha evadido mientras estaba en detención provisional o cumplía una pena privativa de libertad; no dice si esa persona también debe estar relacionada con una infracción del anexo 8. El artículo remite al «acervo pertinente de Schengen», pero no dice por sí mismo qué podrán hacer los agentes que persiguen al otro lado; los detalles prácticos se dejan a los acuerdos administrativos del apartado 2.

1. Los agentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o del Reino de España que estuvieran siguiendo a una persona hallada en flagrante delito de comisión de, o participación en, una de las infracciones relacionadas en el anexo 8 podrán proseguir la persecución, de conformidad con el acervo pertinente de Schengen, en el Reino de España o, en su caso, en Gibraltar.
Se aplicarán las mismas normas cuando la persona perseguida se hubiese evadido mientras estaba bajo detención provisional o cumpliendo una pena privativa de libertad.
2. Las modalidades prácticas del desarrollo de las funciones de las autoridades competentes y los aspectos operativos de la cooperación en el ámbito de la persecución a que se refiere el apartado 1 se acordarán a nivel administrativo entre el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España.

Texto oficial Artículo 56 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Para intensificar la cooperación policial, las autoridades competentes de la UE y de los países de la UE, por un lado, y las del Reino Unido, para Gibraltar, por otro, podrán implantar patrullas conjuntas y otras operaciones conjuntas para mantener el orden y la seguridad públicos y prevenir el delito, en las que agentes designados u otros funcionarios de cualquiera de las dos partes participen en operaciones en los países de la UE o en Gibraltar. La UE, para sus países, y el Reino Unido, para Gibraltar, deben hacer declaraciones que nombren a las autoridades competentes y fijen las condiciones y los aspectos prácticos, de acuerdo con el Derecho de la UE. Esas condiciones deben precisar, entre otras cosas, si los agentes visitantes podrán ejercer competencias ejecutivas, quién responde de las actuaciones de los agentes de la parte que los envía y qué ley se aplica. Toda operación conjunta, incluida una patrulla conjunta, en un país de la UE o en Gibraltar necesita la autorización expresa y previa de ese país de la UE o del Reino Unido, para Gibraltar, que además debe participar en ella.

Las declaraciones se hacen según el artículo 68, apartado 2, a más tardar en la fecha de entrada en vigor, y podrán modificarse en cualquier momento (artículo 68, apartado 7). De este artículo dependen los artículos 59, 60 y 62: el acceso a bases de datos durante las operaciones conjuntas, la protección de los agentes visitantes y las inspecciones policiales reforzadas hechas como operaciones conjuntas.

Según el apartado 3, una operación conjunta en Gibraltar necesita la autorización expresa y previa del Reino Unido, para Gibraltar, que además debe participar; lo mismo vale para un país de la UE en las operaciones en su territorio. Este artículo no decide si los agentes visitantes podrán ejercer «competencias ejecutivas»; lo deja a las declaraciones del apartado 2, que, según el artículo 68, apartado 7, podrán modificarse en cualquier momento. El artículo no define «competencias ejecutivas».

1. Al objeto de intensificar la cooperación policial, las autoridades competentes de la Unión y de los Estados miembros, por un lado, y del Reino Unido, respecto a Gibraltar, por otro lado, podrán, en el mantenimiento del orden y la seguridad públicos y la prevención del delito, implantar patrullas conjuntas y otras operaciones conjuntas en las que agentes designados u otros funcionarios de la otra parte participen en operaciones en los Estados miembros o en Gibraltar, según corresponda.
2. La Unión, con respecto a sus Estados miembros, y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, realizarán declaraciones sobre las autoridades competentes a los efectos del presente artículo y declaraciones en las que se establezcan las condiciones y los aspectos prácticos de la cooperación, de conformidad con lo dispuesto en el Derecho de la Unión. Entre otros aspectos, estas condiciones precisarán si los agentes designados y otros funcionarios a que se refiere el apartado 1 podrán ejercer competencias ejecutivas, sobre quién recae la responsabilidad de las actuaciones realizadas por los agentes de la otra Parte y la ley aplicable.
3. De forma previa a cualquier operación conjunta, incluidas las patrullas conjuntas, el Estado miembro en cuyo territorio se vaya a desarrollar, o, en su caso, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, prestará su autorización expresa para la realización de la operación conjunta y también participará en ella.

Texto oficial Artículo 58 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El Reino Unido, para Gibraltar, debe velar por que los transportistas transmitan a las autoridades competentes de España los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR), es decir, los datos de reserva de cada pasajero, de los vuelos que lleguen a Gibraltar. Las transmisiones deben cumplir la Directiva (UE) 2016/681 (la Directiva PNR de la UE). También se aplica el artículo 19.

Este artículo remite de forma expresa al artículo 19. Ese artículo exige que el Reino Unido, para Gibraltar, tenga en su Derecho interno las mismas disposiciones que los actos de la UE enumerados y las aplique de forma efectiva, y fija un procedimiento para los actos posteriores de la UE. La Directiva (UE) 2016/681 es Derecho de la UE y no forma parte del tratado.

La obligación se refiere a los datos PNR de los «vuelos que lleguen a Gibraltar»; el artículo no la limita según la nacionalidad o la residencia del pasajero. El artículo prevé la transmisión a las autoridades competentes de España; no prevé la transmisión en sentido contrario. Las normas sobre los datos vienen de la Directiva (UE) 2016/681, con aplicación del artículo 19.

El Reino Unido, respecto a Gibraltar, velará por que los transportistas transmitan a las autoridades competentes del Reino de España los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) correspondientes a los vuelos que lleguen a Gibraltar. Estas transmisiones se adecuarán a las exigencias de la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo (20).
Se estará a lo dispuesto en el artículo 19.

Texto oficial Artículo 61 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cuando sea necesario, según una evaluación de riesgos, para prevenir el delito y la migración irregular, las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, deben hacer inspecciones policiales reforzadas en Gibraltar, y las de España, en la zona contigua a la frontera (que el artículo 3, apartado 1, letra g), define como los municipios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en España). Estas inspecciones podrán revestir la forma de operaciones conjuntas del artículo 58. El artículo no dice quién hace la evaluación de riesgos.

El artículo 58 aporta el marco de las operaciones conjuntas, que incluye la autorización expresa y previa de la parte en cuyo territorio se desarrolla la operación, y su participación. El artículo 3, apartado 1, letra g), define la zona contigua a la frontera.

Según el apartado 1, las inspecciones de las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, se hacen en Gibraltar, y las de las autoridades de España, en la zona contigua a la frontera. Según el apartado 2, podrán ser operaciones conjuntas, y entonces el artículo 58, apartado 3, exige la autorización expresa y previa del Reino Unido, para Gibraltar, para toda operación conjunta en Gibraltar, con su participación. El artículo no define «inspecciones policiales reforzadas».

1. Si, en función de una evaluación de riesgos, fuera necesario para prevenir el delito y la migración irregular, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y las del Reino de España efectuarán inspecciones policiales reforzadas en Gibraltar y en la zona contigua a la frontera, respectivamente.
2. Las inspecciones policiales reforzadas en los términos a los que se refiere el apartado 1 del presente artículo podrán revestir la forma de una operación conjunta en virtud del artículo 58.

Texto oficial Artículo 62 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El Reino Unido, para Gibraltar, debe admitir a los representantes de la UE y de los países de la UE, y a los expertos designados por agencias de la UE, que evalúen cómo aplica España las normas de Schengen según esta parte del tratado. Debe colaborar con ellos y facilitar sus funciones, tal como las fija el Reglamento (UE) 2022/922 del Consejo, «entre las que cabe citar, sin ánimo de exhaustividad», la visita e inspección de infraestructuras situadas en Gibraltar. España debe informar al Reino Unido, para Gibraltar, en cuanto se le notifique una de esas visitas según el artículo 19, apartados 3 y 4, de ese Reglamento.

Ningún artículo del tratado se cita por su número; el artículo 19 citado es del Reglamento (UE) 2022/922 del Consejo, el mecanismo de evaluación de Schengen, no del tratado. El artículo 65 es la evaluación propia del tratado sobre cómo se pone en ejecución esta parte.

Las evaluaciones de las que se habla son las de cómo aplica España las normas de Schengen según esta parte. La obligación del Reino Unido, para Gibraltar, es admitir a los evaluadores y colaborar con ellos; sus funciones son las que fija el Reglamento (UE) 2022/922, y la mención de las infraestructuras de Gibraltar en el artículo va precedida de «entre las que cabe citar, sin ánimo de exhaustividad». La obligación de España es comunicar el aviso «En cuanto se le notifique»; con cuánta antelación recibe España ese aviso es algo que decide el Reglamento.

El Reino Unido, respecto a Gibraltar, admitirá a los representantes de la Unión y de los Estados miembros y a los expertos designados por agencias de la Unión encargados de evaluar la aplicación del acervo de Schengen por parte del Reino de España en cumplimiento de lo dispuesto en la presente parte. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, colaborará con estos representantes y facilitará el desempeño de las funciones que les corresponden en virtud del Reglamento (UE) 2022/922 del Consejo (21), entre las que cabe citar, sin ánimo de exhaustividad, la visita e inspección de infraestructuras ubicadas en Gibraltar.
En cuanto se le notifique una tal visita en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19, apartados 3 y 4, del Reglamento
(UE) 2022/922, el Reino de España la pondrá en conocimiento del Reino Unido, respecto a Gibraltar.

Texto oficial Artículo 64 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas (un comité conjunto de representantes de la UE y del Reino Unido, para Gibraltar, creado por el artículo 23) debe completar una evaluación de cómo se ha puesto en ejecución esta parte (circulación de personas), incluidos los acuerdos administrativos a que se refiere el artículo 33, apartado 6, a más tardar 4 años después de que esta parte entre en vigor. En ese mismo plazo, tras las consultas oportunas, debe enviar un informe al Consejo de Cooperación (un órgano conjunto de representantes de la UE y del Reino Unido, para Gibraltar, creado por el artículo 22). El informe debe incluir una evaluación de esos acuerdos administrativos y presentar la valoración común de los representantes de las Partes o, en su defecto, la valoración de los representantes de cada Parte.

El artículo 33, apartado 6, es donde se mencionan los acuerdos administrativos que se revisan. Según el artículo 66, una vez completada esta evaluación, la UE (sea o no a petición de España) o el Reino Unido podrán poner fin al tratado mediante notificación. Según el artículo 336, apartado 2, las Partes podrán acordar aplicar el tratado de forma provisional antes de su entrada en vigor, siempre que, entre otras condiciones, se hayan notificado antes mutuamente que los acuerdos administrativos a que se refieren los artículos 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260 y 265 y en el Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social están en vigor y se han aplicado plenamente.

El artículo fija el plazo así: «En el plazo máximo de cuatro años desde que entre en vigor la presente parte». El texto no da una fecha de calendario. El artículo 336, apartado 4, dice que, durante la aplicación provisional, las referencias a la «fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo» se entienden hechas a la fecha en que empezó la aplicación provisional; el artículo 65 usa otras palabras: «entre en vigor la presente parte». El informe podrá presentar una valoración común o la valoración de cada Parte. Según el artículo 66, apartado 1, una vez completada la evaluación, la UE (sea o no a petición de España) o el Reino Unido podrán poner fin al tratado por notificación escrita; el tratado termina entonces el primer día del duodécimo mes siguiente a la notificación.

En el plazo máximo de cuatro años desde que entre en vigor la presente parte, el Comité Especializado en Circulación de Personas completará una evaluación de su puesta en ejecución, que abarcará, entre otros, los aspectos acordados a nivel administrativo a que se refiere el artículo 33, apartado 6. En el citado plazo máximo, realizadas las consultas oportunas, el Comité Especializado en Circulación de Personas remitirá un informe relativo a esta evaluación al Consejo de Cooperación.
Dicho informe incluirá una evaluación de los aspectos acordados a nivel administrativo a que se refiere el artículo 33, apartado 6, y presentará la valoración común de los representantes de las Partes o, subsidiariamente, presentará las valoraciones de los representantes de cada Parte.

Texto oficial Artículo 65 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Una vez completada la evaluación del artículo 65, la UE (sea o no a petición de España) o el Reino Unido podrán poner fin al tratado por notificación escrita por vía diplomática, sin que eso afecte a la cláusula general de terminación del artículo 334. El tratado y cualquier acuerdo complementario dejan de estar en vigor el primer día del duodécimo mes siguiente a la notificación. Si España ha pedido a la UE que ponga fin al tratado, la UE debe adoptar las medidas necesarias según sus procedimientos internos «con vistas a la denuncia del presente Acuerdo».

El artículo 65 es la evaluación de cuatro años cuya conclusión abre esta vía. El artículo 334 es la disposición general de terminación, que sigue en pie al lado de esta y no queda desplazada. Los acuerdos complementarios se definen en el artículo 4 y caen junto con el texto principal.

Según el apartado 1, quienes pueden poner fin al tratado son la UE o el Reino Unido; España podrá pedir a la UE que lo haga y, según el apartado 2, la UE debe entonces adoptar las medidas necesarias según sus procedimientos internos «con vistas a la denuncia del presente Acuerdo». La vía se abre «Una vez realizada la evaluación a que se refiere el artículo 65». El artículo 334 permite aparte a cualquiera de las Partes poner fin al tratado por notificación escrita, con la misma regla: el tratado deja de estar en vigor el primer día del duodécimo mes siguiente a la fecha de notificación. En el Concordat, el Gobierno del Reino Unido dice que ejercerá sus facultades según el artículo 66 o el artículo 334 "only following full consultation with the Government of Gibraltar" (en español: solo después de consultar plenamente al Gobierno de Gibraltar), y que no dará pasos para poner fin al tratado, "other than in the most exceptional circumstances" (en español: salvo en las circunstancias más excepcionales), a menos que la terminación cuente con el apoyo de una moción de al menos tres cuartas partes de todos los miembros del Parlamento de Gibraltar o de una mayoría simple de los votos emitidos en un referéndum. La Declaración del Consejo y de la Comisión Europea de 31 de marzo de 2026 dice que cualquier medida de la UE para aplicar el tratado, incluida la terminación, "will require a prior agreement of the Kingdom of Spain" (en español: requerirá el acuerdo previo del Reino de España). Añade que esto es "without prejudice to the competences of the Union and the prerogatives of the institutions" (en español: sin que afecte a las competencias de la UE ni a las prerrogativas de las instituciones).

1. Una vez realizada la evaluación a que se refiere el artículo 65 y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 334, tanto la Unión, sea o no a petición del Reino de España, como el Reino Unido podrán denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita por vía diplomática. El presente Acuerdo y cualquier acuerdo complementario dejarán de estar en vigor el primer día del duodécimo mes siguiente a la fecha de notificación.
2. Si, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, el Reino de España hubiera pedido a la Unión la denuncia del presente Acuerdo, la Unión adoptará las medidas necesarias de conformidad con sus procedimientos internos, con vistas a la denuncia del presente Acuerdo.

Texto oficial Artículo 66 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Con independencia del artículo 334, y con pleno respeto a las responsabilidades de cada Parte en materia de orden público, seguridad interior y gestión de su sección de las fronteras exteriores, cualquiera de las Partes (la UE, o el Reino Unido para Gibraltar) podrá, previa consulta a la otra, suspender temporalmente el cumplimiento de sus obligaciones según los títulos I a V de esta parte en dos casos: un incumplimiento grave de los compromisos de esta parte, o cuando esa Parte considere que está expuesta a una amenaza grave y persistente para la seguridad interior porque no hay controles entre la UE y Gibraltar. «La Unión tendrá debidamente en cuenta la opinión del Reino de España.» La Parte que tenga previsto suspender debe notificarlo a la otra sin dilación por medio del Consejo de Cooperación e indicar el periodo previsto. La suspensión surte efectos «el octavo día contado a partir de la notificación» o en una fecha posterior indicada en ella. Según el texto, eso «será causa para el restablecimiento, por parte de los Estados miembros y por parte del Reino Unido, respecto a Gibraltar, del control fronterizo entre la Unión y Gibraltar».

El artículo 334 es la disposición general de terminación; este artículo se aplica con independencia de él. Los títulos I a V de la segunda parte son: principios generales y objetivos; cruce de fronteras; salvaguardias (residencia, protección internacional, cooperación policial); puesta en ejecución, aplicación, evaluación y control del cumplimiento; y cooperación policial y judicial. El título VI de la segunda parte (prevención del blanqueo de capitales) no figura en la lista. El artículo 336, apartado 5, es una norma distinta: los títulos que enumera dejan de aplicarse si se suspenden o terminan los acuerdos administrativos que nombra.

Cualquiera de las Partes podrá suspender. El segundo motivo depende de la opinión propia de la Parte que suspende («si cualquiera de las Partes considerara») y no exige un incumplimiento. Antes de suspender hay que consultar a la otra Parte; el artículo no exige su acuerdo. El texto dice que la suspensión surte efectos «el octavo día contado a partir de la notificación», es decir, el plazo se cuenta desde la notificación; el texto no dice si el día de la notificación entra en la cuenta. En el Concordat, el Gobierno del Reino Unido dice que ejercerá sus facultades de suspensión según el artículo 67 solo "following full consultation with the Government of Gibraltar and will take its opinion duly into account" (en español: después de consultar plenamente al Gobierno de Gibraltar, y que tendrá debidamente en cuenta su opinión). La Declaración del Consejo y de la Comisión Europea de 31 de marzo de 2026 dice que cualquier medida de la UE para aplicar el tratado, incluida la "suspension of application of all or parts of the Agreement" (en español: suspensión de la aplicación de todo el tratado o de partes de él), "will require a prior agreement of the Kingdom of Spain" (en español: requerirá el acuerdo previo del Reino de España). Añade que esto es "without prejudice to the competences of the Union and the prerogatives of the institutions" (en español: sin que afecte a las competencias de la UE ni a las prerrogativas de las instituciones).

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 334, y desde el pleno respecto al ejercicio de las responsabilidades que incumben a las Partes en cuanto al orden público, la salvaguardia de la seguridad interior y la gestión de sus secciones de las fronteras exteriores, en caso de incumplimiento grave de los compromisos regulados por esta parte, o si cualquiera de las Partes considerara que está expuesta a una amenaza grave y persistente para la seguridad interior provocada por la ausencia de controles entre la Unión y Gibraltar, cualquiera de las Partes, previa consulta a la otra, podrá suspender temporalmente el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en virtud de los títulos I a V de la presente parte. La Unión tendrá debidamente en cuenta la opinión del Reino de España.
2. Si cualquiera de las Partes tuviera previsto suspender sus obligaciones al amparo del apartado 1, notificará, sin dilación, a la otra Parte por vía del Consejo de Cooperación. En esta notificación se indicará el período de tiempo durante el cual la Parte tuviera previsto aplicar la suspensión temporal de sus obligaciones. La suspensión temporal de las obligaciones de la Parte surtirá efectos el octavo día contado a partir de la notificación o, en su caso, en una fecha posterior indicada en la notificación. Lo anterior será causa para el restablecimiento, por parte de los Estados miembros y por parte del Reino Unido, respecto a Gibraltar, del control fronterizo entre la Unión y Gibraltar.

Texto oficial Artículo 67 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Este artículo fija cuándo se hacen las notificaciones, declaraciones y designaciones de la segunda parte. A más tardar en la fecha de entrada en vigor: España y el Reino Unido, para Gibraltar, hacen las notificaciones y designaciones de los artículos 50, apartado 9, y 51, apartado 10 (autoridades de los permisos de residencia); la UE, para sus países, y el Reino Unido, para Gibraltar, hacen las declaraciones del artículo 58, apartado 2 (operaciones conjuntas); la UE y el Reino Unido, para Gibraltar, hacen, en su caso, las notificaciones de los artículos 121, apartado 2, 122, apartado 2, y 130, apartado 4 (en el capítulo sobre la entrega); el Reino Unido, para Gibraltar, comunica a la UE sus autoridades según los artículos 74, 90, 117, 142, apartado 4, y 182, apartado 1; y la UE comunica al Reino Unido las autoridades equivalentes de sus países y los organismos de la UE según los artículos 153 y 182. El apartado 4 empieza «En la medida en que tal notificación o comunicación no se haya hecho» a la entrada en vigor: las notificaciones podrán hacerse entonces lo antes posible y, a más tardar, dos meses después; en ese periodo provisional, un país de la UE o el Reino Unido, para Gibraltar, respecto del que no se haya hecho ninguna notificación según los artículos 121, apartado 2, 122, apartado 2, y 130, apartado 4, y que no haya indicado que no se hará ninguna, podrá actuar como si se hubiera hecho (en el caso del artículo 122, apartado 2, solo en la medida en que sea compatible con los criterios para hacerla). En el momento de la firma, la UE, actuando en nombre de cualquiera de sus países, podrá notificar al Reino Unido que las obligaciones de las disposiciones del título V, capítulo 5 (entrega), que nombre la notificación no se aplicarán a la UE en relación con ese país hasta que la UE notifique al Reino Unido, en el comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas, que se han cumplido los requisitos constitucionales de ese país para aplicarlas. Las notificaciones enumeradas en los apartados 6, 7, 8 y 13 podrán hacerse, modificarse o retirarse en cualquier momento, según diga cada apartado. La UE debe indicar a cuál de sus países se aplica cada notificación o declaración, o que la hace en su propio nombre (apartado 11). La UE, el Reino Unido, para Gibraltar, y España podrán notificar más de una autoridad según los apartados 2, 9 y 10, y podrán limitar esas notificaciones a fines concretos (apartado 12). Todas ellas pasan por el mecanismo del artículo 6 (las comunicaciones formales a través del Foreign, Commonwealth and Development Office, el ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido).

Se citan veintitrés artículos, todos de la segunda parte salvo el artículo 6. Las declaraciones del artículo 58, apartado 2, tratan, entre otras cosas, de si los agentes visitantes podrán ejercer competencias ejecutivas. El artículo 122, apartado 2, permite notificar que los nacionales propios de una parte no serán entregados, o que solo lo serán con condiciones. El artículo 6 es el mecanismo para todas las notificaciones enumeradas aquí; los artículos 50 y 51 dejan sin aplicar el artículo 6, apartado 1, para los pasos de oposición y de retirada que nombran.

El apartado 4 permite hacer algunas notificaciones hasta dos meses después de la entrada en vigor; según el artículo 336, apartado 4, durante la aplicación provisional, la entrada en vigor es la fecha en que empezó la aplicación provisional. Entre esas notificaciones están las del artículo 122, apartado 2: el Reino Unido, para Gibraltar, y la UE, para cualquiera de sus países, podrán notificar cada uno que los nacionales del Reino Unido o de ese país de la UE no serán entregados, o que solo lo serán con las condiciones que se indiquen. Según el apartado 7, las declaraciones del artículo 58, apartado 2, que tratan de las competencias ejecutivas de los agentes visitantes, podrán modificarse en cualquier momento. Según el apartado 14, todas las notificaciones de este artículo pasan por el mecanismo del artículo 6. El texto del tratado no muestra qué notificaciones se han hecho.

1. Antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el Reino de España y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, efectuarán las notificaciones, comunicaciones y designaciones establecidas en el artículo 50, apartado 9, y el artículo 51, apartado 10.
2. Antes de esa misma fecha, la Unión, con respecto a los Estados miembros, y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, realizarán las declaraciones a las que se refiere el artículo 58, apartado 2.
3. En su caso, las notificaciones reguladas por el artículo 121, apartado 2, el artículo 122, apartado 2, y el artículo 130, apartado 4, serán cursadas por la Unión y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
4. En la medida en que tal notificación o comunicación no se haya hecho, en el momento indicado en el apartado 1, podrán efectuarse notificaciones lo antes posible y, a más tardar, dos meses después de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
Durante ese período provisional, si no se ha efectuado respecto a un Estado miembro o, en su caso, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, notificación o comunicación alguna con arreglo al artículo 121, apartado 2, al artículo 122, apartado 2, o al artículo 130, apartado 4, y siempre y cuando no haya sido objeto de una indicación de que no debe efectuarse, el Estado miembro de que se trate o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrá hacer uso de las posibilidades previstas en el artículo como si se hubiera efectuado dicha notificación o comunicación respecto del Estado miembro en cuestión o del Reino Unido, respecto a Gibraltar. En el caso del artículo 122, apartado 2, un Estado miembro o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, únicamente podrá hacer uso de las posibilidades previstas en dicho artículo en la medida en que ello sea compatible con los criterios de notificación o comunicación.
5. En el momento de la firma del presente Acuerdo, la Unión, actuando en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrá notificar al Reino Unido que las obligaciones derivadas de determinadas disposiciones del título V, capítulo 5, de la presente parte, tal como se determine específicamente en la notificación, no se aplicarán a la Unión en relación con dicho Estado miembro hasta que la Unión notifique al Reino Unido en el Comité Especializado en Circulación de Personas que se han cumplido los requisitos constitucionales pertinentes para la aplicación de tales disposiciones en dicho Estado miembro.
6. Las notificaciones y comunicaciones reguladas por las siguientes disposiciones podrán cursarse en cualquier momento:
a) artículo 118, apartado 4;
b) artículo 124, apartado 1;
c) artículo 125, apartado 3;
d) artículo 144, apartados 1 y 2;
e) artículo 145, apartados 1 y 2;
f) artículo 165, apartado 4;
g) artículo 166, apartado 5;
h) artículo 167, apartado 5;
i) artículo 176, apartado 2; y
j) artículo 184, apartados 3 y 8.
7. Las notificaciones, comunicaciones y declaraciones reguladas por las siguientes disposiciones podrán modificarse en cualquier momento:
a) artículo 58, apartado 2;
b) artículo 124, apartado 1;
c) artículo 125, apartado 3; y
d) artículo 184, apartados 3 y 8.
8. Las notificaciones y comunicaciones reguladas por las siguientes disposiciones podrán retirarse en cualquier momento:
a) artículo 121, apartado 2;
b) artículo 122, apartado 2;
c) artículo 124, apartado 1;
d) artículo 130, apartado 4;
e) artículo 165, apartado 4;
f) artículo 166, apartado 5; y
g) artículo 167, apartado 5.
9. A más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, notificará la identidad de las siguientes autoridades a la Unión:
a) la autoridad considerada competente a efectos del título V, capítulo 2, de la presente parte, en los términos del artículo 74, letra a), y una breve descripción de sus competencias;
b) la autoridad considerada competente a efectos del título V, capítulo 3, de la presente parte, en los términos del artículo 90, letra d), y una breve descripción de sus competencias;
c) la autoridad competente en virtud de la legislación interna del Reino Unido, respecto a Gibraltar, para ejecutar una orden de detención tal como dispone el artículo 117, letra b);
d) la autoridad competente en virtud de la legislación interna del Reino Unido, respecto a Gibraltar, para dictar una orden de detención tal como dispone el artículo 117, letra c);
e) la autoridad notificada en virtud del artículo 142, apartado 4; y
f) la autoridad central notificada en virtud del artículo 182, apartado 1.
10. A más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, la Unión, en su nombre o en nombre de sus Estados miembros, según sea el caso, notificará al Reino Unido la identidad de las autoridades siguientes:
a) la autoridad competente en virtud del Derecho interno de cada Estado miembro para ejecutar una orden de detención tal como dispone el artículo 117, letra b);
b) la autoridad competente en virtud del Derecho interno de cada Estado miembro para dictar una orden de detención tal como dispone el artículo 117, letra c);
c) la autoridad de cada Estado miembro notificada en virtud del artículo 142, apartado 4;
d) el organismo de la Unión a que se refiere el artículo 153;
e) la autoridad central de cada Estado miembro notificada en virtud del artículo 182, apartado 1; y
f) todo organismo de la Unión designado en virtud del artículo 182, apartado 2, primera frase, y si también está designado como autoridad central en virtud de la última frase de dicho apartado.
11. Cuando la Unión realice una de las notificaciones o declaraciones a que se refiere el presente artículo, indicará a cuál de los Estados miembros se aplica la notificación o declaración o si la realiza en su propio nombre.
12. Más de una autoridad podrá ser objeto de las notificaciones por parte de la Unión, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España, contempladas en los apartados 2, 9 y 10, en sus respectivos casos, y dichas notificaciones podrán limitarse para fines particulares.
13. Las notificaciones a las que se refieren los apartados 9 y 10 podrán modificarse en cualquier momento.
14. Todas las notificaciones, declaraciones, reservas y designaciones a que se refiere el presente artículo se cursarán por el mecanismo establecido en virtud del artículo 6.

Texto oficial Artículo 68 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Si un país de la UE deja de participar en las normas de la UE sobre cooperación policial y judicial en materia penal análogas a disposiciones de este título, o de tener derechos según esas normas, el Reino Unido, para Gibraltar, podrá notificar por escrito a la UE su intención de dejar de aplicar las disposiciones equivalentes de este título respecto de ese país. La notificación surte efectos en la fecha que indique, que no puede ser anterior al día en que ese país deje de participar. Si se hace la notificación, el comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas (un comité conjunto de representantes de la UE y del Reino Unido, para Gibraltar, creado por el artículo 23) se reúne para decidir qué hace falta para concluir de manera adecuada cualquier cooperación ya iniciada que se vea afectada. En cualquier caso, las Partes deben mantener el nivel de protección con el que se transfirieron los datos personales obtenidos antes del cese. La UE debe notificar por escrito al Reino Unido, para Gibraltar, por vía diplomática, la fecha en que ese país debe reanudar su participación; las disposiciones vuelven a aplicarse en esa fecha o, si es posterior, el primer día del mes siguiente a la notificación. La UE también debe informar al Reino Unido, para Gibraltar, cuando un país de la UE deje de participar.

El artículo no remite a ningún otro artículo por su número. El comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas es el comité conjunto UE-Reino Unido creado por el artículo 23; también podrá modificar las listas de delitos de Europol y de Eurojust (artículos 75 y 92).

Según el apartado 2, el Reino Unido, para Gibraltar, «podrá notificar»; el texto no hace automático el cese. Según el apartado 3, la notificación no puede surtir efectos antes de que el país de la UE deje de participar. Según el apartado 4, las Partes deben mantener el nivel de protección de los datos personales ya obtenidos.

Derecho de la Unión
1. El presente artículo se aplicará si un Estado miembro deja de participar en las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal análogas a las disposiciones pertinentes del presente título, o de gozar de sus derechos en virtud de ellas.
2. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrá notificar por escrito a la Unión su intención de dejar de aplicar las disposiciones pertinentes del presente título en relación con dicho Estado miembro.
3. La notificación efectuada con arreglo al apartado 2 entrará en vigor en la fecha especificada en ella, que no será anterior a la fecha en la que el Estado miembro deje de participar en las disposiciones del Derecho de la Unión contempladas en el apartado 1 o de gozar de sus derechos en virtud de ellas.
4. Si el Reino Unido, respecto a Gibraltar, notifica en virtud del presente artículo su intención de dejar de aplicar las disposiciones pertinentes del presente título, el Comité Especializado en Circulación de Personas se reunirá para decidir qué medidas son necesarias para garantizar que cualquier cooperación iniciada en virtud del presente título que se vea afectada por el cese se concluya de manera adecuada. En cualquier caso, con respecto a todos los datos personales obtenidos mediante la cooperación en virtud de las disposiciones pertinentes del presente título antes de que dejen de aplicarse, las Partes velarán por que el nivel de protección en virtud del cual se transfirieron los datos personales se mantenga después de que surta efecto el cese.
5. La Unión notificará por escrito al Reino Unido, por lo que respecta a Gibraltar, por vía diplomática, la fecha en que el Estado miembro debe reanudar su participación en las disposiciones del Derecho de la Unión de que se trate o el disfrute de sus derechos en virtud de ellas. La aplicación de las disposiciones pertinentes del presente título se restablecerá en esa fecha o, si fuera posterior, el primer día del mes siguiente al día en que se haya efectuado dicha notificación.
6. Para facilitar la aplicación del presente artículo, la Unión informará al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando un Estado miembro deje de participar en las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal análogas a las disposiciones pertinentes del presente título, o de disfrutar de derechos en virtud de ellas.

Texto oficial Artículo 71 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La cooperación con Europol abarca las formas de delincuencia que son competencia de Europol y que figuran en el anexo 10, más las infracciones penales conexas: las cometidas para procurarse los medios de cometer esos delitos, para facilitarlos o perpetrarlos, o para asegurarse la impunidad por ellos. Si el Derecho de la UE cambia la lista de delitos que son competencia de Europol, el comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas podrá, a propuesta de la UE, modificar el anexo 10 en consecuencia, a partir de la fecha en que el cambio entre en vigor en el Derecho de la UE.

El anexo 10 contiene la lista. El artículo 72 usa este artículo para definir los delitos a los que se dirige el capítulo, y el artículo 92 es el equivalente para Eurojust (anexo 11).

El apartado 1 vincula la cooperación a las formas de delincuencia del anexo 10 y a las infracciones conexas. Según el apartado 3, el comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas (un comité conjunto UE-Reino Unido creado por el artículo 23) podrá modificar el anexo 10 cuando el Derecho de la UE cambie la lista de delitos que son competencia de Europol, a propuesta de la UE y a partir de la fecha en que ese cambio entre en vigor. El artículo 24, apartado 2, dice que esos comités deciden de mutuo acuerdo. Por eso, después de una modificación, el anexo 10 podrá ser distinto de su texto original.

1. La cooperación establecida en virtud del presente capítulo está relacionada con las formas de delincuencia que son competencia de Europol y que figuran en el anexo 10, incluidas las infracciones penales conexas.
2. Se entenderá por infracciones penales conexas las infracciones penales cometidas para procurarse los medios de perpetrar las formas de delincuencia a que se refiere el apartado 1, las infracciones penales cometidas para facilitar o perpetrar tales delitos y las infracciones penales cometidas para asegurarse la impunidad por ellos.
3. Cuando se modifique la lista de formas de delincuencia que son competencia de Europol en virtud del Derecho de la Unión, el Comité Especializado en Circulación de Personas podrá, a propuesta de la Unión, modificar el anexo 10 en consecuencia, a partir de la fecha en la que entre en vigor el cambio en las competencias de Europol.

Texto oficial Artículo 75 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El punto de contacto nacional del Reino Unido para Europol, designado según el artículo 568, apartado 1, del Acuerdo de Comercio y Cooperación (el acuerdo UE-Reino Unido de 2020), es el punto de contacto central entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar. La información y las notificaciones pasan entre Europol y ese punto de contacto, salvo cuando el intercambio directo sea necesario en casos urgentes y tanto Europol como la autoridad pertinente para Gibraltar lo consideren adecuado. El punto de contacto es también el punto central para la revisión, corrección y eliminación de datos personales. Los funcionarios de enlace enviados por el Reino Unido a Europol, y un funcionario de enlace enviado por Europol al Reino Unido, también podrán facilitar la cooperación para Gibraltar, y el Reino Unido debe garantizar que tengan «acceso rápido a las bases de datos pertinentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, necesarias para el cumplimiento de sus tareas». Sus funciones, derechos, obligaciones y costes se rigen por acuerdos de trabajo según el artículo 86. Los funcionarios de enlace responsables para Gibraltar y los representantes de las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, podrán ser invitados a reuniones operativas, y los funcionarios de enlace y las autoridades de los países de la UE y de países de fuera de la UE, el personal de Europol y otros podrán asistir a las reuniones que ellos organicen.

El artículo 86 prevé acuerdos de trabajo y administrativos entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido, o que los acuerdos del Reino Unido con Europol ya existentes según el Acuerdo de Comercio y Cooperación se apliquen también respecto a Gibraltar. El artículo 73 hace pasar las comunicaciones del capítulo por este punto de contacto o por los funcionarios de enlace del Reino Unido, salvo en los casos urgentes del artículo 77, apartado 2.

Según los apartados 1 y 2, el canal central entre Europol y las autoridades competentes para Gibraltar es el punto de contacto nacional del Reino Unido; el intercambio directo es la excepción, para casos urgentes en que tanto Europol como la autoridad pertinente lo consideren adecuado. Según el apartado 5, el Reino Unido debe garantizar que los funcionarios de enlace del apartado 4 (los funcionarios de enlace del Reino Unido en Europol y un funcionario de enlace enviado por Europol al Reino Unido) tengan acceso rápido a las bases de datos pertinentes para Gibraltar que necesiten para sus tareas.

1. El punto de contacto nacional del Reino Unido para Europol, designado de conformidad con el artículo 568, apartado 1, del Acuerdo de Comercio y Cooperación, actuará como punto de contacto central entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar.
2. El intercambio de información y las notificaciones entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, se llevarán a cabo entre Europol y el punto de contacto nacional a que se refiere el apartado 1, excepto cuando el intercambio directo de información sea necesario en casos urgentes y lo consideren adecuado tanto Europol como la autoridad competente pertinente del Reino Unido, respecto a Gibraltar.
3. El punto de contacto nacional a que se refiere el apartado 1 será también el punto de contacto central por lo que respecta a la revisión, corrección y eliminación de datos personales.
4. Los funcionarios de enlace asignados por el Reino Unido a Europol, de conformidad con el artículo 568, apartado 4, del Acuerdo de Comercio y Cooperación, también podrán facilitar la cooperación establecida en virtud del presente capítulo por lo que respecta al Reino Unido, respecto a Gibraltar. Un funcionario de enlace asignado por Europol al Reino Unido también podrá facilitar la cooperación por lo que respecta al Reino Unido, respecto a Gibraltar.
5. El Reino Unido garantizará que los funcionarios de enlace a los que se hace referencia en el apartado 4 tengan acceso rápido a las bases de datos pertinentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, necesarias para el cumplimiento de sus tareas.
6. Los detalles de las funciones de los funcionarios de enlace responsables para Gibraltar a los que se refiere el apartado 4 del presente artículo, sus derechos y obligaciones y los costes correspondientes se regirán por acuerdos de trabajo celebrados entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, tal y como establece el artículo 86.
7. Los funcionarios de enlace responsables para Gibraltar a que se refiere el apartado 4 y los representantes de las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán ser invitados a reuniones operativas. Los funcionarios de enlace de los Estados miembros, los funcionarios de enlace de terceros países, los representantes de las autoridades competentes de los Estados miembros y de terceros países, el personal de Europol y otras partes interesadas podrán asistir a las reuniones organizadas por los funcionarios de enlace responsables para Gibraltar, a los que se refiere el apartado 4, o las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar.

Texto oficial Artículo 77 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las «autoridades competentes» son aquí Europol y, para Gibraltar, la autoridad policial responsable, según la legislación interna, de la prevención del delito y la lucha contra este en Gibraltar (artículo 74, letra a)). La información que intercambien debe cumplir los objetivos y las disposiciones de este capítulo. Los datos personales solo podrán tratarse para los fines concretos del apartado 2. La autoridad que envía datos personales debe indicar claramente el fin o los fines, a más tardar en el momento de enviarlos. En las transmisiones a Europol, el fin debe indicarse de acuerdo con los fines que fija el Reglamento Europol. Si quien envía no ha indicado un fin, la autoridad receptora, de acuerdo con la que envía, debe tratar los datos para determinar si son pertinentes y para qué fin deben seguir tratándose. Los datos solo podrán usarse para un fin distinto si lo autoriza la autoridad que los envió. La autoridad receptora debe comprometerse a tratar los datos solo para el fin para el que se enviaron. Los datos deben eliminarse en cuanto dejen de ser necesarios para ese fin. Europol y las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, deben decidir, sin demora injustificada y en un plazo no superior a seis meses tras recibir los datos, si los datos son necesarios para ese fin y en qué medida, e informar a quien los envió.

El artículo 79 permite a quien envía los datos fijar restricciones. El artículo 80 añade salvaguardias para los datos de víctimas, testigos y menores de 18 años. El artículo 87 exige a cada parte publicar un documento sobre cómo se tratan estos datos y cómo pueden las personas ejercer sus derechos, y adoptar medidas prácticas sobre el cumplimiento de esas normas.

El artículo fija tres límites para los datos personales que se transmiten entre Europol y la autoridad competente de Gibraltar, en cualquiera de los dos sentidos: una finalidad indicada en el momento de la transmisión (apartado 2), la supresión de los datos cuando ya no sean necesarios para esa finalidad (apartado 3) y una decisión, en un plazo de seis meses desde su recepción, sobre si los datos son necesarios (apartado 4). LN 2026/237 (la lista de notificaciones del Gobierno de Gibraltar según la sección 62, apartado 2, de la Treaty on Gibraltar and the European Union Act 2026, en vigor desde el 23 de julio de 2026) designa a la Royal Gibraltar Police como autoridad competente según el artículo 74, letra a). Son obligaciones de las autoridades. El artículo no da a la persona a la que se refieren los datos ningún papel en estas comprobaciones. El artículo 87, apartado 1, exige un documento público sobre cómo pueden las personas ejercer sus derechos sobre los datos, y el artículo 77, apartado 3, hace del punto de contacto nacional del Reino Unido ante Europol el punto central de contacto para revisar, corregir y suprimir datos personales.

1. Los intercambios de información entre autoridades competentes cumplirán los objetivos y disposiciones del presente capítulo. Los datos personales se tratarán únicamente para los fines concretos a que se refiere el apartado 2.
2. Las autoridades competentes indicarán claramente, a más tardar en el momento de transferir los datos personales, el fin o fines específicos para los que se transfieren dichos datos. Para transmisiones a Europol, el fin o fines de esa transmisión se especificará de acuerdo con los fines específicos de tratamiento establecidos en el Reglamento Europol. Si la autoridad competente de transferencia no lo indica, la autoridad competente receptora, de acuerdo con la autoridad de transferencia, tratará los datos personales a fin de determinar su pertinencia, así como el fin o fines para los que debe continuar su tratamiento. Las autoridades competentes podrán realizar el tratamiento de datos personales para un fin distinto del fin para el que dicha información se ha facilitado únicamente si así lo autoriza la autoridad competente de transferencia.
3. Las autoridades competentes que reciban los datos personales se comprometerán a que tales datos sean tratados únicamente para el fin para el que fueron transferidos. Los datos personales se eliminarán cuando dejen de ser necesarios para atender los fines para los que se transmitieron.
4. Europol y las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, determinarán sin demora injustificada, y en cualquier caso en un plazo no superior a seis meses tras la recepción de los datos personales, si dichos datos son necesarios para el fin para el que se suministraron y en qué medida, e informará de ello a la autoridad que los transmitió.

Texto oficial Artículo 78 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La autoridad que envía datos personales podrá, al enviarlos, fijar restricciones sobre quién podrá acceder a ellos o cómo podrán usarse, en términos generales o específicos. Las restricciones pueden referirse a su transmisión posterior, a su borrado o destrucción tras un plazo determinado o a su tratamiento ulterior. Si la necesidad de una restricción se ve después de enviar los datos, quien los envió debe informar a quien los recibe. La autoridad receptora debe respetar las restricciones. Cada Parte (la UE, y el Reino Unido para Gibraltar) debe garantizar que la información enviada según este capítulo se ha recopilado, almacenado y enviado de acuerdo con su propio marco jurídico. Cada Parte debe garantizar también, «en la medida de lo posible», que la información no se ha obtenido contraviniendo los derechos humanos. No debe enviarse información si, en la medida en que sea razonablemente previsible, podría utilizarse para «solicitar, dictar o ejecutar una pena de muerte o cualquier forma de trato cruel o inhumano».

Se lee junto con los artículos 78 (limitación de la finalidad) y 80 (personas vulnerables a las que se refieren los datos). El artículo 99, apartados 3 y 4, repite el mecanismo de restricciones para Eurojust.

La norma sobre restricciones funciona en los dos sentidos: las restricciones que fija la autoridad competente de Gibraltar obligan a Europol, y las que fija Europol obligan a la autoridad competente de Gibraltar (apartados 1 y 2). La prohibición del apartado 3 de enviar información que podría usarse para una pena de muerte o un trato cruel o inhumano se aplica a las dos Partes. La comprobación sobre derechos humanos del apartado 3 se aplica «en la medida de lo posible». El texto no dice qué exige eso en la práctica.

1. La autoridad competente de transferencia podrá indicar, cuando transfiera datos personales, cualquier restricción en el acceso a estos o en el uso que pueda hacerse de ellos, en términos generales o específicos, incluso con respecto a su posterior transferencia, borrado o destrucción tras un determinado período, o a su tratamiento ulterior. Cuando resulte evidente, tras la transferencia de los datos personales, que tales restricciones son necesarias, la autoridad competente de transferencia informará de ello a la autoridad competente receptora.
2. La autoridad competente receptora respetará cualquier restricción de acceso o uso posterior de los datos personales indicada por la autoridad competente de transferencia, tal y como se describe en el apartado 1.
3. Cada Parte garantizará que la información transmitida en virtud del presente capítulo se haya recopilado, almacenado y transferido de conformidad con su marco jurídico respectivo. Cada Parte garantizará, en la medida de lo posible, que tal información no se haya obtenido contraviniendo los derechos humanos. Tampoco se transferirá tal información si, en la medida en que sea razonablemente previsible, esta pudiera utilizarse para solicitar, dictar o ejecutar una pena de muerte o cualquier forma de trato cruel o inhumano.

Texto oficial Artículo 79 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Está prohibido enviar datos personales de víctimas de un delito, de testigos o de otras personas que puedan dar información sobre delitos, o de menores de 18 años, a menos que la transferencia sea «estrictamente necesaria y proporcionada en casos concretos» para prevenir o combatir un delito. El Reino Unido, para Gibraltar, y Europol deben garantizar cada uno que esos datos se traten con salvaguardias adicionales, incluidas restricciones de acceso, medidas adicionales de seguridad y restricciones a su transmisión posterior.

Los artículos 78 y 79 fijan las normas generales sobre la finalidad y las restricciones. El capítulo sobre Eurojust (artículos 89 a 105) no tiene ninguna cláusula sobre estos grupos; allí los datos personales se rigen por las normas generales de los artículos 99 a 102.

La regla de partida es la prohibición de enviar datos de víctimas, testigos, otras personas que puedan dar información sobre delitos y menores de 18 años. Una transferencia solo se permite caso por caso, cuando sea estrictamente necesaria y proporcionada para prevenir o combatir un delito. El artículo se aplica a las transferencias en los dos sentidos entre la autoridad competente de Gibraltar y Europol.

1. La transferencia de datos personales de víctimas de delitos, testigos u otras personas que pudieran facilitar información sobre delitos, así como de menores de dieciocho años estará prohibida, a menos que la transferencia sea estrictamente necesaria y proporcionada en casos concretos para la prevención o la lucha contra un delito.
2. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y Europol garantizarán que el tratamiento de datos personales con arreglo al apartado 1 esté sujeto a salvaguardias adicionales, incluidas restricciones de acceso, medidas adicionales de seguridad y restricciones en cuanto a su transferencia ulterior.

Texto oficial Artículo 80 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cada autoridad responde, según su propio Derecho, de los daños causados a una persona por errores de hecho o de derecho en la información intercambiada. Ni Europol ni las autoridades de Gibraltar podrán eludir su responsabilidad frente a la persona perjudicada alegando que la otra parte envió información inexacta. Si una parte paga una indemnización por información que la otra envió por error, o que envió sin cumplir sus obligaciones, la otra debe devolver el importe, salvo que la información se usara contraviniendo este capítulo. Ninguna de las dos podrá exigir a la otra el pago de daños punitivos o sin finalidad resarcitoria.

El artículo 102 fija la norma equivalente para Eurojust.

Una persona perjudicada por un error de hecho o de derecho en la información intercambiada según este capítulo reclama a la autoridad competente responsable «de conformidad con sus respectivos marcos jurídicos» (apartado 1). Esa autoridad no podrá defenderse diciendo que la otra parte envió información inexacta. La devolución entre Europol y la autoridad competente de Gibraltar se resuelve entre ellas (apartado 2). El artículo no dice cómo se presenta una reclamación en Gibraltar; lo deja al Derecho propio de cada parte.

1. Las autoridades competentes serán responsables, de conformidad con sus respectivos marcos jurídicos, de cualesquiera daños y perjuicios causados a personas físicas como resultado de los errores de hecho o de derecho en la información intercambiada. Ni Europol, ni las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán alegar, a fin de evitar la responsabilidad en virtud de sus respectivos marcos jurídicos con respecto a una parte perjudicada, que la otra autoridad competente ha transferido información inexacta.
2. En caso de que Europol o las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, deban pagar una indemnización por daños y perjuicios por el uso, por cualquiera de ellas, de información comunicada de forma errónea por la otra parte, o porque la otra parte no haya cumplido sus obligaciones, el importe abonado como indemnización en virtud del apartado 1, ya sea por Europol o por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, será devuelto por la otra parte, a menos que la información se utilizara contraviniendo el presente capítulo.
3. Europol y las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, no se requerirán mutuamente el pago de daños punitivos o sin finalidad resarcitoria en virtud de los apartados 1 y 2.

Texto oficial Artículo 84 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El Reino Unido, para Gibraltar, y Europol deben publicar cada uno un documento que explique, de forma inteligible, las normas sobre el tratamiento de los datos personales transferidos según este capítulo, incluido cómo pueden las personas ejercer sus derechos sobre sus datos. Cada uno debe garantizar que el otro recibe una copia. Si no las tienen ya, el Reino Unido, para Gibraltar, y Europol deben adoptar también medidas prácticas que digan cómo se harán cumplir en la práctica las normas sobre los datos. Cada uno debe enviar una copia de esas medidas al otro y a las respectivas autoridades de control (los organismos que vigilan la protección de datos).

El artículo 77, apartado 3, hace del punto de contacto nacional del Reino Unido para Europol el punto de contacto central para la revisión, corrección y eliminación de datos personales.

El apartado 1 exige un documento público, «de forma inteligible», sobre cómo se tratan los datos personales enviados según el capítulo sobre Europol y cómo pueden las personas ejercer sus derechos sobre ellos. El artículo no fija ninguna fecha para publicarlo. Las medidas prácticas sobre el cumplimiento del apartado 2 se envían a la otra parte y a las autoridades de control (los organismos que vigilan la protección de datos); el texto no exige que se publiquen. El texto no nombra la autoridad de control de Gibraltar.

1. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y Europol pondrán cada uno a disposición del público un documento en el que se indiquen de forma inteligible las disposiciones relativas al tratamiento de datos personales transferidos en virtud del presente capítulo, incluidos los medios disponibles para el ejercicio de los derechos de los interesados, y garantizarán cada uno que se proporcione al otro una copia de dicho documento.
2. Si no hay normas al respecto en vigor, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y Europol adoptarán medidas prácticas que especifiquen de qué manera se harán cumplir en la práctica las disposiciones relativas al tratamiento de datos personales. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y Europol enviarán cada uno una copia de dichas medidas prácticas al otro y a las respectivas autoridades de control.

Texto oficial Artículo 87 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La cooperación con Eurojust abarca las formas de delincuencia grave que son competencia de Eurojust y que figuran en el anexo 11, más las infracciones penales conexas: las cometidas para procurarse los medios de cometer esos delitos, para facilitarlos o perpetrarlos, o para asegurarse la impunidad por ellos. Si el Derecho de la UE cambia la lista de delitos que son competencia de Eurojust, el comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas podrá, a propuesta de la UE, modificar el anexo 11 en consecuencia, a partir de la fecha en que el cambio entre en vigor en el Derecho de la UE.

El anexo 11 contiene la lista. El artículo 89 fija el objetivo del capítulo por referencia a ella. El artículo 75 es la disposición paralela para Europol y el anexo 10.

La lista de delitos cubiertos está en el anexo 11, no en el propio artículo. Según el apartado 3, el comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas (un comité UE-Reino Unido creado por el artículo 23) podrá modificar el anexo 11 cuando el Derecho de la UE cambie la lista de delitos de los que se ocupa Eurojust. Solo podrá hacerlo a propuesta de la UE, y sus decisiones se toman de mutuo acuerdo (artículo 24, apartado 2). Las infracciones conexas (apartado 2) incluyen las cometidas para obtener los medios de cometer un delito de la lista, para ayudar a cometerlo o para asegurarse la impunidad por él.

1. La cooperación establecida en virtud del presente capítulo está relacionada con las formas de delincuencia grave que son competencia de Eurojust y que figuran en el anexo 11, incluidas las infracciones penales conexas.
2. Se entenderá por infracciones penales conexas las infracciones penales cometidas para procurarse los medios de perpetrar las formas de delincuencia grave a que se refiere el apartado 1, las infracciones penales cometidas para facilitar o perpetrar tales delitos graves o las infracciones penales cometidas para asegurarse la impunidad por ellos.
3. Cuando se modifique la lista de formas de delincuencia grave que son competencia de Eurojust en virtud del Derecho de la Unión, el Comité Especializado en Circulación de Personas podrá, a propuesta de la Unión, modificar el anexo 11 en consecuencia, a partir de la fecha en la que entre en vigor el cambio en las competencias de Eurojust.

Texto oficial Artículo 92 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El fiscal de enlace del Reino Unido en Eurojust y los asistentes del fiscal de enlace, enviados según el artículo 585, apartados 1 y 3, del Acuerdo de Comercio y Cooperación, deben facilitar la cooperación con Eurojust para Gibraltar dentro del ámbito de sus competencias. En caso necesario, los asistentes podrán sustituir al fiscal de enlace o actuar en su nombre. Sus funciones, derechos, obligaciones y costes se rigen por el acuerdo de trabajo del artículo 104. El Reino Unido debe informar a Eurojust de la naturaleza y el alcance de su función. Tienen acceso a la información contenida en «los registros de antecedentes penales nacionales o en cualquier otro registro de las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar», de acuerdo con la legislación interna aplicable a un fiscal o a una persona de competencia equivalente. El artículo no precisa más a qué registros se refiere la palabra «nacionales». Están facultados para contactar directamente con las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar. Eurojust debe considerar «inviolables» sus documentos de trabajo; el artículo no define esa palabra.

El artículo 104 es el acuerdo de trabajo, o la extensión a Gibraltar del acuerdo que el Reino Unido ya tiene con Eurojust según el Acuerdo de Comercio y Cooperación. El artículo 90, letras b) y g), define asistente y fiscal de enlace. El artículo 97 les permite participar en reuniones de Eurojust en las condiciones que fija, y el artículo 100 los convierte en el canal principal de información.

El fiscal de enlace es un fiscal que el Reino Unido asigna a Eurojust (artículo 90, letra g)). El texto no dice que el puesto lo ocupe una persona de Gibraltar. El apartado 4 da al fiscal de enlace y a sus asistentes acceso a la información contenida en «los registros de antecedentes penales nacionales o en cualquier otro registro de las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar», «de conformidad con la legislación interna en el caso de un fiscal o una persona de competencia equivalente». El apartado 5 les da la facultad de contactar directamente con las autoridades competentes del Reino Unido para Gibraltar. LN 2026/237 (la lista de notificaciones del Gobierno de Gibraltar según la sección 62, apartado 2, de la Treaty on Gibraltar and the European Union Act 2026, en vigor desde el 23 de julio de 2026) designa al fiscal general de Gibraltar (HM Attorney General for Gibraltar) como autoridad competente según el artículo 90, letra d). El apartado 6 obliga a Eurojust a considerar inviolables sus documentos de trabajo.

1. El fiscal de enlace y los asistentes del fiscal de enlace del Reino Unido para Eurojust, asignados de conformidad con el artículo 585, apartados 1 y 3, del Acuerdo de Comercio y Cooperación, facilitarán la cooperación establecida en virtud del presente capítulo, respecto a Gibraltar, dentro del ámbito de sus competencias. En caso necesario, los asistentes podrán sustituir al fiscal de enlace o actuar en su nombre.
2. Los detalles de las funciones del fiscal de enlace y de sus asistentes a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, sus derechos y obligaciones y los costes correspondientes se regirán por un acuerdo de trabajo, tal como dispone el artículo 104.
3. El Reino Unido informará a Eurojust de la naturaleza y el alcance de la función del fiscal de enlace y de sus asistentes, a que se refiere el apartado 1, para desempeñar su labor de facilitar la cooperación de conformidad con el presente capítulo.
4. El fiscal de enlace y los asistentes del fiscal de enlace a que se hace referencia en el apartado 1 tendrán acceso a la información contenida en los registros de antecedentes penales nacionales o en cualquier otro registro de las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, de conformidad con la legislación interna en el caso de un fiscal o una persona de competencia equivalente.
5. El fiscal de enlace y los asistentes del fiscal de enlace a que se refiere el apartado 1 estarán facultados para contactar directamente con las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar.
6. Los documentos de trabajo del fiscal de enlace y de los asistentes del fiscal de enlace a que se refiere el apartado 1 serán considerados inviolables por Eurojust.

Texto oficial Artículo 95 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las autoridades competentes solo podrán tratar los datos personales que pidan y reciban según el capítulo sobre Eurojust para los objetivos del capítulo (artículo 89), para los fines concretos indicados en la transferencia y dentro de las restricciones de acceso o de uso posterior que fije quien los envía. La autoridad que envía los datos debe indicar claramente, a más tardar en el momento de transferirlos, el fin o los fines concretos. Al transferirlos, podrá fijar restricciones de acceso o de uso, en términos generales o específicos, también sobre su transmisión posterior, su borrado o destrucción tras un plazo determinado o su tratamiento ulterior. Si la necesidad de una restricción se ve después de facilitar los datos, quien los envió debe informar a quien los recibe. La autoridad receptora debe respetar las restricciones.

El artículo 89 fija como objetivo la lucha contra los delitos graves del anexo 11. El artículo 101 añade la prohibición de pasar información a países de fuera de la UE sin el consentimiento de quien la facilitó; el artículo 102, la norma de responsabilidad. Compárense los artículos 78 a 80 para Europol, que añaden una obligación de eliminar los datos, una revisión a los seis meses y salvaguardias para víctimas, testigos y menores que este capítulo no repite.

Según este artículo, quien envía indica el fin y podrá fijar restricciones, y quien recibe debe respetarlas. Las restricciones que fija Eurojust obligan a la autoridad competente de Gibraltar, y las que fija la autoridad competente de Gibraltar obligan a Eurojust. El capítulo sobre Eurojust no contiene la obligación de eliminar los datos, la revisión a los seis meses ni la protección adicional para víctimas, testigos y menores de 18 años que el capítulo sobre Europol tiene en los artículos 78, apartado 3, 78, apartado 4, y 80.

1. Los datos personales solicitados y recibidos por las autoridades competentes en virtud del presente capítulo serán tratados por estas únicamente para los objetivos establecidos en el artículo 89, para los fines específicos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo y con sujeción a las restricciones de acceso o de uso ulterior a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.
2. La autoridad competente de transferencia indicará claramente, a más tardar en el momento en que transfiera los datos personales, el fin concreto para el cual se transfieren dichos datos.
3. La autoridad competente de transferencia podrá indicar, cuando transfiera datos personales, cualquier restricción en el acceso a estos o en el uso que pueda hacerse de ellos, en términos generales o específicos, incluido con respecto a su posterior transferencia, borrado o destrucción tras un determinado período, o a su tratamiento ulterior. Cuando resulte evidente, tras la transferencia de los datos personales, que tales restricciones son necesarias, la autoridad de transferencia informará de ello a la autoridad receptora.
4. La autoridad competente receptora respetará cualquier restricción de acceso o de uso posterior de los datos personales indicada por la autoridad competente de transferencia, tal y como se establece en el apartado 3.

Texto oficial Artículo 99 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cada país de la UE y el Reino Unido, para Gibraltar, deben adoptar las medidas necesarias para que todas las condenas dictadas por sus órganos jurisdiccionales penales lleven información sobre la nacionalidad o las nacionalidades de la persona condenada cuando se inscriban en su registro de antecedentes penales. La autoridad central de cada país de la UE debe informar a la autoridad central del Reino Unido, para Gibraltar, de todas las condenas dictadas por sus órganos jurisdiccionales penales contra nacionales del Reino Unido «titulares de un documento de identidad o un permiso de residencia válidos expedidos en Gibraltar», y de las modificaciones o supresiones posteriores. La autoridad central del Reino Unido, para Gibraltar, debe informar a la autoridad central de cada país de la UE de todas las condenas dictadas por sus órganos jurisdiccionales penales contra nacionales de ese país, y de las modificaciones o supresiones posteriores. Las autoridades centrales deben comunicarse esta información al menos una vez al mes. Si una autoridad central sabe que una persona condenada es nacional de dos o más países de la UE, o nacional de uno o más países de la UE y también nacional del Reino Unido titular de un documento de identidad o un permiso de residencia válidos expedidos en Gibraltar, debe enviar la información a cada uno de ellos. Esto se aplica incluso cuando la persona fue condenada en el país de la UE del que es nacional o, en el caso de un nacional del Reino Unido con ese documento o permiso, en Gibraltar. Según el artículo 108, la autoridad central del Reino Unido, para Gibraltar, es la que el Reino Unido designó y notificó según el artículo 645 del Acuerdo de Comercio y Cooperación.

El artículo 110 exige a la parte receptora almacenar lo notificado y reflejar las correcciones posteriores; el artículo 114, apartado 4, limita lo que una autoridad central podrá comunicar a países de fuera de la UE. El artículo 108 identifica como autoridades centrales las que el Reino Unido ya designó según el Acuerdo de Comercio y Cooperación; el artículo 113 y el anexo 12 fijan el canal electrónico.

Según el apartado 2, la autoridad central de un país de la UE debe notificar, al menos una vez al mes, las condenas dictadas por sus órganos jurisdiccionales a la autoridad central del Reino Unido, para Gibraltar, cuando la persona condenada es un nacional del Reino Unido titular de un documento de identidad o un permiso de residencia válidos expedidos en Gibraltar. El criterio es el documento o el permiso, no el lugar donde vive la persona. Un nacional del Reino Unido sin ese documento o permiso, y un residente de Gibraltar que no es nacional del Reino Unido, no están cubiertos por esa parte del apartado 2. En sentido contrario, la autoridad central del Reino Unido, para Gibraltar, debe notificar a cada país de la UE las condenas dictadas por sus órganos jurisdiccionales penales contra nacionales de ese país.

1. Cada Estado miembro y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, adoptarán las medidas necesarias para garantizar que todas las condenas pronunciadas por sus órganos jurisdiccionales penales vayan acompañadas, cuando se faciliten a su registro de antecedentes penales, de información sobre la nacionalidad o las nacionalidades de la persona condenada.
2. La autoridad central de cada Estado miembro informará a la autoridad central del Reino Unido, respecto a Gibraltar, de todas las condenas penales dictadas por sus órganos jurisdiccionales penales respecto de nacionales del Reino Unido titulares de un documento de identidad o un permiso de residencia válidos expedidos en Gibraltar por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, así como de las modificaciones o supresiones posteriores de la información contenida en el registro de antecedentes penales, tal como esté inscrita en este. La autoridad central del Reino Unido, respecto a Gibraltar, informará a la autoridad central de cualquier Estado miembro de todas las condenas penales dictadas por sus órganos jurisdiccionales penales respecto de los nacionales de ese Estado miembro, así como de las modificaciones o supresiones posteriores de la información contenida en el registro de antecedentes penales, tal como esté inscrita en este. Las autoridades centrales de los Estados miembros y del Reino Unido, respecto a Gibraltar, se comunicarán dicha información al menos una vez al mes.
3. Si la autoridad central de un Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, tiene conocimiento de que una persona condenada es nacional de dos o más Estados miembros, o nacional de uno o más Estados miembros y del Reino Unido titular de un documento de identidad o un permiso de residencia válidos expedidos en Gibraltar, transmitirá la información pertinente a cada uno de ellos, aun cuando la persona condenada sea nacional del Estado miembro en cuyo territorio ha sido condenada o nacional del Reino Unido titular de un documento de identidad o un permiso de residencia válidos expedidos en Gibraltar y haya sido condenada en Gibraltar.

Texto oficial Artículo 109 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Si a escala nacional se pide información del registro de antecedentes penales de un país de la UE o del Reino Unido, para Gibraltar, para un procedimiento penal contra una persona o para cualquier otro fin, la autoridad central de ese país de la UE o del Reino Unido, para Gibraltar, podrá, de acuerdo con su legislación interna, pedir a la autoridad central de otro país de la UE o del Reino Unido, para Gibraltar, información del registro de antecedentes penales de esa parte. Aparte de eso, si una persona pide a una autoridad central sus propios antecedentes penales y no es nacional de esa parte, esa autoridad central deberá pedir a la autoridad central del país de la UE de nacionalidad de la persona (o del Reino Unido, para Gibraltar, si la persona es nacional del Reino Unido) información de su registro de antecedentes penales, para poder incluir esa información en el extracto que se entrega a la persona.

El artículo 112 fija el plazo de respuesta de 20 días hábiles y la norma especial para el trabajo con niños; el artículo 114 limita los fines para los que podrán usarse los datos recibidos; el artículo 110 exige que la respuesta se base en registros actualizados. El término «proceso penal» se define en el artículo 107, letra b).

El apartado 1 cubre las solicitudes para un procedimiento penal y las solicitudes «para cualquier otro fin»; el artículo no enumera esos otros fines. Según el apartado 2, cuando un nacional de un país de la UE pide a la autoridad central del Reino Unido, para Gibraltar, sus propios antecedentes, esa autoridad central deberá pedir a la autoridad central de ese país de la UE información de su registro, para que pueda incluirse en el extracto. Cuando un nacional del Reino Unido se los pide a la autoridad central de un país de la UE, esa autoridad central deberá hacer la misma solicitud a la autoridad central del Reino Unido, para Gibraltar. La legislación interna se aplica en los dos extremos: la solicitud del apartado 1 se presenta «de conformidad con su legislación interna», y, según el artículo 112, apartado 2, una solicitud que no se hace para un procedimiento penal se responde según la legislación interna.

1. Si se necesita a escala nacional información del registro de antecedentes penales de un Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, para un procedimiento penal contra una persona o para cualquier otro fin, la autoridad central de dicho Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, según el caso, podrá presentar, de conformidad con su legislación interna, a la autoridad central de otro Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, según el caso, una solicitud de extracto de antecedentes penales e información conexa.
2. Si una persona presenta a la autoridad central de un Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, no siendo ninguno de estos su Estado de nacionalidad, una solicitud de información sobre sus propios antecedentes penales, dicha autoridad central presentará a la autoridad central del Estado miembro de nacionalidad de la persona, o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, si la persona es nacional del Reino Unido, una solicitud de extracto de antecedentes penales e información conexa para poder incluir estos en el extracto que se facilitará a la persona interesada.

Texto oficial Artículo 111 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las respuestas a las solicitudes deben enviarse lo antes posible y, en todo caso, en un plazo de 20 días hábiles desde su recepción. Las solicitudes hechas para fines distintos de un procedimiento penal se responden según la legislación interna de la parte requerida. Pero, cuando la solicitud es para contratar a alguien para actividades profesionales o voluntarias organizadas que impliquen «contactos directos y periódicos con niños», la respuesta debe incluir cualquier condena por abuso sexual o explotación sexual de menores, pornografía infantil o captación de menores con fines sexuales —incluidas la incitación, la complicidad o la tentativa de cometer esos delitos— y cualquier inhabilitación para trabajar con menores derivada de esas condenas.

Las solicitudes son las del artículo 111; después, el artículo 114, apartado 2, limita cómo podrá usarse la respuesta, dentro de los límites que la autoridad requerida indica en el formulario del anexo 12. El artículo 110, apartado 3, exige que la respuesta se base en registros actualizados.

El plazo de 20 días hábiles del apartado 1 se aplica a la autoridad central del Reino Unido, para Gibraltar, y a la autoridad central de cada país de la UE. El apartado 3 se aplica «No obstante lo dispuesto en el apartado 2», así que prevalece sobre la norma general de que las demás solicitudes no penales se responden según la legislación interna. Para la contratación en actividades profesionales o voluntarias organizadas que impliquen contactos directos y periódicos con niños, la respuesta debe incluir información sobre la existencia de condenas por los delitos sexuales contra menores enumerados y sobre cualquier inhabilitación para trabajar con menores derivada de ellas.

1. Las respuestas a las solicitudes de información serán transmitidas por la autoridad central requerida de un Estado miembro y del Reino Unido, respecto a Gibraltar, a la autoridad central requirente de un Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, lo antes posible y en cualquier caso dentro de un plazo de veinte días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud.
2. La autoridad central de cada Estado miembro y del Reino Unido, respecto a Gibraltar, responderá a las solicitudes formuladas con fines distintos de los de un procedimiento penal de conformidad con su legislación interna.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, al responder a las solicitudes formuladas con fines de contratación para actividades profesionales o voluntarias organizadas que impliquen contactos directos y periódicos con niños, los Estados miembros y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, incluirán información sobre la existencia de condenas penales por delitos relacionados con el abuso sexual o la explotación sexual de menores, la pornografía infantil, la captación de menores con fines sexuales, incluida la incitación, la complicidad o la tentativa de cometer cualquiera de estos delitos, así como información sobre la existencia de cualquier inhabilitación para el ejercicio de actividades que impliquen contactos directos y periódicos con menores derivada de esas condenas penales.

Texto oficial Artículo 112 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cada país de la UE y el Reino Unido, para Gibraltar, podrán usar los datos personales recibidos en respuesta a su solicitud según el artículo 112 solo para el fin para el que los pidieron. Si la solicitud tenía un fin distinto de un procedimiento penal, los datos podrán usarse, según la legislación interna, solo dentro de los límites que la autoridad central requerida fija en el formulario del capítulo 2 del anexo 12. A pesar de esas dos normas, los datos también podrán usarse para prevenir «una amenaza inminente y grave para la seguridad pública». Cada país de la UE y el Reino Unido, para Gibraltar, deben garantizar que su autoridad central no revele datos personales notificados según el artículo 109 a autoridades de países de fuera de la UE, salvo que se cumplan todas estas condiciones: a) los datos se revelan solo caso por caso; b) las funciones de las autoridades que los reciben están directamente relacionadas con el fin para el que se revelan; c) revelarlos es necesario para un procedimiento penal, para otros fines o para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública; d) el país de fuera de la UE podrá usar los datos solo para el fin solicitado y dentro de los límites que fijó la parte que los notificó según el artículo 109; y e) la autoridad central ha evaluado todas las circunstancias y ha concluido que hay garantías adecuadas. El artículo no se aplica a los datos personales que un país de la UE o el Reino Unido, para Gibraltar, obtuvo según este capítulo y que proceden de esa misma parte.

Las respuestas del artículo 112 son los datos que regulan los apartados 1 a 3; las notificaciones del artículo 109 son lo que regula el apartado 4. El formulario para indicar los límites está en el capítulo 2 del anexo 12.

Según los apartados 1 y 2, la parte que pide los datos queda obligada por el fin que indicó y, en las solicitudes que no se hacen para un procedimiento penal, por los límites que la autoridad central requerida escribe en el formulario del anexo 12. El apartado 3 permite usarlos más allá de ese fin «para prevenir una amenaza inminente y grave para la seguridad pública»; el texto no define más esas palabras. Según el apartado 4, los datos notificados según el artículo 109 solo podrán revelarse a autoridades de países de fuera de la UE si se cumplen las cinco condiciones de las letras a) a e). Según el apartado 5, el artículo no se aplica a los datos que proceden de la misma parte que los recibe.

1. Cada Estado miembro y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrá utilizar los datos personales recibidos en respuesta a su solicitud con arreglo al artículo 112 únicamente para los fines para los que hayan sido solicitados.
2. Si se solicitó la información para cualquier otro fin no relacionado con procedimientos penales, el Estado miembro o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán utilizar los datos personales recibidos en virtud del artículo 112 de conformidad con su legislación interna únicamente dentro de los límites especificados por la autoridad central requerida en el formulario establecido en el capítulo 2 del anexo 12.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, los datos personales facilitados por una autoridad central requerida en respuesta a una solicitud con arreglo al artículo 112 formulada por la autoridad central de un Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán ser utilizados por dicho Estado miembro o por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, para prevenir una amenaza inminente y grave para la seguridad pública.
4. Cada Estado miembro y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, garantizarán que sus autoridades centrales no revelen datos personales notificados en virtud del artículo 109 a las autoridades de terceros países, salvo que se cumplan las siguientes condiciones:
a) los datos personales se revelan solamente caso por caso;
b) los datos personales se revelan a autoridades cuyas funciones están directamente relacionadas con los fines para los que se revelan los datos personales en virtud de la letra c);
c) los datos personales solo se revelan si es necesario:
i) con fines relacionados con procedimientos penales;
ii) para cualquier otro fin que no esté relacionado con procedimientos penales; o iii) para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública;
d) los datos personales podrán ser utilizados por el tercer país requirente únicamente para los fines para los que se solicitó la información y dentro de los límites especificados por el Estado miembro o por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, según el caso, que notificó los datos personales con arreglo al artículo 109; y
e) los datos personales solo se revelan si la autoridad central, tras haber evaluado todas las circunstancias que rodean la transferencia de los datos personales al tercer país, concluye que se dan las garantías adecuadas para proteger los datos personales.
5. El presente artículo no se aplicará a los datos personales obtenidos por un Estado miembro o por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, según el caso, al amparo del presente capítulo y que procedan de dicho Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, según el caso.

Texto oficial Artículo 114 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Podrá dictarse una orden de detención por hechos que la legislación de la parte emisora castigue con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos 12 meses o, cuando ya se haya dictado sentencia o impuesto una medida de seguridad, por penas o medidas de seguridad de al menos cuatro meses. (La parte emisora es la que dicta la orden; la parte de ejecución es aquella a la que se pide detener y entregar a la persona). Salvo lo que dicen los apartados 3 y 4, la entrega podrá supeditarse a la «doble tipificación»: que los hechos también sean delito según la legislación de la parte de ejecución, sea cual sea la calificación o los elementos de ese delito. Según el apartado 3, las autoridades competentes de la parte de ejecución no deben negarse a ejecutar una orden por dos tipos de conducta castigados con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos 12 meses: a) contribuir de forma intencionada, sabiendo que eso ayudará a las actividades delictivas del grupo, a que un grupo que actúa con un fin común cometa delitos de terrorismo de los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, o delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, asesinato, agresión con lesiones graves, secuestro, detención ilegal, toma de rehenes o violación, aunque no se participe en el delito mismo; y b) el terrorismo, tal como se define en el anexo 13. Esto queda condicionado a lo que dicen el artículo 119, el artículo 120, apartado 1, letras b) a h), y los artículos 121, 122 y 123. Según el apartado 4, la UE (en nombre de cualquier país de la UE) y el Reino Unido (para Gibraltar) podrán notificar cada uno al comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas que, sobre una base de reciprocidad, no se aplicará la doble tipificación. Esto cubre los 33 tipos de delito que enumera el apartado 5, según los defina la legislación de la parte emisora, cuando la parte emisora castigue el delito con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos tres años.

La norma del apartado 3, que impide negarse a ejecutar la orden, sigue cediendo ante los motivos obligatorios del artículo 119, los motivos facultativos del artículo 120, apartado 1, letras b) a h), la norma sobre el delito político del artículo 121, la excepción de la nacionalidad del artículo 122 y las garantías del artículo 123. El artículo 120, apartado 1, letra a), es el motivo de denegación que hace cumplir la condición de doble tipificación del apartado 2. El anexo 13 define el terrorismo; el artículo 149 regula la revisión de la notificación del apartado 4.

Los umbrales del apartado 1 fijan la gravedad mínima de los hechos para dictar una orden de detención. LN 2026/237 (la lista de notificaciones del Gobierno de Gibraltar según la sección 62, apartado 2, de la Treaty on Gibraltar and the European Union Act 2026, en vigor desde el 23 de julio de 2026) recoge una notificación del Reino Unido, para Gibraltar, según el artículo 118, apartado 4: sobre una base de reciprocidad, no se aplicará la doble tipificación cuando se cumplan las condiciones del artículo 118, apartado 4, letras a) y b). Los textos que hemos consultado no muestran para qué países de la UE ha hecho la UE la misma notificación. Cuando se cumple la condición de reciprocidad, la entrega por un delito de la lista no depende de que los hechos sean delito según la legislación de la parte donde está detenida la persona. Según el apartado 4, letra a), cada delito de la lista se entiende «según su definición en la legislación del Estado miembro emisor o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor».

1. Se podrá dictar una orden de detención por hechos castigados por la legislación del Estado miembro emisor o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos doce meses o, cuando se haya dictado sentencia o se haya señalado una medida de seguridad privativa de libertad, para penas o medidas de seguridad privativas de libertad no inferiores a cuatro meses.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4, la entrega podrá supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la orden de detención sean constitutivos de delito con arreglo a la legislación del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación.
3. Condicionado a lo dispuesto en el artículo 119, en el artículo 120, apartado 1, letras b) a h), y en los artículos 121, 122 y 123, ni las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, ni el Estado miembro de ejecución se negarán a ejecutar una orden de detención dictada en relación con las siguientes conductas cuando estas se castiguen con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos doce meses:
a) el comportamiento de cualquier persona que contribuya a que un grupo de personas que actúe con un fin común cometa uno o varios delitos en el ámbito del terrorismo contemplados en los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1977, o en relación con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o el asesinato, la agresión con lesiones graves, el secuestro, la detención ilegal, la toma de rehenes o la violación, incluso cuando dicha persona no participe en la ejecución efectiva del delito o los delitos de que se trate; dicha contribución debe ser intencional y realizarse con el conocimiento de que su participación contribuirá a la realización de las actividades delictivas del grupo; o
b) el terrorismo, tal y como se define en el anexo 13.
4. La Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán notificar al Comité Especializado en Circulación de Personas que, sobre una base de reciprocidad, la condición de doble tipificación a que se refiere el apartado 2 no se aplicará, siempre que el delito que dio lugar a la orden sea:
a) uno de los delitos enumerados en el apartado 5, según su definición en la legislación del Estado miembro emisor o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor; y
b) castigado en el Estado miembro emisor o en el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un período máximo de al menos tres años.
5. Los delitos a que se refiere el apartado 4 son los siguientes:
a) pertenencia a una organización delictiva;
b) terrorismo, tal y como se define en el anexo 13;
c) trata de seres humanos;
d) explotación sexual de menores y pornografía infantil;
e) tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;
f) tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos;
g) corrupción, incluido el soborno;
h) fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de la Unión, del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o de un Estado miembro;
i) blanqueo del producto del delito;
j) falsificación de moneda;
k) delitos informáticos;
l) delitos contra el medio ambiente, en particular, el tráfico ilícito de especies animales y vegetales y variedades vegetales en peligro de extinción;
m) ayuda a la entrada y a residencia en situación ilegal;
n) asesinato;
o) agresión con lesiones graves;
p) tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos;
q) secuestro, retención ilegal y toma de rehenes;
r) racismo y xenofobia;
s) robos organizados o a mano armada;
t) tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y obras de arte;
u) estafa;
v) chantaje y extorsión;
w) falsificación y piratería;
x) falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos administrativos falsos;
y) falsificación de medios de pago;
z) tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento;
aa) tráfico ilícito de materiales nucleares y radiactivos;
bb) tráfico de vehículos robados;
cc) violación;
dd) incendio doloso;
ee) delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional;
ff) secuestro de aeronaves, buques o vehículos espaciales; y gg) sabotaje.

Texto oficial Artículo 118 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Hay tres motivos por los que debe denegarse la ejecución de la orden. Primero, el delito está cubierto por una amnistía en la parte de ejecución, cuando las autoridades competentes de esa parte tenían jurisdicción para enjuiciarlo según su legislación penal. Segundo, la autoridad judicial de ejecución es informada de que la persona ha sido juzgada en sentencia firme por los mismos hechos por un país de la UE, por el Reino Unido o por el Reino Unido, para Gibraltar, siempre que, si se impuso una pena, esta se haya ejecutado, se esté ejecutando o ya no pueda ejecutarse según la legislación de la parte que dictó la condena. Tercero, la persona, por razón de su edad, no puede ser considerada responsable penalmente de los hechos según la legislación de la parte de ejecución.

Remiten a él el artículo 118, apartado 3, cuya norma que impide negarse a ejecutar la orden por terrorismo y por delitos de grupo sigue cediendo ante estos motivos, y los artículos 144, apartado 5, y 145, apartado 4, letra d), según los cuales debe denegarse por los mismos motivos el consentimiento para enjuiciar por otros delitos o para una entrega posterior. El artículo 120 recoge los motivos por los que la denegación es facultativa.

El artículo 119 fija los motivos por los que debe denegarse la ejecución; el artículo 120 fija aquellos por los que podrá denegarse. Según la letra b), una sentencia firme sobre los mismos hechos dictada por un país de la UE, por el Reino Unido o por el Reino Unido, para Gibraltar, es motivo de denegación, siempre que cualquier pena se haya ejecutado, se esté ejecutando o ya no pueda ejecutarse. Según la letra c), cuando Gibraltar es la parte de ejecución, la edad de responsabilidad penal es la que fija la legislación de Gibraltar. La nacionalidad no es uno de los motivos del artículo 119. El artículo 122 trata de la denegación por motivo de nacionalidad. Según el artículo 120, apartado 1, letra f), en una orden dictada para ejecutar una pena, ser nacional del país de la UE de ejecución (o, cuando ejecuta Gibraltar, ser nacional del Reino Unido con un documento de identidad o un permiso de residencia válidos expedidos en Gibraltar) es uno de los vínculos que pueden justificar una denegación facultativa.

La ejecución de la orden de detención se denegará:
a) si el delito en el que se basa la orden de detención está cubierto por una amnistía en el Estado miembro de ejecución o en el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, en los casos en que las autoridades competentes de dicho Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, tuvieran jurisdicción para enjuiciar el delito con arreglo a la legislación penal del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución;
b) cuando de la información de que disponga la autoridad judicial de ejecución se desprenda que la persona buscada ha sido juzgada en sentencia firme por un Estado miembro, por el Reino Unido o por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, por los mismos hechos, siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada, esté en curso de ejecución o ya no pueda ejecutarse con arreglo a la legislación del Estado miembro por el que la persona buscada haya sido condenada, o del Reino Unido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, en caso de que la persona buscada haya sido condenada por cualquiera de ellos; o
c) cuando la persona que sea objeto de la orden de detención aún no pueda ser, por razón de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en que se base dicha orden, con arreglo a la legislación del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución.

Texto oficial Artículo 119 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Según el apartado 1, la ejecución de la orden podrá denegarse por nueve motivos: a) el hecho no es delito según la legislación de la parte de ejecución (en los casos del artículo 118, apartado 2); pero, en materia de impuestos, derechos, aduanas y tipo de cambio, no se permite denegarla solo porque la parte de ejecución no tenga el mismo tipo de impuesto o de normas; b) la parte de ejecución está enjuiciando a la persona por el mismo hecho; c) las autoridades judiciales de la parte de ejecución han decidido no ejercer la acción penal o suspender el procedimiento, o se ha dictado en un país de la UE o en el Reino Unido, para Gibraltar, una sentencia firme sobre los mismos hechos que impide continuar el procedimiento; d) el delito o la pena han prescrito según la legislación de la parte de ejecución y los hechos son de su competencia según su propia legislación penal; e) la autoridad judicial de ejecución es informada de que un tercer país o el Reino Unido ha juzgado a la persona en sentencia firme por los mismos hechos, siempre que cualquier pena se haya ejecutado, se esté ejecutando o ya no pueda ejecutarse; f) la orden es para ejecutar una pena o una medida de seguridad privativas de libertad y la persona habita en el país de la UE de ejecución, es nacional de él o reside en él, o, cuando ejecuta Gibraltar, es nacional del Reino Unido con un documento de identidad o un permiso de residencia válidos expedidos en Gibraltar o habita o reside en Gibraltar, y una autoridad competente de la parte de ejecución se compromete a ejecutar la pena o la medida según su legislación interna; cuando hace falta el consentimiento de la persona para ese traslado de la pena o la medida, la denegación solo podrá producirse después de que la persona dé su consentimiento; g) la legislación de la parte de ejecución considera los delitos cometidos total o parcialmente en su territorio (en Gibraltar, cuando ejecuta Gibraltar) o en un lugar asimilado, o los delitos se cometieron fuera del territorio de la parte emisora y la legislación de la parte de ejecución no permite enjuiciar los mismos delitos cometidos fuera de su propio territorio; h) hay motivos, basados en elementos objetivos, para creer que la orden se dictó para enjuiciar o castigar a la persona por su sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual, o que su situación puede resultar perjudicada por cualquiera de esas razones; i) la orden es para ejecutar una pena o una medida de seguridad privativas de libertad impuesta en un juicio al que la persona no asistió en persona, salvo que la orden indique que, según otros requisitos procesales de la legislación interna de la parte emisora, se cumple una de las condiciones de la letra i), incisos i) a iv) (por ejemplo, la persona fue citada en persona, la defendió un letrado al que dio mandato o se le ofrecerá un nuevo juicio o un recurso). Los apartados 2 y 3 se aplican cuando la orden se basa en la letra i), inciso iv), es decir, cuando no se notificó la resolución a la persona personalmente. Según el apartado 2, si esa persona no había recibido antes ninguna información oficial sobre la existencia del proceso penal contra ella, podrá pedir, cuando se le informe del contenido de la orden, una copia de la sentencia antes de la entrega. La autoridad emisora debe facilitársela a través de la autoridad de ejecución inmediatamente después de ser informada de la petición. La petición no debe retrasar el procedimiento de entrega ni la decisión de ejecutar la orden. La copia es solo informativa: no es una notificación formal de la sentencia ni hace empezar ningún plazo para pedir un nuevo juicio o recurrir. Según el apartado 3, si una persona entregada en ese caso ha pedido un nuevo juicio o ha recurrido, su detención mientras espera debe revisarse según la legislación interna de la parte emisora, de forma periódica o a petición suya, hasta que termine ese procedimiento. La revisión debe incluir, en particular, la posibilidad de suspender o interrumpir la detención. El nuevo juicio o el recurso debe empezar en un plazo adecuado tras la entrega.

El artículo 118, apartado 2, es la condición de doble tipificación que hace cumplir el motivo a). El artículo 118, apartado 3, somete a las letras b) a h) del apartado 1 su norma que impide negarse a ejecutar la orden por terrorismo y por la conducta de grupo que describe; no menciona las letras a) ni i). El artículo 123, apartado 1, letra b), está ligado al motivo f): cuando la orden es para enjuiciar a la persona y ejecuta Gibraltar, la entrega de un nacional del Reino Unido o de una persona residente en Gibraltar podrá quedar sujeta a la condición de que la persona, después de ser oída, sea devuelta a Gibraltar para cumplir cualquier pena o medida de seguridad privativas de libertad.

Según el motivo de la letra f), cuando la orden de un país de la UE tiene por objeto ejecutar una pena y la persona es nacional del Reino Unido con un carné de identidad o un permiso de residencia de Gibraltar válidos, o se encuentra en Gibraltar o reside allí, la ejecución podrá denegarse si una autoridad competente de Gibraltar se compromete a ejecutar la pena según la legislación de Gibraltar. Cuando quien ejecuta la orden es un país de la UE, el criterio es que la persona se encuentre en ese país, sea nacional de él o resida en él. El criterio para Gibraltar nombra a los nacionales del Reino Unido con carné o permiso de Gibraltar, no a los nacionales del Reino Unido en general. Cada motivo del apartado 1 dice «podrá denegarse»: la denegación se permite, pero no se exige. LN 2026/237 (la lista de notificaciones del Gobierno de Gibraltar según la sección 62, apartado 2, de la Treaty on Gibraltar and the European Union Act 2026, en vigor desde el 23 de julio de 2026) designa al tribunal de magistrados (Magistrates' Court) como autoridad judicial de ejecución y autoridad judicial emisora de Gibraltar.

1. La ejecución de la orden de detención podrá denegarse:
a) cuando, en uno de los casos a que se refiere el artículo 118, apartado 2, el hecho en el que se base la orden de detención no constituya un delito con arreglo a la legislación del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución; no obstante, en materia de impuestos o derechos, aduanas y tipo de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la orden de detención alegando que la legislación del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, no impone el mismo tipo de impuestos o derechos o no contiene el mismo tipo de normas en materia de impuestos, derechos, aduanas o tipo de cambio que la legislación del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, o del Estado miembro emisor;
b) cuando la persona que sea objeto de la orden de detención esté sometida a un procedimiento penal en el Estado miembro de ejecución o en el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, por el mismo hecho en el que se basa la orden de detención;
c) cuando las autoridades judiciales del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, hayan decidido, o bien no incoar una acción penal por el delito en el que se basa de la orden de detención, o bien suspender el procedimiento, o cuando sobre la persona buscada pese en un Estado miembro o en el Reino Unido, respecto a Gibraltar, una sentencia firme que obstaculice la continuación del procedimiento por los mismos hechos;
d) cuando haya prescrito el delito o la pena de la persona buscada con arreglo a la legislación del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, y los hechos sean competencia de dicho Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, en virtud de su propia legislación penal;
e) cuando se informe a la autoridad judicial de ejecución de que la persona buscada ha sido juzgada en sentencia firme por los mismos hechos por un tercer país o por el Reino Unido siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución, o ya no pueda ejecutarse en virtud de la legislación del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea quien haya declarado la condena, o el Estado miembro que haya declarado la condena;
f) cuando la orden de detención haya sido emitida a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad y:
i) cuando el agente de ejecución sea un Estado miembro, la persona buscada sea nacional o residente de dicho Estado miembro o habite en él; o ii) cuando el agente de ejecución sea el Reino Unido, respecto a Gibraltar, la persona buscada sea nacional del Reino Unido y titular de un documento de identidad o un permiso de residencia válidos expedidos en Gibraltar por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o sea una persona que habite o resida en Gibraltar, y una autoridad competente de dicho Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, se comprometa a ejecutar la pena o la medida de seguridad privativa de libertad de conformidad con la legislación interna del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución; cuando se requiera el consentimiento de la persona buscada para el traslado de la pena o la medida de seguridad privativa de libertad al Estado miembro de ejecución o al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, solo podrán negarse a ejecutar la orden de detención una vez que la persona buscada haya dado su consentimiento al traslado de la pena o la medida de seguridad privativa de libertad;
g) cuando la orden de detención contemple delitos que:
i) la legislación del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, considere cometidos total o parcialmente en el Estado miembro de ejecución o en Gibraltar cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sea el agente de ejecución, o en un lugar asimilado a estos; o ii) se hayan cometido fuera del Estado miembro emisor o de Gibraltar cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sea el agente emisor, y la legislación del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, o del Estado miembro de ejecución no permita el enjuiciamiento por los mismos delitos si se cometieron fuera de su territorio;
h) cuando existan motivos objetivos para creer que la mencionada orden de detención se ha dictado con el fin de enjuiciar o sancionar a una persona debido a su sexo, origen racial o étnico, religión, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual, o que la situación de dicha persona puede resultar perjudicada por cualquiera de estas razones;
i) cuando la orden de detención haya sido emitida a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad y la persona buscada no haya comparecido en el juicio del que derive la resolución, a menos que en la orden de detención conste, con arreglo a otros requisitos procesales definidos en la legislación interna del Estado miembro emisor, o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, que la persona:
i) con suficiente antelación:
A) bien fue citada en persona e informada así de la fecha y el lugar previstos para el juicio del que deriva la resolución, o bien recibió efectivamente por otros medios información oficial de la fecha y el lugar previstos para el juicio, de manera que pueda establecerse inequívocamente que la persona tenía conocimiento de la fecha y el lugar previstos para el juicio;
y
B) fue informada de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia;
o ii) teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, dio mandato a un letrado, bien designado por la persona afectada o por una autoridad competente del Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, para que la defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendida por dicho letrado en el juicio;
o iii) tras serle notificada la resolución y ser informada expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial:
A) indicó expresamente que no impugnaba la resolución;
o
B) no solicitó un nuevo juicio ni interpuso un recurso dentro del plazo establecido;
o iv) no se le notificó personalmente la resolución, pero:
A) se le notificará sin demora tras la entrega y se le informará expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial;
y
B) se le informará del plazo en el que deberá solicitar el nuevo juicio o interponer el recurso, tal como conste en la correspondiente orden de detención.
2. Cuando la orden de detención se emita a efectos de ejecutar una pena o una medida de seguridad privativas de libertad con arreglo a las condiciones del apartado 1, letra i), inciso iv), y la persona afectada no haya recibido con anterioridad una información oficial sobre la existencia de una acción penal contra ella, dicha persona, al ser informada del contenido de la orden de detención, podrá solicitar recibir una copia de la sentencia antes de ser entregada. Inmediatamente después de haber sido informada sobre la petición, la autoridad emisora proporcionará a la persona afectada la copia de la sentencia a través de la autoridad de ejecución. La solicitud de la persona afectada no deberá demorar el procedimiento de entrega ni la decisión de ejecutar una orden de detención. La entrega de la sentencia a la persona afectada se hará con fines puramente informativos; no se considerará una notificación formal de la sentencia ni servirá para establecer plazos a efectos de solicitar un nuevo juicio o interponer un recurso.
3. En caso de que una persona sea entregada en las condiciones establecidas en el apartado 1, letra i), inciso iv), y haya solicitado un nuevo juicio o haya interpuesto un recurso, hasta que concluya el procedimiento, se revisará la detención de dicha persona que aguarda dicho nuevo juicio o recurso, de conformidad con la legislación interna del Estado miembro emisor o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, ya sea de forma periódica o a petición de la persona afectada. Dicha revisión incluirá, en particular, la posibilidad de suspensión o interrupción de la detención. El nuevo juicio o el recurso comenzará en el plazo debido tras la detención.

Texto oficial Artículo 120 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La ejecución de una orden de detención no podrá denegarse porque las autoridades competentes de la parte de ejecución consideren el delito como político, relacionado con un delito político o inspirado por motivos políticos. Pero el Reino Unido (para Gibraltar) y la UE (en nombre de cualquier país de la UE) podrán notificar cada uno al comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas que esta norma se aplicará solo a: los delitos de terrorismo de los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo; la conspiración o asociación para cometer esos delitos, cuando corresponda a la conducta de grupo descrita en el artículo 118, apartado 3; y el terrorismo tal como se define en el anexo 13. Cuando una orden la dicta una parte respecto de la cual se ha hecho esa notificación, la parte de ejecución podrá aplicar la reciprocidad.

El artículo 118, apartado 3, describe la conducta delictiva de grupo a la que se refiere la notificación; el anexo 13 define el terrorismo. El artículo 149 obliga a las Partes a estudiar, en la revisión conjunta del artículo 330, si deben mantenerse las notificaciones del apartado 2. Los artículos 144, apartado 5, y 145, apartado 4, letra d), incluyen el artículo 121, apartado 2, entre los motivos por los que la autoridad judicial de ejecución podrá denegar el consentimiento para enjuiciar por otros delitos o para una entrega posterior.

Según el apartado 1, una orden de detención no podrá denegarse porque el delito se considere político. LN 2026/237 (la lista de notificaciones del Gobierno de Gibraltar según la sección 62, apartado 2, de la Treaty on Gibraltar and the European Union Act 2026, en vigor desde el 23 de julio de 2026) recoge que el Reino Unido, para Gibraltar, no hace ninguna notificación según el artículo 121, apartado 2. Los textos que hemos consultado no muestran si la UE ha hecho esa notificación en nombre de algún país de la UE. Además, el artículo 120, apartado 1, letra h), permite denegar la orden cuando haya motivos, basados en elementos objetivos, para creer que se dictó para perseguir o castigar a una persona por sus opiniones políticas, entre otros motivos.

1. La ejecución de una orden de detención no podrá denegarse porque las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, puedan considerar el delito como un delito político, relacionado con un delito político o inspirado por motivos políticos.
2. No obstante, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Circulación de Personas que el apartado 1 se aplicará únicamente en relación con:
a) los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo;
b) los delitos de conspiración o asociación para cometer uno o varios de los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, siempre que dichos delitos de conspiración o asociación correspondan a la descripción de las conductas a que se refiere el artículo 118, apartado 3, del presente Acuerdo; y
c) el terrorismo, tal y como se define en el anexo 13.
3. Cuando una orden de detención haya sido emitida por un Estado miembro en cuyo nombre se haya realizado la notificación a que se refiere el apartado 2, o cuando una orden de detención haya sido emitida por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y este Estado haya realizado dicha notificación, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, o el Estado miembro de ejecución podrán aplicar la reciprocidad.

Texto oficial Artículo 121 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La ejecución de una orden de detención no podrá denegarse porque la persona buscada sea nacional del país de la UE de ejecución o, cuando Gibraltar es la parte de ejecución, nacional del Reino Unido. Pero el Reino Unido (para Gibraltar) y la UE (en nombre de cualquier país de la UE) podrán notificar cada uno al comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas que sus propios nacionales no serán entregados, o que solo lo serán con condiciones especificadas. La notificación debe basarse en motivos relacionados con los principios o prácticas fundamentales de su ordenamiento jurídico. La otra parte podrá entonces notificar, en un plazo razonable, que sus propias autoridades judiciales de ejecución podrán negarse a entregar a sus nacionales a esa parte, o entregarlos solo con condiciones especificadas. Cuando se deniega la entrega por una de esas notificaciones, las autoridades competentes de la parte que la deniega deben estudiar si inician contra la persona un procedimiento que corresponda al objeto de la orden, teniendo en cuenta las opiniones de la parte emisora. Si una autoridad judicial decide no iniciar el procedimiento, la víctima podrá recibir información sobre esa decisión según la legislación interna aplicable. Cuando se inicia el procedimiento, las autoridades competentes podrán adoptar las medidas adecuadas para ayudar a las víctimas y a los testigos que viven en otro lugar, tal como establece el apartado 4, letras a) y b).

El artículo 68, apartados 3 y 4, fija cuándo debe hacerse una notificación según el apartado 2: a la entrada en vigor o, a más tardar, dos meses después (el artículo 336, apartado 4, trata la fecha de aplicación provisional como fecha de entrada en vigor). El artículo 68, apartado 8, permite retirar la notificación en cualquier momento. El artículo 149 dice que las notificaciones según este artículo «solo podrán renovarse o hacerse por primera vez durante los tres meses anteriores al cuarto aniversario de la entrada en vigor del presente Acuerdo y, posteriormente, cada cinco años a partir de entonces»; la que no se renueva expira cuatro años después de la entrada en vigor o cuando termina la revisión conjunta del artículo 330, lo que ocurra más tarde. El artículo 142, apartados 2 y 3, permite a una parte que ha hecho la notificación denegar el tránsito de sus propios nacionales en las mismas condiciones. La propia orden usa el formulario del anexo 14.

Según el apartado 1, la autoridad judicial de ejecución de Gibraltar no podrá negarse a entregar a un nacional del Reino Unido a un país de la UE por razón de su nacionalidad, salvo que el Reino Unido, para Gibraltar, haya hecho la notificación del apartado 2. LN 2026/237 (la lista de notificaciones del Gobierno de Gibraltar según la sección 62, apartado 2, de la Treaty on Gibraltar and the European Union Act 2026, en vigor desde el 23 de julio de 2026) recoge que el Reino Unido, para Gibraltar, no hace ninguna notificación según el artículo 122, apartado 2, y designa al tribunal de magistrados (Magistrates' Court) como autoridad judicial de ejecución. El artículo 68, apartado 4, fija como último día para las notificaciones que no se hayan hecho en la fecha de entrada en vigor el día en que se cumplen dos meses desde esa fecha. Según el artículo 149, una notificación según el artículo 122, apartado 2, solo podrá hacerse por primera vez en los tres meses anteriores al cuarto aniversario de la entrada en vigor, y después cada cinco años. Los textos que hemos consultado no muestran si la UE ha hecho esa notificación en nombre de algún país de la UE.

1. La ejecución de una orden de detención no podrá denegarse alegando que la persona buscada es nacional del Estado miembro de ejecución o, cuando el agente de ejecución sea el Reino Unido, respecto a Gibraltar, nacional del Reino Unido.
2. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Circulación de Personas que los propios nacionales del Reino Unido o los propios nacionales de dicho Estado miembro, según el caso, no serán entregados o que su entrega se autorizará únicamente con arreglo a determinadas condiciones especificadas. La notificación se basará en motivos relacionados con los principios o prácticas fundamentales de la legislación interna del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o del Estado miembro en cuyo nombre se haya realizado la notificación. En tal caso, la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, según corresponda, podrán notificar al Comité Especializado en Circulación de Personas, en un plazo razonable tras la recepción de la notificación de la otra Parte, que las autoridades judiciales de ejecución del Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, según corresponda, podrán negarse a entregar a sus propios nacionales, conforme a lo mencionado en el apartado 1, a dicho Estado miembro o al Reino Unido, respecto a Gibraltar, o que la entrega se autorizará únicamente con arreglo a determinadas condiciones especificadas.
3. En caso de que un Estado miembro o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, se haya negado a ejecutar una orden de detención alegando que, en el caso del Reino Unido, respecto a Gibraltar, el Reino Unido ha realizado una notificación o, en el caso de un Estado miembro, la Unión ha realizado una notificación en su nombre, tal como se contempla en el apartado 2, las autoridades competentes de dicho Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, considerarán la posibilidad de iniciar un procedimiento contra el nacional del Reino Unido o del Estado miembro, según el caso, que sea acorde con el objeto de la orden de detención, teniendo en cuenta las opiniones de las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, o del Estado miembro emisor. Cuando una autoridad judicial decida no iniciar dicho procedimiento, la víctima del delito en el que se basa la orden de detención podrá recibir información sobre la resolución, de conformidad con la legislación interna aplicable.
4. Cuando, de conformidad con el apartado 3, las autoridades competentes de un Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, inicien un procedimiento contra los propios nacionales a que se refiere el apartado 1, las autoridades competentes de dicho Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán adoptar las medidas adecuadas para asistir a las víctimas y a los testigos, en particular, en lo que se refiere al desarrollo del procedimiento, en las siguientes circunstancias:
a) se ejerciten acciones en un Estado miembro, si se trata de personas residentes en el Reino Unido o en Gibraltar o en otro Estado miembro;
b) se ejerciten acciones en el Reino Unido, respecto a Gibraltar, si se trata de residentes en un Estado miembro.

Texto oficial Artículo 122 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Hay tres garantías a las que la parte de ejecución podrá supeditar la ejecución de la orden. Primera: si el delito está castigado en la parte emisora con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad a perpetuidad, las autoridades competentes de la parte de ejecución podrán exigir a las autoridades competentes de la parte emisora una garantía, que consideren suficiente, de que la pena o la medida se revisará previa petición o, a más tardar, al cabo de 20 años, o de que favorecerán las medidas de clemencia a las que la persona tenga derecho a acogerse según la legislación o la práctica de la parte emisora. Segunda: si la orden es para enjuiciar a la persona y esta es nacional o residente del país de la UE de ejecución (o, cuando ejecuta Gibraltar, nacional del Reino Unido o residente en Gibraltar), la entrega podrá supeditarse a la condición de que la persona, tras ser oída, sea devuelta para cumplir allí cualquier pena o medida de seguridad privativas de libertad impuesta en la parte emisora; cuando hace falta el consentimiento de la persona para ese traslado, la garantía de devolución depende de que la persona, tras ser oída, dé su consentimiento. Tercera: cuando hay motivos fundados para creer que existe un riesgo real para los derechos fundamentales de la persona, la autoridad judicial de ejecución podrá exigir, cuando proceda, garantías adicionales sobre el trato que recibirá tras la entrega, antes de decidir si ejecuta la orden. El comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas está facultado para adoptar cualquier cambio de este artículo que haga falta para reflejar los cambios introducidos en el Acuerdo de Comercio y Cooperación.

El artículo 118, apartado 3, somete a estas garantías la norma que impide negarse a ejecutar la orden por terrorismo y por conducta de grupo. Los artículos 144, apartado 5, y 145, apartado 5, obligan a la parte emisora a darlas cuando pide el consentimiento para enjuiciar a la persona por otros delitos o para entregarla a otro Estado. El artículo 120, apartado 1, letra f), trata de las penas ya impuestas. El Acuerdo de Comercio y Cooperación es el acuerdo entre la UE y el Reino Unido; el apartado 2 permite modificar este artículo para reflejar los cambios en ese acuerdo.

Según el apartado 1, letra b), cuando la orden de un país de la UE es para enjuiciar a la persona y esta es nacional del Reino Unido o residente en Gibraltar, la entrega podrá supeditarse a la condición de que la persona, tras ser oída, sea devuelta a Gibraltar para cumplir cualquier pena de prisión o medida de seguridad. La letra b) nombra a los nacionales del Reino Unido sin la condición del documento de identidad o el permiso de residencia de Gibraltar que usa el artículo 120, apartado 1, letra f), inciso ii). Las letras a) y c) se aplican tanto cuando Gibraltar es la parte de ejecución como cuando lo es un país de la UE. Según el apartado 2, el comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas podrá modificar este artículo para reflejar los cambios introducidos en el Acuerdo de Comercio y Cooperación; según el artículo 24, apartado 2, ese comité decide de mutuo acuerdo.

1. La ejecución de la orden de detención por parte de la autoridad judicial de ejecución podrá supeditarse a las siguientes garantías:
a) cuando el delito en el que se base la orden de detención esté castigado con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad a perpetuidad en el Estado miembro emisor o en el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, podrán supeditar la ejecución de la orden de detención a la condición de que las autoridades competentes del Estado miembro emisor o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, ofrezcan una garantía que las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, consideren suficiente de que las autoridades competentes del Estado miembro emisor o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, revisarán la pena o la medida impuesta, previa petición o a más tardar al cabo de veinte años, o favorecerán la aplicación de medidas de clemencia a las que la persona tenga derecho a acogerse con arreglo a la legislación o la práctica del Estado miembro emisor o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, con vistas a la no ejecución de dicha pena o medida;
b) cuando la persona que sea objeto de una orden de detención a efectos de persecución penal sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o, si el agente de ejecución es el Reino Unido, respecto a Gibraltar, nacional del Reino Unido o residente en Gibraltar, la entrega de dicha persona podrá supeditarse a la condición de que la persona, tras ser oída, sea devuelta al Estado miembro de ejecución o a Gibraltar cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sea el agente de ejecución, para cumplir allí la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciarse contra ella en el Estado miembro emisor o en Gibraltar, cuando el agente emisor sea el Reino Unido, respecto a Gibraltar;
si se requiere el consentimiento de la persona buscada para el traslado de la pena o de la medida de seguridad privativas de libertad al Estado miembro de ejecución o a Gibraltar cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sea el agente de ejecución, la garantía de que la persona será devuelta al Estado miembro de ejecución o a Gibraltar cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sea el agente de ejecución, para cumplir la pena que le haya sido impuesta estará supeditada a la condición de que la persona buscada, tras ser oída, consienta en ser devuelta al Estado miembro de ejecución o a Gibraltar cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sea el agente de ejecución;
c) en el caso de que existan motivos fundados para creer que existe un riesgo real para la protección de los derechos fundamentales de la persona buscada, cuando proceda, la autoridad judicial de ejecución, antes de decidir si ejecuta o no la orden de detención, podrá exigir garantías adicionales en cuanto al trato que se dará a la persona buscada tras su entrega.
2. El Comité Especializado en Circulación de Personas estará facultado para adoptar cualquier modificación del presente artículo que sea necesaria para reflejar los cambios introducidos en el Acuerdo de Comercio y Cooperación.

Texto oficial Artículo 123 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cuando una persona es detenida en virtud de una orden, la autoridad judicial de ejecución debe informarle, según la legislación interna de la parte de ejecución, de la orden y de su contenido, y de que podrá consentir en su entrega. Si no habla o no entiende la lengua del procedimiento, tiene derecho a un intérprete y a una traducción escrita en su lengua materna o en otra lengua que hable o entienda, según la legislación interna de la parte de ejecución. Tiene derecho a asistencia letrada en el momento de la detención, según la legislación interna de la parte de ejecución. Debe ser informada de su derecho a designar un abogado en el país emisor para que la asista en el procedimiento de la orden en la parte de ejecución; esto no cambia los plazos del artículo 140. Tiene derecho, si lo desea, a que se informe sin demora injustificada de la detención a las autoridades consulares del país de su nacionalidad (o, si es apátrida, del país en el que reside habitualmente) y a comunicarse con ellas.

El apartado 4 no cambia los plazos del artículo 140 (entrega a más tardar 10 días después de la decisión definitiva, con las excepciones del artículo 140, apartados 3 y 4). Después vienen los artículos 130 y 131 (el consentimiento ante la autoridad judicial de ejecución o, si la persona no consiente, una audiencia), y el artículo 129 regula si la persona sigue detenida mientras tanto.

Estos derechos se aplican a la persona buscada que es detenida, tanto si la detención se produce en Gibraltar como en un país de la UE. Los apartados 1 a 3 se aplican «de conformidad con la legislación interna» de la parte de ejecución, así que los detalles, como la forma de facilitar un abogado, dependen de la legislación de esa parte. Según el apartado 4, a una persona detenida en un país de la UE por una orden de Gibraltar se le debe informar del derecho a designar un abogado en Gibraltar, y a una persona detenida en Gibraltar por una orden de un país de la UE se le debe informar del derecho a designar un abogado en ese país. El derecho consular del apartado 5 no se limita por la nacionalidad: cubre las autoridades consulares del Estado de nacionalidad de la persona o, si es apátrida, del Estado en el que reside habitualmente.

1. Cuando una persona buscada sea detenida a efectos de la ejecución de una orden de detención, la autoridad judicial de ejecución, de conformidad con la legislación interna del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, informará a dicha persona de la orden de detención y de su contenido, así como de la posibilidad que se le brinda de consentir en su entrega al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, o al Estado miembro emisor.
2. Toda persona buscada que sea detenida a efectos de la ejecución de una orden de detención y que no hable o no entienda la lengua del procedimiento relativo a la orden de detención tendrá derecho a ser asistida por un intérprete y a recibir una traducción escrita en la lengua materna de la persona buscada o en cualquier otra lengua que dicha persona hable o entienda, de conformidad con la legislación interna del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución.
3. Toda persona buscada tendrá derecho a asistencia letrada en el momento de su detención, de conformidad con la legislación interna del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución.
4. Se informará a la persona buscada de su derecho a designar un abogado en el Estado miembro emisor o en el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, con el fin de que asista a la persona buscada en el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, o en el Estado miembro de ejecución en el procedimiento relativo a la orden de detención. El presente apartado se entenderá sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo 140.
5. La persona buscada detenida tendrá derecho a que, sin demora injustificada, se informe de la detención a las autoridades consulares del Estado de su nacionalidad o, si se trata de una persona apátrida, a las autoridades consulares del Estado en el que resida habitualmente y a comunicarse con dichas autoridades, si así lo desea.

Texto oficial Artículo 128 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Si la persona detenida consiente en su entrega, debe dar su consentimiento ante la autoridad judicial de ejecución, según la legislación interna de la parte de ejecución. Cuando proceda, lo mismo vale para la renuncia expresa de la persona al «principio de especialidad» del artículo 144, apartado 3 (la norma según la cual una persona entregada no podrá ser enjuiciada, condenada ni privada de libertad de otro modo por un delito cometido antes de la entrega distinto de aquel por el que fue entregada). Cada país de la UE y el Reino Unido, para Gibraltar, deben adoptar medidas para que el consentimiento y cualquier renuncia se obtengan de forma que quede claro que la persona los dio de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las consecuencias; para ello, la persona tiene derecho a un abogado. Debe levantarse acta del consentimiento y de cualquier renuncia según el procedimiento de la legislación interna de la parte de ejecución. En principio, el consentimiento no podrá revocarse. Pero un país de la UE o el Reino Unido, para Gibraltar, podrá establecer que el consentimiento y cualquier renuncia puedan revocarse según su legislación interna. En ese caso, el tiempo entre el consentimiento y la revocación no cuenta para los plazos del artículo 140. El Reino Unido, para Gibraltar, y la UE, en nombre de cualquier país de la UE, podrán notificar cada uno al comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas que desean usar esta posibilidad, con los procedimientos de revocación y cualquier cambio en ellos.

El artículo 144, apartado 3, es el principio de especialidad al que la persona podrá renunciar. El artículo 144, apartado 4, letra e), dice que ese principio no se aplica cuando la persona dio su consentimiento para ser entregada, «en su caso junto con la renuncia al principio de especialidad». El artículo 140 recoge los plazos de entrega. El artículo 134, apartado 2, fija un plazo de 10 días para la decisión definitiva una vez dado el consentimiento. El artículo 131 da derecho a ser oída a la persona que no consiente.

Si la persona da su consentimiento, el artículo 134, apartado 2, exige que la decisión definitiva sobre la orden se tome en un plazo de 10 días desde el consentimiento; en los demás casos, el artículo 134, apartado 3, da 60 días desde la detención. Según el artículo 134, apartado 4, cuando en un caso concreto la orden no pueda ejecutarse en esos plazos, la autoridad judicial de ejecución debe informar de inmediato a la autoridad judicial emisora, con los motivos, y los plazos podrán prorrogarse otros 30 días. LN 2026/237 (la lista de notificaciones del Gobierno de Gibraltar según la sección 62, apartado 2, de la Treaty on Gibraltar and the European Union Act 2026, en vigor desde el 23 de julio de 2026) recoge una notificación del Reino Unido, para Gibraltar, según el artículo 130, apartado 4: la persona podrá revocar su consentimiento a la entrega ante el tribunal de magistrados (magistrates' court), que debe dejar constancia por escrito de la revocación. Los textos que hemos consultado no muestran qué países de la UE permiten la revocación. Los apartados 1 a 3 exigen que el consentimiento se dé ante la autoridad judicial de ejecución, con derecho a la asistencia de un abogado, y que conste formalmente.

1. Si la persona detenida indica que consiente en su entrega, dicho consentimiento y, en su caso, la renuncia expresa a acogerse al principio de especialidad contemplado en el artículo 144, apartado 3, deberán manifestarse ante la autoridad judicial de ejecución, de conformidad con la legislación interna del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución.
2. Los Estados miembros y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el consentimiento y, en su caso, la renuncia contemplados en el apartado 1 se obtengan en condiciones que pongan de manifiesto que la persona afectada los ha formulado voluntariamente y con pleno conocimiento de las consecuencias que ello acarrea. Para ello, la persona buscada tendrá derecho a la asistencia de un abogado.
3. Se levantará acta del consentimiento y, en su caso, de la renuncia contemplados en el apartado 1, con arreglo al procedimiento establecido por la legislación interna del Estado miembro de ejecución o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución.
4. El consentimiento será, en principio, irrevocable. Los Estados miembros o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán establecer que dicho consentimiento y, en su caso, la renuncia a que se refiere el apartado 1 del presente artículo puedan revocarse de conformidad con las normas aplicables en su respectiva legislación interna. En tal caso, el período comprendido entre la fecha del consentimiento y la de su revocación no se tomará en consideración para determinar los plazos previstos en el artículo 140. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Circulación de Personas que desean recurrir a esta posibilidad, especificando los procedimientos por los que es posible revocar el consentimiento y cualquier modificación relativa a dichos procedimientos.

Texto oficial Artículo 130 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Una orden de detención debe tramitarse y ejecutarse con carácter de urgencia. Cuando la persona consiente en su entrega, la decisión definitiva sobre la ejecución debe tomarse en un plazo de 10 días desde el consentimiento. En los demás casos, debe tomarse en un plazo de 60 días desde la detención. Si en un caso concreto la orden no puede ejecutarse dentro de esos plazos, la autoridad judicial de ejecución debe informar de inmediato a la autoridad judicial emisora y explicar los motivos; los plazos podrán entonces ampliarse en otros 30 días. Hasta que tome una decisión definitiva, la autoridad judicial de ejecución debe garantizar que se mantienen las condiciones materiales necesarias para la entrega. Toda denegación de ejecución de una orden debe justificarse.

El artículo 140 añade el plazo siguiente: la entrega en los 10 días siguientes a la decisión definitiva. Según los artículos 137 y 138, estos plazos no empiezan a contar mientras se aplica un privilegio o una inmunidad, o la protección del principio de especialidad de un tercer país. Según el artículo 130, apartado 4, el tiempo entre un consentimiento y su revocación no cuenta. El artículo 132, apartado 2, remite a estos plazos cuando la autoridad judicial de ejecución pide más información.

Los plazos de los apartados 2 a 4 obligan a la autoridad judicial de ejecución de Gibraltar cuando un país de la UE emite la orden, y a la autoridad judicial de ejecución de un país de la UE cuando la emite Gibraltar. El artículo no dice qué ocurre si no se cumple el plazo para la decisión. El artículo 140, apartado 5, prevé la puesta en libertad cuando expiran los plazos de entrega del artículo 140, apartados 2 a 4. El apartado 6 exige justificar toda denegación.

1. Una orden de detención se tramitará y ejecutará con carácter de urgencia.
2. En los casos en que la persona buscada consienta en su entrega, la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención se tomará en el plazo de diez días tras haberse manifestado el consentimiento.
3. En los demás casos, la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención se adoptará en el plazo de sesenta días tras la detención de la persona buscada.
4. En determinados casos, cuando la orden de detención no pueda ejecutarse dentro de los plazos previstos en los apartados 2 o 3, la autoridad judicial de ejecución informará inmediatamente de ello a la autoridad judicial de emisión, exponiendo los motivos de la demora. En estos casos, el plazo podrá ampliarse en otros treinta días.
5. Mientras no haya adoptado una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención, la autoridad judicial de ejecución garantizará que sigan cumpliéndose las condiciones materiales necesarias para la entrega efectiva de la persona.
6. Toda denegación de ejecución de la orden de detención deberá justificarse.

Texto oficial Artículo 134 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La persona buscada debe ser entregada lo antes posible, en una fecha que acuerden las autoridades implicadas, y a más tardar 10 días después de la decisión definitiva sobre la orden. Si circunstancias ajenas al control de las autoridades competentes de cualquier país de la UE o del Reino Unido, para Gibraltar, impiden la entrega en ese plazo, las autoridades judiciales de ejecución y emisora deben ponerse en contacto de inmediato y acordar una nueva fecha; la entrega debe producirse entonces en los 10 días siguientes a esa fecha. De forma excepcional, la entrega podrá aplazarse durante un tiempo por motivos humanitarios graves, por ejemplo cuando haya razones válidas para pensar que la entrega podría poner en peligro la vida o la salud de la persona. La orden debe ejecutarse en cuanto esos motivos dejen de existir. La autoridad judicial de ejecución debe informar de inmediato a la autoridad judicial emisora y acordar una nueva fecha de entrega; la entrega debe producirse en los 10 días siguientes a esa fecha. Si los plazos de los apartados 2 a 4 expiran y la persona sigue detenida, debe ser puesta en libertad. Las dos autoridades judiciales deben ponerse en contacto en cuanto se vea que una persona va a ser puesta en libertad por ese motivo, y acordar las disposiciones para la entrega.

El artículo 134 fija el plazo anterior, el de la propia decisión. Los artículos 128, apartado 4, y 130, apartado 4, remiten a estos plazos; el artículo 141 permite otro tipo de aplazamiento — para que la parte de ejecución pueda primero enjuiciar o encarcelar a la persona.

Según el apartado 5, si los plazos de los apartados 2 a 4 expiran y la persona sigue detenida, debe ser puesta en libertad. El apartado no pone fin a la orden: las dos autoridades judiciales deben acordar las disposiciones para la entrega. El apartado 4 permite aplazar la entrega por motivos humanitarios graves, por ejemplo, si hay razones válidas para pensar que la entrega podría poner en peligro la vida o la salud de la persona. Los plazos se aplican tanto si la parte de ejecución es Gibraltar como si es un país de la UE.

1. La persona buscada deberá ser entregada lo antes posible, en una fecha acordada entre las autoridades implicadas.
2. La persona buscada será entregada a más tardar diez días después de la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención.
3. Si cualquier circunstancia ajena al control de las autoridades competentes de alguno de los Estados miembros o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente de ejecución, impide entregar a la persona buscada dentro del plazo establecido en el apartado 2, la autoridad judicial de ejecución y la autoridad judicial emisora se pondrán inmediatamente en contacto y acordarán una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega tendrá lugar en los diez días siguientes a la nueva fecha acordada.
4. La entrega podrá suspenderse de manera excepcional y con carácter provisional por motivos humanitarios graves, por ejemplo, cuando existan razones válidas que hagan pensar que la entrega podría poner en peligro la vida o la salud de la persona buscada. La ejecución de la orden de detención deberá producirse en cuanto dichos motivos dejen de existir. La autoridad judicial de ejecución informará de ello inmediatamente a la autoridad judicial emisora, y acordará con esta una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega tendrá lugar en los diez días siguientes a la nueva fecha acordada.
5. Una vez expirados los plazos que citan los apartados 2 a 4, si la persona buscada se hallare aún detenida, será puesta en libertad. La autoridad judicial de ejecución y la autoridad judicial emisora se pondrán en contacto en el momento en que se determine que una persona ha de ser puesta en libertad con arreglo al presente apartado y acordarán las disposiciones para la entrega de dicha persona.

Texto oficial Artículo 140 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cada país de la UE, el Reino Unido y el Reino Unido, para Gibraltar, deben permitir que una persona que está siendo entregada pase por su territorio (tránsito), siempre que se les haya informado de la identidad y la nacionalidad de la persona, de que existe una orden de detención, de la naturaleza y la tipificación jurídica del delito y de las circunstancias del delito, incluidos la fecha y el lugar. Cuando el Reino Unido, para Gibraltar, ha notificado según el artículo 122, apartado 2, que los nacionales del Reino Unido no serán entregados, o que solo lo serán con condiciones especificadas, el Reino Unido o el Reino Unido, para Gibraltar, según el caso, podrán denegar el tránsito de nacionales del Reino Unido en los mismos términos o aplicar las mismas condiciones. Un país de la UE en cuyo nombre se haya hecho esa notificación podrá hacer lo mismo con el tránsito de sus propios nacionales por su territorio. Los países de la UE, el Reino Unido y el Reino Unido, para Gibraltar, deben notificar al comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas las autoridades encargadas de recibir las solicitudes de tránsito, la documentación necesaria y el resto de la correspondencia oficial sobre el tránsito. La solicitud de tránsito y la información podrán enviarse a esa autoridad por cualquier medio que deje constancia escrita, y la decisión se notifica de la misma forma. El artículo no se aplica al transporte aéreo sin escala prevista; pero, si se produce un aterrizaje no programado, las autoridades competentes de la parte emisora deben facilitar a la autoridad notificada la información del apartado 1. El artículo se aplica, con los cambios necesarios, al tránsito de una persona que va a ser extraditada o entregada desde un tercer país o desde el Reino Unido a un país de la UE o al Reino Unido, para Gibraltar, o entre países de la UE.

El artículo 122, apartado 2, es la notificación sobre los nacionales que este artículo reproduce para el tránsito; el artículo 149 regula su renovación. El apartado 7 extiende el artículo, por analogía, a las solicitudes de extradición, a las órdenes de detención europeas y a las órdenes de detención basadas en el Acuerdo de Comercio y Cooperación.

Según el apartado 1, el Reino Unido, el Reino Unido para Gibraltar y cada país de la UE deben permitir el tránsito una vez recibida la información que se enumera. El derecho de los apartados 2 y 3 a denegar el tránsito de los nacionales propios de una parte, o a ponerle condiciones, depende de una notificación según el artículo 122, apartado 2. LN 2026/237 (la lista de notificaciones del Gobierno de Gibraltar según la sección 62, apartado 2, de la Treaty on Gibraltar and the European Union Act 2026, en vigor desde el 23 de julio de 2026) recoge que el Reino Unido, para Gibraltar, no hace ninguna notificación según el artículo 122, apartado 2, y designa al secretario principal (Chief Secretary) como autoridad para las solicitudes de tránsito según el artículo 142, apartado 4.

1. Cada Estado miembro, el Reino Unido y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, permitirán el tránsito por su territorio de una persona buscada que haya sido entregada, siempre que se les haya facilitado información sobre:
a) la identidad y nacionalidad de la persona que es objeto de la orden de detención;
b) la existencia de una orden de detención;
c) la naturaleza y la tipificación jurídica del delito; y
d) la descripción de las circunstancias del delito, incluidos la fecha y el lugar.
2. Cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, haya realizado una notificación de conformidad con el artículo 122, apartado 2, en el sentido de que los nacionales del Reino Unido no serán entregados o de que su entrega solo se autorizará en determinadas condiciones especificadas, el Reino Unido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, según el caso, podrán denegar el tránsito de nacionales del Reino Unido en las mismas condiciones o supeditarlo a las mismas condiciones.
3. El Estado miembro en cuyo nombre se haya realizado una notificación con arreglo al artículo 122, apartado 2, en el sentido de que no se entregará a sus propios nacionales o de que su entrega solo se autorizará en determinadas condiciones especificadas, podrá denegar el tránsito de sus propios nacionales por su territorio en idénticos términos o supeditarlo a las mismas condiciones.
4. Los Estados miembros, el Reino Unido y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, notificarán al Comité Especializado en Circulación de Personas las autoridades responsables de la recepción de las solicitudes de tránsito y de la documentación necesaria, así como de toda correspondencia oficial relacionada con dichas solicitudes.
5. La solicitud de tránsito, así como la información mencionada en el apartado 1, podrán remitirse a la autoridad notificada de conformidad con el apartado 4 por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita. La decisión de la autoridad notificada del Estado miembro requerido o del Reino Unido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, se notificará por el mismo procedimiento.
6. El presente artículo no se aplicará en caso de utilizarse la vía aérea sin escala prevista. No obstante, si se produce un aterrizaje no programado, las autoridades competentes del Estado miembro emisor o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, facilitarán a la autoridad notificada con arreglo al apartado 4 la información a que se refiere el apartado 1.
7. Cuando se trate del tránsito de una persona que ha de ser extraditada, o entregada, de un tercer país o del Reino Unido a un Estado miembro o al Reino Unido, respecto a Gibraltar, o entre Estados miembros, el presente artículo se aplicará mutatis mutandis. En particular, las referencias a una «orden de detención» se entenderán hechas a una «solicitud de extradición», una «orden de detención europea» o una «orden de detención basada en el ACC», según el caso.

Texto oficial Artículo 142 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El principio de especialidad es la norma según la cual una persona entregada en virtud de una orden de detención no podrá ser enjuiciada, condenada ni privada de libertad de otro modo por un delito cometido antes de la entrega distinto de aquel por el que fue entregada (apartado 3). Según los apartados 1 y 2, el Reino Unido, para Gibraltar, y la UE, en nombre de cualquier país de la UE, podrán notificar cada uno al comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas que, entre Gibraltar y los países de la UE cubiertos por las dos notificaciones, se presume dado el consentimiento para enjuiciar, condenar o detener a la persona por esos otros delitos anteriores. La autoridad judicial de ejecución (la que decidió sobre la entrega) podrá indicar lo contrario en su decisión sobre la entrega en un caso concreto. El apartado 4 enumera los casos en los que no se aplica la norma: a) la persona tuvo la oportunidad de salir y no lo hizo en los 45 días siguientes a su puesta en libertad definitiva, o volvió después de salir; b) el delito no es punible con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad; c) el proceso no termina con una medida que restrinja la libertad individual; d) la persona podría estar sujeta a una pena o una medida no privativas de libertad, en particular una multa o una medida que sustituya a una multa, aunque la pena o la medida pueda restringir su libertad individual; e) la persona dio su consentimiento para ser entregada y, cuando proceda, renunció a la norma al mismo tiempo, según el artículo 130; f) después de la entrega, la persona renunció de forma expresa a la norma para determinados delitos anteriores, ante la autoridad judicial de la parte emisora, con acta levantada según su legislación, de forma voluntaria y con plena conciencia de las consecuencias, y con derecho a un abogado; g) la autoridad judicial de ejecución da su consentimiento. La letra g) dice que ese consentimiento se da «con arreglo al apartado 4»; el procedimiento del consentimiento está en el apartado 5. Según el apartado 5, la solicitud de consentimiento se presenta a la autoridad judicial de ejecución con la información del artículo 125, apartado 1, y una traducción según el artículo 125, apartado 3. El consentimiento debe darse cuando el delito sea a su vez un delito por el que cabe la entrega según este capítulo; debe denegarse por los motivos del artículo 119 y, por lo demás, solo podrá denegarse por los motivos del artículo 120, del artículo 121, apartado 2, o del artículo 122, apartado 2. La resolución debe adoptarse en un plazo de 30 días desde la recepción de la solicitud. En las situaciones del artículo 123, las autoridades competentes de la parte emisora deben dar las garantías que allí se establecen.

El artículo 130 fija cómo se dan, ante la autoridad judicial de ejecución, el consentimiento a la entrega y la renuncia al principio de especialidad. El artículo 119 fija los motivos por los que debe denegarse el consentimiento; los artículos 120, 121, apartado 2, y 122, apartado 2, los motivos por los que podrá denegarse. El artículo 125, apartados 1 y 3, fija la información y la traducción que acompañan a una solicitud de consentimiento. El artículo 123 fija las garantías. El artículo 145 fija las normas equivalentes para entregar a la persona a otro Estado. El artículo 68, apartado 6, letra d), permite hacer en cualquier momento las notificaciones de los apartados 1 y 2.

Si se hacen las dos notificaciones de los apartados 1 y 2, se presume el consentimiento para perseguir otros delitos anteriores entre Gibraltar y los países de la UE de que se trate, salvo que la autoridad judicial de ejecución diga otra cosa en una decisión de entrega concreta. Legal Notice 2026/237 (en vigor desde el 23 de julio de 2026) recoge una notificación del Reino Unido, para Gibraltar, según el artículo 144, apartado 1; en ella, la autoridad que podrá decir otra cosa es el tribunal de magistrados (magistrates' court). Ni el texto del tratado ni ese Legal Notice dicen si la UE ha hecho la notificación correspondiente del apartado 2 en nombre de algún país de la UE. Según el apartado 4, letra a), la norma deja de proteger a la persona que ha tenido la oportunidad de salir y se queda más de 45 días después de su puesta en libertad definitiva, o que vuelve. El apartado 5 fija un plazo de 30 días para decidir sobre el consentimiento.

1. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrá notificar al Comité Especializado en Circulación de Personas que, en su relación con los Estados miembros en cuyo nombre la Unión haya efectuado la notificación a la que se refiere el apartado 2, su consentimiento para el enjuiciamiento, la condena o la detención de una persona con vistas a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad por todo delito cometido antes de la entrega de dicha persona distinto del que motivó esta entrega se presumirá que ha sido dado, a menos que en un caso particular la autoridad judicial de ejecución del Reino Unido, respecto a Gibraltar, declare lo contrario en su resolución de entrega.
2. La Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrá notificar al Comité Especializado en Circulación de Personas que, cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, haya efectuado la notificación a la que se refiere el apartado 1, el consentimiento de esos Estados miembros para el enjuiciamiento, la condena o la detención de una persona con vistas a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad por todo delito cometido antes de la entrega de dicha persona distinto del que motivó esta entrega se presumirá que ha sido dado, a menos que en un caso particular la autoridad judicial de ejecución del Estado miembro declare lo contrario en su resolución de entrega.
3. Excepto en los casos previstos en los apartados 1, 2 y 4, la persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad por un delito cometido antes de la entrega de dicha persona distinto de la que motivó su entrega.
4. El apartado 3 no se aplicará en los siguientes casos:
a) la persona, habiendo tenido la oportunidad de salir del Estado miembro al que haya sido entregada o de Gibraltar, cuando haya sido entregada al Reino Unido, respecto a Gibraltar, no lo haya hecho en un plazo de cuarenta y cinco días desde su puesta en libertad definitiva o haya vuelto a dicho Estado miembro o a Gibraltar, según el caso, después de haber salido de allí;
b) el delito no sea punible con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad;
c) el proceso penal no concluya con la aplicación de una medida restrictiva de la libertad individual de la persona;
d) la persona esté sujeta a una pena o medida no privativas de libertad, incluidas las sanciones pecuniarias o una medida equivalente, aun cuando dicha pena o medida pudieren restringir su libertad individual;
e) la persona haya dado su consentimiento para ser entregada, en su caso junto con la renuncia al principio de especialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130;
f) la persona haya renunciado expresamente, después de la entrega, a acogerse al principio de especialidad en relación con determinados delitos anteriores a su entrega; la renuncia debe ser verificada ante la autoridad judicial competente del Estado miembro emisor o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, y constar en acta con arreglo a la legislación interna de dicho Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, según el caso; la renuncia debe efectuarse en condiciones que pongan de manifiesto que la persona afectada lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea; para ello, la persona buscada tendrá derecho a la asistencia de un abogado; y
g) la autoridad judicial de ejecución que hubiere entregado a la persona dé su consentimiento con arreglo al apartado 4.
5. La solicitud de consentimiento se presentará a la autoridad judicial de ejecución acompañada de la información mencionada en el artículo 125, apartado 1, y de una traducción, tal y como establece el artículo 125, apartado 3. Se dará el consentimiento cuando el delito que motive la solicitud sea a su vez motivo de entrega de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo. Se denegará el consentimiento por los motivos expuestos en el artículo 119 y por lo demás podrá denegarse únicamente por los motivos mencionados en el artículo 120 o en el artículo 121, apartado 2, y el artículo 122, apartado 2. La resolución se adoptará en un plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud. En las situaciones establecidas en el artículo 123, las autoridades competentes del Estado miembro emisor o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente emisor, deben dar las garantías establecidas en dicho artículo.

Texto oficial Artículo 144 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Desde la fecha de entrada en vigor, este capítulo sustituye, entre Gibraltar y los países de la UE, las disposiciones correspondientes sobre extradición del Convenio Europeo de Extradición de 1957 y sus protocolos adicionales, y del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo en lo que se refiere a la extradición. Esto no cambia cómo se aplican esos convenios entre los países de la UE o Gibraltar y terceros países. Cuando se ha hecho una notificación según el artículo 68, apartado 5, respecto de un país de la UE, los convenios siguen aplicándose entre ese país de la UE y Gibraltar hasta que la UE comunique al comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas que se han cumplido los requisitos constitucionales de ese país de la UE para aplicar este capítulo. Cuando los convenios se aplican a territorios de países de la UE, o a territorios cuyas relaciones exteriores asume un país de la UE, a los que no se aplica este capítulo, los convenios siguen regulando las relaciones entre esos territorios y Gibraltar.

El artículo 68, apartado 5, es la notificación, que debe hacerse a más tardar en el momento de la firma, por la que algunas disposiciones del capítulo sobre las entregas no se aplican a un país de la UE hasta que se cumplan sus requisitos constitucionales. El artículo 151 aplica este capítulo a las órdenes de detención europeas emitidas antes del 31 de diciembre de 2020 cuando la persona no había sido detenida a la entrada en vigor. El artículo 150 mantiene la aplicación del capítulo a las órdenes en las que la persona fue detenida antes de que el capítulo dejara de aplicarse.

El apartado 1 muestra que, antes de este capítulo, estos convenios del Consejo de Europa se aplicaban a la extradición entre Gibraltar y los países de la UE. Para un país de la UE cubierto por una notificación según el artículo 68, apartado 5, la sustitución espera a que la UE notifique que se han cumplido sus requisitos constitucionales. El texto del tratado no dice qué países de la UE, si hay alguno, están cubiertos por esa notificación. Según el artículo 336, apartado 4, mientras el tratado se aplica de forma provisional, las referencias a la «fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo» se entienden hechas a la fecha desde la que se aplica provisionalmente.

1. Sin perjuicio de su aplicación en las relaciones entre Estados miembros o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, por un lado, y terceros países, por otro, el presente capítulo, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, sustituye a las correspondientes disposiciones de los siguientes convenios aplicables en el ámbito de la extradición entre el Reino Unido, respecto a Gibraltar, por un lado, y los Estados miembros, por otro:
a) el Convenio Europeo de Extradición, hecho en París el 13 de diciembre de 1957, y sus protocolos adicionales; y
b) el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, en lo que a extradición se refiere.
2. En el caso a que se refiere el artículo 68, apartado 5, los convenios a que se refiere el apartado 1 seguirán aplicándose entre un Estado miembro en relación con el cual se haya efectuado una notificación de conformidad con el artículo 68, apartado 5, y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, hasta que la Unión, en nombre de dicho Estado miembro, notifique al Comité Especializado en Circulación de Personas que se han cumplido los requisitos constitucionales pertinentes para la aplicación del presente capítulo en dicho Estado miembro.
3. En la medida en que los convenios contemplados en el apartado 1 se apliquen a los territorios de los Estados miembros o a territorios cuyas relaciones exteriores asuma un Estado miembro a los cuales no se aplique el presente capítulo, esos convenios seguirán regulando las relaciones existentes entre dichos territorios y el Reino Unido, respecto a Gibraltar.

Texto oficial Artículo 148 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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En la revisión conjunta del tratado según el artículo 330, las Partes deben estudiar si hace falta mantener las notificaciones hechas según el artículo 118, apartado 4 (sin control de doble tipificación para los delitos enumerados, es decir, la conducta no tiene que ser delito también en la parte de ejecución), el artículo 121, apartado 2 (la prohibición de denegar la entrega por delitos políticos, aplicada solo a los delitos de terrorismo que allí se enumeran) y el artículo 122, apartado 2 (los propios nacionales no se entregan, o solo se entregan con condiciones). Si no se renuevan, las notificaciones del artículo 122, apartado 2, expiran cuatro años después de la entrada en vigor o cuando termina la revisión conjunta, lo que ocurra más tarde. Solo podrán renovarse o hacerse por primera vez en los tres meses anteriores al cuarto aniversario de la entrada en vigor, y después cada cinco años, siempre que en ese momento se cumplan las condiciones del artículo 122, apartado 2.

El artículo 122, apartado 2, es la notificación sobre los nacionales. Los artículos 118, apartado 4, y 121, apartado 2, son las otras dos notificaciones; se revisan, pero este artículo no les fija fecha de expiración. El artículo 330 es la revisión conjunta de todo el tratado, cuatro años después de la entrada en vigor y después de forma periódica. El artículo 68, apartados 3 y 4, fija el primer plazo para las notificaciones según los artículos 121, apartado 2, 122, apartado 2, y 130, apartado 4: a la entrada en vigor o, a más tardar, dos meses después.

Legal Notice 2026/237 (en vigor desde el 23 de julio de 2026) recoge que el Reino Unido, para Gibraltar, no hace ninguna notificación según el artículo 121, apartado 2, ni según el artículo 122, apartado 2, y recoge una notificación según el artículo 118, apartado 4. Según este artículo, solo puede hacerse una nueva notificación según el artículo 122, apartado 2, en los tres meses anteriores al cuarto aniversario de la entrada en vigor, y después cada cinco años. Según el artículo 336, apartado 4, mientras el tratado se aplica provisionalmente, la entrada en vigor se entiende como la fecha desde la que se aplica provisionalmente. Este artículo no dice si la UE ha hecho notificaciones según el artículo 122, apartado 2, en nombre de algún país de la UE.

Cuando se realice una revisión conjunta del presente Acuerdo de conformidad con el artículo 330, las Partes tendrán en cuenta la necesidad de mantener las notificaciones realizadas según el artículo 118, apartado 4, el artículo 121, apartado 2, y el artículo 122, apartado 2. Si las notificaciones a que se refiere el artículo 122, apartado 2, no se renuevan, expirarán cuatro años después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o en la fecha de la finalización de la revisión conjunta del presente Acuerdo de conformidad con el artículo 330, la que sea más tardía de estas dos fechas. Las notificaciones a que se refiere el artículo 122, apartado 2, solo podrán renovarse o hacerse por primera vez durante los tres meses anteriores al cuarto aniversario de la entrada en vigor del presente Acuerdo y, posteriormente, cada cinco años a partir de entonces, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 122, apartado 2, en ese momento.

Texto oficial Artículo 149 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Siempre que sea posible, la autoridad competente de la parte requerida debe considerar el uso de una medida de investigación distinta si la medida pedida no existe en su legislación o no podría utilizarse en un caso interno similar (apartado 1). El apartado 1 no se aplica a cuatro medidas, que «siempre deberán estar disponibles» en la legislación de la parte requerida: obtener información de bases de datos policiales o judiciales a las que la autoridad requerida pueda acceder en un proceso penal; tomar declaración a un testigo, un perito, una víctima, un investigado o acusado o un tercero en el territorio de la parte requerida; cualquier medida no coercitiva tal como la define la legislación de la parte requerida; e identificar a quien tenga contratado un número de teléfono o una dirección IP determinados (apartado 2). Esto no afecta a los motivos de denegación del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y sus Protocolos ni a los del artículo 158. La autoridad competente de la parte requerida también podrá usar una medida distinta si con ella se lograría el mismo resultado por medios menos invasivos (apartado 3). Antes de usar una medida distinta según el apartado 1 o 3, debe informar primero a la autoridad competente de la parte requirente, que podrá retirar o completar la solicitud (apartado 4). Si la medida pedida no existe en su legislación o no podría utilizarse en un caso interno similar, y ninguna otra medida tendría el mismo resultado, debe informar a la autoridad competente de la parte requirente de que no es posible prestar la asistencia (apartado 5).

El artículo 158 añade un motivo más de denegación: la persona ya ha sido juzgada en última instancia por los mismos hechos, siempre que la pena impuesta, si la hay, se haya cumplido, se esté cumpliendo o ya no se pueda hacer cumplir. El Convenio Europeo de Asistencia Judicial y sus Protocolos dan los demás motivos. El artículo 155 fija las condiciones que la autoridad competente de la parte requirente debe considerar cumplidas antes de presentar una solicitud, y el artículo 159, los plazos.

Según el apartado 2, hay cuatro medidas que «siempre deberán estar disponibles» en la legislación de la parte requerida, y el apartado 1 (considerar otra medida) no se les aplica: la información de bases de datos policiales o judiciales; la declaración de un testigo, un perito, una víctima, un investigado o acusado o un tercero; cualquier medida no coercitiva; y la identificación de quien tenga contratado un número de teléfono o una dirección IP. Esto vale para las solicitudes de un país de la UE al Reino Unido, para Gibraltar, y del Reino Unido, para Gibraltar, a un país de la UE. Los motivos de denegación del Convenio y sus Protocolos y del artículo 158 siguen aplicándose (apartado 2). El apartado 3 permite una medida menos invasiva con el mismo resultado, y el apartado 4 exige informar antes a la parte requirente.

1. Siempre que sea posible, la autoridad competente del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, considerará recurrir a una medida de investigación distinta de la indicada en la solicitud de asistencia judicial si:
a) la medida de investigación indicada en la solicitud no existe en la legislación del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido; o
b) la medida de investigación indicada en la solicitud no podría utilizarse en un caso interno similar.
2. Sin perjuicio de los motivos de denegación disponibles en virtud del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y sus Protocolos, y en virtud del artículo 158, el apartado 1 del presente artículo no se aplicará a las siguientes medidas de investigación, que siempre deberán estar disponibles con arreglo a la legislación del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido:
a) la obtención de información contenida en bases de datos que obren en poder de las autoridades policiales o judiciales y que sea accesible a la autoridad competente del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, en el marco de un proceso penal;
b) la declaración de un testigo, un perito, una víctima, un investigado o acusado o un tercero en el Estado miembro requerido o en Gibraltar, cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sea el agente requerido;
c) cualquier medida de investigación no coercitiva definida con arreglo a la legislación del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido; y
d) la identificación de personas que sean titulares de un número de teléfono o una dirección IP determinados
3. La autoridad competente del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, también podrá recurrir a una medida de investigación distinta de la indicada en la solicitud de asistencia judicial si con la medida de investigación seleccionada por la autoridad competente del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, se lograría el mismo resultado por medios menos invasivos que con la medida de investigación indicada en la solicitud.
4. Si la autoridad competente del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, decide recurrir a una medida distinta de la indicada en la solicitud de asistencia judicial a que se refieren los apartados 1 o 3, informará primero a la autoridad competente del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o del Estado requirente, que podrá decidir retirar o completar la solicitud.
5. Si la medida de investigación indicada en la solicitud no existe con arreglo a la legislación del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, o no sería posible utilizarla en un caso interno similar y no existe ninguna otra medida de investigación que tenga el mismo resultado que la medida de investigación solicitada, la autoridad competente del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, informará a la autoridad competente del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o al Estado miembro requirente, de que no es posible proporcionar la asistencia requerida.

Texto oficial Artículo 156 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La parte requerida debe decidir si ejecuta una solicitud lo antes posible y, a más tardar, 45 días después de recibirla, e informar a la parte requirente. Debe ejecutar la solicitud lo antes posible y, a más tardar, 90 días después de esa decisión o después de la consulta del artículo 155, apartado 2. Si la solicitud indica que hace falta un plazo más corto o una fecha concreta, por los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes, la parte requerida debe tenerlo en cuenta en la mayor medida posible. Cuando proceda, una solicitud de medidas provisionales según el artículo 24 del segundo Protocolo adicional debe decidirse, y la decisión comunicarse, lo antes posible después de recibirla; antes de levantar una de esas medidas, la parte requerida debe, siempre que sea posible, dar a la parte requirente la oportunidad de presentar sus razones para mantenerla. Si no se puede cumplir un plazo o una fecha, o se retrasa una decisión sobre medidas provisionales, la parte requerida debe informar sin demora a la parte requirente, explicar las razones y consultarla sobre el momento de la ejecución. Estas normas prevalecen sobre el artículo 6 del tercer Protocolo adicional.

El artículo 155, apartado 2 es la consulta después de la cual también pueden correr los 90 días del apartado 2. El segundo Protocolo adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial (su artículo 24) da la norma sobre medidas provisionales, y el tercer Protocolo adicional (su artículo 6), la norma sobre plazos sobre la que prevalece este artículo.

Estos plazos se aplican a las autoridades competentes de Gibraltar cuando un país de la UE pide ayuda, y a las de un país de la UE cuando la pide Gibraltar. El artículo no fija ninguna consecuencia por no cumplirlos, aparte del deber del apartado 5 de explicar las razones y consultar. En cambio, el artículo 140, apartado 5 exige poner en libertad a una persona detenida cuando vencen los plazos de entrega.

1. El Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, decidirá si ejecuta la solicitud de asistencia judicial lo antes posible y, en cualquier caso, a más tardar cuarenta y cinco días después de la recepción de la solicitud, e informará de su decisión a la autoridad competente del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o del Estado miembro requirente.
2. La solicitud de asistencia judicial se ejecutará lo antes posible y, en cualquier caso, a más tardar noventa días después de la decisión contemplada en el apartado 1 del presente artículo o después de la consulta contemplada en el artículo 155, apartado 2.
3. Si se indica en la solicitud de asistencia judicial que, debido a los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes, se requiere un plazo más corto que el previsto en los apartados 1 o 2, o si se indica en la solicitud que la medida de asistencia judicial debe llevarse a cabo en una fecha concreta, la autoridad competente del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, tendrá debidamente en cuenta ese requisito en la medida de lo posible.
4. Cuando proceda, si se solicita asistencia judicial para adoptar medidas provisionales de conformidad con el artículo 24 del segundo Protocolo adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial, la autoridad competente del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, decidirá sobre la medida provisional y comunicará dicha decisión a la autoridad competente del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o del Estado miembro requirente, lo antes posible después de la recepción de la solicitud. Antes de levantar cualquier medida provisional adoptada de conformidad con el presente artículo, la autoridad competente del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, siempre que sea posible, dará a la autoridad competente del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o del Estado miembro requirente la oportunidad de presentar sus razones en favor de la continuación de la medida.
5. Si en un caso concreto no puede cumplirse el plazo previsto en los apartados 1 o 2 o el plazo o la fecha específica a que se refiere el apartado 3, o se aplaza la decisión de adoptar medidas provisionales de conformidad con el apartado 4, la autoridad competente del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, deberá informar sin demora a la autoridad competente del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o del Estado miembro requirente, por cualquier medio, indicando las razones del retraso, y consultará a la autoridad competente del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o del Estado miembro requirente, sobre el momento adecuado para ejecutar la solicitud de asistencia judicial.
6. Para mayor seguridad, las disposiciones del presente artículo prevalecerán sobre el artículo 6 del tercer Protocolo adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial.

Texto oficial Artículo 159 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El artículo 6, apartado 1 hace pasar las comunicaciones formales dirigidas a las autoridades competentes de Gibraltar, o enviadas por ellas, por el FCDO (el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido) o por otro organismo del Reino Unido que designe el Gobierno del Reino Unido. Según este artículo, el artículo 6, apartado 1 se aplica solo al primer envío de una solicitud de asistencia judicial, y de la información espontánea (la que se envía sin que nadie la pida) y las notificaciones de los artículos 3 y 4 del tercer Protocolo adicional; estos envíos siguen el artículo 6, apartado 1 y el Convenio y sus Protocolos. Cuando el Convenio y sus Protocolos permiten el envío directo, los fiscales de Gibraltar también podrán enviar esas solicitudes y comunicaciones directamente a las autoridades competentes de los países de la UE, y el artículo 6, apartado 1 sigue aplicándose al primer envío. En casos urgentes, o cuando las autoridades competentes de dos o más países de la UE y de Gibraltar necesiten coordinarse, las solicitudes y comunicaciones podrán enviarse a través de Europol (la agencia de policía de la UE) o de Eurojust (la agencia de la UE para la cooperación judicial en materia penal), según los capítulos correspondientes de este tratado, como excepción al apartado 1.

El artículo 6, apartado 1 es el canal que pasa por el FCDO o por otro organismo del Reino Unido; este artículo lo limita al primer envío, como hace el artículo 126 con las órdenes de detención. El artículo 73 hace pasar las comunicaciones del capítulo sobre Europol por el punto de contacto nacional del Reino Unido ante Europol o por los funcionarios de enlace que el Reino Unido destaque allí; el artículo 91 hace pasar las del capítulo sobre Eurojust por los puntos de contacto y los fiscales de enlace de los artículos 94 y 95.

El apartado 1 limita el canal del artículo 6, apartado 1 al primer envío de cada solicitud o comunicación. Aparte de los canales del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y sus Protocolos, el artículo no dice cómo viajan las comunicaciones posteriores. El apartado 2 añade el envío directo por los fiscales de Gibraltar cuando el Convenio y sus Protocolos lo prevén, y el apartado 3 permite usar Europol o Eurojust en casos urgentes o que necesiten coordinación.

1. El artículo 6, apartado 1, del presente Acuerdo, se aplicará únicamente en relación con la transmisión inicial de solicitudes de asistencia judicial y con la transmisión inicial de comunicaciones relativas a la comunicación espontánea de información y notificaciones a que se refieren los artículos 3 y 4 del tercer Protocolo adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial, que se transmitirán de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del presente Acuerdo, y con las disposiciones respectivas del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y sus Protocolos.
2. Además de los canales de comunicación previstos en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial y sus Protocolos, si sus respectivas disposiciones prevén la transmisión directa para las solicitudes de asistencia judicial, y las comunicaciones relativas a la comunicación espontánea de información y notificaciones a que se refieren los artículos 3 y 4 del tercer Protocolo adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial, los fiscales del Reino Unido, respecto a Gibraltar, también podrán transmitir estas directamente a las autoridades competentes de los Estados miembros. El artículo 6, apartado 1, del presente Acuerdo, se aplicará a la transmisión inicial de dichas solicitudes de asistencia judicial, y a la transmisión inicial de dichas comunicaciones relativas a la comunicación espontánea de información y notificaciones a que se refieren los artículos 3 y 4 del tercer Protocolo adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial por los fiscales del Reino Unido, respecto a Gibraltar.
3. Además de los canales de comunicación previstos en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial y sus Protocolos, en casos urgentes o cuando las autoridades competentes de dos o más Estados miembros y del Reino Unido, respecto a Gibraltar, necesiten coordinar los procedimientos de cooperación judicial, cualquier solicitud de asistencia judicial, así como la comunicación espontánea de información y notificaciones a que se refieren los artículos 3 y 4 del tercer Protocolo adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial, y como excepción a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, podrán transmitirse a través de Europol o de Eurojust de conformidad con las disposiciones de los capítulos respectivos del presente Acuerdo.

Texto oficial Artículo 160 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Este capítulo establece la cooperación entre el Reino Unido, para Gibraltar, y los países de la UE, «en la mayor medida posible», en las investigaciones y los procedimientos para el embargo preventivo de bienes con vistas a su posterior decomiso, y para su decomiso, en el marco de procesos penales. También abarca a los organismos de la UE designados. Cada parte debe atender, en las condiciones del capítulo, las solicitudes de la otra para decomisar bienes concretos o una suma igual al valor del producto del delito, y las solicitudes de asistencia de investigación y de medidas provisionales con ese fin. Estas se ejecutan según la legislación de la parte requerida, pero deben seguirse las formalidades que necesite la parte requirente, salvo que sean contrarias a los principios fundamentales de esa legislación. Las solicitudes recibidas para identificar, rastrear, embargar preventivamente o incautar reciben «la misma prioridad» que las nacionales. La parte requirente debe respetar la necesidad y la proporcionalidad. Entre el Reino Unido, para Gibraltar, y los países de la UE, el capítulo sustituye a los capítulos sobre cooperación internacional de los Convenios de Varsovia de 2005 y de Estrasburgo de 1990; el resto de esos Convenios sigue aplicándose.

El artículo 163 da las definiciones y sustituye a las del artículo 1 de cada Convenio. El artículo 171, apartados 5 y 6, trata las medidas equivalentes al decomiso ordenadas por una autoridad judicial fuera de un proceso penal, incluidas las solicitudes a tribunales civiles. Los motivos de denegación están en el artículo 176.

Entre el Reino Unido, para Gibraltar, y los países de la UE, este capítulo se aplica en lugar de los capítulos sobre cooperación internacional de los Convenios del Consejo de Europa de Varsovia de 2005 y de Estrasburgo de 1990; las demás disposiciones de esos Convenios siguen obligando a cada parte (apartado 6). Las obligaciones van en los dos sentidos: el Reino Unido, para Gibraltar, podrá pedir a un país de la UE que embargue preventivamente o decomise bienes situados allí en las mismas condiciones. Las solicitudes para identificar, rastrear, embargar preventivamente o incautar productos e instrumentos (los bienes usados para cometer un delito) deben recibir «la misma prioridad» que las nacionales (apartado 4). La asistencia de investigación y las medidas provisionales se ejecutan según la legislación de la parte requerida, y esta sigue las formalidades de la parte requirente solo en la medida en que no sean contrarias a los principios fundamentales de su propia legislación (apartado 3). El apartado 1 dice que el capítulo no excluye otra cooperación según el artículo 171, apartados 5 y 6.

1. El presente capítulo tiene como objetivo establecer la cooperación entre el Reino Unido, respecto a Gibraltar, por un lado, y los Estados miembros, por otro, en la mayor medida posible, a efectos de las investigaciones y los procedimientos encaminados al embargo preventivo de bienes con miras a su posterior decomiso, y las investigaciones y los procedimientos encaminados al decomiso de bienes en el marco de procedimientos penales. Esto no excluye otra cooperación en virtud del artículo 171, apartados 5 y 6. El presente capítulo también establece la cooperación con los organismos de la Unión designados por la Unión a efectos del presente capítulo.
2. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y los Estados miembros accederán, en las condiciones previstas en el presente capítulo, a las solicitudes de los Estados miembros o del Reino Unido, respecto a Gibraltar:
a) para el decomiso de bienes específicos, así como para el decomiso del producto consistente en la obligación de pagar una suma de dinero correspondiente al valor del producto;
b) para la asistencia de investigación y las medidas provisionales con respecto a cualquiera de las formas de decomiso mencionadas en la letra a).
3. La asistencia de investigación y las medidas provisionales procuradas en virtud del apartado 2, letra b), se llevarán a cabo de conformidad con la legislación interna del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido. Cuando la solicitud relativa a una de estas medidas especifique las formalidades o procedimientos necesarios en virtud de la legislación interna del Estado miembro requirente o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, incluso si no resultan familiares para el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, la autoridad requerida deberá acceder a dichas solicitudes siempre que la acción solicitada no sea contraria a los principios fundamentales de su legislación interna.
4. El Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, garantizará que las solicitudes que procedan de otro Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, para identificar, rastrear, embargar preventivamente o incautar los productos e instrumentos reciban la misma prioridad que las formuladas en el marco de los procedimientos nacionales.
5. Al solicitar el decomiso, la asistencia de investigación y las medidas provisionales a los efectos del decomiso, el Estado miembro requirente o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, garantizará que se respeten los principios de necesidad y proporcionalidad.
6. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán en lugar de los capítulos sobre «cooperación internacional» del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 (en lo sucesivo, «Convenio de 2005») y el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990 (en lo sucesivo, «Convenio de 1990»). El artículo 163 del presente Acuerdo sustituirá a las definiciones correspondientes del artículo 1 del Convenio de 2005 y del artículo 1 del Convenio de 1990. Las disposiciones del presente capítulo no afectarán a las obligaciones del Reino Unido, respecto a Gibraltar, ni de los Estados miembros en virtud de otras disposiciones del Convenio de 2005 y del Convenio de 1990.

Texto oficial Artículo 162 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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A petición de un país de la UE, el Reino Unido, para Gibraltar, debe adoptar las medidas necesarias para averiguar si una persona o una empresa que es objeto de una investigación penal tiene o controla una o más cuentas, de cualquier tipo, en un banco situado en Gibraltar y, en tal caso, facilitar los datos, en particular el nombre del titular de la cuenta y el IBAN (el número internacional de cuenta bancaria) o, en el caso de una caja de seguridad, el nombre del arrendatario o un número de identificación único. Un país de la UE tiene la misma obligación ante Gibraltar. Solo abarca la información que tenga el banco en el que está la cuenta. Además del contenido que exige el artículo 186, la solicitud debe explicar por qué la información «puede ser fundamental para la investigación penal de la infracción», indicar por qué motivos la parte requirente supone que los bancos de la parte requerida tienen la cuenta y, en la medida de lo posible, qué bancos y cuentas, y añadir cualquier otra información útil. El Reino Unido, para Gibraltar, y la UE podrán notificar cada uno al comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas que el artículo se amplía a las cuentas de instituciones financieras no bancarias, y podrán condicionarlo a la reciprocidad.

El artículo 186 enumera lo que debe contener toda solicitud; este artículo añade la justificación adicional. Los artículos 166 y 167 son las herramientas que lo acompañan para el historial de operaciones y el control en tiempo real. El artículo 176, apartado 8 prohíbe denegar la cooperación alegando el secreto bancario; cuando su legislación lo exija, la parte requerida (el Reino Unido, para Gibraltar, o un país de la UE) podrá exigir que una solicitud que suponga levantar el secreto bancario esté autorizada por una autoridad judicial que actúe en relación con infracciones penales.

Según este artículo, una persona o empresa con una cuenta en un banco de Gibraltar que sea objeto de una investigación penal en un país de la UE puede ver localizada esa cuenta y comunicados sus datos. El artículo no exige por sí mismo una orden judicial. Según el artículo 162, apartado 3, la ayuda en la investigación se presta según la legislación de la parte requerida. El artículo 176 fija los motivos de denegación; el artículo 176, apartado 8, impide denegar por secreto bancario, aunque permite a la parte requerida exigir la autorización de una autoridad judicial cuando su legislación lo exija. La solicitud debe estar motivada y nombrar los bancos que probablemente tengan la cuenta (apartado 3), y la obligación solo cubre la información que tiene el banco (apartado 2). Legal Notice 2026/237 (en vigor desde el 23 de julio de 2026) recoge que el Reino Unido, para Gibraltar, ampliará el artículo 165 a las cuentas abiertas en instituciones financieras no bancarias.

1. El Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, con arreglo a las condiciones establecidas en el presente artículo, adoptará las medidas necesarias para determinar, en respuesta a una solicitud enviada por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, o por un Estado miembro, si una persona física o jurídica que sea objeto de una investigación penal posee o controla una o más cuentas, de cualquier naturaleza, en cualquier banco situado en el territorio de dicho Estado miembro o en Gibraltar y, en tal caso, proporcionar datos sobre las cuentas identificadas.
Estos datos incluirán, en particular, el nombre del titular de la cuenta del cliente y el número IBAN, y en el caso de las cajas de seguridad, el nombre del arrendatario o un número de identificación único.
2. La obligación impuesta en virtud del apartado 1 solo se aplicará en la medida en que la información obre en poder del banco en el que se tenga la cuenta.
3. En la solicitud, además de los requisitos establecidos en el artículo 186, el Estado miembro requirente o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente:
a) indicará las razones por las que considera que la información solicitada puede ser fundamental para la investigación penal de la infracción;
b) indicará por qué motivos supone que los bancos del Estado miembro requerido o de Gibraltar, cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sea el agente requerido, tienen la cuenta y especificará, en la medida de lo posible, qué bancos o cuentas pueden estar implicados; y
c) comunicará cualquier información adicional que pueda facilitar la ejecución de la solicitud.
4. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Circulación de Personas que este artículo se ampliará a las cuentas mantenidas en instituciones financieras no bancarias. Tales notificaciones podrán estar sujetas al principio de reciprocidad.

Texto oficial Artículo 165 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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A petición de un país de la UE, el Reino Unido, para Gibraltar, debe garantizar que puede controlar, durante un período determinado, las operaciones bancarias que se hagan a través de una o más cuentas indicadas en la solicitud, y comunicar los resultados a la parte requirente. Un país de la UE tiene la misma obligación cuando lo pide el Reino Unido, para Gibraltar. Además del contenido que exige el artículo 186, la solicitud debe indicar por qué la parte requirente considera que la información es pertinente para la investigación penal del delito. La decisión de controlar la toman en cada caso las autoridades competentes de la parte requerida según su propia legislación. Los detalles prácticos del control los acuerdan la parte requirente y la parte requerida. El Reino Unido, para Gibraltar, y la UE, en nombre de cualquier país de la UE, podrán notificar cada uno al comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas que el artículo se amplía a las cuentas de instituciones financieras no bancarias, y podrán condicionar esa notificación a la reciprocidad.

El artículo 186 fija el contenido general de una solicitud. El artículo 176, apartados 3 y 4, permite denegar la asistencia coercitiva cuando la medida no podría adoptarse en un caso interno similar o, cuando la legislación de la parte requerida lo exija, cuando no estaría permitida allí o no la ha autorizado una autoridad judicial que actúe en relación con infracciones penales. El artículo 191 limita lo que la parte requirente podrá hacer con lo que conozca así.

Los artículos 165 y 166 tratan de los registros de cuentas que ya existen; este artículo trata del control de las operaciones bancarias de cuentas determinadas durante un periodo concreto. El artículo no fija un periodo máximo. No dice nada sobre informar al titular de la cuenta; el artículo 192, apartado 1, permite a la parte requirente exigir que la existencia y el contenido de una solicitud se mantengan confidenciales. La decisión de controlar la toman las autoridades competentes de la parte requerida «en cada caso», según su propia legislación (apartado 3). Legal Notice 2026/237 (en vigor desde el 23 de julio de 2026) recoge que el Reino Unido, para Gibraltar, ampliará el artículo 167 a las cuentas abiertas en instituciones financieras no bancarias.

1. El Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, garantizará que, a petición del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o de un Estado miembro, pueda, durante un período determinado, realizar un control de las operaciones bancarias que se realicen a través de una o más cuentas especificadas en la solicitud y comunicar los resultados del control al Estado miembro requirente o al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente.
2. Además de los requisitos del artículo 186, el Estado miembro requirente o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, indicará en su solicitud por qué considera que la información solicitada es pertinente a efectos de la investigación penal del delito.
3. La decisión de control será tomada en cada caso por las autoridades competentes del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, de conformidad con su legislación interna.
4. Los detalles prácticos del control serán acordados por el Estado miembro requirente y el Estado miembro requerido y por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, como agente requerido o requirente, según el caso.
5. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Circulación de Personas que el presente artículo se ampliará a las cuentas mantenidas en instituciones financieras no bancarias. Tales notificaciones podrán estar sujetas al principio de reciprocidad.

Texto oficial Artículo 167 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cuando lo pide el Reino Unido, para Gibraltar, o un país de la UE que haya iniciado una investigación o un procedimiento penal, o una investigación o un procedimiento de decomiso, la parte requerida debe adoptar las medidas provisionales necesarias, como el embargo preventivo o la incautación. Su finalidad es impedir cualquier intercambio, transferencia o enajenación de bienes que más adelante puedan ser objeto de una solicitud de decomiso, o que puedan satisfacerla (apartado 1). Una parte que haya recibido una solicitud de decomiso según el artículo 171 debe, si se le pide, adoptar las mismas medidas sobre cualquier bien que sea objeto de la solicitud o que pueda satisfacerla (apartado 2). La parte requerida debe adoptar todas las medidas necesarias para atender la solicitud sin demora y con la misma rapidez y prioridad que en un caso interno similar, y enviar la confirmación sin demora por cualquier medio que deje constancia escrita (apartado 3). Cuando la parte requirente declare que es necesario un embargo preventivo inmediato porque hay motivos legítimos para creer que los bienes serán eliminados o destruidos de inmediato, la parte requerida debe adoptar todas las medidas necesarias para atender la solicitud en un plazo de 96 horas desde que la recibe, y enviar una confirmación escrita sin demora (apartado 4). Si no puede cumplir ese plazo, debe informar inmediatamente a la parte requirente y consultarla sobre los pasos siguientes (apartado 5). Si el plazo vence, las obligaciones de la parte requerida según este artículo continúan (apartado 6).

El artículo 171 es la solicitud de decomiso que el embargo preventivo debe proteger. El artículo 170 regula lo que ocurre después del embargo y antes de que se levante. El artículo 184, apartado 4 exige el formulario del anexo 16; el artículo 184, apartado 8 permite que las traducciones de los documentos justificativos de las solicitudes urgentes del artículo 169, apartado 4, lleguen dentro de las 48 horas siguientes cuando se haya notificado que se exige traducción. El artículo 186, apartado 2 exige un importe máximo cuando los bienes puedan usarse para pagar una resolución de decomiso por valor (una orden de pagar una suma igual al valor del producto). El artículo 176 fija los motivos de denegación, incluidos los apartados 3 y 4 para el embargo preventivo.

Según el apartado 4, cuando la parte requirente declare que hace falta un embargo preventivo inmediato porque hay motivos legítimos para creer que los bienes serán eliminados o destruidos enseguida, la parte requerida debe adoptar todas las medidas necesarias en un plazo de 96 horas desde que recibe la solicitud. Un embargo preventivo puede llegar antes de que exista ninguna resolución de decomiso (apartado 1). El artículo no dice si se oye antes al propietario. La solicitud debe venir de una parte que haya abierto una investigación o un procedimiento penal, o una investigación o un procedimiento de decomiso (apartado 1). La legislación de la parte requerida rige la ejecución (artículo 162, apartado 3), y se puede denegar por los motivos del artículo 176. El artículo 195 exige vías de recurso efectivas para las personas afectadas, pero prohíbe impugnar los motivos de fondo de la medida ante un tribunal de la parte requerida; no dice dónde debe hacerse esa impugnación.

1. A petición del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o de un Estado miembro que haya iniciado una investigación o un procedimiento penales, o una investigación o un procedimiento a efectos de decomiso, el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, adoptará las medidas provisionales necesarias, como el embargo preventivo o la incautación, para impedir cualquier intercambio, transferencia o enajenación de bienes que, en una etapa posterior, puedan ser objeto de una solicitud de decomiso o que puedan satisfacer la solicitud.
2. Un Estado miembro o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, que haya recibido una solicitud de decomiso de conformidad con el artículo 171 adoptará, si así se solicita, las medidas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo respecto de los bienes que sean objeto de la solicitud o que puedan satisfacerla.
3. Cuando se reciba una solicitud en virtud del presente artículo, el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, adoptará todas las medidas necesarias para satisfacer la solicitud sin demora y con la misma rapidez y prioridad que se emplearía en un caso interno similar, y enviará al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o al Estado miembro requirente, una confirmación sin demora y por cualquier medio que deje constancia escrita.
4. Si el Estado miembro requirente o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, declara que es necesario un embargo preventivo inmediato, ya que existen motivos legítimos para creer que los bienes en cuestión serán inmediatamente eliminados o destruidos, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, o el Estado miembro requerido adoptará todas las medidas necesarias para satisfacer la solicitud en un plazo de noventa y seis horas a partir de la recepción de la solicitud, y enviará al Estado miembro requirente o al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, una confirmación sin demora y por cualquier medio que deje constancia escrita.
5. Cuando el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, no pueda cumplir con el plazo establecido en el apartado 4, el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, informará inmediatamente al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o al Estado miembro requirente y consultará con el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o con el Estado miembro requirente sobre los pasos que proceda dar a continuación.
6. El vencimiento del plazo establecido en el apartado 4 no extinguirá los requisitos que el presente artículo impone al Estado miembro requerido o al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido.

Texto oficial Artículo 169 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cuando el Reino Unido, para Gibraltar, recibe una solicitud de decomiso de bienes situados en Gibraltar, debe ejecutar la resolución de decomiso que un tribunal de la parte requirente haya dictado sobre esos bienes, o bien presentar la solicitud a sus propias autoridades competentes para obtener una resolución de decomiso y, si se concede, ejecutarla. Un país de la UE tiene la misma obligación sobre los bienes situados en su territorio. Para la segunda vía, la parte requerida debe tener, cuando sea necesario, competencia para iniciar procedimientos de decomiso según su propia legislación. El apartado 1 también abarca el decomiso por valor (una orden de pagar una suma igual al valor del producto) cuando en la parte requerida haya bienes contra los que pueda ejecutarse; si no se obtiene el pago, la parte requerida debe hacer efectivo el cobro sobre cualquier bien disponible para ese fin. Para una solicitud sobre un bien concreto, las dos partes podrán acordar que la parte requerida la ejecute como una suma igual al valor del bien. Las dos partes también deben cooperar «en la mayor medida en que lo permita su legislación interna» con las solicitudes de ejecutar medidas equivalentes al decomiso que no se hayan dictado en un proceso penal. Esto se aplica en tanto en cuanto una autoridad judicial de la parte requirente haya ordenado las medidas en relación con una infracción penal, y siempre que se haya establecido que los bienes son: el producto; otros bienes en los que el producto se haya transformado o convertido; bienes de fuentes legítimas con los que se haya mezclado el producto, hasta el valor calculado del producto mezclado; o ingresos u otras ventajas derivados del producto, de los bienes en los que se transformó o de los bienes con los que se mezcló, hasta el valor calculado del producto mezclado, de la misma manera y en la misma medida que el producto. Estas medidas incluyen las solicitudes a los tribunales civiles para la incautación, la retención y la confiscación de bienes y activos. La parte requerida debe decidir sobre la ejecución de una resolución de decomiso sin demora y, salvo lo que dice el apartado 8, en un plazo de 45 días desde que recibe la solicitud, y enviar la confirmación sin demora por cualquier medio que deje constancia escrita. Salvo que haya motivos de aplazamiento según el artículo 178, debe adoptar después las medidas concretas para ejecutar la resolución sin demora y, al menos, con la misma rapidez y prioridad que en un caso interno similar. Si no puede cumplir los 45 días, debe informar inmediatamente a la parte requirente y consultarla sobre los pasos siguientes; sus obligaciones continúan después del plazo.

El artículo 178 permite aplazar cuando actuar perjudique las investigaciones o los procedimientos propios de la parte requerida. El artículo 172 hace que la legislación de la parte requerida rija el procedimiento, pero la obliga a atenerse a los hechos que haya establecido el tribunal de la parte requirente; el artículo 173 dice quién se queda el dinero; el artículo 175 prohíbe la prisión por impago sin el consentimiento de la parte requirente; el artículo 176, apartado 5 enumera otros motivos de denegación; el artículo 186, apartado 3 fija lo que debe contener la solicitud; el artículo 184, apartado 5 exige el formulario del anexo 16.

Según el apartado 1, una resolución de decomiso de un tribunal de un país de la UE puede ejecutarse sobre bienes situados en Gibraltar, directamente o a través de una resolución de Gibraltar, y la decisión debe tomarse en un plazo de 45 días (apartado 7). Lo mismo vale para las resoluciones de Gibraltar y los bienes situados en un país de la UE. Los apartados 5 y 6 alcanzan a las medidas dictadas fuera de un proceso penal, incluida la confiscación ante un tribunal civil, cuando una autoridad judicial las haya ordenado en relación con una infracción penal; según el artículo 163, letra d), una autoridad judicial es un juez, un tribunal o un fiscal cuando la legislación interna así lo establece. Para esas medidas, la obligación es cooperar «en la mayor medida en que lo permita su legislación interna». El artículo 176, apartado 5 permite denegar cuando, entre otros motivos, la legislación de la parte requerida no prevé el decomiso para ese tipo de delito, el decomiso ha prescrito allí, la resolución no es ejecutable o aún admite recurso ordinario, o se dictó en ausencia de la persona y, a juicio de la parte requerida, sin los derechos mínimos de defensa. El artículo 174, apartado 2 dice que nada en el capítulo permite que el total decomisado supere la suma de dinero de la resolución.

1. Si un Estado miembro o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, ha recibido una solicitud de decomiso de bienes situados en el territorio de dicho Estado miembro o en Gibraltar, cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sea el agente requerido:
a) ejecutará una resolución de decomiso dictada por un órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente o de Gibraltar, cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sea el agente requirente, en relación con dichos bienes; o
b) presentará la solicitud a sus autoridades competentes a fin de obtener una resolución de decomiso y, en caso de que se conceda dicha resolución, ejecutarla.
2. A los efectos del apartado 1, letra b), los Estados miembros o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, tendrán, cuando sea necesario, competencia para iniciar procedimientos de decomiso con arreglo a su propia legislación interna.
3. Las disposiciones del apartado 1 también se aplicarán a decomisos que consistan en la obligación de pagar una suma de dinero correspondiente al valor del producto, si los bienes contra los que puede ejecutarse el decomiso se encuentran en el territorio del Estado miembro requerido o en Gibraltar, cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sea el agente requerido. En tales casos, cuando se ejecute un decomiso de conformidad con el apartado 1, el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, realizará, si no se obtiene el pago, la reclamación sobre cualquier bien disponible para ese fin.
4. Si una solicitud de decomiso se refiere a bienes concretos, el Estado miembro requirente o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, o el Estado miembro requerido, podrán acordar que el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, o el Estado miembro requerido, puedan ejecutar el decomiso en forma de orden de pago de una cantidad de dinero correspondiente al valor del bien de que se trate.
5. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y los Estados miembros cooperarán en la mayor medida en que lo permita su legislación interna con un Estado miembro o con el Reino Unido, respecto a Gibraltar, que solicite la ejecución de medidas equivalentes al decomiso de bienes, cuando la solicitud no se haya dictado en el marco de procedimientos penales, en tanto en cuanto dichas medidas sean ordenadas por una autoridad judicial del Estado miembro requirente o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, en relación con una infracción penal, siempre que se haya establecido que los bienes constituyen el producto u:
a) otros bienes en los que se haya transformado o convertido el producto;
b) bienes adquiridos de fuentes legítimas, si el producto se ha entremezclado, total o parcialmente, con esos bienes, hasta el valor calculado del producto entremezclado; o
c) ingresos u otras ventajas derivados del producto, de los bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de los bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito, hasta el valor calculado del producto entremezclado, de la misma manera y en la misma medida que el producto.
6. Las medidas mencionadas en el apartado 5 incluyen medidas que permiten la incautación, la detención y la confiscación de bienes y activos mediante solicitudes a los tribunales civiles.
7. El Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, adoptará sin demora la decisión sobre la ejecución de la resolución de decomiso y, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 8 del presente artículo, a más tardar cuarenta y cinco días después de recibir la solicitud. El Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, enviará al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o al Estado miembro requirente, una confirmación por cualquier medio que deje constancia escrita y sin demora. A menos que haya motivos para el aplazamiento de conformidad con el artículo 178, el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, adoptará las medidas concretas necesarias para ejecutar la resolución de decomiso sin demora y, al menos, con la misma rapidez y prioridad que emplearía en un caso interno similar.
8. Cuando el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, no pueda cumplir con el plazo establecido en el apartado 7, informará inmediatamente al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o al Estado miembro requirente y consultará con el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o con el Estado miembro requirente sobre los pasos que proceda dar a continuación.
9. El vencimiento del plazo establecido en el apartado 7 no extinguirá los requisitos que el presente artículo impone al Estado miembro requerido o al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido.

Texto oficial Artículo 171 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La parte requerida enajena los bienes decomisados según los artículos 171 y 172 conforme a su propia legislación y sus procedimientos administrativos, con dos reglas. Primera: cuando atienda una solicitud según el artículo 171, si se le pide y en la medida en que lo permita su legislación, la parte requerida «dará prioridad a la devolución de los bienes decomisados» a la parte requirente, para que esta pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver los bienes a sus propietarios legítimos. Segunda: después de tener en cuenta el derecho de la víctima a la restitución o la indemnización según la primera regla, la parte requerida dispone del dinero obtenido al ejecutar una resolución de decomiso así: si la cantidad es de 10 000 EUR o menos, corresponde a la parte requerida; si es mayor, la parte requerida transfiere el 50 % de la cantidad recaudada a la parte requirente. Aunque exista la segunda regla, el Reino Unido, para Gibraltar, y los países de la UE podrán, caso por caso, estudiar con especial atención otros acuerdos o disposiciones sobre la enajenación de bienes, según consideren oportuno.

Los artículos 171 y 172 son los pasos de decomiso y de ejecución que sigue este artículo. El artículo 174, apartado 2 dice que nada en el capítulo permite que el valor total decomisado supere la suma de dinero de la resolución de decomiso.

Cuando el Reino Unido, para Gibraltar, decomisa a petición de un país de la UE, la cantidad corresponde al Reino Unido, para Gibraltar, si la suma recaudada es de 10 000 EUR o menos; si es mayor, transfiere el 50 % de la cantidad recaudada al país de la UE requirente (apartado 3). Lo mismo vale en sentido inverso. Este reparto se aplica después de tener en cuenta los derechos de las víctimas a la restitución o la indemnización según el apartado 2. Según el apartado 4, el Reino Unido, para Gibraltar, y los países de la UE podrán, caso por caso, estudiar con especial atención otros acuerdos o disposiciones sobre la enajenación. La parte requerida «dará prioridad a la devolución de los bienes decomisados» a la parte requirente, para que esta pueda indemnizar a las víctimas o devolverlos a sus propietarios, si se le pide y en la medida en que lo permita su legislación (apartado 2).

1. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente artículo, los bienes decomisados de conformidad con los artículos 171 y 172 serán enajenados por el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, de conformidad con la legislación interna y sus procedimientos administrativos.
2. Cuando atienda a la solicitud formulada por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, o por un Estado miembro de conformidad con el artículo 171, el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, en la medida en que lo permita su legislación interna y si la solicitud así se lo requiere, dará prioridad a la devolución de los bienes decomisados al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o al Estado miembro requirente, para que pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver esos bienes a sus propietarios legítimos.
3. Cuando atienda a la solicitud formulada por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, o por un Estado miembro en virtud del artículo 171, y después de haber observado el derecho de la víctima a la restitución o la indemnización de los bienes de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, enajenará el importe obtenido como resultado de la ejecución de una resolución de decomiso de la siguiente manera:
a) si la cantidad es igual o inferior a 10 000 EUR, la cantidad revertirá en el Estado miembro requerido o en el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido; o
b) si la cantidad es superior a 10 000 EUR, el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, transferirá el 50 % de la cantidad recaudada al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o al Estado miembro requirente.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y los Estados miembros podrán, tomando en consideración las circunstancias de cada caso, considerar con especial atención la celebración de otros acuerdos o la adopción de otras disposiciones que consideren oportunos sobre la enajenación de bienes.

Texto oficial Artículo 173 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cuando Gibraltar atiende una solicitud de decomiso de un país de la UE según el artículo 171, no debe imponer la prisión por impago (la sanción que usan algunos sistemas jurídicos para encarcelar a quien no paga una suma decomisada) ni ninguna otra medida que restrinja la libertad de una persona como consecuencia de esa solicitud, salvo que la parte requirente lo consienta. La misma limitación obliga a un país de la UE que atiende una solicitud de Gibraltar.

El artículo 171 es la solicitud de decomiso que pone en marcha esta limitación. El artículo 176, apartado 5 enumera otros motivos por los que se podrá denegar la cooperación según los artículos 171 a 175, y el artículo 195 exige vías de recurso efectivas para las personas afectadas por medidas según los artículos 169 a 172.

Según este artículo, una solicitud de decomiso no basta por sí sola para que la parte requerida imponga la prisión por impago ni ninguna otra restricción de la libertad de una persona; hace falta el consentimiento de la parte requirente. El texto no dice si ese consentimiento puede darse por adelantado o en la propia solicitud.

Ni el Estado miembro requerido ni el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, impondrán penas de prisión por defecto ni ninguna otra medida que restrinja la libertad de una persona como consecuencia de una solicitud con arreglo al artículo 171 sin el consentimiento del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o del Estado miembro requirente.

Texto oficial Artículo 175 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La parte requerida (el Reino Unido, para Gibraltar, o un país de la UE) podrá denegar la cooperación según este capítulo si considera que ejecutar la solicitud sería contrario al principio non bis in idem (la norma de que nadie puede ser juzgado ni castigado dos veces por los mismos hechos), o si la conducta no fuera delito según su legislación; para la información y el rastreo de los artículos 164 a 168, este segundo motivo solo se aplica cuando se piden medidas coercitivas (apartado 1). El Reino Unido, para Gibraltar, y la UE podrán notificar cada uno al comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas que, sobre una base de reciprocidad, esta condición de doble tipificación (la conducta debe ser delito en las dos partes) no se aplicará a los delitos enumerados en el artículo 118, apartado 5, según los defina la legislación de la parte requirente, que allí estén castigados con una pena máxima de al menos tres años de privación de libertad (apartado 2). La asistencia coercitiva de los artículos 164 a 168, y el embargo preventivo de los artículos 169 y 170, también podrán denegarse si la medida no pudiera adoptarse en un caso interno similar; y, cuando la legislación de la parte requerida lo exija, si la medida u otra similar no estuviera permitida según su legislación o si la solicitud no está autorizada por una autoridad judicial que actúe en relación con infracciones penales (apartados 3 y 4). El decomiso de los artículos 171 a 175 también podrá denegarse si la legislación de la parte requerida no prevé el decomiso para ese tipo de delito; si fuera contrario a los principios de esa legislación sobre los límites del decomiso en cuanto a la relación entre un delito y una ventaja económica que podría considerarse su producto, o un bien que podría considerarse su instrumento (sin que afecte a la obligación del artículo 171, apartado 3); si el decomiso ha prescrito allí; si, sin que afecte al artículo 171, apartados 5 y 6, la solicitud no se basa en una condena previa o en una resolución judicial que declare que se cometió un delito; si la resolución no es ejecutable en la parte requirente o aún admite recurso ordinario; o si se dictó en ausencia de la persona y, a juicio de la parte requerida, sin los derechos mínimos de defensa (apartado 5). Los apartados 6 y 7 dicen cuándo una resolución no se considera dictada en ausencia y qué se tiene en cuenta. No se podrá invocar el secreto bancario para denegar la cooperación, aunque la parte requerida podrá, cuando su legislación lo exija, exigir una autorización judicial para levantarlo (apartado 8). La parte requerida tampoco podrá denegarla porque la persona afectada sea una persona jurídica, porque la persona sujeta a una resolución de decomiso del producto haya fallecido o la persona jurídica se haya disuelto (para la ejecución según el artículo 171, apartado 1, letra a)), o porque la persona aparezca a la vez como autora del delito principal y del blanqueo de capitales (apartado 9).

El artículo 118, apartado 5 es la lista de delitos, del capítulo sobre la orden de detención, a la que se vincularía una renuncia a la doble tipificación. Los artículos 164 a 168 son las facultades de información y rastreo; los artículos 169 y 170, las de embargo preventivo; y los artículos 171 a 175, las de decomiso, cada una con sus propios motivos de denegación en este artículo. El artículo 171, apartados 3, 5 y 6, queda a salvo frente a los motivos de los límites del decomiso y de la falta de condena. El artículo 179 exige estudiar una aceptación parcial o condicional antes de denegar, y el artículo 189 exige motivar la decisión.

Los motivos de denegación de los apartados 1, 3, 4 y 5 dicen «podrá denegarse» o «también podrá denegarse», así que denegar es una opción de la parte requerida, no una obligación. El apartado 8 quita el secreto bancario como motivo de denegación. Según el apartado 2, cuando se aplica una notificación de ese tipo, la condición de doble tipificación del apartado 1, letra b), no se aplica a un delito de la lista del artículo 118, apartado 5, según su definición en la legislación de la parte requirente, que esté castigado allí con una pena máxima de al menos tres años de privación de libertad. El apartado 2 remite a la condición del apartado 1, letra b); los apartados 3 a 5 fijan motivos distintos. Legal Notice 2026/237 (en vigor desde el 23 de julio de 2026) recoge una notificación del Reino Unido, para Gibraltar, según el artículo 176, apartado 2, sobre una base de reciprocidad. El apartado 5 permite denegar el decomiso cuando la legislación de la parte requerida no prevé el decomiso para ese delito, o cuando la resolución ha prescrito, no es ejecutable o todavía puede recurrirse por la vía ordinaria, o se dictó en ausencia de la persona sin los derechos mínimos de defensa.

1. La cooperación en virtud del presente capítulo podrá denegarse si:
a) el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, considera que la ejecución de la solicitud sería contraria al principio non bis in idem; o
b) el delito a que se refiere la solicitud no constituye un delito con arreglo a la legislación interna del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, si se ha cometido dentro de su jurisdicción; sin embargo, este motivo de denegación es aplicable a la cooperación en virtud de los artículos 164 a 168 solo en la medida en que la asistencia solicitada implique medidas que sean coercitivas.
2. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Circulación de Personas que, sobre una base de reciprocidad, la condición de doble tipificación a que se refiere el apartado 1, letra b), del presente artículo no se aplicará siempre que el delito que dio lugar a la solicitud sea:
a) uno de los delitos enumerados en el artículo 118, apartado 5, según su definición en la legislación del Estado miembro requirente o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente; y
b) punible en el Estado miembro requirente o en el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un período máximo de al menos tres años.
3. La cooperación en virtud de los artículos 164 a 168, en la medida en que la asistencia solicitada entrañe medidas que sean coercitivas, y en virtud de los artículos 169 y 170 también podrá ser denegada si las medidas solicitadas no pueden adoptarse de conformidad con la legislación interna del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, a efectos de investigaciones o procedimientos en un caso interno similar.
4. Cuando la legislación interna del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, así lo exija, la cooperación en virtud de los artículos 164 a 168, en la medida en que la asistencia solicitada entrañe medidas que sean coercitivas, y en virtud de los artículos 169 y 170 también podrá ser denegada si las medidas solicitadas o cualquier otra medida de efectos similares no estarían permitidas de conformidad con la legislación interna del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, o si la solicitud no está autorizada por una autoridad judicial que actúe en relación con infracciones penales.
5. La cooperación en virtud de los artículos 171 a 175 también podrá denegarse si:
a) en virtud de la legislación interna del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, no se establece el decomiso respecto del tipo de delito al que se refiere la solicitud;
b) sin perjuicio de la obligación establecida en el artículo 171, apartado 3, sería contraria a los principios de la legislación interna del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, en cuanto a los límites del decomiso por lo que respecta a la relación entre un delito y:
i) una ventaja económica que podría calificarse como producto; o ii) un bien que podría calificarse como sus instrumentos;
c) en virtud de la legislación interna del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, el decomiso ya no puede ser impuesto o ejecutado debido al tiempo transcurrido;
d) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 171, apartados 5 y 6, la solicitud no se refiere a una condena previa, o una decisión de carácter judicial o un dictamen en dicha decisión de que se han cometido una o varias infracciones, sobre cuya base se ha ordenado o solicitado el decomiso;
e) el decomiso no es exigible en el Estado miembro requirente o en Gibraltar, cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sea el agente requirente, o está aún sujeto a vías de recurso ordinarias; o
f) la solicitud se refiere a una resolución de decomiso resultante de una decisión dictada en rebeldía de la persona contra la que se emitió la resolución y, a juicio del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, los procedimientos llevados a cabo por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o por el Estado miembro requirente que condujeron a esa decisión no satisfacían los derechos mínimos de defensa debidos a toda persona contra la cual se haya presentado una acusación penal.
6. A los efectos del apartado 5, letra f), una decisión no se considerará dictada en rebeldía si:
a) ha sido confirmada o pronunciada tras la oposición de la persona afectada; o
b) se ha dictado en apelación, siempre que la apelación haya sido presentada por la persona afectada.
7. Cuando considere, a los efectos del apartado 5, letra f), si se han satisfecho los derechos mínimos de defensa, el Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, tendrá en cuenta el hecho de que la persona afectada intentara deliberadamente evadir la justicia o de que esa persona, habiendo tenido la posibilidad de interponer un recurso judicial contra la decisión dictada en rebeldía, decidiera no hacerlo. Lo mismo se aplicará cuando la persona afectada, habiéndole sido debidamente entregada la citación para comparecer, decida no comparecer ni solicitar un aplazamiento.
8. Los Estados miembros o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, no invocarán el secreto bancario como motivo para denegar ninguna cooperación en virtud del presente capítulo. Cuando su legislación interna así lo exija, un Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, podrá exigir que una solicitud de cooperación que entrañe el levantamiento del secreto bancario sea autorizada por una autoridad judicial que actúe en relación con infracciones penales.
9. El Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, no invocará:
a) el hecho de que la persona investigada o sujeta a una resolución de decomiso por el Estado miembro requirente o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, sea una persona jurídica, como obstáculo para permitir cualquier cooperación en virtud del presente capítulo;
b) el hecho de que la persona física contra la que se dictara una resolución de decomiso haya fallecido, o de que la persona jurídica contra la que se dictara una resolución de decomiso haya sido disuelta posteriormente, como obstáculo para prestar asistencia de conformidad con el artículo 171, apartado 1, letra a); o
c) el hecho de que la persona investigada o sujeta a una resolución de decomiso por el Estado miembro requirente o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, sea mencionada en la solicitud como autora tanto del delito subyacente como del delito de blanqueo de capitales, como obstáculo para permitir cualquier cooperación en virtud del presente capítulo.

Texto oficial Artículo 176 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El artículo 6, apartado 1 (las comunicaciones por el FCDO o por otro organismo del Reino Unido) se aplica solo a las solicitudes iniciales de este capítulo, que se envían por esa vía. Con esa salvedad, las autoridades centrales se comunican directamente entre sí. Con la misma salvedad, en casos urgentes, las autoridades judiciales de la parte requirente podrán enviar solicitudes o comunicaciones directamente a las autoridades judiciales de la parte requerida, con una copia enviada al mismo tiempo a la autoridad central de la parte requerida a través de la autoridad central de la parte requirente; una autoridad que no sea competente debe pasar la solicitud a la autoridad competente e informar directamente a la parte requirente. También con esa salvedad, las autoridades competentes de la parte requirente podrán enviar directamente a la parte requerida las solicitudes o comunicaciones de los artículos 164 a 168 que no supongan medidas coercitivas. Las autoridades judiciales de la parte requirente podrán enviar proyectos de solicitud directamente a las autoridades judiciales de la parte requerida antes de una solicitud formal, para que la solicitud formal pueda tramitarse con eficacia y cumpla los requisitos legales de la parte requerida.

El artículo 6, apartado 1 es la norma que hace pasar las comunicaciones por el FCDO o por otro organismo del Reino Unido, y que este artículo limita a las solicitudes iniciales. Los artículos 164 a 168 son las medidas de información y rastreo que pueden enviarse directamente cuando no suponen medidas coercitivas. El artículo 182 prevé las autoridades centrales que se comunican.

Según el apartado 1, la primera solicitud de un asunto pasa por el cauce del artículo 6, apartado 1. Después, las autoridades centrales se comunican directamente (apartado 2), y los apartados 3, 5 y 6 permiten el envío directo en casos urgentes, en las solicitudes de información y de localización que no son coercitivas y en los borradores. Los apartados 2, 3 y 5 empiezan con «Con sujeción a lo dispuesto en el apartado 1»; el texto no dice con claridad si una solicitud urgente o no coercitiva que sea la primera de un asunto podrá enviarse directamente o deberá pasar de todos modos por el cauce del artículo 6, apartado 1. Legal Notice 2026/237 designa al ministro de Justicia (Minister for Justice) como autoridad central del Reino Unido, para Gibraltar, según el artículo 182, apartado 1, para todas las solicitudes salvo las de asuntos aduaneros.

1. El artículo 6, apartado 1, se aplicará únicamente en relación con las solicitudes iniciales formuladas en virtud del presente capítulo, que se transmitirán de conformidad con dicho artículo.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades centrales se comunicarán directamente entre sí.
3. Con sujeción a lo dispuesto en el apartado 1, en caso de urgencia, las autoridades judiciales del Estado miembro requirente o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, podrán enviar directamente solicitudes o comunicaciones en virtud del presente capítulo a las autoridades judiciales del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, o del Estado miembro requerido. En tales casos, se enviará al mismo tiempo una copia a la autoridad central del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, por medio de la autoridad central del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, o del Estado miembro requirente.
4. Cuando se presente una solicitud de conformidad con el apartado 3 y la autoridad no sea competente para atenderla, la remitirá a la autoridad nacional competente e informará directamente al Estado miembro requirente o al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, de que lo ha hecho.
5. Con sujeción a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, las autoridades competentes del Estado miembro requirente o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente podrán transmitir directamente al Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, o al Estado miembro requerido las solicitudes o comunicaciones previstas en los artículos 164 a 168 que no entrañen medidas coercitivas.
6. Las autoridades judiciales del Estado miembro requirente o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente podrán enviar directamente proyectos de solicitudes o comunicaciones previstas en el presente capítulo a las autoridades judiciales del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, o del Estado miembro requerido, antes de que se presente una solicitud oficial para garantizar que esta pueda tramitarse eficazmente en el momento de su recepción y contenga información y documentos justificativos suficientes para el cumplimiento de los requisitos de la legislación del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, o del Estado miembro requerido.

Texto oficial Artículo 183 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Gibraltar podrá supeditar la ejecución de una solicitud a que la información o las pruebas no se usen ni se transmitan, sin su consentimiento previo, para investigaciones o procedimientos distintos de los indicados en la solicitud; y, haya o no esa condición, la información que facilite no podrá usarse para otros procedimientos sin su consentimiento. Lo mismo obliga a un país de la UE que facilite información a Gibraltar. La parte receptora podrá usar los datos personales transferidos según el capítulo para los procedimientos que abarca el capítulo, para procedimientos judiciales y administrativos relacionados directamente con ellos, «para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública», o para cualquier otro fin solo con el consentimiento previo de la parte que los envía, salvo que el interesado haya dado su consentimiento. Estas normas también abarcan los datos personales obtenidos según el capítulo por una vía distinta de la transferencia. No se aplican a los datos que obtenga Gibraltar y que procedan de Gibraltar, ni a los que obtenga un país de la UE y que procedan de ese país.

Los artículos 165 a 167 (cuentas bancarias, operaciones de las cuentas y control de las cuentas) son algunas de las fuentes de datos personales que regula este artículo. El artículo 192 trata la confidencialidad de la propia solicitud y, en su apartado 3, la de la información espontánea enviada según el artículo 168.

Según el apartado 2, la información o las pruebas facilitadas según este capítulo no podrán usarse ni transmitirse para investigaciones o procedimientos distintos de los indicados en la solicitud sin el consentimiento previo de la parte que las facilita; esto se aplica en los dos sentidos. Según el apartado 3, los datos personales podrán usarse sin ese consentimiento para procedimientos judiciales y administrativos relacionados directamente y «para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública»; el texto no define más esa expresión. El artículo no da a la persona cuyos datos se envían el derecho a ser informada; solo le da un papel cuando se trata de consentir el uso para otros fines (apartado 3, letra d)).

1. El Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, podrá hacer que el cumplimiento de una solicitud esté supeditado a la condición de que ni el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, ni el Estado miembro requirente utilicen ni transmitan sin su consentimiento previo la información o las pruebas obtenidas, en el marco de investigaciones o procedimientos distintos de los especificados en la solicitud.
2. Sin el consentimiento previo del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requerido, ni el Reino Unido, respecto a Gibraltar, cuando sea el agente requirente, ni el Estado miembro requirente utilizarán ni transmitirán la información o las pruebas proporcionadas por aquellos en virtud del presente capítulo, en el marco de investigaciones o procedimientos distintos de los especificados en la solicitud.
3. Los datos personales comunicados en virtud del presente capítulo podrán ser utilizados por el Estado miembro al que hayan sido transferidos o por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, si se le han transferido:
a) a los efectos de los procedimientos a los que se aplica el presente capítulo;
b) para otros procedimientos judiciales y administrativos relacionados directamente con los mencionados en la letra a);
c) para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública; o
d) para cualquier otro fin, tan solo con el consentimiento previo del Estado miembro que los comunica o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, si ha efectuado la comunicación, a menos que el Estado miembro del que se trate o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, según el caso, haya obtenido el consentimiento del interesado.
4. El presente artículo se aplicará también a los datos personales no comunicados pero obtenidos al amparo de lo establecido en el presente capítulo.
5. El presente artículo no se aplicará a los datos personales obtenidos por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, o por un Estado miembro al amparo del presente capítulo y que, en el caso del Reino Unido, procedan de Gibraltar o, en el caso de un Estado miembro, procedan de dicho Estado miembro.

Texto oficial Artículo 191 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El Reino Unido, para Gibraltar, y los países de la UE deben garantizar que las personas afectadas por medidas según los artículos 169 a 172 (adopción de medidas provisionales como el embargo preventivo, ejecución de esas medidas, decomiso y ejecución del decomiso) dispongan de vías de recurso efectivas para preservar sus derechos. Los motivos de fondo de las medidas solicitadas según los artículos 169 a 172 no podrán impugnarse ante un tribunal de la parte requerida: un tribunal de Gibraltar cuando el Reino Unido, para Gibraltar, sea la parte requerida, o un tribunal del país de la UE requerido. El artículo no dice qué tribunal puede conocer de una impugnación de esos motivos.

Los artículos 169 a 172 se titulan «Obligación de adoptar medidas provisionales», «Ejecución de medidas provisionales», «Obligación de decomisar» y «Ejecución de decomisos». El artículo 176, apartado 5, letras e) y f), permite a la parte requerida (el Reino Unido, para Gibraltar, o un país de la UE) denegar la cooperación en materia de decomiso cuando el decomiso no es exigible en la parte requirente o aún admite vías de recurso ordinarias, o cuando la resolución procede de una decisión dictada en ausencia de la persona y, a juicio de la parte requerida, el procedimiento no respetó los derechos mínimos de defensa. El artículo 181 trata el reconocimiento de las decisiones sobre derechos que reclaman terceros. El artículo 177 exige consultar cuando hay motivos fundados para creer que ejecutar una resolución de embargo preventivo o de decomiso supondría un riesgo real para la protección de los derechos fundamentales.

El apartado 1 exige vías de recurso efectivas; el apartado 2 prohíbe impugnar los motivos de fondo ante un tribunal de la parte requerida. El artículo no dice qué tribunal conoce de una impugnación de esos motivos. El artículo 180, apartado 3 exige que la parte que entrega documentos judiciales a una persona afectada por medidas provisionales o resoluciones de decomiso indique qué vías de recurso ofrece su propia legislación.

1. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, y los Estados miembros garantizarán que las personas afectadas por las medidas adoptadas en virtud de los artículos 169 a 172 dispongan de vías de recurso efectivas para preservar sus derechos.
2. Los motivos de fondo para adoptar las medidas solicitadas con arreglo a los artículos 169 a 172 no serán impugnados ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido ni de Gibraltar, cuando el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sea el agente requerido.

Texto oficial Artículo 195 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cada Parte mantiene el derecho a fijar sus propias políticas, prioridades y niveles de protección contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de manera coherente con sus compromisos internacionales, incluido este título. Sin embargo, el Reino Unido, para Gibraltar, «no atenuará ni reducirá» sus medidas por debajo de los niveles de los actos de la UE enumerados en el anexo 17 tal como estaban vigentes cuando el tratado entró en vigor, ni siquiera por no hacer cumplir de forma efectiva sus leyes y normas. Las dos Partes deben seguir esforzándose por aumentar sus niveles de protección, y deben revisar periódicamente si hace falta reforzar las medidas, y también cada vez que una Parte modifique su legislación de un modo que afecte a la protección de manera incompatible con este título. Si diferencias significativas entre las legislaciones nacionales causan diferencias en la igualdad de condiciones que distorsionen la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las Partes se consultan en el comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas para encontrar una solución mutuamente satisfactoria en un plazo de 45 días. Si no se encuentra, cualquiera de las Partes podrá adoptar medidas de reequilibrio adecuadas. Su alcance y su duración deben limitarse a lo estrictamente necesario y proporcionado para corregir la situación, y tienen prioridad las medidas que menos perturben el funcionamiento del tratado. La evaluación de esos efectos por una Parte debe basarse en pruebas fiables «y no en meras conjeturas o posibilidades remotas».

El anexo 17 enumera los actos de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por debajo de cuyos niveles el Reino Unido, para Gibraltar, no podrá atenuar ni reducir sus medidas; la referencia son las versiones «vigentes en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo». Los artículos 196 y 197 dan el objetivo y los principios del título. El comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas es el foro de consulta.

El apartado 2 nombra solo al Reino Unido, para Gibraltar: sus medidas contra el blanqueo de capitales no podrán quedar por debajo de los niveles de los actos de la UE del anexo 17 vigentes a la entrada en vigor, y no hacer cumplir esas medidas también cuenta. Es una norma de no regresividad (una norma contra la rebaja de los niveles de protección). El apartado 3, por el que las Partes «seguirán esforzándose por aumentar» su protección, obliga a las dos Partes. El reequilibrio del apartado 6 está abierto a cualquiera de las Partes, solo después de la consulta de 45 días del apartado 5, y se limita a lo estrictamente necesario y proporcionado. Según el artículo 24, apartado 2, el comité del tratado UE-Reino Unido adopta sus decisiones de mutuo acuerdo.

1. Las Partes afirman el derecho de cada una de ellas a establecer sus políticas y prioridades en los ámbitos comprendidos en el presente capítulo, a determinar los niveles necesarios de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que consideren adecuados y a adoptar o modificar sus leyes y políticas de manera coherente con los compromisos internacionales de cada una de las Partes, incluidos los contemplados en el presente título.
2. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, no atenuará ni reducirá sus medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por debajo de los niveles establecidos en los actos de la Unión enumerados en el anexo 17 vigentes en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, ni siquiera dejando de controlar de manera efectiva el cumplimiento de sus leyes y normas.
3. Las Partes seguirán esforzándose por aumentar sus respectivos niveles de protección contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a que se refiere el presente título.
4. Las Partes revisarán periódicamente la necesidad de reforzar las medidas para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a que se refiere el apartado 2, así como cada vez que una Parte modifique su legislación y se vea afectada la protección de manera incompatible con lo dispuesto en el presente título.
5. En caso de que surjan diferencias en la igualdad de condiciones entre las Partes que den lugar a distorsiones en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como consecuencia de divergencias significativas entre las legislaciones nacionales de las Partes, se celebrará una consulta en el Comité Especializado en Circulación de Personas con el fin de encontrar una solución mutuamente satisfactoria al asunto en un plazo de cuarenta y cinco días.
6. Si no se llega a una solución mutuamente satisfactoria mediante la consulta a que se refiere el apartado 5, cualquiera de las Partes podrá adoptar las medidas de reequilibrio adecuadas para hacer frente a la situación. El alcance y la duración de estas medidas se limitarán a lo estrictamente necesario y proporcionado para corregir la situación. Se otorgará prioridad a las medidas que menos perturben el funcionamiento del presente Acuerdo. La evaluación de una Parte acerca de esos efectos se basará en evidencias fiables y no en meras conjeturas o posibilidades remotas.

Texto oficial Artículo 198 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La UE y el Reino Unido (para Gibraltar) reconocen que el comercio y la inversión entre la UE y el Reino Unido, para Gibraltar, en los términos de este tratado, requieren una igualdad de condiciones (unas reglas de juego justas) que garantice una competencia abierta y justa entre ellos, y que garantice que el comercio y la inversión se produzcan de una manera que propicie el desarrollo sostenible. Reconocen que el desarrollo sostenible abarca el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, que los tres son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y afirman su compromiso de promover el comercio y la inversión internacionales de manera que contribuyan a él. Cada parte reafirma su ambición de lograr la neutralidad climática en toda la economía para 2050. Las dos afirman su interpretación común de que su relación económica, en lo que concierne a Gibraltar, «solo puede ofrecer beneficios mutuamente satisfactorios» si los compromisos sobre la igualdad de condiciones soportan el paso del tiempo, de modo que se prevengan las distorsiones del comercio o la inversión y se contribuya al desarrollo sostenible. Están decididas a mantener y mejorar sus normas estrictas en los ámbitos que abarca este título. El comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio podrá añadir otros ámbitos, o fijar normas más estrictas que las del apartado 4, para mantener la igualdad de condiciones a lo largo del tiempo.

El apartado 3 (neutralidad climática) es uno de los asuntos que pueden llevarse a consultas según el artículo 235. Los «ámbitos comprendidos en el presente título» son las ayudas estatales (artículos 201 a 210), la fiscalidad (211 a 213), el trabajo (214 a 217), el medio ambiente y el clima (218 a 223) y el comercio y el desarrollo sostenible (224 a 234).

El apartado 1 vincula la igualdad de condiciones al comercio y la inversión entre la UE y el Reino Unido, para Gibraltar. Según el apartado 5, el comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio podrá añadir ámbitos o fijar normas más estrictas que las del apartado 4; el apartado no prevé rebajarlas. Según el artículo 24, apartado 2, los comités del tratado UE-Reino Unido adoptan sus decisiones de mutuo acuerdo, así que una decisión según el apartado 5 necesita el acuerdo tanto de la UE como del Reino Unido, para Gibraltar.

1. Las Partes reconocen que el comercio y la inversión entre la Unión y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, en los términos establecidos en el presente Acuerdo requieren igualdad de condiciones que garanticen una competencia abierta y justa entre las Partes y que el comercio y la inversión se produzcan de una manera que propicie el desarrollo sostenible.
2. Las Partes reconocen que el desarrollo sostenible abarca el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección medioambiental, que los tres son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y afirman su compromiso de promover el desarrollo del comercio internacional y las inversiones de manera que contribuyan al objetivo del desarrollo sostenible.
3. Cada una de las Partes reafirma su ambición de lograr, para 2050, la neutralidad climática en toda la economía.
4. Las Partes afirman su interpretación común de que su relación económica, en lo que concierne a Gibraltar, solo puede ofrecer beneficios mutuamente satisfactorios si los compromisos relativos a la igualdad de condiciones para una competencia abierta y justa soportan el paso del tiempo, de modo que se prevengan las distorsiones del comercio o la inversión y se contribuya al desarrollo sostenible. Las Partes están decididas a mantener y mejorar sus respectivas normas estrictas en los ámbitos comprendidos en el presente título.
5. El Comité Especializado en Economía y Comercio podrá comprender otros ámbitos o establecer normas más estrictas que las previstas en el apartado 4 con el fin de mantener la igualdad de condiciones entre las Partes a lo largo del tiempo.

Texto oficial Artículo 199 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El capítulo sobre ayudas estatales, junto con el anexo 18, se aplica a las ayudas que conceda el Reino Unido, para Gibraltar, a empresas que produzcan, transformen o suministren mercancías, cuando la ayuda tenga o pueda tener un efecto en el comercio o la inversión entre la UE y Gibraltar; y a empresas que presten servicios, pero solo en la medida en que la ayuda tenga o pueda tener un efecto en el comercio de mercancías o en la inversión entre la UE y Gibraltar. Por su parte, la UE se compromete a mantener su propio sistema de control de las ayudas estatales según los artículos 93, 106, 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y a aplicarlo, cuando proceda, a toda ayuda que tenga o pueda tener un efecto en el comercio de mercancías o en la inversión entre la UE y Gibraltar.

El anexo 18 fija las normas detalladas que debe seguir el sistema de Gibraltar, incluidas las exenciones permitidas según el artículo 205, apartado 3. El artículo 202 enumera lo que queda excluido (agricultura, pescado, sector audiovisual). El artículo 289 dice que un convenio fiscal prevalece sobre este título cuando los dos entran en conflicto.

El capítulo no define por sí mismo las ayudas estatales; el anexo 18 aplica los actos de la UE sobre ayudas estatales que enumera a las ayudas que conceda el Reino Unido, para Gibraltar, en el sentido del artículo 201, apartado 1. El apartado 1 fija un criterio distinto según el sector. Para las empresas que producen, transforman o suministran mercancías, basta con que la ayuda tenga, o pueda tener, un efecto en el comercio o la inversión entre la UE y Gibraltar. Para las empresas que prestan servicios, el capítulo solo se aplica «siempre que la ayuda tenga, o pueda tener, un efecto en el comercio de mercancías o en la inversión». Para la UE, el apartado 2 es un compromiso de mantener su sistema de control actual según los artículos de los Tratados de la UE que se nombran allí.

1. El presente capítulo y el anexo 18 se aplicarán a las ayudas estatales que el Reino Unido, respecto a Gibraltar, conceda a uno o varios agentes económicos que:
a) produzcan, transformen o suministren mercancías, cuando la ayuda tenga, o pueda tener, un efecto en el comercio o la inversión entre la Unión y Gibraltar; o
b) presten servicios, siempre que la ayuda tenga, o pueda tener, un efecto en el comercio de mercancías o en la inversión entre la Unión y Gibraltar.
2. La Unión se compromete a mantener su sistema de control de las ayudas estatales de conformidad con los artículos 93, 106, 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y aplicarlo, en su caso, a todas las ayudas que tengan, o puedan tener, un efecto en el comercio de mercancías o en la inversión entre la Unión y Gibraltar.

Texto oficial Artículo 201 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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En los seis meses siguientes a la concesión de cualquier ayuda estatal, cada parte debe publicar en un sitio web oficial o en una base de datos pública: la base jurídica y la finalidad de la ayuda; el nombre del beneficiario, cuando esté disponible; la fecha de concesión, su duración y cualquier otro límite de tiempo; y el importe concedido o presupuestado. En las ayudas que se dan por medio de medidas fiscales, el plazo es de un año desde la fecha límite para presentar la declaración fiscal, y el importe podrá darse como un rango en lugar de una cifra. Estas obligaciones se suman a las leyes de cada parte sobre libertad de información y acceso a los documentos, y no las recortan.

El artículo 208, apartado 2, permite a la otra parte pedir esta información si no se ha publicado, o si no se ha publicado de forma fácilmente accesible, y el artículo 208, apartado 3, da 45 días para responder. El anexo 18 regula el resto del sistema de ayudas estatales de Gibraltar.

Cada parte debe publicar esta información sobre las ayudas estatales concedidas o mantenidas en su territorio. En las ayudas estatales concedidas en Gibraltar, los datos publicados incluyen el nombre del beneficiario, cuando esté disponible, el importe (en las medidas fiscales, posiblemente como un rango) y las fechas. El artículo 206, apartado 1, letra d), exige que los órganos jurisdiccionales puedan conocer las reclamaciones de las partes interesadas que estén legitimadas según el Derecho de esa parte, y el artículo 206, apartado 2, incluye entre las partes interesadas a los agentes económicos que compiten con el beneficiario.

1. Con respecto a cualquier ayuda estatal concedida o mantenida en su territorio, cada una de las Partes, en el plazo de seis meses desde la concesión de la ayuda estatal, pondrá a disposición del público, en un sitio web oficial o en una base de datos pública, la siguiente información:
a) la base jurídica y el objetivo o la finalidad de la ayuda estatal en el marco de su política;
b) el nombre del beneficiario de la ayuda estatal, cuando esté disponible;
c) la fecha de concesión de la ayuda estatal, su duración y cualquier otro límite temporal que se le aplique; y
d) el importe de la ayuda estatal o el importe presupuestado para ella.
2. En el caso de las ayudas estatales que adoptan la forma de medidas fiscales, la información se hará pública en el plazo de un año a partir de la fecha límite para la presentación de la declaración fiscal. Las obligaciones de transparencia de las ayudas estatales que adoptan la forma de medidas fiscales se refieren a la misma información que se enumera en el apartado 1, salvo la información requerida en virtud de la letra d) de dicho apartado, que puede proporcionarse como un rango.
3. Las obligaciones que impone el presente artículo se entienden sin perjuicio de las obligaciones de las Partes en virtud de sus respectivos ordenamientos jurídicos en lo que respecta a la libertad de información o el acceso a los documentos.

Texto oficial Artículo 203 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cada parte debe crear o mantener una autoridad u organismo «funcionalmente independiente» (independiente en su forma de trabajar) y con «una misión adecuada» en su sistema de control de las ayudas estatales (apoyo que una autoridad pública da a las empresas). Esa autoridad u organismo debe tener las garantías de independencia que necesita para hacer su trabajo y debe actuar con imparcialidad (apartado 1). Cada parte debe garantizar que toda medida prevista para conceder o modificar una ayuda estatal se notifique a su autoridad u organismo, y que no se aplique hasta que la autoridad u organismo la haya autorizado (apartado 2). Una parte podrá eximir del apartado 2 determinadas categorías de ayuda estatal si las exenciones son transparentes y se basan en «criterios objetivos como, por ejemplo, el tamaño de los beneficiarios o umbrales cuantitativos» (la lista no es cerrada). En el caso del Reino Unido, para Gibraltar (la forma en que el tratado designa al Reino Unido cuando actúa por Gibraltar), las exenciones deben cumplir el anexo 18 (apartado 3). Cada parte debe garantizar que su autoridad u organismo tenga la facultad de ordenar la recuperación (la devolución) de toda ayuda estatal concedida sin su autorización previa (apartado 4). Cada parte debe animar a su autoridad u organismo a cooperar con la autoridad u organismo de la otra parte en cuestiones de interés común dentro de sus funciones, incluida la aplicación de los artículos 201 a 204, según proceda, dentro de los límites de sus marcos jurídicos. Las partes, o sus autoridades u organismos, podrán acordar un marco separado para esa cooperación (apartado 5). El apartado 2 no se aplica a una medida prevista, por medio de una ley del Parlamento de Gibraltar, para conceder o modificar las ayudas estatales a las que se refiere el artículo 201. Para esa medida prevista, el Reino Unido, para Gibraltar, debe garantizar que se notifique a su autoridad u organismo y que la autoridad u organismo tenga la facultad de emitir un dictamen sobre ella (apartado 6). El apartado 4 no se aplica a una medida, por medio de una ley del Parlamento de Gibraltar, para conceder o modificar esas ayudas; el Reino Unido, para Gibraltar, debe garantizar que su autoridad u organismo tenga la facultad de emitir un dictamen sobre esa medida (apartado 7). En los dos casos, el Reino Unido, para Gibraltar, debe tener en cuenta el dictamen y, cuando proceda, proponer modificaciones de la ley para que las examine el Parlamento de Gibraltar (apartados 6 y 7).

El apartado 5 nombra los artículos 201 a 204 entre las materias en las que las dos autoridades deben cooperar. El apartado 3 exige que las exenciones de Gibraltar cumplan el anexo 18. El artículo 206, apartado 3, y el artículo 207, apartado 4, fijan cómo se aplican las medidas correctoras ante los tribunales y la norma de recuperación a las ayudas concedidas por medio de una ley del Parlamento de Gibraltar. El artículo 210, apartado 1, deja este artículo fuera de la solución de diferencias de la sexta parte (el procedimiento general del tratado para las diferencias entre las dos partes).

Según el apartado 2, una medida de ayuda estatal prevista en Gibraltar no debe aplicarse antes de que la autoridad u organismo independiente la autorice, salvo que entre en una exención fijada según el apartado 3, que en el caso de Gibraltar debe cumplir el anexo 18. Los apartados 6 y 7 tratan de otra manera las ayudas concedidas o modificadas por medio de una ley del Parlamento de Gibraltar: no se les aplican el apartado 2 (autorización previa) ni el apartado 4 (la facultad de ordenar la recuperación). En su lugar, la autoridad u organismo tiene la facultad de emitir un dictamen, y el Reino Unido, para Gibraltar, debe tenerlo en cuenta. Este artículo no nombra la autoridad u organismo de Gibraltar.

1. Cada una de las Partes creará o mantendrá una autoridad u organismo funcionalmente independiente con una misión adecuada en el marco de su sistema de control de las ayudas estatales. Dicha autoridad u organismo independiente aportará las garantías necesarias de independencia en el ejercicio de sus funciones operativas y actuará con imparcialidad.
2. Cada una de las Partes velará por que toda medida prevista para conceder o modificar una ayuda estatal se notifique a su autoridad u organismo independiente y que dicha medida no se lleve a efecto antes de que la haya autorizado la autoridad u organismo independiente.
3. Cualquiera de las Partes podrá decidir que determinadas categorías de ayuda estatal queden exentas de las obligaciones establecidas en el apartado 2, siempre que las exenciones sean transparentes y se basen en criterios objetivos como, por ejemplo, el tamaño de los beneficiarios o umbrales cuantitativos. En el caso del Reino Unido, respecto a Gibraltar, dichas exenciones cumplirán lo dispuesto en el anexo 18.
4. Cada una de las Partes velará por que su autoridad u organismo independiente esté facultada para ordenar la recuperación de toda ayuda estatal concedida sin la autorización previa de la autoridad u organismo independiente.
5. Cada una de las Partes fomentará la cooperación entre su autoridad u organismo independiente y la autoridad u organismo independiente de la otra Parte en las cuestiones de interés común dentro de sus funciones respectivas, incluida la aplicación de los artículos 201 a 204, según proceda, dentro de los límites que establecen sus respectivos marcos jurídicos. Las Partes, o sus respectivas autoridades u organismos independientes, podrán acordar un marco separado para la cooperación entre dichas autoridades u organismos independientes.
6. El apartado 2 del presente artículo no se aplicará a ninguna medida prevista para conceder o modificar ayudas estatales de las mencionadas en el artículo 201 mediante una ley del Parlamento de Gibraltar («Act of the Gibraltar Parliament»). El Reino Unido, respecto a Gibraltar, garantizará que tales medidas previstas se notifiquen a su autoridad u organismo independiente. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, garantizará que su autoridad u organismo independiente esté facultada para emitir un dictamen sobre tales medidas previstas. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, tendrá en cuenta dicho dictamen y, en su caso, propondrá modificaciones de la Ley en cuestión, que se someterán a la consideración del Parlamento de Gibraltar.
7. El apartado 4 del presente artículo no se aplicará a ninguna medida para conceder o modificar ayudas estatales de las mencionadas en el artículo 201 mediante una ley del Parlamento de Gibraltar. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, garantizará que su autoridad u organismo independiente esté facultada para emitir un dictamen sobre tales medidas. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, tendrá en cuenta dicho dictamen y, en su caso, propondrá modificaciones de la Ley en cuestión, que se someterán a la consideración del Parlamento de Gibraltar.

Texto oficial Artículo 205 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cada parte debe garantizar, de acuerdo con su orden constitucional, que sus órganos jurisdiccionales (los tribunales) tengan competencia para: a) revisar las decisiones sobre ayudas estatales (apoyo que una autoridad pública da a las empresas) adoptadas por una autoridad otorgante (el organismo público que da la ayuda) o, en su caso, por la autoridad u organismo independiente, según el sistema de control de las ayudas estatales de esa parte; b) revisar cualquier otra decisión pertinente de la autoridad u organismo independiente y cualquier omisión pertinente; c) imponer medidas correctoras efectivas en relación con la letra a) o la letra b), incluidas la suspensión, la prohibición o la exigencia de que actúe la autoridad otorgante, la indemnización por daños y perjuicios y la recuperación de la ayuda, con intereses, de la empresa que la recibió; y d) conocer las reclamaciones sobre ayudas estatales de las partes interesadas que estén legitimadas (que tengan derecho a presentar una demanda) según el Derecho de esa parte (apartado 1). A efectos de este artículo y del artículo 207, una «parte interesada» es cualquier persona u organización («persona física o jurídica»), empresa o asociación de empresas cuyo interés pueda verse afectado por la concesión de una ayuda estatal, en particular la empresa que la recibe, las empresas que compiten con ella y las asociaciones comerciales pertinentes (apartado 2). La letra c) no se aplica a una medida para conceder o modificar las ayudas estatales a las que se refiere el artículo 201 por medio de una ley del Parlamento de Gibraltar. Pero si un órgano jurisdiccional considera demostrado que esa ayuda es incompatible con el tratado, podrá emitir un dictamen de incompatibilidad. El Reino Unido, para Gibraltar (la forma en que el tratado designa al Reino Unido cuando actúa por Gibraltar), debe tener en cuenta ese dictamen y, en su caso, proponer modificaciones de la ley, que se someterán al Parlamento de Gibraltar para que las examine o, si procede, para que tome otras medidas adecuadas (apartado 3).

El artículo 207 usa la misma definición de parte interesada. El artículo 201 identifica las ayudas a las que se aplica la excepción del apartado 3 sobre el Parlamento de Gibraltar. El artículo 210, apartado 1, deja este artículo fuera de la solución de diferencias de la sexta parte (el procedimiento general del tratado para las diferencias entre las dos partes).

Según el apartado 2, una empresa que compite con una empresa que recibe ayudas en Gibraltar es parte interesada. El apartado 2 no dice dónde debe tener su sede una parte interesada. Que una parte interesada pueda presentar una reclamación depende de su legitimación según el Derecho de esa parte (apartado 1, letra d)); este artículo no fija esas normas. El apartado 1 impone la misma obligación a la UE para sus órganos jurisdiccionales. En las ayudas concedidas por medio de una ley del Parlamento de Gibraltar, el apartado 3 quita las medidas correctoras de la letra c); en su lugar, un órgano jurisdiccional podrá emitir un dictamen que diga que la ayuda es incompatible con el tratado.

1. Cada una de las Partes garantizará, de conformidad con su ordenamiento constitucional, que sus órganos jurisdiccionales sean competentes para:
a) revisar las decisiones sobre ayudas estatales adoptadas por una autoridad otorgante o, en su caso, la autoridad u organismo independiente, de conformidad con su sistema de control de las ayudas estatales;
b) revisar cualquier otra decisión pertinente de la autoridad u organismo independiente y cualquier omisión pertinente;
c) imponer medidas correctoras efectivas en relación con las letras a) o b), incluidas la suspensión, la prohibición o el requerimiento de acción por la autoridad otorgante, la indemnización por daños y perjuicios y la recuperación de la ayuda estatal del beneficiario con intereses; y
d) conocer las reclamaciones de las partes interesadas relativas a ayudas estatales cuando la parte interesada esté legitimada para presentar una reclamación en relación con una ayuda estatal con arreglo a la legislación de dicha Parte.
2. A efectos del presente artículo y del artículo 207, se entenderá por «parte interesada» cualquier persona física o jurídica, agente económico o asociación de agentes económicos cuyo interés pueda verse afectado por la concesión de una ayuda estatal, en particular, el beneficiario, los agentes económicos que compiten con el beneficiario o las asociaciones comerciales pertinentes.
3. El apartado 1, letra c), del presente artículo, no se aplicará a ninguna medida para conceder o modificar ayudas estatales de las mencionadas en el artículo 201 en virtud de una ley del Parlamento de Gibraltar, aunque, si el órgano jurisdiccional considera demostrado que la ayuda es incompatible con el presente Acuerdo, podrá emitir un dictamen de incompatibilidad. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, tendrá en cuenta dicho dictamen y, en su caso, propondrá modificaciones de la Ley en cuestión, que se someterán al Parlamento de Gibraltar para su consideración o, si procede, para que tome otras medidas adecuadas.

Texto oficial Artículo 206 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cada parte debe tener un mecanismo efectivo para recuperar las ayudas estatales (conseguir que se devuelvan) según las normas siguientes. Esto deja a salvo («sin perjuicio de») la facultad de la autoridad u organismo independiente según el artículo 205 y las demás medidas correctoras del Derecho de esa parte (apartado 1). Sin cambiar lo que dice el apartado 3, cada parte debe garantizar que pueda ordenarse la recuperación cuando una parte interesada haya impugnado ante un órgano jurisdiccional la decisión de esa parte de conceder una ayuda estatal, dentro del plazo pertinente según el sistema de control de las ayudas estatales de esa parte, y un órgano jurisdiccional de esa parte concluya que ha existido un error material de hecho o de derecho, por el que: a) la autoridad otorgante no haya tratado como ayuda estatal una medida que lo es; b) la autoridad otorgante no haya aplicado el sistema de control de las ayudas estatales al que está sujeta; o c) la autoridad otorgante, al decidir conceder la ayuda, «haya actuado fuera del ámbito de sus competencias o haya hecho un mal uso de esas competencias de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo» (apartado 2). Cada parte debe suspender el pago de toda nueva ayuda estatal a una empresa hasta que se haya recuperado íntegramente la ayuda a esa empresa que es objeto de una orden de recuperación, incluidos los intereses de recuperación que se deban (apartado 3). De acuerdo con el artículo 205, apartados 6 y 7, y el artículo 206, apartado 3, no se exige la recuperación cuando la ayuda se concede o modifica por medio de una ley del Parlamento de Gibraltar (apartado 4).

El artículo 205, apartado 4, exige a cada parte que garantice que su autoridad u organismo independiente tenga la facultad de ordenar la recuperación de las ayudas estatales concedidas sin su autorización previa. El artículo 206, apartado 1, letra c), exige que los órganos jurisdiccionales de cada parte tengan la facultad de ordenar que la empresa que recibió la ayuda la devuelva, con intereses. El artículo 205, apartados 6 y 7, y el artículo 206, apartado 3, son las disposiciones sobre las ayudas concedidas por medio de una ley del Parlamento de Gibraltar a las que remite el apartado 4. El artículo 210, apartado 2, letra b), dice que un tribunal de arbitraje no tiene jurisdicción para decidir si la medida de recuperación de este artículo se ha aplicado correctamente en un caso concreto.

El apartado 2 exige a cada parte que garantice que pueda ordenarse la recuperación (la devolución de la ayuda) cuando una parte interesada haya impugnado ante un tribunal la decisión de conceder la ayuda dentro del plazo pertinente y el tribunal concluya que ha existido un error material de hecho o de derecho de uno de los tres tipos de la lista. El apartado 1 mantiene la facultad de la autoridad independiente según el artículo 205 y las demás medidas correctoras del Derecho de cada parte. Según el apartado 3, no podrá pagarse ninguna nueva ayuda estatal a una empresa hasta que se haya recuperado íntegramente la ayuda que se le ordenó devolver, con los intereses de recuperación que se deban. Según el apartado 4, no se exige la recuperación de las ayudas concedidas o modificadas por medio de una ley del Parlamento de Gibraltar; el artículo 206, apartado 3, permite a un tribunal emitir un dictamen que diga que esas ayudas son incompatibles con el tratado.

1. Cada una de las Partes contará con un mecanismo efectivo de recuperación en lo que respecta a las ayudas estatales de conformidad con las disposiciones siguientes, sin perjuicio de la facultad de la autoridad u organismo independiente a que se refiere el artículo 205 y de otras medidas correctoras previstas por la legislación de dicha Parte.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, cada una de las Partes garantizará que, siempre que su decisión de conceder una ayuda estatal haya sido impugnada por una parte interesada ante un órgano jurisdiccional en el plazo pertinente, de conformidad con el sistema de control de las ayudas estatales de la Parte de que se trate, pueda ordenarse la recuperación de la ayuda si un órgano jurisdiccional de dicha Parte concluye que ha existido un error material de hecho o de derecho, por el que:
a) una medida constitutiva de ayuda estatal no haya sido tratada como ayuda estatal por la autoridad otorgante;
b) la autoridad otorgante no haya aplicado el sistema de control de las ayudas estatales al que está sujeta; o
c) la autoridad otorgante, al decidir conceder la ayuda estatal, haya actuado fuera del ámbito de sus competencias o haya hecho un mal uso de esas competencias de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo.
3. Cada una de las Partes suspenderá el pago de nuevas ayudas estatales a un beneficiario hasta que se haya recuperado íntegramente, incluidos los posibles intereses de recuperación, la ayuda estatal concedida a ese beneficiario y objeto de una orden de recuperación.
4. De conformidad con el artículo 205, apartados 6 y 7, y el artículo 206, apartado 3, no se exigirá la recuperación de una ayuda estatal cuando dicha ayuda se haya concedido o modificado en virtud de una ley del Parlamento de Gibraltar.

Texto oficial Artículo 207 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Si una parte considera que la otra parte ha concedido una ayuda estatal, o que hay pruebas claras de que la otra parte tiene intención de concederla, y que esa ayuda tiene o podría tener un efecto negativo sobre el comercio de mercancías o la inversión entre ellas, podrá pedir a la otra parte que explique cómo se ha respetado el tratado en esa ayuda (apartado 1). También podrá pedir la información que enumera el artículo 203, apartado 1, en la medida en que esa información no se haya hecho pública ya en un sitio web oficial o en una base de datos pública según el artículo 203, o no se haya puesto a disposición de manera sencilla y fácilmente accesible (apartado 2). La otra parte debe dar por escrito la información pedida a más tardar 45 días después de recibir la solicitud. Si no puede dar una parte de esa información, debe explicar en su respuesta escrita por qué falta (apartado 3). Si, después de recibir la información, la parte que la pidió sigue considerando que la ayuda tiene o podría tener un efecto negativo sobre el comercio de mercancías o la inversión entre ellas, podrá pedir consultas en el comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio (un comité conjunto de la UE y el Reino Unido creado por el tratado). La solicitud debe hacerse por escrito y explicar sus motivos (apartado 4). El comité debe hacer todo lo posible por alcanzar una solución satisfactoria para las dos partes, y debe celebrar su primera reunión dentro de los 30 días siguientes a la solicitud de consultas (apartado 5). Las partes podrán acordar ampliar los plazos de los apartados 3 y 5 (apartado 6).

El artículo 203, apartado 1, enumera la información que una parte podrá pedir según el apartado 2. El artículo 209 fija un procedimiento distinto para las ayudas estatales que causan, o crean un riesgo grave de causar, un efecto negativo importante, y que puede llevar a medidas correctoras. El artículo 210 fija cómo se aplica a este capítulo la sexta parte (el procedimiento general del tratado para las diferencias entre las dos partes).

Cualquiera de las dos partes podrá usar este artículo: la UE, sobre las ayudas estatales concedidas por el Reino Unido, para Gibraltar, y al revés. El punto de partida del apartado 1 es una ayuda que «tiene o podría tener un efecto negativo sobre el comercio de mercancías o la inversión entre las Partes». El procedimiento termina en consultas en el comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio (un comité conjunto de la UE y el Reino Unido creado por el tratado); este artículo no prevé por sí mismo ninguna medida si las consultas no resuelven el asunto.

1. Si una de las Partes considera que la otra Parte ha concedido una ayuda estatal o que existen evidencias claras de que la otra Parte tiene intención de conceder una ayuda estatal, y que dicha concesión tiene o podría tener un efecto negativo sobre el comercio de mercancías o la inversión entre las Partes, podrá solicitar a la otra Parte que facilite una explicación sobre el modo en que se ha respetado el presente Acuerdo en lo que respecta a esa ayuda estatal.
2. Cada una de las Partes también podrá solicitar la información enumerada en el artículo 203, apartado 1, siempre que dicha información no se haya puesto ya a disposición del público, en un sitio web oficial o en una base de datos pública, tal como dispone el artículo 203, o siempre que dicha información no se haya puesto a disposición del público de manera sencilla y fácilmente accesible.
3. La otra Parte facilitará por escrito la información solicitada a más tardar cuarenta y cinco días después de la fecha de recepción de la solicitud. Si no es posible proporcionar la información solicitada, dicha Parte explicará la ausencia de esta información en su respuesta escrita.
4. Si, tras la recepción de la información solicitada, la Parte requirente aún considera que la ayuda estatal concedida o cuya concesión está prevista por la otra Parte tiene o podría tener un efecto negativo sobre el comercio de mercancías o la inversión entre las Partes, la Parte requirente podrá solicitar consultas en el seno del Comité Especializado en Economía y Comercio. La solicitud se presentará por escrito e incluirá una explicación de los motivos de la Parte requirente para solicitar la consulta.
5. El Comité Especializado en Economía y Comercio hará todo lo posible por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de la cuestión. Celebrará su primera reunión dentro de los treinta días siguientes a la solicitud de consultas.
6. Los plazos de las consultas a que se refieren los apartados 3 y 5 podrán ampliarse mediante acuerdo entre las Partes.

Texto oficial Artículo 208 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Una parte podrá enviar a la otra una solicitud escrita de información y consultas sobre una ayuda estatal (apoyo que una autoridad pública da a las empresas) que, en su opinión, causa, o crea un riesgo grave de causar, un efecto negativo importante sobre el comercio de mercancías y la inversión entre ellas. La solicitud «debería» incluir toda la información pertinente, incluida una descripción de la ayuda y las preocupaciones de la parte solicitante (apartado 1). A más tardar 30 días después de presentada la solicitud, la otra parte debe responder por escrito con la información pedida, y las dos partes deben entablar consultas. Las consultas se consideran concluidas 60 días después de presentada la solicitud, salvo que las partes acuerden otra cosa. Las consultas, y en particular la información declarada confidencial y las posiciones adoptadas, son confidenciales y no afectan a los derechos de ninguna de las partes en procedimientos posteriores (apartado 2). No antes de 60 días después de presentada la solicitud, la parte solicitante podrá adoptar por su cuenta «las medidas correctoras adecuadas» si hay pruebas de que la ayuda causa, o crea un riesgo grave de causar, ese efecto negativo importante (apartado 3). No antes de 45 días después de presentada la solicitud, la parte solicitante debe notificar a la otra parte las medidas que pretende adoptar, con toda la información pertinente. No podrá adoptarlas antes de 15 días después de presentada esa notificación (apartado 4). La valoración de que existe un riesgo grave de efecto negativo importante debe basarse en hechos, y no solo en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas, y el cambio de circunstancias que causaría el efecto debe ser claramente predecible (apartado 5). La valoración de que existe una ayuda estatal, o de que causa un efecto negativo importante, debe basarse en pruebas fiables, y no solo en conjeturas o posibilidades remotas, y debe referirse a mercancías o empresas identificables (apartado 6). El comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio podrá mantener una lista orientativa de lo que supondría un efecto negativo importante; esto no afecta al derecho de las partes a adoptar medidas correctoras (apartado 7). Las medidas correctoras deben limitarse a lo estrictamente necesario y proporcionado, y tienen preferencia las medidas que menos perturben el funcionamiento del tratado (apartado 8). En los cinco días siguientes a que las medidas surtan efecto, la parte notificada podrá pedir que se constituya un tribunal de arbitraje según el artículo 305, apartado 2, sin celebrar antes consultas según el artículo 304. El tribunal decide: a) si una medida correctora es incoherente con el apartado 3 o con el apartado 5; b) si la parte solicitante no participó en las consultas después de que la otra parte diera la información pedida y aceptara celebrarlas; o c) si una medida correctora no se adoptó o no se notificó dentro de los plazos del apartado 3 o del apartado 4. La solicitud no suspende las medidas, y el tribunal no evalúa cómo aplica una parte su propio sistema de control de las ayudas estatales (apartado 9). El tribunal sigue el artículo 327 y dicta su laudo definitivo en los 30 días siguientes a su constitución (apartado 10). Si el tribunal falla contra la parte demandada, esta debe notificar, en los 30 días siguientes al laudo, cualquier medida que haya adoptado para cumplirlo (apartado 11). Después de ese fallo, la parte demandante podrá pedir al tribunal, en los 30 días siguientes al laudo, que fije un nivel de suspensión de obligaciones del tratado o de un acuerdo complementario, que no supere el nivel equivalente a la anulación o el impedimento (la pérdida de ventajas) que causan las medidas correctoras. El texto permite esta solicitud «si considera que la incoherencia de las medidas correctoras con lo dispuesto en los apartados 3 u 8 del presente artículo es importante»; no dice quién «considera», si la parte demandante o el tribunal. La parte demandante podrá después suspender obligaciones hasta el nivel que fije el tribunal, pero no antes de 15 días después del laudo (apartado 12). Ninguna de las partes podrá invocar el Acuerdo de la OMC ni ningún otro acuerdo internacional para impedir que la otra adopte medidas según este artículo, incluida la suspensión de obligaciones (apartado 13). El apartado 14 fija lo que una parte debe tener en cuenta, y lo que podrá tener en cuenta, al valorar si las medidas correctoras sobre las importaciones del mismo producto son estrictamente necesarias o proporcionadas. Una parte que no use la vía de los cinco días podrá iniciar un arbitraje según el artículo 305 por los motivos del apartado 9, sin celebrar antes las consultas del artículo 304, y el tribunal trata la cuestión como urgente según el artículo 310 (apartado 15). En los procedimientos de los apartados 9 o 15, el tribunal debe tener debidamente en cuenta los apartados 5, 6 y 13 al valorar si una medida correctora es estrictamente necesaria o proporcionada (apartado 16).

Los artículos 304 y 305 son los pasos ordinarios de consultas y arbitraje de la sexta parte (el procedimiento general del tratado para las diferencias entre las dos partes); los apartados 9 y 15 permiten el arbitraje sin las consultas del artículo 304. El artículo 327 fija el procedimiento que sigue el tribunal. El artículo 310 es la norma de urgencia que usa el apartado 15. El artículo 316 da los principios para fijar el nivel de una suspensión de obligaciones. El artículo 210, apartado 3, dice que la sexta parte se aplica a este artículo de acuerdo con este mismo artículo y con el artículo 327.

El apartado 3 permite a la parte solicitante actuar por su cuenta 60 días después de su solicitud, antes de que ningún tribunal haya resuelto; una solicitud de arbitraje según el apartado 9 no suspende las medidas. El artículo funciona en los dos sentidos: se aplica a la UE respecto de las ayudas concedidas por el Reino Unido, para Gibraltar, y al revés. El apartado 9 prohíbe al tribunal evaluar cómo aplica una parte su propio sistema de control de las ayudas estatales.

1. Cada una de las Partes puede dirigir a la otra Parte una solicitud escrita de información y consultas en relación con una ayuda estatal que, según su consideración, cause, o exista un riesgo grave de que pueda causar, un efecto negativo importante sobre el comercio de mercancías y la inversión entre las Partes. La Parte requirente debería facilitar con esa solicitud toda la información pertinente que permita a las Partes alcanzar una solución mutuamente aceptable, incluida una descripción de la ayuda estatal y las reservas de la Parte requirente en relación con su efecto sobre el comercio de mercancías o la inversión.
2. A más tardar treinta días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Parte requerida presentará una respuesta escrita en la que facilite la información solicitada a la Parte requirente, y las Partes entablarán consultas que se considerarán concluidas a los sesenta días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, salvo que las Partes acuerden otra cosa. Dichas consultas, y en particular cualquier información declarada confidencial y las posiciones adoptadas por las Partes durante las consultas, serán confidenciales y se entenderán sin perjuicio de los derechos de cualquiera de las Partes en otros procedimientos.
3. No antes de pasados sesenta días desde la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, la Parte requirente podrá adoptar unilateralmente las medidas correctoras adecuadas si existen pruebas de que una ayuda estatal de la Parte requerida causa, o existe un riesgo grave de que vaya a causar, un efecto negativo importante sobre el comercio de mercancías o la inversión entre las Partes.
4. No antes de pasados cuarenta y cinco días desde la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, la Parte requirente notificará a la Parte requerida las medidas correctoras que pretenda adoptar con arreglo al apartado 3. La Parte requirente facilitará toda la información pertinente en relación con las medidas que pretenda adoptar para permitir que las Partes alcancen una solución mutuamente aceptable. La Parte requirente no podrá adoptar dichas medidas correctoras antes de pasados quince días desde la fecha de la notificación de las mismas a la Parte requerida.
5. La evaluación por una Parte de la existencia de un riesgo grave de efecto negativo importante se basará en hechos y no en meras alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. El cambio de circunstancias que crearía una situación en que la ayuda estatal causaría tal efecto negativo importante debe ser claramente predecible.
6. La evaluación por una Parte de la existencia de una ayuda estatal o de un efecto negativo importante sobre el comercio de mercancías o la inversión entre las Partes causado por la ayuda estatal se basará en pruebas fiables y no en meras conjeturas o posibilidades remotas, y se referirá a mercancías o agentes económicos identificables, también en el caso de los regímenes de ayudas estatales, cuando proceda.
7. El Comité Especializado en Economía y Comercio podrá mantener una lista ilustrativa de lo que implicaría un efecto negativo importante sobre el comercio de mercancías y la inversión entre las Partes en el sentido del presente artículo. Esto se entenderá sin perjuicio del derecho de las Partes a adoptar medidas correctoras.
8. Las medidas correctoras adoptadas de conformidad con el apartado 3 estarán limitadas a lo estrictamente necesario y proporcionado con el fin de subsanar el efecto negativo importante causado o abordar el riesgo grave de dicho efecto. Se concederá preferencia a las medidas que menos perturben la aplicación del presente Acuerdo.
9. En el plazo de cinco días desde la fecha en que las medidas correctoras a que se refiere el apartado 3 del presente artículo surtan efecto y sin haber recurrido previamente a consultas de conformidad con el artículo 304, la Parte que recibe la notificación podrá solicitar, de conformidad con el artículo 305, apartado 2, la constitución de un tribunal de arbitraje por medio de una solicitud escrita presentada a la Parte requirente, para que dicho tribunal decida:
a) si una medida correctora adoptada por la Parte requirente es incoherente con lo dispuesto en los apartados 3 o 5;
b) si la Parte requirente no ha participado en las consultas después de que la Parte requerida haya facilitado la información solicitada y haya acordado la celebración de dichas consultas; o
c) si ha habido omisión en la adopción o en la notificación de las medidas correctoras con arreglo a los plazos a que se refieren, respectivamente, el apartado 3 o el apartado 4.
Dicha solicitud no tendrá un efecto suspensivo en estas medidas correctoras. Además, el tribunal de arbitraje no evaluará la aplicación por una Parte de su sistema de control de las ayudas estatales.
10. El tribunal de arbitraje constituido a raíz de la solicitud a que se refiere el apartado 9 del presente artículo llevará a cabo sus procedimientos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 327 y emitirá su laudo definitivo en el plazo de treinta días a partir de su constitución.
11. En caso de fallo contra la Parte demandada, esta notificará, a más tardar treinta días a partir de la fecha de emisión del laudo del tribunal de arbitraje, a la Parte demandante cualquier medida que haya adoptado para dar cumplimiento a dicho laudo.
12. A raíz de un fallo contra la Parte demandada en el procedimiento a que hace referencia el apartado 10 del presente artículo, la Parte demandante podrá solicitar al tribunal de arbitraje, en el plazo de treinta días a partir de la emisión de su laudo, que determine el nivel de suspensión de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo o de un acuerdo complementario que no excedan del nivel equivalente a la anulación o impedimento causados por la aplicación de las medidas correctoras, si considera que la incoherencia de las medidas correctoras con lo dispuesto en los apartados 3 u 8 del presente artículo es importante. La solicitud propondrá un nivel de suspensión de obligaciones conforme con los principios formulados en el artículo 316. La Parte demandante podrá suspender sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo o de un acuerdo complementario con arreglo al nivel de suspensión de obligaciones determinado por el tribunal de arbitraje.
Dicha suspensión no se aplicará antes de pasados quince días a partir del laudo que la origine.
13. Ninguna de las Partes podrá invocar el Acuerdo de la OMC ni ningún otro acuerdo internacional para impedir que la otra Parte adopte medidas con arreglo al presente artículo, incluso cuando dichas medidas consistan en la suspensión de obligaciones en virtud del presente Acuerdo o de un acuerdo complementario.
14. A efectos de evaluar si la imposición o el mantenimiento de medidas correctoras sobre las importaciones del mismo producto se limita a lo estrictamente necesario o proporcionado a los efectos del presente artículo, cada una de las Partes:
a) tendrá en cuenta las medidas compensatorias aplicadas o mantenidas de conformidad con las disposiciones previstas en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, que figura en el anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC, y con arreglo a un proceso justo y transparente; y
b) podrá tener en cuenta las medidas antidumping aplicadas o mantenidas de conformidad con las disposiciones previstas en el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y con arreglo a un proceso justo y transparente.
15. Si la Parte contra la cual se han adoptado las medidas correctoras no presenta una solicitud con arreglo al apartado 9 del presente artículo dentro del plazo establecido en dicho apartado, dicha Parte podrá iniciar el procedimiento de arbitraje a que se refiere el artículo 305 para impugnar una medida correctora por los motivos establecidos en el apartado 9 del presente artículo sin haber recurrido previamente a las consultas con arreglo al artículo 304. El tribunal de arbitraje tratará la cuestión como un caso de urgencia a los efectos del artículo 310.
16. A efectos de los procedimientos con arreglo a los apartados 9 o 15, al evaluar si una medida correctora es estrictamente necesaria o proporcionada, el tribunal de arbitraje tendrá debidamente en cuenta los principios formulados en los apartados 5, 6 y 13.

Texto oficial Artículo 209 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Ninguna parte podrá debilitar ni reducir el nivel de protección de su legislación tal como estaba el 31 de diciembre de 2020 por debajo del nivel de las normas y reglas de la OCDE acordadas hasta esa fecha, en dos ámbitos: a) el intercambio de información entre Administraciones fiscales (previa solicitud, de manera espontánea o automática) sobre cuentas financieras, resoluciones fiscales transfronterizas, informes país por país y posibles mecanismos de planificación fiscal transfronteriza; y b) las normas sobre limitación de intereses, sociedades extranjeras controladas (normas sobre los beneficios que se mantienen en sociedades extranjeras que controla un contribuyente) y asimetrías híbridas (normas sobre mecanismos que aprovechan las diferencias entre las leyes fiscales de los países) (apartado 1). Tampoco podrá ninguna de las partes debilitar el nivel de protección de su legislación a 31 de diciembre de 2020 sobre la información pública desglosada por países de las entidades de crédito y las empresas de inversión, salvo las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas (apartado 2).

El artículo 213 deja este capítulo fuera de la solución de diferencias de la sexta parte (el procedimiento general del tratado para las diferencias entre las dos partes). El artículo 235 (consultas) abarca el artículo 199, apartado 3, y los capítulos 4, 5 y 6 de este título, pero no el capítulo 3, que contiene este artículo. El artículo 289, apartado 1, dice que nada de lo dispuesto en los títulos I y II de esta parte afecta a los derechos y obligaciones que nacen de un convenio fiscal, y que el convenio fiscal prevalece en la medida de la incompatibilidad; el artículo 289, apartado 4, letra c), define el convenio fiscal de modo que incluye «cualquier otro acuerdo o mecanismo internacional relativo total o principalmente a la fiscalidad».

El artículo obliga a las dos partes («Ninguna Parte debilitará ni reducirá»). Prohíbe debilitar la protección de la legislación tal como estaba el 31 de diciembre de 2020; el apartado 1 la mide con las normas de la OCDE acordadas hasta esa fecha. No menciona los tipos impositivos. El artículo 213 deja este capítulo fuera de la solución de diferencias de la sexta parte, y el artículo 235 no lo abarca.

1. Ninguna Parte debilitará ni reducirá el nivel de protección previsto en su legislación a 31 de diciembre de 2020 por debajo del nivel previsto por las normas y reglas acordadas en la OCDE a 31 de diciembre de 2020, en relación con:
a) el intercambio de información, sea previa solicitud, de manera espontánea o de oficio, sobre cuentas financieras, resoluciones fiscales transfronterizas, informes país por país entre Administraciones fiscales, y posibles mecanismos de planificación fiscal transfronteriza;
b) normas sobre limitación de intereses, sociedades extranjeras controladas y asimetrías híbridas.
2. Ninguna de las Partes debilitará ni reducirá el nivel de protección previsto en su legislación a 31 de diciembre de 2020, en relación con la información pública desglosada por países por parte de las entidades de crédito y las empresas de inversión, distintas de las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas.

Texto oficial Artículo 212 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cada parte conserva el derecho a fijar sus propias políticas y prioridades en este ámbito, a decidir los niveles de protección laboral y social que considere adecuados y a adoptar o modificar sus leyes y políticas de manera coherente con sus compromisos internacionales, incluidos los de este capítulo (apartado 1). Una parte no debe debilitar ni reducir sus niveles de protección laboral y social por debajo de los niveles existentes al final del período transitorio de una manera que afecte al comercio o a la inversión entre la UE y el Reino Unido, para Gibraltar; esto incluye no hacer cumplir de forma efectiva su legislación y sus normas (apartado 2). El artículo no dice en qué fecha terminó el período transitorio. Cada parte conserva el derecho a ejercer una facultad discrecional razonable y a adoptar decisiones «de buena fe» sobre cómo asigna los recursos para hacer cumplir la normativa laboral «con respecto a otras disposiciones de la legislación laboral que se haya determinado que tienen mayor prioridad», siempre que esto no sea incompatible con sus obligaciones según el capítulo (apartado 3). Las partes «seguirán esforzándose» por aumentar sus niveles de protección (apartado 4).

El artículo 214 define los niveles de protección y limita los de la UE a los que son comunes a todos los países de la UE. El artículo 216 fija las obligaciones de control del cumplimiento. El artículo 217 envía las diferencias sobre este capítulo a los artículos 235 a 237, en lugar de a la sexta parte (el procedimiento general del tratado para las diferencias entre las dos partes). El artículo 237 aplica los artículos 316 y 317 (medidas temporales, incluida la suspensión de obligaciones) a las diferencias sobre este capítulo.

El apartado 2 fija el mínimo en los niveles propios de cada parte existentes al final del período transitorio; no se refiere a los niveles de la otra parte. Abarca un debilitamiento o una reducción «de manera que afecte al comercio o a la inversión entre la Unión y el Reino Unido, respecto a Gibraltar»; el texto no dice cómo debe demostrarse ese efecto. Las notas a pie de página del artículo 214 dicen que el capítulo no se aplica a la legislación y las normas sobre seguridad social y pensiones, y que los niveles de protección son las normas fundamentales del trabajo definidas en los convenios fundamentales de la OIT a los que se refiere el artículo 226, apartado 2. Las diferencias van a los artículos 235 a 237 (artículo 217).

1. Las Partes afirman el derecho de cada una de ellas a establecer sus políticas y prioridades en los ámbitos comprendidos en el presente capítulo, a determinar los niveles de protección laboral y social que consideren adecuados y a adoptar o modificar sus leyes y políticas de manera coherente con los compromisos internacionales de cada una de las Partes, incluidos los contemplados en el presente capítulo.
2. Ninguna Parte debilitará ni reducirá, de manera que afecte al comercio o a la inversión entre la Unión y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, sus niveles de protección laboral y social por debajo de los niveles existentes al final del período transitorio, por ejemplo por no controlar de forma efectiva el cumplimiento de su legislación y sus normas.
3. Las Partes reconocen que cada una de ellas conserva el derecho de ejercer una facultad discrecional razonable y de adoptar decisiones de buena fe en relación con la asignación de recursos para controlar el cumplimiento de la normativa laboral con respecto a otras disposiciones de la legislación laboral que se haya determinado que tienen mayor prioridad, siempre que el ejercicio de dicha facultad discrecional, así como dichas decisiones, no sean incompatibles con las obligaciones que impone el presente capítulo.
4. Las Partes seguirán esforzándose por aumentar sus respectivos niveles de protección laboral y social a que se refiere el presente capítulo.

Texto oficial Artículo 215 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Para el control del cumplimiento al que se refiere el artículo 215, cada parte debe establecer y mantener un sistema efectivo de control del cumplimiento en el ámbito nacional, en particular un sistema efectivo de inspecciones laborales de acuerdo con sus compromisos internacionales sobre las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores. Debe garantizar que existan procedimientos administrativos y judiciales para que los poderes públicos y los particulares legitimados (que tienen derecho a presentar una demanda) puedan emprender a tiempo acciones contra las infracciones de la legislación laboral y de las normas de protección social. Debe establecer recursos apropiados y efectivos, incluidas medidas provisionales (una orden judicial temporal mientras se decide el asunto), y, cuando proceda, imponer sanciones proporcionadas y disuasorias de acuerdo con su legislación nacional. Al aplicar y hacer cumplir el artículo 215 en su propio territorio, cada parte debe respetar el papel y la autonomía de los interlocutores sociales (sindicatos y organizaciones empresariales) a nivel nacional, cuando proceda, de acuerdo con la legislación y la práctica aplicables.

El artículo 215, apartado 2, es la obligación a la que sirve este artículo, y ya trata la falta de control del cumplimiento como una forma de regresión. El artículo 226 añade los compromisos de la OIT sobre el trabajo decente y el diálogo social. Las diferencias siguen los artículos 217 y 235 a 237.

El artículo impone obligaciones a cada parte: un sistema efectivo de control del cumplimiento en el ámbito nacional, con inspecciones laborales; procedimientos administrativos y judiciales abiertos a los poderes públicos y a «los particulares legitimados para ello»; y recursos que incluyen medidas provisionales. No define quién está legitimado; para el detalle remite a los compromisos internacionales y a la legislación nacional de cada parte.

A efectos del control del cumplimiento a que se refiere el artículo 215, cada una de las Partes establecerá y mantendrá un sistema para el control del cumplimiento efectivo en el ámbito nacional y, en particular, un sistema efectivo de inspecciones laborales con arreglo a sus compromisos internacionales relativos a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores; garantizará que existan procedimientos administrativos y judiciales que permitan que los poderes públicos y los particulares legitimados para ello emprendan acciones oportunas contra las infracciones de la legislación laboral y de las normas de protección social; y establecerá recursos apropiados y efectivos, incluidas medidas provisionales, e impondrá, cuando proceda, sanciones proporcionadas y disuasorias, en consonancia con su legislación. En la aplicación y el control del cumplimiento a nivel nacional del artículo 215, cada Parte respetará el papel y la autonomía de los interlocutores sociales a nivel nacional, cuando proceda, en consonancia con la legislación y la práctica aplicables.

Texto oficial Artículo 216 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cada parte conserva el derecho a fijar sus propias políticas y prioridades en este ámbito, a decidir los niveles de protección medioambiental y climática que considere adecuados y a adoptar o modificar sus leyes y políticas de manera coherente con sus compromisos internacionales, incluidos los de este capítulo (apartado 1). Cada parte conserva también el derecho a ejercer una facultad discrecional razonable y a adoptar decisiones «de buena fe» sobre cómo asigna los recursos para hacer cumplir la normativa medioambiental «con respecto a otras disposiciones del Derecho medioambiental y políticas climáticas que se haya determinado que tienen mayor prioridad», siempre que esto no sea incompatible con sus obligaciones según el capítulo (apartado 2). Las dos obligaciones que siguen son distintas. La UE «no debilitará ni reducirá» sus niveles de protección medioambiental y climática por debajo de los existentes a 31 de diciembre de 2020, ni siquiera por no hacer cumplir de forma efectiva su legislación medioambiental y climática (apartado 3). El Reino Unido, para Gibraltar (la forma en que el tratado designa al Reino Unido cuando actúa por Gibraltar), «mantendrá unos niveles de protección medioambiental y climática equivalentes a los vigentes en la Unión», para lo cual, entre otras cosas, debe hacer cumplir la legislación medioambiental y climática aplicable a Gibraltar y en Gibraltar (apartado 4).

El artículo 218 enumera los diez ámbitos y, en el caso de Gibraltar, incluye los compromisos internacionales que se han hecho extensivos a Gibraltar. El artículo 222 fija las obligaciones de control del cumplimiento. El artículo 220 fija obligaciones concretas sobre la tarificación de las emisiones de carbono. Las diferencias van a los artículos 235 a 237 (artículo 223); el artículo 237 aplica los artículos 316 y 317 (medidas temporales, incluida la suspensión de obligaciones) a las diferencias sobre este capítulo.

Los apartados 3 y 4 fijan obligaciones distintas. El apartado 3 vincula a la UE a los niveles existentes a 31 de diciembre de 2020. El apartado 4 vincula al Reino Unido, para Gibraltar, a unos niveles «equivalentes a los vigentes en la Unión». El apartado 4 no da ninguna fecha para esa comparación; el texto no dice si se refiere a los niveles de la UE en un momento fijo o a medida que cambian. El apartado 4 no pone ninguna condición sobre los efectos en el comercio o la inversión como la del artículo 215, apartado 2. El 31 de marzo de 2026, el Parlamento de Gibraltar dio la primera, la segunda y la tercera lectura al Control of Trade in Endangered Species (Amendment) Bill 2026 (proyecto de ley que modifica las normas sobre el control del comercio de especies amenazadas) y lo examinó en comisión. Su título largo (long title) dice que modifica la Control of Trade in Endangered Species Act 1998 y la Endangered Species Act 1990 "for the purposes of the implementation of Article 219(4)" (en español: a efectos de la aplicación del artículo 219, apartado 4) (Hansard, 31 de marzo de 2026, sesión de la mañana).

1. Las Partes afirman el derecho de cada una de ellas a establecer sus políticas y prioridades en los ámbitos comprendidos en el presente capítulo, a determinar los niveles de protección medioambiental y climática que consideren adecuados y a adoptar o modificar sus leyes y políticas de manera coherente con los compromisos internacionales de cada una de las Partes, incluidos los contemplados en el presente capítulo.
2. Las Partes reconocen que cada una de ellas conserva el derecho de ejercer una facultad discrecional razonable y de adoptar decisiones de buena fe en relación con la asignación de recursos para controlar el cumplimiento de la normativa medioambiental con respecto a otras disposiciones del Derecho medioambiental y políticas climáticas que se haya determinado que tienen mayor prioridad, siempre que el ejercicio de dicha facultad discrecional, así como dichas decisiones, no sean incompatibles con las obligaciones que impone el presente capítulo.
3. La Unión no debilitará ni reducirá sus niveles de protección medioambiental y climática por debajo de los niveles existentes a 31 de diciembre de 2020, ni siquiera por no controlar de forma efectiva el cumplimiento de su legislación medioambiental y climática.
4. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, mantendrá unos niveles de protección medioambiental y climática equivalentes a los vigentes en la Unión, para lo cual, entre otras cosas, hará cumplir la legislación medioambiental y climática aplicable a Gibraltar y en Gibraltar.

Texto oficial Artículo 219 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cada parte debe tener un sistema efectivo de tarificación de las emisiones de carbono (poner un precio a esas emisiones), u otras medidas equivalentes de reducción de las emisiones, para la fecha de entrada en vigor del tratado (apartado 1). El Reino Unido, para Gibraltar (la forma en que el tratado designa al Reino Unido cuando actúa por Gibraltar), debe garantizar que el sistema de tarificación de las emisiones de carbono o las medidas equivalentes que se apliquen en Gibraltar tengan un ámbito de aplicación y una efectividad equivalentes a los del sistema vigente en la UE en el momento de la entrada en vigor del tratado (apartado 2). En la aviación, el sistema de tarificación de las emisiones de carbono de la UE debe abarcar todos los vuelos entre el Espacio Económico Europeo y Gibraltar, y el del Reino Unido, todos los vuelos entre el Reino Unido y Gibraltar (apartado 3). El comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio (un comité conjunto de la UE y el Reino Unido creado por el tratado) debe recibir información periódica sobre la puesta en práctica efectiva de los apartados 1 a 3 (apartado 4). El Reino Unido, para Gibraltar, debe revisar la aplicación de su sistema de tarificación de las emisiones de carbono o de las medidas equivalentes en 2030, y periódicamente «en el marco de su proceso de mejora de sus actuales marcos de reducción de emisiones» (apartado 5).

El artículo 218, apartado 1, letra j), incluye el cambio climático, con los sistemas efectivos de tarificación de las emisiones de carbono o las medidas equivalentes, entre los ámbitos de los niveles de protección del artículo 219. El artículo 199, apartado 3, recoge la ambición de cada parte de lograr la neutralidad climática en toda la economía para 2050.

El apartado 2 compara el sistema de Gibraltar con el sistema de la UE «en el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo», un momento fijo. El artículo no define las «otras medidas equivalentes de reducción de las emisiones» ni dice cómo se mide que el ámbito de aplicación y la efectividad sean equivalentes. El apartado 3 sitúa los vuelos entre el Espacio Económico Europeo y Gibraltar en la tarificación de las emisiones de carbono de la UE, y los vuelos entre el Reino Unido y Gibraltar en la del Reino Unido. El apartado 5 fija una revisión en 2030.

1. Cada una de las Partes dispondrá de un sistema efectivo de tarificación de las emisiones de carbono u otras medidas equivalentes de reducción de las emisiones para la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, velará por que el sistema de tarificación de las emisiones de carbono u otras medidas equivalentes de reducción de las emisiones que se apliquen en Gibraltar tengan un ámbito de aplicación y efectividad equivalentes a los del sistema vigente en la Unión en el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
3. Por lo que respecta a la aviación, el ámbito de aplicación del sistema de tarificación de las emisiones de carbono de la Unión abarcará todos los vuelos entre el Espacio Económico Europeo y Gibraltar. El ámbito de aplicación del sistema de tarificación de las emisiones de carbono del Reino Unido abarcará todos los vuelos entre el Reino Unido y Gibraltar.
4. Se informará periódicamente al Comité Especializado en Economía y Comercio de la puesta en práctica de los apartados 1, 2 y 3.
5. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, revisará la aplicación de su sistema de tarificación de las emisiones de carbono u otras medidas equivalentes en 2030 y periódicamente, en el marco de su proceso de mejora de sus actuales marcos de reducción de emisiones.

Texto oficial Artículo 220 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las partes afirman su compromiso de promover el desarrollo del comercio internacional de una manera que favorezca el «trabajo decente para todos», como se expresa en la Declaración de la OIT sobre justicia social para una globalización equitativa de 2008 (apartado 1). De acuerdo con la Constitución de la OIT y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 (modificada en 2022), cada parte se compromete a respetar, promover y aplicar con eficacia los principios relativos a los derechos fundamentales, tal como se definen en los convenios fundamentales de la OIT: a) la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; c) la abolición efectiva del trabajo infantil; d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; y e) un entorno de trabajo seguro y saludable (apartado 2). Cada parte se compromete a aplicar de manera efectiva todos los convenios de la OIT que el Reino Unido haya hecho extensivos a Gibraltar y que los países de la UE hayan ratificado, respectivamente (apartado 3). Las partes deben esforzarse de forma continua y sostenida por ratificar los convenios fundamentales de la OIT o, en el caso del Reino Unido, por hacerlos extensivos a Gibraltar, si aún no lo han hecho (apartado 4). Las partes deben intercambiar información, «periódicamente y según proceda», sobre la situación y los avances de los países de la UE y del Reino Unido, para Gibraltar, en la ratificación de los convenios o protocolos de la OIT que la OIT clasifica como actualizados y de otros instrumentos internacionales pertinentes (apartado 5). Cada parte debe seguir promoviendo, por medio de sus leyes y prácticas, el Programa de Trabajo Decente de la OIT, otros convenios pertinentes de la OIT y otros compromisos internacionales, en particular sobre: a) unas condiciones de trabajo decentes para todos en lo que respecta, entre otras cosas, a salarios y retribuciones, horario laboral, permiso de maternidad y otras condiciones de trabajo; b) la salud y la seguridad en el trabajo, incluida la prevención de lesiones o enfermedades profesionales y la indemnización en caso de lesión o enfermedad; y c) la no discriminación en las condiciones de trabajo, también para los trabajadores migrantes (apartado 6). Cada parte debe proteger y promover el diálogo social sobre cuestiones laborales entre los trabajadores y los empresarios y sus organizaciones, y con las autoridades gubernamentales pertinentes (apartado 7).

El artículo 214, apartado 1, letra a), hace de los derechos fundamentales en el trabajo uno de los ámbitos de los niveles de protección laboral del capítulo 4, y una nota a pie de página del artículo 214 remite a los convenios fundamentales de la OIT del apartado 2 de este artículo. El artículo 216 exige inspecciones laborales de acuerdo con los compromisos internacionales de cada parte sobre las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores. En las cuestiones relativas a los acuerdos o instrumentos multilaterales a los que se refieren los capítulos 4, 5 y 6, el artículo 235, apartado 3, exige a las partes que tengan en cuenta la información disponible de la OIT, y el artículo 236, apartado 6, dice que el grupo de expertos «debería recabar información de la OIT» sobre las cuestiones relacionadas con normas o acuerdos multilaterales. Según el artículo 234, las diferencias sobre este capítulo van solo a los artículos 235 y 236 (consultas y un grupo de expertos); el artículo 237, que añade los artículos 316 y 317, abarca los capítulos 4 y 5, no este capítulo.

El apartado 3 abarca los convenios de la OIT que el Reino Unido ha hecho extensivos a Gibraltar; el tratado no enumera cuáles son. El apartado 6, letra c), se refiere a la no discriminación en las condiciones de trabajo, «incluso para los trabajadores migrantes». Las diferencias sobre este artículo pueden terminar en un informe del grupo de expertos según el artículo 236. Según el artículo 236, apartado 9, si el grupo de expertos formula recomendaciones, la parte demandada «no tendrá que seguir estas recomendaciones para garantizar la conformidad con el presente Acuerdo».

1. Las Partes afirman su compromiso de promover el desarrollo del comercio internacional de manera que favorezca el trabajo decente para todos, como se expresa en la Declaración de la OIT sobre justicia social para una globalización equitativa de 2008.
2. De conformidad con la Constitución de la OIT y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada en Ginebra el 18 de junio de 1998 por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86.a reunión y modificada en 2022, cada una de las Partes se compromete a respetar, promover y aplicar con eficacia los principios relativos a los derechos fundamentales, tal como se definen en los convenios fundamentales de la OIT, que son:
a) la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;
b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
c) la abolición efectiva del trabajo infantil;
d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; y
e) un entorno de trabajo seguro y saludable.
3. Cada una de las Partes se compromete a aplicar de manera efectiva todos los convenios de la OIT que el Reino Unido haya hecho extensivos a Gibraltar y que los Estados miembros hayan ratificado.
4. Las Partes se esforzarán de forma continua y sostenida por ratificar o, en el caso del Reino Unido, hacer extensivos a Gibraltar, los convenios fundamentales de la OIT, si aún no lo han hecho.
5. Las Partes intercambiarán, periódicamente y según proceda, información sobre las situaciones y los avances respectivos de los Estados miembros y del Reino Unido, respecto a Gibraltar, en lo que respecta a la ratificación de los convenios o los protocolos de la OIT clasificados por esta como actualizados y de otros instrumentos internacionales pertinentes.
6. Cada una de las Partes continuará promoviendo, mediante sus leyes y prácticas, el Programa de Trabajo Decente de la OIT establecido en la Declaración de la OIT, de 2008, sobre justicia social para una globalización equitativa, modificada en 2022 (en lo sucesivo, «Programa de Trabajo Decente de la OIT») y otros convenios pertinentes de la OIT y compromisos internacionales, en particular, los relativos a:
a) unas condiciones de trabajo decentes para todos en lo que respecta, entre otras cosas, a salarios y retribuciones, horario laboral, permiso de maternidad y otras condiciones de trabajo;
b) la salud y la seguridad en el trabajo, incluida la prevención de lesiones o enfermedades profesionales y la indemnización en caso de lesión o enfermedad; y
c) la no discriminación en materia de condiciones de trabajo, incluso para los trabajadores migrantes.
7. Cada una de las Partes protegerá y promoverá el diálogo social sobre cuestiones laborales entre los trabajadores y los empresarios y sus respectivas organizaciones, así como con las autoridades gubernamentales pertinentes.

Texto oficial Artículo 226 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Si una cuestión no se resuelve de forma satisfactoria con las consultas del artículo 235, cualquiera de las partes podrá, pasados 90 días desde la recepción de la solicitud de consultas, pedir por escrito que un grupo de expertos la examine. La solicitud debe identificar la medida en cuestión y explicar, con la claridad suficiente para presentar la reclamación, por qué no se ajusta al capítulo o capítulos pertinentes (apartado 1). El grupo tiene tres miembros (apartado 2). A más tardar un año después de la entrada en vigor del tratado, el Consejo de Cooperación (el órgano conjunto de la UE y el Reino Unido que dirige el tratado) debe establecer una lista de al menos 15 personas dispuestas a formar parte del grupo y capaces de hacerlo. Cada parte debe designar al menos a cinco, y las partes deben designar además al menos a cinco personas que no sean nacionales de ninguna de las dos partes, dispuestas a presidir un grupo y capaces de hacerlo. El Consejo de Cooperación debe mantener la lista actualizada con al menos 15 personas (apartado 3). Los miembros del grupo deben tener conocimientos especializados o experiencia en Derecho laboral o medioambiental, en otras cuestiones del capítulo o capítulos pertinentes o en la solución de diferencias en el marco de acuerdos internacionales. Deben actuar a título personal, no deben aceptar instrucciones de ninguna organización o gobierno sobre cuestiones relacionadas con la diferencia y no deben tener vinculación con ninguna de las partes ni aceptar sus instrucciones. No podrán ser miembros, funcionarios u otros agentes de las instituciones de la UE, del Gobierno de un país de la UE ni del Gobierno del Reino Unido o de Gibraltar (apartado 4). El apartado 5 fija el mandato ordinario del grupo, que se aplica salvo que las partes acuerden otra cosa en los cinco días siguientes a la constitución del grupo. En las cuestiones relacionadas con normas o acuerdos multilaterales de este título, el grupo «debería recabar información» de la OIT o de los organismos pertinentes creados según esos acuerdos (apartado 6). El grupo podrá pedir y recibir escritos u otra información de personas con información pertinente o conocimientos especializados, y debe ponerla a disposición de cada parte, que podrá presentar observaciones en los 20 días siguientes a su recepción (apartados 7 y 8). El grupo presenta un informe provisional y un informe final con sus constataciones de hecho, sus conclusiones, entre ellas si la parte demandada ha cumplido sus obligaciones según el capítulo o capítulos pertinentes, y sus motivos. Las partes están de acuerdo en que, si el grupo formula recomendaciones, la parte demandada «no tendrá que seguir estas recomendaciones para garantizar la conformidad con el presente Acuerdo» (apartado 9). El grupo debe presentar el informe provisional en los 100 días siguientes a su constitución; si considera que no puede cumplir ese plazo, su presidente lo comunica por escrito a las partes, con las razones del retraso y la fecha en que el grupo prevé presentarlo (apartado 10). La última frase del apartado 10 no está clara: el texto oficial en español dice que el grupo «no presentará en ningún caso su informe final más de ciento veinticinco días después de la fecha de constitución del grupo de expertos», pero el apartado 13 da para el informe final un plazo de 175 días desde la constitución del grupo y un máximo de 195, y el texto oficial en inglés de esa misma frase dice "interim report" (en español: informe provisional). Así, el texto en español da dos plazos máximos distintos para el informe final y ninguno para el informe provisional, y no coincide con el texto en inglés. Cada parte podrá enviar al grupo una solicitud motivada para que reconsidere aspectos concretos del informe provisional en los 25 días siguientes a su presentación, y la otra parte podrá formular observaciones en 15 días; si no se presenta ninguna solicitud a tiempo, el informe provisional pasa a ser el informe final (apartados 11 y 12). El informe final debe presentarse en los 175 días siguientes a la constitución del grupo, y en ningún caso más de 195 días después (apartado 13); debe examinar las solicitudes escritas sobre el informe provisional y responder con claridad a las observaciones de las partes (apartado 14). Las partes deben hacer público el informe final en los 15 días siguientes a su presentación (apartado 15). Si el informe final concluye que una parte no ha cumplido sus obligaciones, las partes deben debatir, en los 90 días siguientes a su presentación, las medidas adecuadas que deben aplicarse, teniendo en cuenta el informe (apartado 16). El Consejo de Cooperación supervisa el seguimiento (apartado 17). Si las partes no están de acuerdo sobre si existe una medida adoptada para corregir el incumplimiento o sobre si es coherente con las disposiciones pertinentes, la parte demandante podrá pedir por escrito al grupo original que lo decida; el grupo comunica sus conclusiones en los 45 días siguientes a la solicitud (apartado 18). Salvo que este artículo disponga otra cosa, los artículos 305 y 306 y los artículos 318 a 323 se aplican con las adaptaciones necesarias («mutatis mutandis») (apartado 19).

El artículo 235 es el primer paso obligatorio. Los artículos 305 y 306 y los artículos 318 a 323, normas de arbitraje de la sexta parte, se aplican con las adaptaciones necesarias, salvo que este artículo disponga otra cosa. Los artículos 217, 223 y 234 hacen de este procedimiento la única vía para las diferencias sobre los capítulos 4, 5 y 6 de este título; el artículo 237 añade los artículos 316 y 317 para los capítulos 4 (normas laborales y de protección social) y 5 (medio ambiente y clima).

Según los artículos 217, 223 y 234, las diferencias sobre las disposiciones laborales, las medioambientales y las demás de desarrollo sostenible van a consultas y a este grupo, no a un tribunal de arbitraje según la sexta parte. El apartado 9 dice que, si el grupo formula recomendaciones, la parte demandada «no tendrá que seguir estas recomendaciones para garantizar la conformidad con el presente Acuerdo». El apartado 4 impide formar parte del grupo a los miembros, funcionarios u otros agentes del Gobierno de Gibraltar, igual que a los de las instituciones de la UE, de los Gobiernos de los países de la UE y del Gobierno del Reino Unido. El apartado 15 exige a las partes hacer público el informe final en los 15 días siguientes a su presentación. Para los capítulos 4 y 5, el artículo 237 añade los artículos 316 y 317.

1. Para cualquier asunto que no quede resuelto de forma satisfactoria mediante consultas en virtud del artículo 235, las Partes podrán, al cabo de noventa días a partir de la recepción de una solicitud de consultas con arreglo a dicho artículo, solicitar que un grupo de expertos se reúna para examinar dicha cuestión, enviando una solicitud por escrito a la otra Parte.
En la solicitud se indicará la medida de que se trate, y se especificará y se explicará de qué manera dicha medida no se ajusta a lo dispuesto en el capítulo o capítulos pertinentes de manera suficiente para presentar claramente la reclamación.
2. El grupo de expertos estará compuesto por tres miembros.
3. El Consejo de Cooperación establecerá, antes de transcurrido un año desde la entrada en vigor del presente Acuerdo, una lista de al menos quince personas que puedan formar parte del grupo de expertos y estén dispuestas a ello. Cada una de las Partes designará al menos a cinco personas para la lista de personas que pueden ser miembros del grupo de expertos. Las Partes designarán además al menos a cinco personas que no sean nacionales de ninguna de las Partes y que puedan asumir la presidencia del grupo de expertos y estén dispuestas a ello. El Consejo de Cooperación garantizará que la lista se mantenga actualizada y que el número de expertos se mantenga en un mínimo de quince personas.
4. Los expertos propuestos para el grupo de expertos deberán tener conocimientos especializados o experiencia en Derecho laboral o medioambiental, en otras cuestiones tratadas en el capítulo o capítulos pertinentes, o en la solución de diferencias en el marco de acuerdos internacionales. Deberán actuar a título personal y no aceptar instrucciones de ninguna organización o gobierno con respecto a las cuestiones relacionadas con la diferencia. No deberán tener vinculación alguna con ninguna de las Partes ni aceptar sus instrucciones. No se tratará de personas que sean miembros, funcionarios u otros agentes de las instituciones de la Unión, del Gobierno de un Estado miembro o del Gobierno del Reino Unido o de Gibraltar.
5. A menos que las Partes acuerden otra cosa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de constitución del grupo de expertos, su mandato consistirá en:
«examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes, la cuestión mencionada en la solicitud de constitución del grupo de expertos, y presentar un informe de conformidad con el presente artículo, que presente sus conclusiones acerca de la conformidad de la medida con las disposiciones pertinentes».
6. Por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con las normas o acuerdos multilaterales cubiertos en el presente título, el grupo de expertos debería recabar información de la OIT o de los organismos pertinentes establecidos en virtud de dichos acuerdos, incluidas todas las orientaciones interpretativas, conclusiones o decisiones pertinentes adoptadas por la OIT y dichos organismos.
7. El grupo de expertos podrá solicitar y recibir escritos u otra información de personas con información pertinente o conocimientos especializados.
8. El grupo de expertos pondrá dicha información a disposición de cada una de las Partes, de modo que puedan presentar sus observaciones en un plazo de veinte días a partir de su recepción.
9. El grupo de expertos presentará a las Partes un informe provisional y un informe final que recogerán las constataciones de hecho, sus conclusiones sobre la cuestión, en las que determinarán si la Parte demandada ha cumplido o no las obligaciones que le incumben en virtud del capítulo o capítulos pertinentes, y la fundamentación de toda conclusión y constatación que realice. Para mayor certeza, las Partes están de acuerdo en que si el grupo de expertos formula recomendaciones en su informe, la Parte demandada no tendrá que seguir estas recomendaciones para garantizar la conformidad con el presente Acuerdo.
10. El grupo de expertos presentará a las Partes el informe provisional en un plazo de cien días desde la fecha de constitución del grupo de expertos. Cuando el grupo de expertos considere que este plazo no puede cumplirse, el presidente del grupo de expertos lo notificará por escrito a las Partes, indicando las razones del retraso y la fecha en la que el grupo de expertos prevé presentar su informe provisional. El grupo de expertos no presentará en ningún caso su informe final más de ciento veinticinco días después de la fecha de constitución del grupo de expertos.
11. Cada una de las Partes podrá presentar al grupo de expertos una solicitud motivada de reconsideración de aspectos concretos del informe provisional en el plazo de veinticinco días desde su presentación. Cada Parte podrá formular observaciones sobre la solicitud de la otra Parte en un plazo de quince días desde la presentación de la solicitud.
12. Tras tomar en consideración esas observaciones, el grupo de expertos elaborará el informe final. Si no se presenta ninguna solicitud de reconsideración de aspectos concretos del informe provisional dentro del plazo mencionado en el apartado 11, el informe provisional se convertirá en el informe final del grupo de expertos.
13. El grupo de expertos presentará su informe final a las Partes en un plazo de ciento setenta y cinco días desde la fecha de constitución del grupo de expertos. Cuando el grupo de expertos considere que este plazo no puede cumplirse, el presidente del grupo de expertos lo notificará por escrito a las Partes, indicando las razones del retraso y la fecha en la que el grupo de expertos prevé presentar su informe final. El grupo de expertos no presentará en ningún caso su informe final más de ciento noventa y cinco días después de la fecha de constitución del grupo de expertos.
14. El informe final incluirá un examen de cualquier solicitud por escrito de las Partes sobre el informe provisional y abordará claramente las observaciones de las Partes.
15. Las Partes pondrán el informe final a disposición del público en un plazo de quince días a partir de su presentación por el grupo de expertos.
16. Si el informe final del grupo de expertos determina que una Parte no ha cumplido sus obligaciones en virtud del capítulo o capítulos pertinentes, las Partes, en un plazo de noventa días a partir de la presentación del informe final, debatirán las medidas adecuadas que deban aplicarse teniendo en cuenta el informe del grupo de expertos.
17. El Consejo de Cooperación supervisará el seguimiento del informe del grupo de expertos.
18. Cuando las Partes no estén de acuerdo sobre la existencia o la coherencia de las disposiciones pertinentes de cualquier medida adoptada para subsanar la no conformidad, la Parte demandante podrá presentar una solicitud, que será por escrito, al grupo de expertos original para que resuelva sobre la cuestión. La solicitud mencionará la medida de que se trate y explicará por qué no es conforme con las disposiciones pertinentes de manera suficiente para presentar la reclamación claramente. El grupo de expertos comunicará sus conclusiones a las Partes en un plazo de cuarenta y cinco días desde la fecha de recepción de la solicitud.
19. Salvo que se disponga otra cosa en el presente artículo, los artículos 305, 306 y 318 a 323 se aplicarán mutatis mutandis.

Texto oficial Artículo 236 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El procedimiento del grupo de expertos del artículo 236 se aplica a las diferencias entre las partes sobre la interpretación y la aplicación del capítulo 4 (normas laborales y de protección social) y del capítulo 5 (medio ambiente y clima) (apartado 1). En esas diferencias, además de las disposiciones que enumera el artículo 236, apartado 19, se aplican los artículos 316 y 317 con las adaptaciones necesarias (apartado 2). Las partes reconocen que, cuando la parte demandada (la parte contra la que se presenta la reclamación) decida no adoptar ninguna medida para ajustarse al informe del grupo y al tratado, la parte demandante sigue teniendo a su disposición cualquier medida correctora autorizada según el artículo 316 (apartado 3).

El artículo 236 da el procedimiento y los plazos. Los artículos 316 y 317 son disposiciones de la sexta parte sobre las medidas temporales (compensación temporal o suspensión de obligaciones) y sobre la revisión de las medidas adoptadas para cumplir. Los artículos 217 y 223 envían las diferencias laborales y medioambientales solo a los artículos 235 a 237; el artículo 234 remite las diferencias del capítulo 6 solo a los artículos 235 y 236.

En las diferencias sobre el capítulo 4 (incluida la norma del artículo 215 que prohíbe rebajar la protección laboral) y sobre el capítulo 5 (incluido el deber de equivalencia del artículo 219, apartado 4), los artículos 316 y 317 se aplican además del procedimiento del artículo 236. El apartado 3 dice que las medidas correctoras autorizadas según el artículo 316 siguen disponibles cuando la parte demandada «opte por no adoptar ninguna medida para adecuarse». El texto no dice cómo se aplica eso cuando la parte demandada adopta alguna medida que la parte demandante considera insuficiente; el artículo 236, apartado 18, envía al grupo de expertos original los desacuerdos sobre las medidas adoptadas. El capítulo 3 (fiscalidad, artículo 213) y el capítulo 6 (artículo 234) no tienen ninguna disposición como esta.

1. El artículo 236 se aplicará a las diferencias entre las Partes en relación con la interpretación y la aplicación de los capítulos 4 y 5 del presente título.
2. A efectos de esas diferencias, además de los artículos enumerados en el artículo 236, apartado 19, y los artículos 316 y 317 se aplicarán mutatis mutandis.
3. Las Partes reconocen que, cuando la Parte demandada opte por no adoptar ninguna medida para adecuarse a lo dispuesto en el informe del grupo de expertos y en el presente Acuerdo, la Parte demandante seguirá teniendo a su disposición cualquier medida correctora autorizada en virtud del artículo 316.

Texto oficial Artículo 237 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El territorio aduanero de la unión aduanera tiene dos partes: el territorio aduanero de la UE, tal como lo define el artículo 4 del Código Aduanero de la UE (el principal reglamento aduanero de la UE), y el territorio aduanero de Gibraltar. El texto añade que el territorio aduanero de Gibraltar «constituye un territorio aduanero separado del territorio aduanero del Reino Unido».

El Código Aduanero de la UE es el Reglamento (UE) n.º 952/2013; el artículo 268 hace que esa referencia siga sus modificaciones y sustituciones futuras. El artículo 245, apartado 2, usa los territorios definidos aquí para su norma contra las devoluciones excesivas de impuestos, y el artículo 266, letra a), entiende que las referencias al territorio aduanero de la UE incluyen Gibraltar una vez que esté en vigor la decisión del artículo 247.

La letra b) dice que el territorio aduanero de Gibraltar está separado del territorio aduanero del Reino Unido. Las letras a) y b) juntas forman el territorio de la unión aduanera que crea el artículo 240. El artículo 243 prohíbe los derechos de aduana, y el artículo 244 prohíbe las restricciones cuantitativas, entre la UE y Gibraltar. Según el artículo 247, apartado 1, el Derecho de la UE que enumera el anexo 20 se aplica en Gibraltar una vez que el Consejo de Cooperación (el órgano conjunto que vigila el tratado) adopte la decisión que allí se describe. El propio artículo 241 no fija ninguna fecha de inicio.

El territorio aduanero de la unión aduanera entre la Unión y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, comprenderá:
a) el territorio aduanero de la Unión, tal como se define en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (27) (en lo sucesivo, el «Código Aduanero de la Unión»); y
b) el territorio aduanero de Gibraltar, que constituye un territorio aduanero separado del territorio aduanero del Reino Unido.

Texto oficial Artículo 241 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Entre la UE y Gibraltar no podrá aplicarse ningún derecho de aduana de importación o de exportación ni ninguna exacción de efecto equivalente (cargas que funcionan como un derecho de aduana). La prohibición alcanza también a los «derechos de aduana de carácter fiscal», es decir, los derechos que se cobran para recaudar ingresos y no para proteger a los productores del propio territorio.

El artículo 244 es la prohibición equivalente para las restricciones cuantitativas. Las excepciones del artículo 252, apartado 1, están redactadas como excepciones al artículo 244, no a este artículo. El artículo 248 y el anexo 24 prevén un impuesto sobre las transacciones y un impuesto especial sobre las mercancías producidas en Gibraltar o importadas a Gibraltar, hasta que surta efecto la decisión del artículo 247, apartado 1.

El artículo no fija ningún periodo transitorio ni enumera excepciones. Trata de los derechos entre la UE y Gibraltar; no trata de las mercancías que circulan entre Gibraltar y el Reino Unido, que el artículo 241, letra b), considera territorios aduaneros separados. Por otra parte, el artículo 248 somete las mercancías producidas en Gibraltar o importadas a Gibraltar a un impuesto sobre las transacciones, y algunas mercancías a un impuesto especial, hasta que surta efecto la decisión del artículo 247, apartado 1.

Queda prohibida la aplicación de derechos de aduana de importación y de exportación, así como exacciones de efecto equivalente, entre la Unión y Gibraltar. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de aduana de carácter fiscal.

Texto oficial Artículo 243 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Se eliminarán todas las barreras físicas entre Gibraltar y la UE para las mercancías que circulan entre ambos por vía terrestre. Esto deja a salvo («sin perjuicio de», dice el texto) el artículo 252 (excepciones a la prohibición de restricciones cuantitativas, y suspensión u otras medidas en los casos que enumera), así como los trámites y las comprobaciones y controles que las Partes puedan efectuar para velar por la correcta aplicación de este título (apartado 1). Hasta que entre en vigor la decisión del Consejo de Cooperación del artículo 247, apartado 1, los trámites de despacho de aduana, las formalidades de exportación y los procedimientos de cobro de exacciones y derechos de la UE de este título que se refieren al Reino Unido, para Gibraltar, se realizan según dispone el artículo 247, apartado 3, es decir, conforme a las normas de los anexos 19, 21, 22 y 24 (apartado 2).

El artículo 247, apartado 1, es la decisión del Consejo de Cooperación que pone en vigor en Gibraltar el Derecho de la UE que enumera el anexo 20 y que declara que en el puerto y en el aeropuerto se han instalado puestos de control fronterizo y aduanas, que estos operan y están controlados como fije esa decisión y que se han designado las autoridades competentes dentro de la UE; el artículo 247, apartado 3, es la norma provisional según la cual las mercancías entran en Gibraltar y salen de Gibraltar por vía terrestre, con las excepciones por mar del artículo 247, apartado 4. El artículo 252 fija excepciones al artículo 244 y permite, en los casos que enumera, que cualquiera de las dos partes suspenda la aplicación del tratado o que la UE adopte las medidas del artículo 252, apartado 3.

El apartado 1 se aplica a las mercancías que circulan por vía terrestre. Deja a salvo el artículo 252, así como los trámites, las comprobaciones y los controles que las Partes puedan efectuar para velar por la correcta aplicación de este título. El apartado 2 y el artículo 247, apartado 3, fijan una etapa provisional que dura hasta que entre en vigor la decisión del Consejo de Cooperación del artículo 247, apartado 1. El artículo 247 no fija ninguna fecha límite para adoptar esa decisión.

1. Se eliminarán todas las barreras físicas existentes entre Gibraltar y la Unión para las mercancías que circulen entre ambos por vía terrestre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 252 ni de los trámites que deban cumplirse y las comprobaciones y los controles que puedan efectuar las Partes para velar por la correcta aplicación del presente título.
2. Hasta la entrada en vigor de la decisión a que se refiere el artículo 247, apartado 1, los trámites de despacho de aduana, las formalidades de exportación y los procedimientos de cobro de exacciones y derechos de la Unión establecidos en el presente título que se refieren al Reino Unido, respecto a Gibraltar, deberán realizarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 247, apartado 3.

Texto oficial Artículo 246 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El Derecho de la UE que enumera el anexo 20 se aplicará al Reino Unido, para Gibraltar, y en Gibraltar, una vez que el Consejo de Cooperación (el órgano conjunto de la UE y el Reino Unido que está al frente del tratado) adopte una decisión que: a) fije la fecha a partir de la cual se aplica; y b) declare que en el puerto y en el aeropuerto se han instalado puestos de control fronterizo y aduanas, que estos funcionan y están controlados según lo que establezca esa decisión, y que se han designado las autoridades competentes dentro de la UE (apartado 1). El Consejo de Cooperación podrá modificar la lista del anexo 20 cuando adopte la decisión (apartado 2). Hasta que la decisión entre en vigor, las mercancías distintas del equipaje personal de los viajeros (anexo 23) se introducirán en Gibraltar y se exportarán de Gibraltar «exclusivamente por vía terrestre», según los anexos 19, 21, 22 y 24 (apartado 3), con dos excepciones: las mercancías de la UE también podrán introducirse por mar, y las mercancías también podrán transportarse por mar de Gibraltar a países de fuera de la UE, según las normas de los anexos que se enumeran (apartado 4). Hasta que entre en vigor la decisión, Gibraltar «se considerará un territorio tercero» (un territorio de fuera de la UE) según el Derecho de la UE en materia aduanera, tributaria o mercantil (apartado 5). La decisión debe establecer las acciones y los controles conjuntos, la cooperación aduanera y administrativa y las demás normas necesarias para la correcta aplicación (apartado 6). Al adoptarla, el Consejo de Cooperación también debe tener en cuenta cómo se harán las formalidades, los controles y las inspecciones fronterizos en los puestos fronterizos o las aduanas de Gibraltar, incluidos los análisis de riesgo y los controles posteriores al levante, para proteger el mercado interior de la UE (apartado 7).

Los números 4, 5, 7 y 8 del apartado 4 no son artículos de este tratado: son artículos de los anexos 19 y 21, que regulan las dos excepciones por mar del apartado 4. El anexo 20 es la lista del Derecho de la UE que se aplicará después de la decisión; el anexo 23 trata del equipaje de los viajeros; los anexos 19, 21, 22 y 24 contienen las normas provisionales. Los artículos 246, 248, 250, 266 y 267 remiten a la decisión del apartado 1.

Hasta que entre en vigor la decisión del Consejo de Cooperación del apartado 1, el apartado 5 trata a Gibraltar como un territorio tercero según el Derecho de la UE en materia aduanera, tributaria o mercantil, y los apartados 3 y 4 limitan la forma en que las mercancías entran en Gibraltar y salen de Gibraltar. El artículo 247 no fija ninguna fecha límite para adoptar la decisión. La propia decisión debe declarar que los puestos de control fronterizo y las aduanas del puerto y del aeropuerto «operan y están controlados» según lo que establezca la decisión.

1. Las disposiciones legislativas de la Unión relacionadas en el anexo 20 serán de aplicación al Reino Unido, respecto a Gibraltar, así como en Gibraltar, una vez que el Consejo de Cooperación adopte una decisión:
a) en la que se especifique la fecha a partir de la cual se aplicarán al Reino Unido, respecto a Gibraltar, y en Gibraltar las disposiciones legislativas de la Unión relacionadas en el anexo 20; y
b) en la que se declare que en el puerto y en el aeropuerto se han instalado puestos de control fronterizo y aduanas, que estos operan y están controlados de conformidad con las modalidades y los procedimientos establecidos en dicha decisión y que se han designado las autoridades competentes dentro de la Unión.
2. A la hora de adoptar la decisión a que se refiere el apartado 1, el Consejo de Cooperación podrá modificar la relación de disposiciones legislativas de la Unión del anexo 20.
3. Hasta la entrada en vigor de la decisión a que se refiere el apartado 1, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, toda mercancía distinta de las que los viajeros transporten en su equipaje personal con arreglo al anexo 23 se introducirá en Gibraltar y se exportará de Gibraltar exclusivamente por vía terrestre y de conformidad con las normas establecidas en los anexos 19, 21, 22 y 24.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3:
a) las mercancías de la Unión también podrán introducirse en Gibraltar por vía marítima de conformidad con las normas establecidas en el artículo 4 del anexo 19, en el artículo 7 del anexo 21 y en los anexos 22 y 24; y
b) asimismo, las mercancías podrán transportarse por vía marítima de Gibraltar a terceros países de conformidad con las normas establecidas en el artículo 5 del anexo 19, en los artículos 7 y 8 del anexo 21 y en los anexos 22 y 24.
5. Hasta la entrada en vigor de la decisión a que se refiere el apartado 1, Gibraltar se considerará un territorio tercero con arreglo al Derecho de la Unión en materia aduanera, tributaria o mercantil.
6. En la decisión a que se refiere el apartado 1 se establecerán disposiciones relativas a las acciones y los controles conjuntos, así como a la cooperación aduanera y la cooperación administrativa entre las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y las autoridades competentes dentro de la Unión, así como cualquier otra norma o procedimiento necesarios para la correcta aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión relacionadas en el anexo 20 al Reino Unido, respecto a Gibraltar, y en Gibraltar, la correcta aplicación del presente título y la correcta aplicación de la citada decisión.
7. A la hora de adoptar la decisión a que se refiere el apartado 1, el Consejo de Cooperación también tendrá en cuenta la manera en que deberán llevarse a cabo cualesquiera formalidades fronterizas y cualesquiera controles e inspecciones fronterizos pertinentes en los puestos fronterizos o las aduanas en Gibraltar, incluidos los análisis de riesgo y los controles posteriores al levante, con el fin de proteger el correcto funcionamiento del mercado interior de la Unión.

Texto oficial Artículo 247 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Hasta que entre en vigor la decisión del artículo 247, apartado 1, se aplican los apartados 2 a 4: las mercancías producidas en Gibraltar o importadas a Gibraltar están sujetas a un impuesto sobre las transacciones; las mercancías sujetas a impuestos especiales según el Derecho de la UE («impuestos especiales armonizados») que se importen en Gibraltar o se produzcan en Gibraltar también están sujetas a un impuesto especial en Gibraltar; y los dos impuestos se aplican según el anexo 24. Además, un órgano consultivo independiente, creado por el Reino Unido, para Gibraltar (así llama el tratado al Reino Unido cuando actúa por Gibraltar), y por el Reino de España según un mandato acordado el 24 de junio de 2026, debe: a) dictaminar en cualquier momento, a petición de las Partes y a partir de su evaluación continua de las condiciones de mercado pertinentes en Gibraltar y en la zona contigua a la frontera, si se cumplen las condiciones del artículo 249, apartado 1, letras a), b) y c); y b) evaluar y comunicar cada año el efecto que los tipos del impuesto sobre las transacciones (incluidos los tipos reducidos y superreducidos) y del impuesto especial que se apliquen en Gibraltar tienen sobre la competencia y sobre «cualquier distorsión significativa que se haya producido en el comercio» entre Gibraltar y la zona contigua a la frontera (que el artículo 3 define como los municipios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en España) (apartado 5). Si ese órgano determina que existe una distorsión en el sentido del apartado 5, el Reino Unido, para Gibraltar, «ajustará los tipos de los impuestos indirectos» aplicables en Gibraltar hasta un nivel que se considere apropiado teniendo en cuenta las recomendaciones del órgano para evitar esas distorsiones, dentro de los límites de los artículos 2 y 6 del anexo 24 (apartado 6).

El artículo 249 establece un procedimiento de salvaguardia al que la UE podrá recurrir si el Reino Unido, para Gibraltar, no cumple el apartado 6; según ese procedimiento, y siempre que se cumplan sus condiciones, la UE podrá exigir el IVA y el impuesto especial al iniciar el régimen de tránsito de las mercancías destinadas a Gibraltar. El anexo 24 fija las normas del impuesto sobre las transacciones y del impuesto especial y, en sus artículos 2 y 6, los límites dentro de los cuales debe quedar cualquier ajuste (los artículos 2 y 6 que se citan son esos artículos del anexo, no artículos de este tratado). El artículo 251 da a las autoridades competentes de Gibraltar acceso a los sistemas informáticos de tránsito para aplicar este artículo.

El apartado 6 dice «ajustará»: si el órgano determina que existe una distorsión en el sentido del apartado 5, el Reino Unido, para Gibraltar, debe ajustar los tipos hasta un nivel que se considere apropiado teniendo en cuenta las recomendaciones del órgano, dentro de los límites de los artículos 2 y 6 del anexo 24. El apartado 5, letra b), mide las distorsiones del comercio entre Gibraltar y la zona contigua a la frontera, no las del comercio con la UE en su conjunto. El mandato acordado el 24 de junio de 2026, que regula el órgano, no forma parte del texto de este artículo.

1. Hasta la entrada en vigor de la decisión a que se refiere el artículo 247, apartado 1, se aplicarán los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.
2. Las mercancías producidas en Gibraltar o importadas a Gibraltar estarán sujetas a un impuesto sobre las transacciones.
3. Las mercancías sujetas a impuestos especiales en virtud del Derecho de la Unión (en lo sucesivo, «impuestos especiales armonizados») que se importen en Gibraltar o se produzcan en Gibraltar también estarán sujetas a un impuesto especial en Gibraltar.
4. El impuesto sobre las transacciones y el impuesto especial se aplicarán conforme a lo dispuesto en el anexo 24.
5. Un órgano consultivo independiente, establecido por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y por el Reino de España en virtud del mandato relativo al órgano consultivo independiente acordado el 24 de junio de 2026, se encargará de:
a) dictaminar, en cualquier momento y a petición de las Partes, sobre la base de su evaluación continua de las condiciones de mercado pertinentes en Gibraltar y en la zona contigua a la frontera, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 249, apartado 1, letras a), b) y c); y
b) evaluar y comunicar anualmente los efectos que los tipos del impuesto sobre las transacciones —incluidos los tipos reducidos y superreducidos— y del impuesto especial que se apliquen en Gibraltar tengan sobre la competencia, así como cualquier distorsión significativa que se haya producido en el comercio entre Gibraltar y la zona contigua a la frontera.
6. Si el órgano consultivo independiente a que se refiere el apartado 5 del presente artículo determinara que existe alguna distorsión en el sentido de dicho apartado, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, ajustará los tipos de los impuestos indirectos aplicables en Gibraltar hasta un nivel que se considere apropiado teniendo en cuenta las recomendaciones de dicho órgano consultivo para evitar distorsiones de esta índole, dentro de los límites fijados en el anexo 24, artículos 2 y 6.

Texto oficial Artículo 248 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La UE podrá recurrir a este procedimiento de salvaguardia si el Reino Unido, para Gibraltar (así llama el tratado al Reino Unido cuando actúa por Gibraltar), no cumple su deber de ajustar los tipos según el artículo 248, apartado 6, y «si la Unión lo considera apropiado». Cuando el deber se refiere al dictamen del artículo 248, apartado 5, letra a), deben cumplirse además cuatro condiciones: a) que se estén produciendo distorsiones significativas del comercio entre Gibraltar y la UE en la mercancía o categoría de mercancías de que se trate; b) que estén relacionadas con diferencias entre el impuesto sobre las transacciones y los impuestos especiales que aplica el Reino Unido, para Gibraltar, y el IVA y los impuestos especiales que aplica el Reino de España a la misma mercancía o categoría de mercancías; c) que hayan durado al menos 30 días; y d) que la UE tenga «información objetiva, convincente y verificable» que respalde la conclusión de que se cumplen las letras a), b) y c) (apartado 1). Cuando el deber se refiere a la evaluación anual del artículo 248, apartado 5, letra b), el apartado 2 no enumera más condiciones. La UE debe comunicar al Reino Unido, para Gibraltar, toda la información de la letra d), con el detalle de la recomendación pertinente del órgano y de la mercancía o categoría de mercancías (incluidos, si procede, la marca y el modelo), y debe iniciar consultas de inmediato (apartado 3). Si tras 10 días hábiles de consultas no se alcanza una solución aceptable para las dos partes, la UE podrá, durante un máximo de 30 días, exigir el IVA y el impuesto especial aplicables a las mercancías señaladas, al tipo del país de la UE del puesto aduanero designado, cuando se inicie el régimen de tránsito de esas mercancías con destino a Gibraltar según los anexos 19 y 21 (apartado 4). Según lo que dice el apartado 6, el periodo podrá prorrogarse otros 30 días si persisten las condiciones de los apartados 1 y 2 (apartado 5). La UE debe avisar de la prórroga con al menos cuatro días hábiles de antelación y con toda la información que la respalde (apartado 6). Las prórrogas podrán repetirse hasta que dejen de cumplirse las condiciones del apartado 1, se alcance una solución alternativa de mutuo acuerdo o termine el arbitraje del apartado 8 (apartado 7). Si el Reino Unido, para Gibraltar, inicia un arbitraje según el artículo 305 para impugnar un acto de la UE basado en este artículo, el tribunal de arbitraje lo trata como un caso de urgencia según el artículo 310 (apartado 8). Mientras la UE exige el IVA y el impuesto especial, no se aplican las disposiciones que obligan al Reino Unido, para Gibraltar, a exigir el impuesto sobre las transacciones y los impuestos especiales sobre esas mercancías (apartado 9). El artículo 6, apartado 1, según el cual las comunicaciones formales y las decisiones que deban notificarse a las autoridades competentes de Gibraltar, o que ellas hagan o reciban, se transmiten a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) o de otro organismo del Reino Unido que nombre el Gobierno del Reino Unido, no se aplica a las comunicaciones de este artículo (apartado 10). El país de la UE de que se trate se queda con el IVA y los impuestos especiales que recaude (apartado 11).

El artículo 248, apartado 5, y su apartado 6 ponen en marcha el procedimiento: el dictamen del órgano consultivo independiente y el deber de ajustar los tipos. Los artículos 305 y 310 son las disposiciones de la sexta parte del tratado sobre el inicio del arbitraje y sobre los casos de urgencia. El apartado 10 deja sin aplicación el artículo 6, apartado 1; este artículo no dice qué vía se usa en su lugar. Los anexos 19 y 21 regulan el régimen de tránsito en el que se aplica el cobro.

Los apartados 1 y 2 permiten usar el procedimiento cuando el Reino Unido, para Gibraltar, no ha cumplido el artículo 248, apartado 6, y «si la Unión lo considera apropiado». El apartado 1 añade cuatro condiciones para el caso del artículo 248, apartado 5, letra a); el apartado 2 no añade ninguna para el caso del artículo 248, apartado 5, letra b). Cada periodo de cobro dura como máximo 30 días (apartado 4); el apartado 7 permite repetir las prórrogas y no fija un número máximo. Según el apartado 9, mientras dura el cobro no se aplican las disposiciones que exigen el impuesto sobre las transacciones y el impuesto especial de Gibraltar sobre esas mercancías. Según el apartado 11, el país de la UE de que se trate se queda con el IVA y los impuestos especiales que recaude.

1. La Unión podrá recurrir al procedimiento de salvaguardia previsto en el presente artículo si el Reino Unido, respecto a Gibraltar, incumple sus obligaciones en virtud del artículo 248, apartado 6, en relación con el artículo 248, apartado 5, letra a), y si la Unión lo considera apropiado, siempre que:
a) se estén produciendo distorsiones significativas del comercio entre Gibraltar y la Unión con respecto a la mercancía o categoría de mercancías de que se trate;
b) las distorsiones a que se refiere la letra a) estén relacionadas con diferencias entre los niveles del impuesto sobre las transacciones y los impuestos especiales del Reino Unido, respecto a Gibraltar, que graven la mercancía, por una parte, y los niveles del IVA y de los impuestos especiales del Reino de España que graven la misma mercancía o categoría de mercancías, por otra;
c) las distorsiones a que se refiere la letra a) hayan durado como mínimo treinta días; y
d) la Unión tenga información objetiva, convincente y verificable que respalde la conclusión de que se reúnen las condiciones establecidas en las letras a), b) y c).
2. La Unión podrá recurrir al procedimiento de salvaguardia del presente artículo si el Reino Unido, respecto a Gibraltar, incumple sus obligaciones en virtud del artículo 248, apartado 6, en relación con el artículo 248, apartado 5, letra b), y si la Unión lo considera apropiado.
3. La Unión pondrá en conocimiento del Reino Unido, respecto a Gibraltar, toda la información a que se refiere el apartado 1, letra d), del presente artículo, e iniciará inmediatamente consultas con el Reino Unido, respecto a Gibraltar, con miras a encontrar una solución mutuamente aceptable. La notificación deberá incluir información detallada sobre la recomendación pertinente del órgano consultivo independiente a que se refiere el artículo 248, apartado 5, y la mercancía o categoría de mercancías específicas respecto de las que se haya llegado a tal conclusión, incluidos, si procede, la marca y el modelo.
4. Si, una vez transcurridos diez días hábiles desde que comenzaran las consultas, no se ha alcanzado una solución mutuamente aceptable, la Unión podrá, durante un período máximo de treinta días, exigir el IVA y el impuesto especial aplicables a la mercancía o la categoría de mercancías específicas indicadas en la notificación en el momento de iniciar un régimen de tránsito para dichas mercancías de conformidad con los anexos 19 y 21 siempre que dichas mercancías estén destinadas a Gibraltar. El tipo del IVA y del impuesto especial aplicado será el que corresponda aplicar en el Estado miembro del puesto aduanero designado responsable de la apertura de la circulación de tránsito de conformidad con el presente Acuerdo.
5. Atendiendo a lo dispuesto en el apartado 6, el período de treinta días a que se refiere el apartado 4 podrá prorrogarse por otros treinta días si persisten las condiciones descritas en los apartados 1 y 2.
6. La Unión notificará al Reino Unido, respecto a Gibraltar, que tiene previsto prorrogar el período de treinta días a que se refiere el apartado 4, con arreglo a lo previsto en el apartado 5, como mínimo cuatro días hábiles antes de que esa prórroga surta efecto. Con dicha notificación se proporcionará al Reino Unido, respecto a Gibraltar, toda la información a que se refiere el apartado 1, letra d), que respalde la conclusión de que se siguen dando las condiciones establecidas en el apartado 1, letras a), b) y c), o de que persiste la situación a que se refiere el apartado 1.
7. Los trámites establecidos en los apartados 5 y 6 podrán repetirse hasta que se dejen de cumplir las condiciones previstas en el apartado 1, se alcance una solución alternativa de mutuo acuerdo o concluya el procedimiento de arbitraje a que se refiere el apartado 8.
8. Si el Reino Unido, respecto a Gibraltar, inicia el procedimiento de arbitraje a que se refiere el artículo 305 para impugnar cualquier acto de la Unión en virtud del presente artículo, el tribunal de arbitraje tratará la cuestión como un caso de urgencia a los efectos del artículo 310.
9. Durante los períodos en los que la Unión exija el IVA y un impuesto especial sobre determinadas mercancías al amparo del presente artículo, no se aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo que obligan al Reino Unido, respecto a Gibraltar, a exigir el impuesto sobre las transacciones y los impuestos especiales aplicables a dichas mercancías.
10. El artículo 6, apartado 1, no se aplicará a las comunicaciones realizadas con arreglo al presente artículo.
11. Los importes del IVA y los impuestos especiales recaudados por el Estado miembro de que se trate serán conservados por ese Estado miembro.

Texto oficial Artículo 249 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Hasta que entre en vigor la decisión del artículo 247, apartado 1, se aplican los apartados 2 a 8. Las Partes deben cooperar en materia de aduanas e impuestos indirectos, en particular de estas formas: con el intercambio rápido y seguro de información para aplicar bien la legislación aduanera y fiscal y para prevenir y combatir el fraude aduanero y fiscal, el contrabando (en particular de productos sujetos a impuestos especiales u otros impuestos indirectos, como los productos del tabaco), el tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego y de precursores de explosivos, los movimientos de efectivo relacionados, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y el tráfico ilegal de residuos (estos intercambios podrán ser automatizados y sistemáticos y podrán incluir los datos de las declaraciones de importación y exportación); con la coordinación de los controles aduaneros y fiscales; con la cooperación sobre la circulación de mercancías sujetas a controles aduaneros y fiscales; y con otras medidas para un comercio seguro y lícito, también sobre los operadores económicos autorizados (apartado 2). Sus autoridades competentes deben prestarse asistencia administrativa mutua en cuestiones aduaneras según el Protocolo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera (apartado 3) y cooperar para que se cumpla la legislación sobre el IVA, el impuesto sobre las transacciones y los impuestos especiales, y para el cobro de créditos de impuestos y derechos, según el Protocolo relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales y a la asistencia mutua en materia de cobro de créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos (apartado 4). Los intercambios de información de este capítulo están sujetos, con las adaptaciones necesarias, a las normas de confidencialidad del artículo PCUST.12 del Protocolo aduanero, y a las normas de confidencialidad del Derecho de la UE y de la legislación del Reino Unido, para Gibraltar (apartado 5). Las autoridades también podrán cooperar e intercambiar información sobre la seguridad y la conformidad de los productos no alimenticios (apartado 6). Cada parte debe notificar sus autoridades competentes para esta cooperación (apartado 7). El artículo 6, apartado 1, según el cual las comunicaciones formales y las decisiones que deban notificarse a las autoridades competentes de Gibraltar, o que ellas hagan o reciban, se transmiten a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) o de otro organismo del Reino Unido que nombre el Gobierno del Reino Unido, solo se aplica a los «intercambios de datos e información compilados periódicamente» según este artículo (apartado 8).

Dos protocolos del tratado contienen las normas detalladas: el Protocolo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera (cuyo artículo PCUST.12 fija las normas de confidencialidad) y el Protocolo relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales y a la asistencia mutua en materia de cobro de créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos. El apartado 8 limita el artículo 6, apartado 1, a los intercambios de datos e información compilados periódicamente. El artículo 254, apartado 1, letra a), permite que el comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio adopte medidas para que este artículo sea efectivo.

El apartado 2, letra a), permite intercambios que «podrán tener lugar de manera automatizada y sistemática» y que podrán incluir los datos de las declaraciones de importación y exportación sobre el comercio entre las Partes. El apartado 5 somete los intercambios a las normas de confidencialidad del artículo PCUST.12 del Protocolo aduanero y a la legislación sobre confidencialidad de cada parte. El apartado 8 aplica la vía del FCDO del artículo 6, apartado 1, solo a los datos e información compilados periódicamente; el artículo no dice qué vía se usa para los demás intercambios. Según el apartado 1, estos apartados se aplican hasta que entre en vigor la decisión del artículo 247, apartado 1.

1. Hasta la entrada en vigor de la decisión a que se refiere el artículo 247, apartado 1, se aplicarán los apartados 2 a 8 del presente artículo.
2. Las Partes cooperarán en el ámbito de las aduanas y los impuestos indirectos, en particular, mediante:
a) la comunicación y el intercambio de información de manera rápida y segura para que la legislación aduanera y fiscal se aplique correctamente y para prevenir y combatir el fraude aduanero y fiscal, el contrabando —en particular de productos sujetos a impuestos especiales y cualquier otro impuesto indirecto, como los productos del tabaco— y el tráfico de drogas, de armas de fuego y de precursores de explosivos, además de los movimientos de efectivo y el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con ellos relacionados, y el tráfico ilegal de residuos. Dichos intercambios podrán tener lugar de manera automatizada y sistemática y podrán incluir los datos de declaraciones de exportación e importación sobre el comercio entre las Partes;
b) la coordinación de los controles aduaneros y fiscales;
c) la cooperación relativa a la circulación de mercancías sujetas a controles aduaneros y fiscales; y
d) la adopción de otras medidas destinadas a facilitar y promover el comercio seguro y lícito, en particular, con respecto a los operadores económicos autorizados, y la colaboración mediante otras modalidades especiales de cooperación contempladas por el Derecho de la Unión o acordadas por las Partes.
3. Las autoridades competentes dentro de la Unión y las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, se prestarán asistencia administrativa mutua en cuestiones aduaneras de conformidad con el Protocolo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
4. Las autoridades competentes dentro de la Unión y las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cooperarán entre sí para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre el IVA, el impuesto sobre las transacciones y los impuestos especiales, y para el cobro de créditos correspondientes a impuestos y derechos, de conformidad con el Protocolo relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales y a la asistencia mutua en materia de cobro de créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos.
5. Todo intercambio de información entre las autoridades competentes dentro de la Unión y las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, en virtud del presente capítulo estará sujeto a los requisitos de confidencialidad y protección de la información establecidos en el artículo PCUST.12 del Protocolo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera, mutatis mutandis, así como a cualquier requisito de confidencialidad establecido en el Derecho de la Unión y en la legislación del Reino Unido, respecto a Gibraltar.
6. Las autoridades competentes dentro la Unión y las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán cooperar e intercambiar información en el ámbito de la seguridad y la conformidad de los productos no alimenticios.
7. La Unión y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, remitirán notificaciones a sus respectivas autoridades competentes para que pongan en práctica la cooperación y la asistencia administrativa mutua en materia aduanera y de impuestos indirectos dispuestas en el presente artículo.
8. El artículo 6, apartado 1, se aplicará únicamente a los intercambios de datos e información compilados periódicamente en virtud del presente artículo.

Texto oficial Artículo 250 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Para aplicar los artículos 242 (libre circulación), 245 (imposición interna), 247 (importaciones y exportaciones) y 248 (impuestos indirectos), las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar (según el artículo 239, el Servicio de Aduanas de Gibraltar, His Majesty's Customs Gibraltar, u otras autoridades pertinentes de Gibraltar), tendrán acceso al sistema informático europeo de tránsito y prueba del estatuto de la UE, o al sistema de tránsito específico de los anexos 19 y 21, «a través del sistema informático del Reino de España» (apartado 1). Las autoridades competentes dentro de la UE tendrán «acceso continuo y en tiempo real» a cualquier sistema informático pertinente que usen las autoridades competentes de Gibraltar para aplicar este título (apartado 2). Los acuerdos administrativos entre el Reino Unido, para Gibraltar, y el Reino de España fijarán los detalles prácticos de los dos accesos (apartado 3).

Los artículos 242, 245, 247 y 248 tratan de las mercancías en libre práctica, de la imposición interna, de la importación y la exportación de mercancías, y del impuesto sobre las transacciones y el impuesto especial. El artículo 252, apartado 2, letra b), incluye entre los casos de suspensión o de otras medidas la falta de cooperación para corregir irregularidades, fraudes o desviaciones del comercio, «en particular, en lo que respecta al pleno acceso de las autoridades competentes dentro de la Unión de conformidad con el artículo 251». El artículo 254, apartado 1, letra b), faculta al comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio para establecer las disposiciones necesarias para aplicar este artículo. El artículo 336, apartado 2, permite que las dos partes acuerden aplicar el tratado de forma provisional (antes de su entrada en vigor formal), siempre que, entre otras condiciones, antes de esa fecha se hayan notificado mutuamente que los acuerdos administrativos del artículo 251, entre otros, están en vigor y se han aplicado plenamente. El artículo 336, apartado 5, dice que determinados títulos dejan de aplicarse si esos acuerdos se suspenden o llegan a su fin.

El apartado 1 canaliza el acceso de las autoridades competentes de Gibraltar «a través del sistema informático del Reino de España». El apartado 2 da a las autoridades competentes dentro de la UE «acceso continuo y en tiempo real» a los sistemas informáticos pertinentes que usan las autoridades competentes de Gibraltar. Según el artículo 336, apartado 5, el título II de la tercera parte (aduanas, impuestos indirectos y comercio), entre otros títulos, deja de aplicarse a partir del día en que se suspendan o lleguen a su fin los acuerdos administrativos de los artículos 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260 y 265 y del Protocolo relativo a la coordinación en materia de seguridad social, y vuelve a aplicarse cuando se levanta la suspensión o se celebran nuevos acuerdos.

1. A los efectos de la aplicación de los artículos 242, 245, 247 y 248, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, tendrán acceso al sistema informático de tránsito y prueba del estatuto de la Unión o al sistema de tránsito específico de los anexos 19 y 21 a través del sistema informático del Reino de España.
2. Las autoridades competentes dentro de la Unión tendrán acceso continuo y en tiempo real a cualquier sistema informático pertinente utilizado por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, para la aplicación del presente título.
3. Las modalidades prácticas de aplicación de los apartados 1 y 2 se establecerán en acuerdos administrativos entre el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España.

Texto oficial Artículo 251 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La prohibición de restricciones cuantitativas del artículo 244 no impide las prohibiciones o restricciones a las importaciones, a las exportaciones o a las mercancías en tránsito justificadas por razones de moralidad pública, orden público o seguridad pública; de protección de la salud y la vida de las personas y de los animales; de protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional; o de protección de la propiedad industrial y comercial. Pero esas prohibiciones o restricciones no podrán constituir «un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio» entre la UE y el Reino Unido, para Gibraltar (apartado 1). Por otra parte, y sin que cambie lo que dice el artículo 334 (terminación del tratado), la UE o el Reino Unido, para Gibraltar (así llama el tratado al Reino Unido cuando actúa por Gibraltar), podrán suspender la aplicación del tratado, o adoptar las medidas del apartado 3, en cuatro casos: a) aplicación insuficiente o deficiente de este título, o del artículo 19, apartado 1, en la medida en que se refiere al Derecho de la UE que se aplique por la decisión del artículo 247, apartado 1; b) falta de cooperación de las autoridades competentes dentro de la UE o de las del Reino Unido, para Gibraltar, para corregir irregularidades, fraudes o desviaciones del comercio, en particular en lo que se refiere al pleno acceso de las autoridades competentes de la UE según el artículo 251; c) información objetiva, convincente y verificable de que se han cometido infracciones o elusiones sistemáticas y a gran escala de la legislación aduanera; o d) errores, mala administración o abusos cometidos por la UE o por el Reino Unido, para Gibraltar (apartado 2). Las medidas del apartado 3 son medidas que podrá adoptar la UE: aumentar el gasto de recaudación del artículo 3 del anexo 21 o suspender el reembolso de los derechos cobrados; o exigir el IVA y los impuestos especiales del país de la UE del puesto aduanero designado cuando se inicie el régimen de tránsito de las mercancías destinadas a Gibraltar según los anexos 19 y 21 (apartado 3). La parte que tenga intención de actuar según el apartado 2 debe notificarlo al Consejo de Cooperación (el órgano conjunto de la UE y el Reino Unido que está al frente del tratado) y estar dispuesta a iniciar consultas en él si se le pide; si no se acuerda una solución aceptable para las dos partes en el plazo de tres meses desde la notificación, podrá decidir actuar de manera unilateral (apartado 4). Después debe notificar a la otra parte su decisión, sus motivos y el periodo de aplicación de la medida, que no podrá superar los tres meses. El periodo podrá prorrogarse por el mismo procedimiento si las condiciones del apartado 2 persisten cuando termina. Toda medida unilateral es objeto de consultas periódicas en el Consejo de Cooperación desde la fecha en que se aplica, con miras a ponerle fin antes de tiempo si la parte que la aplica decide que ya no es necesaria. Cualquiera de las dos partes podrá pedir en cualquier momento al Consejo de Cooperación que revise una medida (apartado 5).

El artículo 334 (terminación del tratado mediante notificación por escrito) no queda afectado. El artículo 19, apartado 1, trata del Derecho de la UE que el Reino Unido, para Gibraltar, debe tener en su legislación interna y aplicar. El artículo 244 es la prohibición de restricciones cuantitativas que matiza el apartado 1. Los artículos 247 y 251 aparecen en dos de los casos del apartado 2. El artículo 3 del anexo 21 fija el gasto de recaudación que la UE podrá aumentar (el artículo 3 que se cita es ese artículo del anexo, no el artículo 3 de este tratado). Los anexos 19 y 21 regulan el régimen de tránsito en el que se exigirían el IVA y los impuestos especiales.

El apartado 2 permite que tanto la UE como el Reino Unido, para Gibraltar, suspendan la aplicación del tratado. Las medidas del apartado 3 son medidas que podrá adoptar la UE; el apartado 3 no enumera ninguna para el Reino Unido, para Gibraltar. El apartado 2, letra d), no define «errores, mala administración o abusos» ni fija un nivel de gravedad. Según el apartado 4, la actuación unilateral va precedida de una notificación al Consejo de Cooperación y podrá decidirse si no se alcanza una solución acordada en el plazo de tres meses desde la notificación; según el apartado 5, cada medida dura como máximo tres meses y podrá prorrogarse si persisten las condiciones del apartado 2. El apartado 1 enumera los motivos por los que aún podrán aplicarse prohibiciones o restricciones pese al artículo 244.

1. Las disposiciones del artículo 244 no serán obstáculo para la aplicación de prohibiciones o restricciones a la importación o la exportación de mercancías, o a las mercancías en tránsito, justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas; protección de la salud y vida de las personas y animales; protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional; o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, dichas prohibiciones o restricciones no podrán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre la Unión y el Reino Unido, respecto a Gibraltar.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 334, la Unión o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán suspender la aplicación del presente Acuerdo o adoptar las medidas establecidas en el apartado 3 en el caso de:
a) una aplicación insuficiente o deficiente de las disposiciones del presente título, o del artículo 19, apartado 1, en la medida en que este último se refiere a actos del Derecho de la Unión que resulten aplicables al Reino Unido, respecto a Gibraltar, y en Gibraltar, en virtud de la decisión a que se refiere el artículo 247, apartado 1;
b) falta de cooperación por parte de las autoridades competentes dentro de la Unión o de las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, para corregir irregularidades, fraudes o desviaciones del comercio, en particular, en lo que respecta al pleno acceso de las autoridades competentes dentro de la Unión de conformidad con el artículo 251;
c) la existencia de información objetiva, convincente y verificable de que se han cometido infracciones o elusiones sistemáticas y a gran escala de la legislación aduanera; o
d) errores, mala administración o abusos cometidos por la Unión o por el Reino Unido, respecto a Gibraltar.
3. En los casos a que se refiere el apartado 2:
a) la Unión podrá incrementar el gasto de recaudación a que se refiere el artículo 3 del anexo 21 o suspender el reembolso de los derechos percibidos; y
b) la Unión podrá exigir el IVA y los impuestos especiales aplicables en el Estado miembro del puesto aduanero designado en el momento de iniciar un régimen de tránsito para las mercancías destinadas a Gibraltar de conformidad con los anexos 19 y 21.
4. Si la Unión o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, tienen intención de actuar al amparo de lo dispuesto en el apartado 2, deberán notificarlo al Consejo de Cooperación y estar dispuestos, si así se lo pidiera, a iniciar consultas en el seno del Consejo de Cooperación, con miras a encontrar una solución mutuamente aceptable. Si la Unión y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, no acuerdan una solución mutuamente aceptable en el plazo de tres meses desde la fecha de la notificación, podrán optar por actuar al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 de manera unilateral.
5. Si una de las Partes tiene la intención de adoptar una medida al amparo del apartado 4, se aplicará lo siguiente:
a) esa Parte notificará su decisión a la otra Parte, especificando los motivos por los que desea adoptar la medida unilateral y el período de aplicación de esta, que no podrá superar los tres meses;
b) el período de aplicación de la medida unilateral podrá prorrogarse siguiendo el mismo procedimiento si las condiciones contempladas en el apartado 2 persisten al final del período fijado en la notificación a que se refiere la letra a);
c) toda medida unilateral adoptada en virtud del presente acuerdo será objeto de consultas periódicas en el Consejo de Cooperación a partir de la fecha de su aplicación, con miras a ponerle fin antes de que termine el período fijado en la notificación a que se refiere la letra a) en el caso de que la Parte que aplique la medida decida que esta ha dejado de ser necesaria; y
d) las Partes podrán pedir en cualquier momento al Consejo de Cooperación que revise cualquier medida adoptada en virtud del presente artículo.

Texto oficial Artículo 252 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Apartado 1: el Reino Unido, para Gibraltar, debe tener y aplicar de manera efectiva una legislación según la cual las mercancías solo pueden producirse o comercializarse (ponerse a la venta o suministrarse) en Gibraltar si cumplen las normas pertinentes de la UE sobre la producción o la comercialización de esas mercancías. Apartado 2: sin que cambie lo que dice el apartado 1, se considera que las mercancías comercializadas de forma legal en cualquier país de la UE cumplen todas las normas vigentes o futuras para comercializar mercancías en Gibraltar. Apartado 3: las normas del apartado 1 no se aplican a: a) las mercancías producidas en Gibraltar solo para exportarlas fuera de Gibraltar o de la UE, sin comercializarlas antes en el mercado de Gibraltar o de la UE; b) los alimentos producidos en Gibraltar, o preparados, transformados o reenvasados por comercios minoristas de Gibraltar, y comercializados en Gibraltar para el consumo local (una nota a pie de página dice que las bebidas espirituosas producidas o comercializadas en Gibraltar quedan fuera de esta excepción y deben cumplir plenamente las normas de la UE); y c) los alimentos importados en Gibraltar, en lo que se refiere a su transporte, almacenamiento y distribución después de entrar en Gibraltar. Cuando los alimentos de la letra b) estén preenvasados, cada envase debe llevar una etiqueta que diga con claridad «Not for EU» (en español: no para la UE). Para que los alimentos de las letras b) y c) no puedan trasladarse después a un país de la UE ni comercializarse en el mercado de la UE, las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, deben hacer controles oficiales y aplicar medidas de vigilancia, asegurarse de que esos alimentos se destinan solo a la venta al por menor y al consumo local, y asegurarse de que las empresas cumplen la norma de etiquetado. Apartado 4: aunque el apartado 1 dice otra cosa, el Reino Unido, para Gibraltar, podrá autorizar que se comercialicen en Gibraltar medicamentos para uso humano (según la definición de la Directiva 2001/83/CE) si se cumplen todas estas condiciones: a) que las autoridades del Reino Unido los hayan autorizado para el mercado del Reino Unido según la legislación del Reino Unido; b) que no lleven el identificador único de la UE, sino una etiqueta con la mención «UK only» (en español: solo para el Reino Unido), fijada de forma que se vea y se lea con facilidad y no pueda quitarse; y c) que el Reino Unido, para Gibraltar, haya adoptado medidas eficaces de seguimiento y control del cumplimiento, con auditorías e inspecciones, para garantizar que esos medicamentos no puedan trasladarse de Gibraltar a la UE ni comercializarse en un país de la UE, y que las empresas cumplan la norma de etiquetado. Una nota a pie de página a la letra c) hace una excepción para los medicamentos autorizados sujetos a receta médica que vayan acompañados de una receta de un profesional habilitado por la GHA, en una cantidad que no supere la necesaria para 90 días de tratamiento. Apartado 5: aunque el apartado 1 dice otra cosa, el Reino Unido, para Gibraltar, podrá permitir que se importen en Gibraltar productos sanitarios, sus accesorios y productos sanitarios para diagnóstico in vitro (según la definición de los Reglamentos (UE) 2017/745 y 2017/746) si: a) pueden comercializarse de forma legal en el Reino Unido; b) los compran y los importan entidades directamente dependientes de la GHA (la Autoridad Sanitaria de Gibraltar), o se compran e importan para ellas, y una nota a pie de página obliga al Reino Unido, para Gibraltar, a notificar esas entidades al comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio antes de la entrada en vigor y cada vez que cambien; c) los únicos usuarios finales son entidades directamente dependientes de la GHA y profesionales empleados por la GHA; d) cuando un producto no tiene el marcado CE (la marca de conformidad de la UE), se coloca un marcado o una etiqueta adhesiva con la mención «Gibraltar (GHA) only» (en español: solo Gibraltar (GHA)) en el embalaje exterior de cada envío, en el momento en que se manipula por primera vez en Gibraltar después de la descarga; y e) el Reino Unido, para Gibraltar, ha adoptado medidas eficaces de seguimiento y garantía de cumplimiento, con auditorías e inspecciones, para garantizar que los productos no puedan trasladarse de Gibraltar a la UE ni comercializarse en un país de la UE, y que las empresas cumplan las normas de etiquetado. Una nota a pie de página a la letra e) hace una excepción para los productos y accesorios que vayan acompañados de una receta o un certificado de un profesional habilitado por la GHA, en una cantidad que no supere la necesaria para 90 días de tratamiento. Apartado 6: un producto importado según el apartado 5 sin marcado CE solo podrá salir de las instalaciones de las entidades directamente dependientes de la GHA si los profesionales empleados por la GHA lo consideran necesario para la salud del paciente; en ese caso debe llevar un marcado o una etiqueta adhesiva con la mención «Gibraltar (GHA) only» en su embalaje exterior inmediato, o en el propio producto si no está embalado. Esa norma de la etiqueta no se aplica a los productos implantables, ni cuando la etiqueta no puede colocarse sin perjudicar el buen funcionamiento del producto, por su tamaño o su naturaleza. Apartado 7: antes de conceder cualquier nueva licencia de autorización para producir o comercializar mercancías en Gibraltar, el Reino Unido, para Gibraltar, debe informar a la UE a través del comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio.

No se cita ningún artículo de este tratado. Los actos de la UE que se nombran son la Directiva 2001/83/CE sobre medicamentos y los Reglamentos 2017/745 y 2017/746 sobre productos sanitarios; el artículo 268 hace que las referencias a actos de la UE de este artículo incluyan sus modificaciones y sustituciones posteriores. El artículo 257 prevé la vigilancia del mercado y las visitas conjuntas con las que se comprueba que se cumplen los apartados 1 y 3. El artículo 269, apartado 5, dice que las mercancías comercializadas de forma legal en Gibraltar antes de la entrada en vigor no están sujetas a este artículo durante los 3 meses siguientes. El artículo 255 define alimento, GHA, etiqueta, preenvasado y comercio al por menor.

El apartado 1 abarca las mercancías producidas en Gibraltar o comercializadas allí, y el apartado 2 considera conformes las mercancías comercializadas de forma legal en cualquier país de la UE. Las excepciones para alimentos del apartado 3, letras b) y c), y los permisos para medicamentos y productos sanitarios de los apartados 4 y 5 vienen acompañados de controles del Reino Unido, para Gibraltar: controles oficiales y vigilancia para los alimentos (apartado 3), y auditorías e inspecciones para los medicamentos (apartado 4, letra c)) y para los productos sanitarios (apartado 5, letra e)). Este artículo no asocia ningún control de ese tipo a la excepción de exportación del apartado 3, letra a). Las excepciones para medicamentos y productos sanitarios son permisos: el texto dice que el Reino Unido, para Gibraltar, «podrá autorizar» los medicamentos y «podrá permitir» la importación de los productos sanitarios. El artículo no enumera las normas de la UE que aplica; remite a «las normas pertinentes del Derecho de la Unión».

1. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, se dotará de legislación que garantice que las mercancías solo puedan producirse o comercializarse en Gibraltar si cumplen las normas pertinentes del Derecho de la Unión que rijan la producción y la comercialización de dichas mercancías, y la aplicará de manera efectiva.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, las mercancías comercializadas de forma legal en cualquier Estado miembro se considerarán conformes con todas las normas vigentes o futuras aplicables a las mercancías para su comercialización en Gibraltar.
3. Las normas a que se refiere el apartado 1 no se aplicarán a:
a) mercancías producidas en Gibraltar exclusivamente para su exportación fuera de Gibraltar o de la Unión sin ser comercializadas primero en los mercados de Gibraltar o de la Unión;
b) alimentos producidos en Gibraltar o preparados, transformados o reenvasados por establecimientos minoristas en Gibraltar y comercializados en Gibraltar para su consumo local (28); y
c) alimentos importados en Gibraltar, en lo que respecta a su transporte, almacenamiento y distribución tras su entrada en Gibraltar.
Cuando los alimentos a que se refiere el párrafo primero, letra b), estén preenvasados, el envase individual deberá tener una etiqueta que indique claramente las palabras «Not for EU» («no para la UE»).
Con el fin de impedir el posterior traslado a un Estado miembro de los alimentos a que se refiere el párrafo primero, letras b) y c), y su comercialización en la Unión, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, llevarán a cabo controles oficiales y aplicarán medidas de vigilancia para garantizar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el presente apartado y se asegurarán de que esos alimentos estén destinados exclusivamente a la venta minorista y el consumo local y de que los operadores económicos cumplan el requisito de etiquetado establecido en el presente artículo.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrá autorizar la comercialización en Gibraltar de medicamentos para uso humano, tal como se definen en el artículo 1, punto 2, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (29), siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) que las autoridades competentes del Reino Unido hayan autorizado la comercialización en el Reino Unido del medicamento de conformidad con la legislación del Reino Unido y con arreglo a los términos de la autorización concedida por ellas;
b) que los medicamentos de que se trate no tengan el identificador único de la UE, sino una etiqueta individual que lleve la mención «UK only» («solo para el Reino Unido»), que deberá fijarse al embalaje del medicamento en un lugar destacado, de forma que sea fácilmente visible, claramente legible e indeleble y que en modo alguno estará disimulada, tapada o separada por ninguna otra indicación o imagen, ni por ningún otro material interpuesto; y
c) que el Reino Unido, respecto a Gibraltar, haya adoptado medidas eficaces de seguimiento y control del cumplimiento que se apliquen por medio de auditorías e inspecciones con el fin de impedir el traslado de los medicamentos a que se refiere este apartado (30) de Gibraltar a la Unión y su comercialización en un Estado miembro y garantizar que los operadores económicos cumplan el requisito de etiquetado establecido en el presente artículo.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrá permitir la importación a Gibraltar de productos sanitarios, accesorios de productos sanitarios y productos sanitarios para diagnóstico in vitro, tal como se definen en el artículo 2, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo (31) y en el artículo 2, puntos 2 y 4, del Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo (32) (en lo sucesivo, «productos»), siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a) que los productos puedan comercializarse de manera legal en el Reino Unido;
b) que los productos sean adquiridos e importados por o para entidades directamente dependientes de la GHA (33);
c) que los únicos usuarios finales de los productos sean entidades directamente dependientes de la GHA y profesionales empleados por ella;
d) que, cuando el producto no tenga el marcado CE, se coloque un marcado o una etiqueta adhesiva claramente visible, legible e indeleble en cada envío de productos a los que sea aplicable el apartado 5, en el momento en que se manipulen por primera vez en Gibraltar tras la descarga del medio de transporte. Este marcado o etiqueta adhesiva se colocará en el embalaje exterior del envío o en la caja de expedición y tendrá la mención «Gibraltar (GHA) only» [«solo Gibraltar (GHA)»]. Este marcado o etiqueta adhesiva se fijará en el embalaje exterior del producto en un lugar destacado, de forma que sea fácilmente visible, claramente legible e indeleble; en modo alguno estará disimulado, tapado o separado por ninguna otra indicación o imagen, ni por ningún otro material interpuesto; y
e) que el Reino Unido, respecto a Gibraltar, haya adoptado medidas eficaces de seguimiento y garantía de cumplimiento que se apliquen por medio de auditorías e inspecciones con el fin de impedir el traslado de los productos a que se refiere este apartado (34) de Gibraltar a la Unión y su comercialización en un Estado miembro y garantizar que los operadores económicos cumplan el requisito de etiquetado establecido en el presente artículo.
A los efectos del párrafo primero, letra d), se entenderá por «embalaje exterior» el primer nivel de embalaje visible al recibir el envío después de su descarga, excluido cualquier embalaje interior, cartón o unidad individual del producto contenidos en él.
6. Todo producto importado en virtud del apartado 5 que no tenga un marcado CE solo podrá salir de las instalaciones de las entidades directamente dependientes de la GHA si es necesario por motivos de salud de los pacientes, a juicio de los profesionales empleados por la GHA. Para que un producto de este tipo salga de las instalaciones de entidades directamente dependientes de la GHA, se colocará un marcado o una etiqueta adhesiva claramente visible, legible e indeleble con la mención «Gibraltar (GHA) only» en el embalaje exterior del producto, o en el propio producto si no se encuentra embalado en el momento de salir de las instalaciones. Ese marcado o etiqueta se fijará en el embalaje del producto en un lugar destacado, de forma que sea fácilmente visible, claramente legible e indeleble; en modo alguno estará disimulado, tapado o separado por ninguna otra indicación o imagen, ni por ningún otro material interpuesto.
El requisito establecido en el párrafo primero no se aplicará a productos implantables, ni cuando no sea posible colocar ese marcado o esa etiqueta adhesiva sin afectar al correcto funcionamiento del producto, debido a su tamaño o su naturaleza.
7. Antes de emitir una nueva licencia de autorización relativa a la producción o la comercialización de mercancías en Gibraltar, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, deberá informar a la Unión a través del Comité Especializado en Economía y Comercio.

Texto oficial Artículo 256 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Apartado 1: el Reino Unido, para Gibraltar, debe crear autoridades de vigilancia del mercado (organismos que comprueban que las mercancías a la venta cumplen las normas), asegurarse de que funcionan de manera eficaz para que se cumpla el artículo 256, apartado 1, y su apartado 3, mantenerlas separadas de la evaluación de la conformidad (el ensayo y la certificación de los productos) y asegurarse de que actúan con imparcialidad. Apartado 2: si la autoridad de vigilancia del mercado de un país de la UE constata que mercancías producidas o comercializadas en Gibraltar incumplen las normas pertinentes de la UE, y se lo comunica, con sus motivos, a las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, estas «deberán adoptar sin demora todas las medidas apropiadas y necesarias para obligar al cumplimiento». El artículo 6, apartado 1, que canaliza las comunicaciones formales con las autoridades de Gibraltar a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO), no se aplica a estos intercambios. Apartado 3: si las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, constatan que mercancías importadas de un país de la UE incumplen la legislación del artículo 256, apartado 1, y para poner fin a ese incumplimiento hace falta actuar en ese país de la UE, podrán enviar a las autoridades de vigilancia del mercado de ese país una solicitud motivada para que investiguen y, si las mercancías no cumplen las normas, adopten medidas correctoras. Apartado 4: sin que cambien las normas sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera, los representantes de las autoridades competentes dentro de la UE verificarán, según el artículo 265, si las mercancías producidas o comercializadas en Gibraltar cumplen las normas de la UE. Para ello podrán pedir a las autoridades del Reino Unido, para Gibraltar, que hagan determinadas acciones o adopten determinadas medidas durante visitas conjuntas, y las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, deben adoptarlas «con prontitud» (es decir, rápidamente). Estas medidas podrán incluir: una lista de los operadores habilitados con licencia y de las mercancías, entregada antes de que acaben los meses de enero y julio de cada año y comprobada con las licencias comerciales; la comprobación de que la producción sigue las normas de la UE; y la comprobación de que las mercancías comercializadas cumplen las normas. Apartado 5: antes de que acaben los meses de enero y julio de cada año a partir de la entrada en vigor, las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, deben entregar a las autoridades competentes de la UE una lista de los productores que hay en Gibraltar, con los nuevos productores habilitados con licencia y sus productos, las cantidades producidas por productor y mercancía en los seis meses anteriores, y las ventas por productor y mercancía según el destino. La lista sirve para que las autoridades de la UE decidan, según el riesgo, si hacen falta visitas conjuntas. El comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio podrá cambiar lo que debe contener la lista. Apartado 6: las Partes reconocen la importancia de la cooperación en materia de vigilancia del mercado y de seguridad de los productos, y «adoptarán las medidas oportunas al respecto».

El artículo 256 es la norma que se comprueba (las normas de la UE sobre los productos, con las excepciones de su apartado 3). El artículo 265 es el derecho general de verificación de la UE, y el anexo 22 fija sus detalles prácticos. El artículo 6, apartado 1 (comunicaciones formales a través del FCDO), no se aplica a los avisos de los países de la UE del apartado 2.

Las mercancías producidas o vendidas en Gibraltar las comprueban dos grupos de autoridades: las autoridades de vigilancia del mercado del Reino Unido, para Gibraltar (apartado 1), y los representantes de las autoridades competentes de la UE en visitas conjuntas (apartado 4, junto con el artículo 265). La lista semestral de productores del apartado 5 es un deber fijo desde la entrada en vigor; la lista de operadores habilitados con licencia del apartado 4, letra a), es una de las medidas que los representantes de la UE podrán pedir durante las visitas conjuntas. Los dos sentidos son distintos: la constatación de un país de la UE, con sus motivos, obliga a las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, a actuar sin demora (apartado 2); la constatación de esas autoridades permite enviar una solicitud motivada al país de la UE (apartado 3). El propio artículo 257 no contiene ninguna norma sobre la confidencialidad de los datos de producción y ventas del apartado 5.

1. El Reino Unido, respecto a Gibraltar:
a) creará autoridades de vigilancia del mercado que realizarán actividades de vigilancia del mercado para que se cumpla lo dispuesto en el artículo 256, apartados 1 y 3, y se asegurará de que funcionen de manera eficaz;
b) garantizará la separación de las funciones de vigilancia del mercado de las funciones de evaluación de la conformidad; y
c) velará por la imparcialidad de las autoridades de vigilancia del mercado para llevar a cabo su control o supervisión de los operadores económicos.
2. Cuando una autoridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro haya constatado que mercancías producidas o comercializadas en Gibraltar incumplen las normas pertinentes del Derecho de la Unión que rigen la producción o comercialización de esas mercancías en la Unión y haya informado de ello a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, indicando los motivos de esa constatación, estas últimas deberán adoptar sin demora todas las medidas apropiadas y necesarias para obligar al cumplimiento. El artículo 6, apartado 1, no se aplicará a los intercambios de información realizados con arreglo al presente apartado.
3. Cuando las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, hayan constatado que mercancías importadas de un Estado miembro y comercializadas en Gibraltar incumplen la legislación a que se refiere el artículo 256, apartado 1, y cuando para poner fin a ese incumplimiento se deban adoptar medidas en la jurisdicción territorial de un Estado miembro, dichas autoridades podrán remitir una solicitud motivada a las autoridades de vigilancia del mercado de ese Estado miembro para que investiguen si las mercancías cumplen las normas que serían aplicables si se comercializaran en la Unión y, si se constata que no las cumplen, podrán adoptar las medidas correctoras que sean oportunas.
4. Sin perjuicio de las disposiciones pertinentes en materia de asistencia administrativa mutua en el ámbito aduanero, los representantes de las autoridades competentes dentro de la Unión verificarán, de conformidad con el artículo 265, tal como se dispone en los párrafos segundo y tercero del presente apartado, si las mercancías producidas o comercializadas en Gibraltar cumplen las normas pertinentes del Derecho de la Unión aplicables a esas mercancías en la Unión.
A los efectos de la verificación a que se refiere el párrafo primero, los representantes de las autoridades competentes dentro de la Unión podrán pedir a las autoridades del Reino Unido, respecto a Gibraltar, que lleven a cabo determinadas acciones o adopten determinadas medidas durante visitas conjuntas. Las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, adoptarán esas medidas con prontitud.
Las medidas a que se refiere el párrafo segundo pueden incluir las siguientes:
a) la presentación, antes de que acabe el mes de enero y el mes de julio de cada año, a los representantes de las autoridades competentes dentro de la Unión, de la lista de los operadores económicos habilitados con licencia y de las mercancías producidas o comercializadas facilitada por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y la verificación de la exactitud de esa lista mediante la presentación de las correspondientes licencias comerciales;
b) la verificación de que el productor lleva a cabo la producción efectiva de las mercancías producidas o comercializadas en Gibraltar de conformidad con las normas pertinentes del Derecho de la Unión aplicables a la producción de dichas mercancías en la Unión y en el Estado miembro en el que se tenga la intención de comercializarlas; y
c) la verificación de que las mercancías comercializadas en Gibraltar cumplen las normas pertinentes del Derecho de la Unión aplicables a la producción y la comercialización de tales mercancías en la Unión.
5. Con el fin de permitir que las autoridades competentes dentro de la Unión determinen, sobre la base de criterios de vigilancia del mercado basados en riesgos, si y en qué medida son necesarias visitas conjuntas de verificación, las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, facilitarán a las autoridades competentes dentro de la Unión una lista de los productores de mercancías existentes en Gibraltar antes de que termine el mes de enero y el mes de julio de cada año a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. En esa lista se indicará:
a) cualquier nuevo productor habilitado con licencia, con una descripción de los productos que elabora;
b) las cantidades producidas durante el anterior período de seis meses por productor y mercancía; y
c) el volumen de ventas por productor y por mercancía desglosado por lugar de destino (Gibraltar o el destino de exportación de las mercancías).
El Comité Especializado en Economía y Comercio podrá adoptar una decisión por la que se modifique el contenido que debe tener la mencionada lista.
6. Las Partes reconocen la importancia de la cooperación en materia de vigilancia del mercado, seguridad y conformidad de los productos para facilitar el comercio y proteger a los consumidores y usuarios, así como de fomentar la confianza mutua sobre la base de información compartida con puntualidad, y adoptarán las medidas oportunas al respecto.

Texto oficial Artículo 257 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Según el Protocolo relativo a la trazabilidad, la cooperación en la lucha contra el contrabando de tabaco y las medidas adicionales relacionadas con los productos del tabaco, el Reino Unido, para Gibraltar, debe: a) establecer un sistema de trazabilidad del tabaco (un sistema para seguir los productos del tabaco a lo largo de la cadena de suministro) equivalente al sistema y al Derecho de la UE; b) adoptar medidas adicionales sobre las advertencias sanitarias gráficas, el tabaco de uso oral y las ventas a distancia transfronterizas de productos del tabaco; c) intercambiar con las autoridades competentes dentro de la UE, a petición de estas, información de trazabilidad sobre la circulación de productos del tabaco en Gibraltar; d) establecer mecanismos de supervisión para intercambiar información con esas autoridades sobre el tabaco en rama o sin elaborar y las labores del tabaco que entren, se importen o se vendan en Gibraltar, o que salgan o se exporten de Gibraltar; y e) cooperar con esas autoridades, también con el intercambio de información, en la lucha contra el contrabando de tabaco, «incluida la identificación de los eventuales responsables directos o indirectos de dichos actos». El artículo 6, apartado 1, que canaliza las comunicaciones formales con las autoridades de Gibraltar a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO), no se aplica a los intercambios de las letras d) y e).

El Protocolo relativo a la trazabilidad, la cooperación en la lucha contra el contrabando de tabaco y las medidas adicionales relacionadas con los productos del tabaco contiene el detalle de cada una de estas obligaciones. El artículo 6, apartado 1, no se aplica a las letras d) y e). Según el artículo 336, apartado 2, la notificación de que las medidas del artículo 258 están en vigor es una de las condiciones de la aplicación provisional. El artículo 250, apartado 2, letra a), cita el contrabando de productos del tabaco como ejemplo de lo que el intercambio de información aduanera y fiscal debe prevenir y combatir.

Según el artículo 336, apartado 2, las Partes podrán acordar aplicar el tratado de forma provisional (antes de su entrada en vigor formal), siempre que antes de esa fecha se hayan notificado mutuamente, entre otras cosas, que las medidas que describe el artículo 258 están en vigor. Los deberes del artículo 258 recaen en el Reino Unido, para Gibraltar. La información de trazabilidad se intercambia con las autoridades de la UE a petición de estas (letra c)). La cooperación contra el contrabando incluye la identificación de «los eventuales responsables directos o indirectos de dichos actos» (letra e)). Los intercambios de las letras d) y e) no pasan por el FCDO. Qué significa «equivalente» y cuáles son las medidas adicionales lo fija el Protocolo sobre el tabaco, no este artículo.

Con arreglo a las disposiciones del Protocolo relativo a la trazabilidad, la cooperación en la lucha contra el contrabando de tabaco y las medidas adicionales relacionadas con los productos del tabaco, el Reino Unido, respecto a Gibraltar:
a) establecerá un sistema de trazabilidad del tabaco que sea equivalente al sistema de la Unión y a lo dispuesto en el Derecho de la Unión pertinente;
b) adoptará medidas adicionales sobre advertencias sanitarias gráficas, el tabaco de uso oral y las ventas a distancia transfronterizas de productos del tabaco;
c) intercambiará información de trazabilidad sobre la circulación de productos del tabaco en Gibraltar con las autoridades competentes dentro la Unión, a petición de estas;
d) establecerá mecanismos de supervisión para intercambiar información con las autoridades competentes dentro de la Unión en lo relativo al tabaco en rama o sin elaborar y las labores del tabaco que entren o se vendan en Gibraltar, se importen en Gibraltar o salgan o se exporten de Gibraltar; y
e) cooperará, en particular, mediante el intercambio de información con las autoridades competentes dentro de la Unión, en la lucha contra el contrabando de tabaco, incluida la identificación de los eventuales responsables directos o indirectos de dichos actos.
El artículo 6, apartado 1, no se aplicará a los intercambios de información realizados con arreglo al párrafo primero, letras d) y e).

Texto oficial Artículo 258 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Apartado 1: para las mercancías transferidas a Gibraltar y desde Gibraltar solo para uso oficial del Ministerio de Defensa del Reino Unido o de «fuerzas visitantes de terceros países» (pero no los documentos oficiales bajo sello ni las mercancías transferidas con fines comerciales), las autoridades competentes dentro de la UE y las del Reino Unido deben velar por que los controles aduaneros se hagan solo en un puesto aduanero designado y durante su horario de apertura establecido; las autoridades de la UE deben velar por que los controles se hagan tan pronto como sea razonablemente posible. El Derecho de la UE se aplica cuando estas mercancías pasan de Gibraltar al territorio aduanero de la UE. Apartado 2: la transferencia sigue las normas de este título para las mercancías, salvo que no se cobran derechos de aduana ni impuestos indirectos y no se aplica el artículo 265 (visitas de verificación de la UE). Apartado 3: se autorizará la entrada y la salida, libres de derechos de aduana y de impuestos indirectos, de los vehículos oficiales de las fuerzas del Reino Unido no residentes o del componente civil que circulen por sus propios medios, y de los vehículos privados para su uso personal, con la presentación de un tríptico (un pase aduanero, según el modelo de los acuerdos administrativos del apartado 7). Apartado 4: los documentos oficiales bajo sello oficial quedan fuera de este título; los correos que los llevan, sea cual sea su condición, deben tener una orden individual de desplazamiento según el artículo 38, apartado 2, letra b), que indique el número de despachos y certifique que solo contienen documentos oficiales. Apartado 5: se harán los preparativos necesarios para que los combustibles, aceites y lubricantes de los vehículos, aeronaves y navíos oficiales de las fuerzas del Reino Unido no residentes o del componente civil puedan suministrarse libres de todo derecho e impuesto. Apartado 6: estas mercancías no están en libre práctica en Gibraltar (despachadas para un uso sin restricciones), sino en importación temporal (admitidas por un tiempo bajo el control de las autoridades pertinentes); no podrán despacharse a libre práctica en la UE; si se comercializan en Gibraltar, se aplica el título II. Apartado 7: los acuerdos administrativos entre el Reino Unido y España fijan los detalles prácticos.

El artículo 38, apartado 2, letra b), es la orden individual de desplazamiento de los correos, tomada de las disposiciones sobre las fuerzas del Reino Unido de la segunda parte. El artículo 265 (visitas de verificación de la UE) no se aplica a estas transferencias. El artículo 259 define el componente civil, las fuerzas del Reino Unido no residentes y las «fuerzas visitantes de terceros países». El artículo 264 prevé un régimen especial distinto para los productos que llegan o salen a bordo de aeronaves o buques estatales o en envíos estatales. Según el artículo 336, apartado 2, la aplicación provisional depende de que las Partes se hayan notificado mutuamente, antes de que empiece, que los acuerdos administrativos del artículo 260 están en vigor y se han aplicado plenamente, y según el artículo 336, apartado 5, el título II de la tercera parte deja de aplicarse si esos acuerdos se suspenden o llegan a su fin.

Las exenciones para vehículos y combustible de los apartados 3 y 5 se aplican a las fuerzas del Reino Unido no residentes y al componente civil tal como los define el artículo 259; el texto no las extiende al personal de las fuerzas del Reino Unido que reside en Gibraltar. Las mercancías de defensa del apartado 1 siguen pasando controles aduaneros en un puesto aduanero designado. Según el apartado 6, las mercancías siguen en importación temporal: no podrán despacharse a libre práctica en el territorio aduanero de la UE y, si se comercializan en Gibraltar, se aplica el título II, que incluye el artículo 248 (impuesto sobre las transacciones e impuesto especial). El artículo 264 fija un régimen distinto para algunas de estas mercancías cuando llegan o salen a bordo de aeronaves o buques estatales o en envíos estatales.

1. Con la excepción de los documentos a que se refiere el apartado 4 y de las mercancías transferidas con fines comerciales, las autoridades competentes dentro de la Unión y las autoridades competentes del Reino Unido, con respecto a las mercancías transferidas a Gibraltar y desde Gibraltar exclusivamente para uso oficial del Ministerio de Defensa del Reino Unido o de fuerzas visitantes de terceros países, velarán por que los controles aduaneros se lleven a cabo exclusivamente en un puesto aduanero designado y durante el horario de apertura establecido. Las autoridades competentes dentro de la Unión velarán por que los controles aduaneros se efectúen tan pronto como sea razonablemente posible. El Derecho de la Unión se aplicará a la transferencia de esas mercancías de Gibraltar al territorio aduanero de la Unión.
2. La transferencia se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes para las mercancías del presente título, con la excepción de la recaudación de derechos de aduana o impuestos indirectos y la aplicación del artículo 265.
3. La importación temporal y la reexportación de vehículos oficiales de las fuerzas del Reino Unido no residentes o del componente civil que circulen por sus propios medios o de sus propios vehículos de motor para su uso personal serán autorizadas, libre de derechos de aduana y de impuestos indirectos, previa presentación de un tríptico con arreglo al modelo incluido en los acuerdos administrativos a que se refiere el apartado 7.
4. Los documentos oficiales bajo sello oficial estarán exentos de la aplicación del presente título. Los correos, cualquiera que sea su condición legal, que porten estos documentos deberán estar en posesión de una orden individual de desplazamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2, párrafo primero, letra b). Esta orden de desplazamiento mostrará el número de despachos transportados y certificará que contienen únicamente documentos oficiales.
5. Se harán los debidos preparativos a fin de que se suministren, libres de derechos e impuestos, los combustibles, aceites y lubricantes destinados a su utilización por vehículos, aeronaves y navíos oficiales de las fuerzas del Reino Unido no residentes o del componente civil.
6. No se entenderá que las mercancías a las que es aplicable el presente artículo se encuentren en libre práctica en Gibraltar, sino en una modalidad de importación temporal bajo el control de las autoridades pertinentes. Las mercancías a las que se aplica el presente artículo no podrán despacharse a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión. Cuando dichas mercancías se comercialicen en Gibraltar, será de aplicación el título II.
7. Las modalidades prácticas de aplicación del presente capítulo se establecerán en acuerdos administrativos entre el Reino Unido y el Reino de España.

Texto oficial Artículo 260 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las transferencias de productos de la Lista Común Militar de la Unión Europea, y de armas de fuego de las categorías A, B y C según los Reglamentos de la UE sobre armas de fuego (n.º 258/2012 y 2025/41), destinadas a las fuerzas armadas, la policía o las autoridades públicas del Reino Unido en Gibraltar, están sujetas a este título y al Derecho español sobre control de las exportaciones de material de defensa y de doble uso. El Reino de España «impondrá un requisito de autorización para las transferencias de estos productos». Las solicitudes de estas autorizaciones incluyen las exportaciones físicas (también la producción bajo licencia en el extranjero), las importaciones en el territorio aduanero de la UE, el corretaje, el tránsito o el transbordo, y las transferencias intangibles de programas informáticos y tecnología por medios electrónicos, fax o teléfono. España evalúa caso por caso las solicitudes relativas a la Lista Común Militar según los criterios de la Posición Común 2008/944/PESC de la UE sobre exportaciones de armas, modificada en 2025.

No se cita ningún artículo de este tratado. El artículo 263 explica cómo concede, deniega, suspende o revoca España las autorizaciones. El artículo 264 somete a su propio régimen especial, «exclusivamente», los productos (salvo las mercancías transferidas con fines comerciales y las mercancías sanitarias y fitosanitarias) que llegan a Gibraltar o salen de Gibraltar a bordo de aeronaves o buques estatales o en envíos estatales y que están destinados solo al uso oficial del Ministerio de Defensa del Reino Unido o de «fuerzas visitantes de terceros países». El artículo 268 hace que las referencias a actos de la UE de este artículo incluyan sus modificaciones y sustituciones posteriores.

El requisito de autorización abarca las transferencias destinadas a «las fuerzas armadas, la policía o las autoridades públicas del Reino Unido en Gibraltar». El texto no deja claro si «del Reino Unido en Gibraltar» se refiere a las tres o solo a las autoridades públicas. España impone el requisito (apartado 1) y evalúa caso por caso las solicitudes relativas a la Lista Común Militar según los criterios de la Posición Común 2008/944/PESC (apartado 3). Para las armas de fuego, el artículo 263, apartado 1, dice que las autorizaciones se conceden según los Reglamentos sobre armas de fuego 258/2012 y 2025/41.

1. Las transferencias de productos incluidos en la Lista Común Militar de la Unión Europea (35), así como de armas de fuego de las categorías A, B y C en el sentido de los Reglamentos (UE) n.o 258/2012 (36) y (UE) 2025/41 (37) del Parlamento Europeo y del Consejo, cuando estén destinadas a las fuerzas armadas, la policía o las autoridades públicas del Reino Unido en Gibraltar, estarán sujetas a las disposiciones del presente título y a las del Derecho español en materia de control de las exportaciones de material de defensa y de doble uso. El Reino de España impondrá un requisito de autorización para las transferencias de estos productos.
2. Las solicitudes de autorización a que se refiere el apartado 1 incluirán:
a) las solicitudes de licencias para exportaciones físicas, incluidas aquellas cuyo objeto sea la producción bajo licencia de equipos militares en terceros países;
b) las solicitudes de licencias de importación en el territorio aduanero de la Unión;
c) las solicitudes de licencias de corretaje;
d) las solicitudes de licencias de «tránsito» o de «transbordo»; y
e) las solicitudes de licencias de transferencias intangibles de programas informáticos y tecnología por medios electrónicos, fax o teléfono.
3. El Reino de España evaluará caso por caso las solicitudes de licencias presentadas para la transferencia de productos incluidos en la Lista Común Militar de la Unión Europea con arreglo a los criterios establecidos en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo (38), modificada por la Decisión (PESC) 2025/779 del Consejo (39).

Texto oficial Artículo 261 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las transferencias de productos de doble uso (bienes y tecnología de uso civil que también podrían servir para fines militares) incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) 2021/821 sobre productos de doble uso están sujetas a este título y a las normas de la UE y de España sobre control de las exportaciones. España «impondrá un requisito de autorización» para las transferencias de esos productos. España también podrá exigir una autorización para determinados productos que no están en el anexo I, en aplicación de ese Reglamento, y podrá prohibir la transferencia de productos de doble uso no incluidos en la lista, o exigir una autorización para su exportación, «por motivos de seguridad pública, incluida la prevención de atentados terroristas, o por consideraciones de derechos humanos». Las solicitudes de las autorizaciones que España debe exigir para los productos de la lista (apartado 1) incluyen las exportaciones físicas (también la producción bajo licencia en el extranjero), las importaciones en el territorio aduanero de la UE, el corretaje, el tránsito o el transbordo, y las transferencias intangibles de programas informáticos y tecnología por medios electrónicos, fax o teléfono.

No cita ningún artículo de este tratado. El artículo 263 regula cómo concede, deniega o revoca España las autorizaciones. El artículo 264 somete a su propio régimen especial, «exclusivamente», los productos (salvo las mercancías transferidas con fines comerciales y las mercancías sanitarias y fitosanitarias) que llegan o salen a bordo de aeronaves o buques estatales o en envíos estatales y que están destinados solo al uso oficial del Ministerio de Defensa del Reino Unido o de «fuerzas visitantes de terceros países». El artículo 268 hace que la referencia al Reglamento 2021/821 incluya sus modificaciones y sustituciones posteriores.

El artículo 261 se limita a los productos destinados a las fuerzas armadas, la policía o las autoridades públicas; el artículo 262, apartado 1, no fija ese límite y cubre las transferencias de los productos de doble uso incluidos en el anexo I del Reglamento 2021/821. España debe exigir una autorización para los productos de la lista (apartado 1). España también podrá exigir una autorización para algunos productos que no están en la lista, en aplicación de ese Reglamento (apartado 2), y podrá prohibir la transferencia de productos de doble uso que no están en la lista, o exigir una autorización para su exportación, por motivos de seguridad pública, incluida la prevención del terrorismo, o de derechos humanos (apartado 3). El anexo I del Reglamento 2021/821 es un texto de la UE y no se reproduce en el tratado.

1. La transferencia de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo (40) estará sujeta a las disposiciones del presente título, así como a las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y del Derecho español en materia de controles de exportación del material de defensa y de doble uso. El Reino de España impondrá un requisito de autorización para las transferencias de productos de doble uso incluidos en el anexo I del citado Reglamento.
2. El Reino de España podrá imponer un requisito de autorización para la transferencia de determinados productos no incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) 2021/821, en aplicación de las disposiciones pertinentes del citado Reglamento.
3. El Reino de España podrá prohibir la transferencia de productos de doble uso no incluidos en la lista del anexo I del Reglamento (UE) 2021/821 o imponer un requisito de autorización para su exportación por motivos de seguridad pública, incluida la prevención de atentados terroristas, o por consideraciones de derechos humanos.
4. Las solicitudes de autorización a que se refiere el apartado 1 incluirán:
a) las solicitudes de licencias para exportaciones físicas, incluidas aquellas cuyo objeto sea la producción bajo licencia de equipos militares en terceros países;
b) las solicitudes de licencias de importación en el territorio aduanero de la Unión;
c) las solicitudes de licencias de corretaje;
d) las solicitudes de licencias de «tránsito» o de «transbordo»; y
e) las solicitudes de licencias de transferencias intangibles de programas informáticos y tecnología por medios electrónicos, fax o teléfono.

Texto oficial Artículo 262 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La autoridad competente de España según el Reglamento de doble uso concede las autorizaciones de transferencia de este capítulo; para las armas de fuego, la concede según los Reglamentos sobre armas de fuego. Al decidir si concede una autorización, o si prohíbe un tránsito, España tiene en cuenta todas las consideraciones pertinentes, entre ellas: sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de no proliferación y de control de las exportaciones, y los tratados que ha ratificado; sus obligaciones por las sanciones de la UE, de la OSCE o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; su política exterior y de seguridad nacional, incluida la Posición Común de la UE sobre exportación de armas; y el uso final previsto y el riesgo de desviación. España «podrá negarse a conceder una autorización de transferencia y podrá anular, suspender, modificar o revocar» una autorización ya concedida, según los Reglamentos sobre armas de fuego.

No cita ningún artículo de este tratado. Este artículo es la fase de decisión de los requisitos de autorización que imponen los artículos 261 (productos militares y armas de fuego) y 262 (productos de doble uso). El artículo 268 hace que las referencias a los Reglamentos 2021/821, 258/2012 y 2025/41 sigan sus modificaciones futuras.

La autoridad competente de España concede o deniega las autorizaciones de transferencia de este capítulo (apartados 1 y 3). El artículo 263 no fija ningún plazo para decidir, no prevé ninguna vía de recurso y no da ningún papel en la decisión a las autoridades de Gibraltar ni a un comité conjunto; para el procedimiento remite a los Reglamentos de la UE, que no se reproducen en el tratado. El acuerdo administrativo entre el Reino Unido, para Gibraltar, y España sobre la movilidad de determinadas categorías de personas y mercancías (apartado 2.4) dice que las dos partes velarán por que sus oficiales de enlace estén disponibles, también fuera del horario de apertura establecido del puesto aduanero designado y de los pasos fronterizos, de acuerdo con los artículos 38 y 263.

1. La autoridad competente del Reino de España concederá las autorizaciones de transferencia contempladas en el presente capítulo de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/821. En lo que respecta a las armas de fuego, la autoridad competente del Reino de España concederá las autorizaciones de transferencia contempladas en el presente Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos (UE) n.o 258/2012 y (UE) 2025/41.
2. Al decidir la posible concesión de una autorización o la prohibición de un tránsito con arreglo al presente Acuerdo, el Reino de España tendrá en cuenta todas las consideraciones pertinentes, entre ellas:
a) las obligaciones y compromisos internacionales del Reino de España, y en particular las obligaciones y compromisos que este haya asumido en cuanto miembro de los regímenes internacionales de no proliferación y de los acuerdos internacionales de control de las exportaciones pertinentes, o en virtud de la ratificación de los tratados internacionales correspondientes;
b) sus obligaciones en virtud de las sanciones impuestas por actos jurídicos de la Unión o por una decisión de la OSCE o por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
c) las consideraciones de política exterior y de seguridad nacional, incluidas las recogidas en la Posición Común 2008/944/PESC, en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2025/779; y
d) consideraciones relativas al uso final previsto y al riesgo de desviación.
3. La autoridad competente del Reino de España, actuando con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo, podrá negarse a conceder una autorización de transferencia y podrá anular, suspender, modificar o revocar una autorización de transferencia ya concedida, de conformidad con los Reglamentos (UE) n.o 258/2012 y (UE) 2025/41.

Texto oficial Artículo 263 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Los productos de los artículos 260, 261 y 262 (salvo las mercancías comerciales y las mercancías sanitarias o fitosanitarias) se rigen exclusivamente por este régimen especial si llegan al aeropuerto o al puerto de Gibraltar, o salen de ellos, a bordo de aeronaves o buques estatales o en envíos estatales (según los definen los acuerdos administrativos del artículo 260, apartado 7) y están destinados solo al uso oficial del Ministerio de Defensa del Reino Unido o de «fuerzas visitantes de terceros países». Esas mercancías están en Gibraltar en importación temporal, no en libre práctica; no podrán despacharse a libre práctica en el territorio aduanero de la UE; si se comercializan en Gibraltar, se aplica el título II; el Derecho de la UE rige su transferencia a la UE. Si se cumplen las condiciones del apartado 1, el Reino Unido debe entregar al funcionario de enlace de España, «tan pronto como sea razonablemente posible y en todo caso antes de la transferencia de los productos», una lista de los productos y un certificado firmado por el funcionario de enlace del Reino Unido que garantice que se transportarán de manera segura y se almacenarán en instalaciones designadas, y que estarán sujetos a «un sistema estricto de recuento y rastreo».

Los artículos 260 a 262 son las normas que este régimen sustituye para los productos que cumplen las condiciones: los controles del puesto aduanero para los productos de defensa y los requisitos de autorización de España para los productos militares y de doble uso. El artículo 260, apartado 7, remite a los acuerdos administrativos entre el Reino Unido y España, que definen los envíos estatales.

Para los productos que cumplen las dos condiciones del apartado 1, este régimen sustituye los controles del puesto aduanero del artículo 260 y los requisitos de autorización de España de los artículos 261 a 263: el texto dice que la transferencia de esos productos «estará regulada exclusivamente por el régimen especial establecido en el presente artículo». No quedan cubiertas las mercancías transferidas con fines comerciales ni las mercancías sanitarias y fitosanitarias (las que están sujetas a las normas de sanidad animal y vegetal). Los productos destinados a cualquier otro que no sea el Ministerio de Defensa del Reino Unido o «fuerzas visitantes de terceros países», como la policía u otras autoridades públicas, no cumplen el apartado 1, letra b). La obligación del Reino Unido es entregar al funcionario de enlace de España la lista y un certificado firmado antes de la transferencia (apartado 2). El acuerdo administrativo entre el Reino Unido, para Gibraltar, y España sobre la movilidad de determinadas categorías de personas y mercancías (apartado 2.8) dice que los oficiales de enlace de las dos partes podrán verificar in situ las condiciones del artículo 264, tan pronto como sea razonablemente posible después de la importación o la exportación de las mercancías, o en el mostrador que, según el acuerdo administrativo, establece el tratado.

1. La transferencia de los productos a que se refieren los artículos 260, 261 y 262, con la excepción de las mercancías transferidas con fines comerciales y las mercancías sanitarias y fitosanitarias, estará regulada exclusivamente por el régimen especial establecido en el presente artículo, siempre que dichos productos:
a) lleguen al aeropuerto o al puerto de Gibraltar o partan de él a bordo de una aeronave o un buque estatales o en envíos estatales según se definan en los acuerdos administrativos a que se refiere el artículo 260, apartado 7; y
b) estén destinados a Gibraltar exclusivamente para el uso oficial del Ministerio de Defensa del Reino Unido o de fuerzas visitantes de terceros países.
No se entenderá que las mercancías a las que es aplicable el presente artículo se encuentren en libre práctica en Gibraltar, sino en una modalidad de importación temporal bajo el control de las autoridades pertinentes. Dichas mercancías no podrán despacharse a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión. En el caso de que dichas mercancías se comercialicen en Gibraltar, será de aplicación el título II. El Derecho de la Unión se aplicará a la transferencia de esas mercancías de Gibraltar al territorio aduanero de la Unión.
2. Si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1, tan pronto como sea razonablemente posible y en todo caso antes de la transferencia de los productos, el Reino Unido facilitará al funcionario de enlace del Reino de España una lista de los productos y un certificado firmado por el funcionario de enlace del Reino Unido en el que se garantice que dichos productos:
a) se transportarán de manera segura y se almacenarán en instalaciones designadas; y
b) estarán sujetos a un sistema estricto de recuento y rastreo.

Texto oficial Artículo 264 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las autoridades competentes dentro de la UE deben verificar el cumplimiento de este título y encargarse de «todas las tareas necesarias», con acceso a las infraestructuras, la documentación y los registros pertinentes y a cualquier otra información pertinente. Las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, deben cooperar y deben ser informadas por adelantado de los motivos de cualquier visita, para que pueda hacerse conjuntamente con ellas. Los detalles prácticos están en el anexo 22. El artículo cubre todo el título sobre mercancías, desde el capítulo de la unión aduanera hasta las mercancías comercializadas y el tabaco, y el artículo 257, apartado 4, lo usa como base para verificar, en visitas conjuntas, si las mercancías producidas o comercializadas en Gibraltar cumplen las normas de la UE.

El anexo 22 recoge las modalidades prácticas. El artículo 257, apartado 4, aplica este derecho de verificación a las mercancías producidas o comercializadas en Gibraltar; el artículo 260, apartado 2, lo desactiva para los productos de defensa. El artículo 336 incluye el acuerdo administrativo del artículo 265 entre aquellos cuya suspensión desactiva el título sobre mercancías.

El artículo 265 es el derecho de la UE a verificar en Gibraltar todo el título II. Cubre el acceso a las infraestructuras, los documentos, los registros y «cualquier otra información pertinente», para «todas las tareas necesarias». Las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, deben ser informadas por adelantado de los motivos de una visita, para que pueda hacerse de forma conjunta. Ni el artículo 265 ni el anexo 22 exigen que esas autoridades den su consentimiento a una visita, ni limitan cuántas veces podrán hacerse visitas. Según el anexo 22, artículo 1, apartado 1, las visitas conjuntas sirven para inspeccionar aeronaves, buques, infraestructuras e instalaciones en Gibraltar «cuando se haya detectado un riesgo para el mercado interior de mercancías de la Unión», y según el artículo 1, apartado 2, las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, «se pondrán a disposición» para que la visita sea conjunta. Según el anexo 22, artículo 3, apartado 1, si no lo hacen, la circulación de mercancías comerciales hacia o desde el puerto y, cuando esté permitido, el aeropuerto, queda suspendida después de que las autoridades de la UE lo notifiquen a la Comisión Europea, hasta que cumplan (sin que esto cambie lo que dice el artículo 252).

1. Las autoridades competentes dentro de la Unión verificarán el cumplimiento del presente título y llevarán a cabo todas las tareas necesarias, para lo cual deberán tener acceso, entre otras cosas, a las infraestructuras, la documentación y los registros pertinentes, así como a cualquier otra información pertinente.
2. Las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, cooperarán a este respecto y deberán ser informadas por adelantado sobre los motivos de cualquier visita, de manera que esta pueda realizarse conjuntamente con las autoridades competentes dentro de la Unión.
3. Las modalidades prácticas de la puesta en ejecución del presente artículo se establecen en el anexo 22.

Texto oficial Artículo 265 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Este artículo se aplica al Derecho de la UE que se aplica al Reino Unido, para Gibraltar, y en Gibraltar según el artículo 247, apartado 1, es decir, desde la fecha que fije la decisión del Consejo de Cooperación prevista en ese artículo, y no cambia lo que dice el artículo 19. a) Las referencias al territorio aduanero de la UE (definido en el artículo 4 del código aduanero de la UE, Reglamento 952/2013) en este tratado y en ese Derecho de la UE se entienden hechas también a Gibraltar; para las Directivas de la UE sobre impuestos indirectos, la UE debe adoptar las medidas necesarias para que las transacciones o los movimientos entre Gibraltar y los países de la UE no se traten como transacciones o movimientos con países o territorios de fuera de la UE. b) Las referencias a los países de la UE y a sus autoridades competentes en ese Derecho de la UE no incluyen al Reino Unido, para Gibraltar, en lo que se refiere al acceso a cualquier red, sistema de información o base de datos de la UE, salvo que la UE considere que el acceso pleno o parcial es «estrictamente necesario» para que el Reino Unido, para Gibraltar, cumpla sus obligaciones según el tratado. c) Las autoridades del Reino Unido o de Gibraltar «no actuarán como autoridad principal» en las evaluaciones de riesgos, los exámenes, las homologaciones y las autorizaciones previstos en ese Derecho de la UE.

El artículo 247, apartado 1, prevé la decisión del Consejo de Cooperación que fija la fecha desde la que el Derecho de la UE enumerado en el anexo 20 se aplica al Reino Unido, para Gibraltar, y en Gibraltar; este artículo se aplica a ese Derecho. El artículo 19 es la disposición general sobre el Derecho de la UE que aplica el Reino Unido, para Gibraltar, y queda a salvo. El artículo 268 hace que las referencias a actos de la UE de este artículo incluyan sus modificaciones y sustituciones posteriores.

La letra a) hace que las referencias al territorio aduanero de la UE incluyan a Gibraltar y obliga a la UE a adoptar las medidas necesarias para que sus Directivas sobre impuestos indirectos no traten los movimientos entre Gibraltar y los países de la UE como movimientos con países de fuera de la UE. Las letras b) y c) son límites. Según la letra b), Gibraltar no se trata como un país de la UE para el acceso a las redes, los sistemas de información o las bases de datos de la UE, salvo que la UE considere ese acceso «estrictamente necesario»; la decisión es de la UE. Según la letra c), las autoridades del Reino Unido o de Gibraltar «no actuarán como autoridad principal» en las evaluaciones de riesgos, los exámenes, las homologaciones y las autorizaciones previstos en ese Derecho de la UE. El artículo no dice qué autoridad actúa como principal en su lugar.

artículo 247, apartado 1 Con respecto a las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables al Reino Unido, respecto a Gibraltar, y en Gibraltar, en virtud del artículo 247, apartado 1, se estará a lo siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19:
a) se entenderá que toda referencia al territorio definido en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 en las disposiciones aplicables del presente Acuerdo, así como en las disposiciones del Derecho de la Unión que resulte aplicable al Reino Unido, respecto a Gibraltar, y en Gibraltar, en virtud del presente Acuerdo incluye también a Gibraltar.
En particular, con respecto a las Directivas de la Unión en materia de impuestos indirectos, la Unión adoptará las medidas que sean necesarias para que las transacciones o los movimientos entre Gibraltar y los Estados miembros o entre los Estados miembros y Gibraltar no se traten como transacciones o movimientos entre terceros países o territorios y la Unión;
b) salvo que la Unión considere que el acceso pleno o parcial del Reino Unido, respecto a Gibraltar, es estrictamente necesario para que el Reino Unido, respecto a Gibraltar, pueda cumplir sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo, en lo que respecta al acceso a cualquier red, sistema de información o base de datos establecido sobre la base del Derecho de la Unión, se entenderá que las referencias a Estados miembros y autoridades competentes de los Estados miembros en las disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo no incluyen al Reino Unido, respecto a Gibraltar; y
c) las autoridades del Reino Unido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, no actuarán como autoridad principal en las evaluaciones de riesgos, los exámenes, las homologaciones y las autorizaciones previstos en el Derecho de la Unión declarado aplicable por el presente Acuerdo.

Texto oficial Artículo 266 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Hay tres normas transitorias. Primera (apartado 1): el título II de la tercera parte no se aplica a las mercancías cuya circulación empezó antes de la entrada en vigor del tratado y terminó después; según el apartado 4, esta norma deja de aplicarse 2 meses después de la entrada en vigor. Segunda (apartado 2): las disposiciones del tratado sobre impuestos indirectos no se aplican a las mercancías que tengan un certificado de exención de derechos de importación emitido por el Reino Unido, para Gibraltar, según el artículo 8 de la parte 3 de las Gibraltar Integrated Tariff Regulations 2017 (el reglamento arancelario de Gibraltar) antes de la entrada en vigor, siempre que el Reino Unido, para Gibraltar, haya entregado a las autoridades competentes de la UE copias de todos esos certificados que sigan vigentes, con la información sobre las cantidades importadas en los últimos 3 años, cuando corresponda. Las cantidades que se importen deben ser proporcionadas a los proyectos que cubre el certificado. Según el apartado 4, esta norma dura como máximo lo que dure el certificado o 3 meses desde la entrada en vigor, el plazo que sea más breve. Tercera (apartado 5): las mercancías comercializadas de manera legal en Gibraltar antes de la entrada en vigor no están sujetas a los requisitos del artículo 256 durante 3 meses desde la entrada en vigor. El operador económico que se acoja a una de estas normas debe acreditar los hechos con cualquier documento pertinente: que la circulación empezó, o que el certificado se emitió, antes de la entrada en vigor (apartado 3); o que la mercancía se comercializó en Gibraltar antes de la entrada en vigor, con información sobre las cantidades (apartado 6).

El artículo 256 es el requisito del Derecho de la UE sobre productos que el apartado 5 deja en suspenso para las existencias que ya había. Las Gibraltar Integrated Tariff Regulations 2017 son legislación de Gibraltar y no forman parte del tratado. El artículo 270 es la transición paralela para las mercancías en depósito temporal o en regímenes aduaneros especiales, y el artículo 336 fija la relación entre la aplicación provisional y la entrada en vigor.

Estas excepciones cuentan desde la entrada en vigor, que el artículo 336, apartado 4, entiende, una vez que el tratado se aplica de forma provisional, como la fecha en que empezó la aplicación provisional. El comunicado de prensa de la Comisión Europea del 14 de julio de 2026 (IP/26/1609) dice que el tratado "will enter into provisional application on 15 July 2026" (en español: empezará a aplicarse de forma provisional el 15 de julio de 2026). Contando desde esa fecha, la norma para las mercancías en circulación (apartado 1) dura 2 meses, y las normas para los certificados de exención de derechos (apartado 2) y para las mercancías ya comercializadas (apartado 5) duran como máximo 3 meses. El texto no dice cómo se cuentan los meses. La excepción de los certificados depende también de que el Reino Unido, para Gibraltar, haya entregado a las autoridades competentes de la UE copias de todos los certificados vigentes y, cuando corresponda, las cantidades importadas en los últimos 3 años. En cada caso, el operador que se acoja a la excepción debe acreditar los hechos con documentos (apartados 3 y 6).

1. El presente título no se aplicará a las mercancías cuya circulación se iniciara antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo y terminara después de dicha entrada en vigor.
2. Las disposiciones del presente Acuerdo relativas a los impuestos indirectos no se aplicarán a las mercancías para las que exista un certificado de exención de los derechos de importación emitido antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo por el Reino Unido, respecto a Gibraltar, en virtud del artículo 8 de la parte 3 del Reglamento integrado de aranceles de Gibraltar de 2017 (Gibraltar Integrated Tariff Regulations 2017), en la medida en que se establece en el apartado 4 del presente artículo, siempre que el Reino Unido, respecto a Gibraltar, haya facilitado a las autoridades competentes dentro de la Unión copias de tales certificados vigentes, junto con la información pertinente sobre la cantidad de las mercancías correspondientes importada durante los tres últimos años, en su caso. Las cantidades de mercancías que se importen deberán ser proporcionadas a los proyectos pertinentes a los que se refiera el certificado.
3. Cuando un operador económico se acoja a los apartados 1 o 2 con respecto a una mercancía o unas mercancías específicas, recaerá en él la carga de acreditar, por medio de cualquier documento pertinente, que la circulación se inició antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo o que el certificado se emitió antes de dicha entrada en vigor.
4. El apartado 1 dejará de aplicarse dos meses después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. El apartado 2 se aplicará durante un período que no podrá superar la duración del certificado de que se trate o durante un período de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, si este fuera más breve.
5. Las mercancías que se comercializaran de manera legal en Gibraltar antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo no estarán sujetas a los requisitos establecidos en el artículo 256 durante un período de tres meses a partir de dicha fecha.
6. Cuando un operador económico se acoja al apartado 5 con respecto a una mercancía específica, recaerá en él la carga de acreditar, por medio de cualquier documento pertinente, que la mercancía se comercializó en Gibraltar antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, así como presentar información sobre las cantidades de la mercancía de que se trate.

Texto oficial Artículo 269 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las mercancías que estaban en depósito temporal en Gibraltar, o en un régimen aduanero especial iniciado según la legislación del Reino Unido, para Gibraltar, antes de que el tratado surtiera efecto, siguen sujetas a esa legislación tal como era en esa fecha, siempre que: a) las mercancías no hayan ultimado el régimen especial, y como máximo hasta 2 meses después de la entrada en vigor; o b) el depósito temporal no haya terminado, y como máximo hasta el final del plazo legal del depósito temporal fijado en esa legislación. Después, este título se aplica a su despacho a libre práctica (la autorización para usarlas sin restricciones), a la ultimación del régimen especial y a cualquier reexportación desde Gibraltar.

No cita ningún artículo por su número. El artículo 269 es la transición paralela para las mercancías en circulación, los certificados de exención de derechos y las mercancías ya comercializadas. Cuando las mercancías salen de las normas antiguas, se aplica el título II, incluido el artículo 247, apartado 3, que aplica las normas de los anexos 19, 21, 22 y 24 (la entrada y salida de mercancías de Gibraltar, las visitas conjuntas, y el impuesto sobre transacciones y los impuestos especiales).

Las normas antiguas de Gibraltar siguen aplicándose a las mercancías que estaban en depósito temporal o en un régimen aduanero especial en el momento del cambio: en los regímenes especiales, como máximo durante 2 meses; en el depósito temporal, como máximo hasta el final de su plazo legal (apartado 1). El despacho a libre práctica, la ultimación del régimen y la reexportación se rigen por el título II (apartado 2). El artículo 336, apartado 4, entiende la «entrada en vigor» como la fecha en que empezó la aplicación provisional; el comunicado de prensa de la Comisión Europea del 14 de julio de 2026 (IP/26/1609) da esa fecha como el 15 de julio de 2026. El artículo no dice de forma expresa qué normas rigen las mercancías que sigan en un régimen especial cuando terminen los 2 meses.

1. Las mercancías que estuvieran en depósito temporal en Gibraltar o sujetas a un régimen aduanero especial iniciado en virtud de la legislación del Reino Unido, respecto a Gibraltar, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, seguirán estando sujetas a dicha legislación tal como era en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, siempre que:
a) las mercancías no hayan ultimado los regímenes especiales, y a más tardar dos meses después de la entrada en vigor del presente Acuerdo; o
b) el depósito temporal no haya finalizado, y a más tardar al final del plazo legal para el depósito temporal fijado en la citada legislación.
2. El presente título se aplicará al despacho a libre práctica, la ultimación del régimen especial y cualquier reexportación desde Gibraltar de las mercancías a que se refiere el apartado 1.

Texto oficial Artículo 270 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Las compañías aéreas de cada parte podrán, sin discriminación, volar sobre Gibraltar sin aterrizar y hacer escalas en el aeropuerto de Gibraltar con fines que no sean de tráfico (escalas en las que no suben ni bajan pasajeros ni carga). Los vuelos entre el aeropuerto de Gibraltar y puntos de la UE solo podrán operarlos compañías aéreas de la UE o compañías autorizadas según el Derecho de la UE, y esos vuelos se rigen por el Derecho de la UE. Los vuelos entre el aeropuerto de Gibraltar y puntos del Reino Unido solo podrán operarlos compañías aéreas del Reino Unido o compañías que el Reino Unido haya autorizado, y esos vuelos se rigen por la legislación del Reino Unido. Las autoridades competentes de las dos partes acuerdan consultarse sobre la posible extensión a Gibraltar, cuando sea necesario, de los acuerdos u otros instrumentos jurídicos internacionales pertinentes, existentes o futuros, y sobre cómo se aplicarían en la práctica.

Aquí, «aeropuerto de Gibraltar» es el término definido en el artículo 271, letra d), que está ligado a los servicios que son objeto de la empresa conjunta del artículo 274. El artículo 273 fija las normas que se aplican en el aeropuerto, y el artículo 275 da su papel al comité del tratado UE-Reino Unido sobre aviación.

Los apartados 2 y 3 reparten las rutas según el destino: los vuelos a puntos de la UE los operan compañías de la UE o compañías autorizadas según el Derecho de la UE, con arreglo al Derecho de la UE; los vuelos a puntos del Reino Unido, compañías del Reino Unido o compañías que el Reino Unido haya autorizado, y esos vuelos se rigen por la legislación del Reino Unido. El apartado 2 dice que esas compañías «podrán prestar» los servicios; no obliga a ninguna compañía a operar una ruta. El apartado 4 obliga a consultarse, no a ponerse de acuerdo. Los derechos de sobrevuelo y de escala técnica del apartado 1 corresponden a las compañías de cada parte sin discriminación. El derecho de escala del apartado 1, letra b), y las rutas de los apartados 2 y 3 se refieren al «aeropuerto de Gibraltar» (el derecho de sobrevuelo del apartado 1, letra a), se refiere al «territorio de Gibraltar»). El artículo 271, letra d), define el «aeropuerto de Gibraltar» por referencia a los servicios de la empresa conjunta del artículo 274; el texto no dice cómo se aplican estos derechos antes de que se constituya esa empresa conjunta.

1. Para la realización del transporte aéreo, las compañías aéreas de cada una de las Partes podrán ejercer, con carácter no discriminatorio:
a) el derecho a volar sobre el territorio de Gibraltar sin aterrizar; y
b) el derecho a hacer escalas en el aeropuerto de Gibraltar a efectos que no sean de tráfico.
2. Únicamente las compañías aéreas de la Unión y las que hayan sido autorizadas con arreglo al Derecho de la Unión podrán prestar servicios de transporte aéreo entre el aeropuerto de Gibraltar y puntos del territorio de la Unión. Tales servicios se prestarán de conformidad con el Derecho de la Unión.
3. Únicamente las compañías aéreas del Reino Unido y las que hayan sido autorizadas por el Reino Unido podrán prestar servicios de transporte aéreo entre el aeropuerto de Gibraltar y puntos del territorio del Reino Unido. Tales servicios se prestarán de conformidad con la legislación del Reino Unido.
4. Las autoridades competentes de las Partes acuerdan consultarse mutuamente sobre la posibilidad de hacer extensivos a Gibraltar, cuando sea necesario, los acuerdos u otros instrumentos jurídicos internacionales, existentes o futuros, que sean pertinentes, así como sobre la aplicación práctica de estos.

Texto oficial Artículo 272 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Los servicios de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea para los vuelos civiles en el aeropuerto de Gibraltar deben ofrecer un nivel de seguridad y de interoperabilidad equivalente al de los aeropuertos civiles en los que se aplican las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, el organismo de aviación de las Naciones Unidas); la protección y la seguridad deben estar, como mínimo, a ese nivel. En las tasas aeroportuarias, la asistencia en tierra, las franjas horarias y la asistencia a las personas con discapacidad o con movilidad reducida, se aplican al aeropuerto de Gibraltar los actos de la UE enumerados en el anexo 25. También se aplican los actos posteriores de la UE que modifiquen, sustituyan, complementen o ejecuten un acto del anexo 25, o que traten del mismo asunto, con las condiciones de los apartados 5 y 6: la UE debe notificarlo de inmediato al Reino Unido, para Gibraltar; en un plazo de 30 días, el Reino Unido, para Gibraltar, debe notificar a la UE su decisión de aceptar el contenido del nuevo acto e incorporarlo a su legislación; la aceptación del contenido del nuevo acto por el Reino Unido, para Gibraltar, crea derechos y obligaciones entre él y la UE; y el apartado 6 dice que, en un plazo máximo de 30 días desde la notificación de la UE, el apartado 4 se aplica al nuevo acto. Bajo los auspicios del comité del tratado UE-Reino Unido sobre aviación, las autoridades competentes de las dos partes intercambian de forma periódica información sobre protección y seguridad y hacen visitas de inspección conjuntas para supervisar el cumplimiento del anexo 25 y la seguridad del aeropuerto. Las visitas son proporcionadas y se hacen a petición de cualquiera de las Partes, «sin que la otra pueda negarse»; las visitas y el intercambio de información se refieren a la operación de los vuelos entre el aeropuerto de Gibraltar y la UE, y a su preparación. El comité acuerda los detalles prácticos, y las dos partes le informan. Las compañías aéreas sujetas a una prohibición de explotación en la UE (Reglamento 2111/2005, en su versión modificada o en la del texto que lo sustituya) o a medidas restrictivas (sanciones) de cualquiera de las dos partes no podrán operar vuelos hacia o desde el aeropuerto de Gibraltar.

El artículo 23 crea los comités del tratado UE-Reino Unido; el artículo 275 da sus facultades al comité de aviación, entre ellas recomendar modificaciones del anexo 25 y abordar las discrepancias detectadas en las visitas de inspección. El anexo 25 enumera los actos de la UE sobre tasas, asistencia en tierra, franjas horarias y pasajeros con movilidad reducida. El Reglamento 2111/2005 es la lista de seguridad aérea de la UE de las compañías aéreas prohibidas, y se entiende que incluye sus versiones futuras.

El apartado 3 aplica al aeropuerto de Gibraltar los actos de la UE enumerados en el anexo 25, y el apartado 4 lo extiende a los actos posteriores de la UE sobre esos asuntos. El apartado 5 obliga al Reino Unido, para Gibraltar, a notificar a la UE en un plazo de 30 días su decisión de aceptar un acto posterior e incorporarlo a su legislación, mientras que el apartado 6 dice que el apartado 4 se aplica a ese acto en un plazo máximo de 30 días desde la notificación de la UE. El texto no dice qué ocurre si el Reino Unido, para Gibraltar, no lo acepta. Cualquiera de las Partes podrá pedir visitas de inspección conjuntas, «sin que la otra pueda negarse»; las visitas se refieren a los vuelos entre el aeropuerto de Gibraltar y la UE y a su preparación (apartado 7). Los apartados 1 y 2 fijan el nivel de los servicios de navegación aérea, de seguridad y de protección por referencia a la OACI; no dicen quién presta esos servicios.

1. Los servicios de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea que se presten al tráfico aéreo civil en el aeropuerto de Gibraltar ofrecerán un nivel de seguridad y de interoperabilidad con las operaciones y los sistemas civiles que sea equivalente al de los servicios prestados en los aeropuertos civiles en los que se aplican las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
2. La protección y la seguridad del tráfico aéreo civil en el aeropuerto de Gibraltar se prestarán, como mínimo, al mismo nivel que los servicios equivalentes prestados en aeropuertos civiles en los que se aplican las disposiciones de la OACI.
3. En el ámbito de las tasas aeroportuarias, la asistencia en tierra, las franjas horarias y la asistencia a las personas con discapacidad o con movilidad reducida, se aplicará al aeropuerto de Gibraltar lo dispuesto en los actos jurídicos que se enumeran en el anexo 25.
4. Con arreglo a las condiciones establecidas en los apartados 5 y 6, lo dispuesto en cualquier acto jurídico posterior:
a) por el que se modifique o sustituya un acto jurídico enumerado en el anexo 25,
b) por el que se complemente o ejecute un acto jurídico enumerado en el anexo 25; o
c) que verse sobre el objeto de un acto jurídico enumerado en el anexo 25, también se aplicarán al aeropuerto de Gibraltar.
5. En caso de que la Unión adopte uno de los actos jurídicos posteriores a que se refiere el apartado 4, notificará inmediatamente al Reino Unido, respecto a Gibraltar, la adopción del acto. En el plazo de treinta días a partir de esta notificación, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, notificará a la Unión su decisión de aceptar el contenido del acto posterior de la Unión e incorporarlo a su legislación interna. La aceptación por parte del Reino Unido, respecto a Gibraltar, del contenido del acto posterior de la Unión creará derechos y obligaciones entre el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y la Unión.
6. En un plazo máximo de treinta días a contar desde la notificación de la Unión a que se refiere el apartado 5, el apartado 4 será aplicable en relación con el acto jurídico posterior de que se trate.
7. Las autoridades competentes de la Unión y del Reino Unido, respecto a Gibraltar, bajo los auspicios del Comité Especializado en Aviación establecido en virtud del artículo 23:
a) intercambiarán información en materia de protección y seguridad de forma periódica; y
b) realizarán visitas de inspección conjuntas al aeropuerto de Gibraltar, con el fin de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el anexo 25 y la seguridad del aeropuerto.
Las visitas serán proporcionadas y tendrán lugar a solicitud de una de las Partes, sin que la otra pueda negarse. Las visitas de inspección y el intercambio de información tendrán lugar en relación con la operación de vuelos y durante la operación de vuelos entre el aeropuerto de Gibraltar y puntos del territorio de la Unión, así como en relación con la preparación de tal operación de vuelos y durante dicha preparación. El Comité Especializado en Aviación acordará las modalidades prácticas de aplicación de lo dispuesto en el presente apartado.
La Unión y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, informarán al Comité Especializado en Aviación de la aplicación del presente apartado.
8. No se permitirá que las compañías aéreas que estén sujetas a una prohibición de explotación en la Unión en virtud del Reglamento (CE) n.o 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (42), operen vuelos hacia o desde el aeropuerto de Gibraltar.
Se entenderá que toda remisión al Reglamento (CE) n.o 2111/2005 hace referencia también a dicho Reglamento en su futura versión modificada o en la del texto que lo sustituya y a cualquier acto de la Unión que ejecute o complete dicho Reglamento.
9. No se permitirá que las compañías aéreas que estén sujetas a medidas restrictivas impuestas por cualquiera de las Partes operen vuelos hacia o desde el aeropuerto de Gibraltar.

Texto oficial Artículo 273 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Se constituirá una empresa conjunta bajo la responsabilidad compartida del Reino Unido, para Gibraltar, y de España. No podrá constituirse en ninguno de esos dos Estados y deberá constituirse en un país de la UE. Esa empresa conjunta seleccionará, «mediante un proceso ordinario de licitación», la sociedad mercantil que gestiona el día a día del aeropuerto de Gibraltar, y la supervisará. Las bases de la licitación podrán fijar el Derecho contractual y laboral que se aplica a esa sociedad y a sus operaciones. Las personas físicas o jurídicas que emprendan acciones judiciales contra la empresa conjunta o la sociedad mercantil podrán hacerlo según los instrumentos internos, de la UE o internacionales pertinentes y los procedimientos que estos prevean, también ante los tribunales del Reino Unido, para Gibraltar, o de un país de la UE, según el caso.

Lo cita el artículo 271, letra d), que define el «aeropuerto de Gibraltar» como el aeropuerto «con respecto a los servicios que son objeto de la empresa conjunta a que se refiere el artículo 274»; los artículos 272 (derechos de ruta) y 273 (normas del anexo 25) usan ese término definido. El artículo 275 da sus facultades al comité del tratado UE-Reino Unido sobre aviación.

El artículo 274 no fija ninguna fecha para constituir la empresa conjunta ni para la licitación, y no dice si la licitación se repetirá ni cada cuánto. El artículo 271, letra d), define el «aeropuerto de Gibraltar» por referencia a los servicios que son objeto de esta empresa conjunta, y los artículos 272 y 273 usan ese término definido.

1. Se constituirá una empresa conjunta bajo la responsabilidad compartida del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y del Reino de España. La empresa conjunta no se constituirá en ninguno de los dos Estados con responsabilidad compartida en relación con la empresa conjunta, y se constituirá en un Estado miembro. La empresa conjunta seleccionará, mediante un proceso ordinario de licitación, la sociedad mercantil encargada de la gestión corriente del aeropuerto de Gibraltar, y supervisará esa sociedad.
2. En las bases de la licitación se podrán determinar las disposiciones de Derecho contractual y laboral aplicables a la sociedad mercantil y a sus operaciones.
3. Las personas físicas o jurídicas podrán emprender acciones judiciales contra la empresa conjunta o la sociedad mercantil de conformidad con los instrumentos internos, de la Unión o internacionales que sean pertinentes y con arreglo a las modalidades previstas en dichos instrumentos, por ejemplo, a través de los órganos jurisdiccionales del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o de un Estado miembro, según sea el caso.

Texto oficial Artículo 274 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Apartado 1: las Partes deben permitir el transporte de mercancías por carretera entre sus territorios. En el lado de la UE, esos recorridos se limitan a la zona contigua a la frontera (que el artículo 3, apartado 1, letra g), define como los municipios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar). Apartado 2: la UE debe permitir en su territorio dos servicios de ambulancia necesarios para proteger la salud, prestados por operadores establecidos en Gibraltar que actúen bajo la dirección de la GHA (Gibraltar Health Authority, la autoridad sanitaria de Gibraltar): a) los servicios de ambulancia de emergencia; y b) los servicios de ambulancia necesarios para el tratamiento especializado de dolencias graves y agudas entre Gibraltar y los centros enumerados en el anexo 26, que son contiguos a Gibraltar a efectos de salud pública. Apartado 3: el Reino Unido, para Gibraltar, debe permitir en Gibraltar esos mismos dos servicios, prestados por operadores de la UE establecidos en la zona contigua a la frontera que actúen bajo la dirección de autoridades debidamente habilitadas según la normativa aplicable. Las dos normas sobre ambulancias se aplican siempre que cada apartado «se aplique de manera razonable y de modo que no dé lugar a una discriminación arbitraria o injustificable o constituya una restricción encubierta del comercio de servicios».

El anexo 26 enumera los centros sanitarios a los que podrán ir las ambulancias; el artículo 283, apartado 5, letra a), permite al comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio modificar esa lista. Los artículos 278 a 285 fijan las normas sobre licencias, conductores, vehículos, tráfico e impuestos para los transportistas de mercancías por carretera que hagan los recorridos de los artículos 276 o 277, y el artículo 279 enumera los tipos de transporte de mercancías que podrán hacerse en la zona contigua a la frontera sin esa licencia. El artículo 277 es el permiso aparte para el transporte de mercancías entre el Reino Unido y Gibraltar en tránsito por el territorio de la UE.

En el lado de la UE, el permiso para las mercancías se limita a la zona contigua a la frontera, que el artículo 3, apartado 1, letra g), define como los municipios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar; el apartado 1 no fija ese límite para Gibraltar. El apartado 2 permite a los operadores de Gibraltar prestar los dos servicios de ambulancia «en su territorio» (el de la UE), sin el límite de esa zona; según el apartado 3, los operadores de la UE deben estar establecidos en la zona contigua a la frontera. El anexo 26 enumera siete centros sanitarios: en La Línea de la Concepción, Palmones, Algeciras (dos), Benalmádena, Málaga y Jerez. El artículo 283, apartado 5, letra a), faculta al comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio para modificar el anexo 26.

1. Las Partes permitirán el transporte de mercancías por carretera entre sus territorios. No obstante, dentro del territorio de la Unión, dichas operaciones de transporte se limitarán a la zona contigua a la frontera.
2. La Unión permitirá en su territorio la prestación de los siguientes servicios de ambulancia, necesarios para la protección de la salud, por parte de operadores establecidos en Gibraltar que actúen bajo la dirección de la GHA, siempre y cuando el presente apartado se aplique de manera razonable y de modo que no dé lugar a una discriminación arbitraria o injustificable o constituya una restricción encubierta del comercio de servicios:
a) servicios de ambulancia de emergencia; y
b) servicios de ambulancia necesarios para el tratamiento especializado de dolencias graves y agudas entre Gibraltar y los establecimientos que se enumeran en el anexo 26, que son contiguos a Gibraltar a efectos de salud pública.
3. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, permitirá en el territorio de Gibraltar la prestación de los siguientes servicios de ambulancia, necesarios para la protección de la salud, por parte de operadores de la Unión establecidos en la zona contigua a la frontera que actúen bajo la dirección de autoridades debidamente habilitadas en virtud de la normativa aplicable, siempre y cuando el presente apartado se aplique de manera razonable y de modo que no dé lugar a una discriminación arbitraria o injustificable o constituya una restricción encubierta del comercio de servicios:
a) servicios de ambulancia de emergencia; y
b) servicios de ambulancia necesarios para el tratamiento especializado de dolencias graves y agudas entre Gibraltar y los establecimientos que se enumeran en el anexo 26, que son contiguos a Gibraltar a efectos de salud pública.

Texto oficial Artículo 276 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La UE debe permitir el transporte de mercancías por carretera, con fines comerciales, entre el territorio del Reino Unido y Gibraltar en tránsito por el territorio de la UE, así como los recorridos de vacío (sin carga) que se hagan en relación con ese transporte. El texto no define el «tránsito». Este artículo impone la obligación a la UE; no impone una obligación equivalente al Reino Unido, para Gibraltar.

El artículo 276 es el otro permiso de transporte por carretera (entre Gibraltar y la zona contigua a la frontera). Las normas sobre transportistas, conductores, vehículos, tráfico e impuestos de los artículos 278 a 285 se aplican a los dos tipos de recorrido. Las exenciones de licencia del artículo 279 se refieren a la zona contigua a la frontera; el texto no dice cómo se aplican a un recorrido en tránsito según este artículo, que también cruza territorio de la UE fuera de esa zona.

El artículo cubre el transporte de mercancías por carretera con fines comerciales entre el Reino Unido y Gibraltar en tránsito por el territorio de la UE, y los recorridos de vacío que se hagan en relación con él. Se refiere al tránsito por el territorio de la UE; no menciona la carga ni la descarga de mercancías en el territorio de la UE. Las normas sobre licencias, conductores, vehículos, tráfico e impuestos de los artículos 278 a 285 se aplican a estos recorridos. El trato aduanero de las mercancías se regula en el título II, no en este capítulo.

La Unión permitirá el transporte de mercancías por carretera con fines comerciales en tránsito por su territorio, entre el territorio del Reino Unido y Gibraltar, así como los recorridos de vacío que se realicen en relación con este transporte.

Texto oficial Artículo 277 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El transportista de mercancías por carretera que haga un recorrido de los artículos 276 o 277 debe ser titular de una licencia válida. Las licencias se expiden según el ordenamiento jurídico de cada parte, pero solo a transportistas que cumplan los requisitos de la parte A del anexo 27 sobre el acceso a la profesión de transportista de mercancías por carretera y su ejercicio. Debe conservarse a bordo del vehículo una copia auténtica de la licencia, que se presentará cuando la pida cualquier inspector autorizado por una de las partes. La licencia y la copia deben seguir uno de los modelos del apéndice 27-A-1-3 del anexo 27, que fija también las condiciones de uso, y deben llevar al menos dos de los elementos de seguridad enumerados en el apéndice 27-A-1-4.

El artículo 279 enumera los tipos de transporte de mercancías que podrán hacerse en la zona contigua a la frontera sin esta licencia: el correo como servicio universal; los vehículos accidentados o averiados; las mercancías en vehículos de motor con una masa de carga admisible de hasta 2,5 toneladas, incluidos los remolques; los artículos médicos para la ayuda de emergencia; el transportista que lleva mercancías para sus propios fines, si se cumplen las cinco condiciones de la letra e); y las mercancías en vehículos de motor con una velocidad máxima autorizada de 40 km/h. La parte A del anexo 27 recoge los requisitos para los transportistas; el artículo 283, apartado 5, letra d), faculta al comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio para cambiar el anexo 27 y reflejar así los cambios del anexo 31 del Acuerdo de Comercio y Cooperación.

El transportista que haga un recorrido de los artículos 276 o 277 necesita esta licencia, salvo que el transporte entre en una de las exenciones del artículo 279, que se refieren a la zona contigua a la frontera. Las licencias se expiden según el ordenamiento jurídico de cada Parte, con los requisitos de la parte A del anexo 27. Los inspectores autorizados por cualquiera de las Partes podrán pedir que se les muestre la copia auténtica, que debe conservarse a bordo. El artículo 283, apartado 5, letra d), faculta al comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio para cambiar el anexo 27 y reflejar así los cambios del anexo 31 del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre el Reino Unido y la UE.

1. Los transportistas de mercancías por carretera de una Parte que realicen uno de los recorridos a que se refieren los artículos 276 o 277 serán titulares de una licencia válida de conformidad con el apartado 2 del presente artículo.
2. Las licencias solo se expedirán, de conformidad con los ordenamientos jurídicos de las Partes, a transportistas de mercancías por carretera que cumplan los requisitos establecidos en la parte A del anexo 27 que regula el acceso a la profesión de transportista de mercancías por carretera y su ejercicio.
3. Deberá conservarse a bordo del vehículo una copia auténtica que se presentará a solicitud de cualquier inspector autorizado por una de las Partes. La licencia y la copia auténtica corresponderán a uno de los modelos establecidos en el anexo 27, apéndice 27-A-1-3, que establece también las condiciones que rigen su uso. La licencia contendrá al menos dos de los elementos de seguridad enumerados en el anexo 27, apéndice 27-A-1-4.

Texto oficial Artículo 278 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Seis tipos de transporte de mercancías, y los recorridos de vacío que los acompañan, podrán hacerse en la zona contigua a la frontera sin la licencia del artículo 278: el correo como servicio universal; el traslado de vehículos accidentados o averiados; las mercancías en vehículos de motor cuya masa de carga admisible, incluidos los remolques, no pase de 2,5 toneladas; los productos, aparatos y equipos médicos para la ayuda médica de emergencia, en particular en caso de desastres naturales y para la asistencia humanitaria; el transporte por cuenta propia, es decir, cuando las mercancías son del transportista o este las ha vendido, comprado, dado en alquiler o alquilado, producido, extraído, transformado o reparado, el viaje va a sus propias instalaciones o sale de ellas, o es para sus propias necesidades, el conductor es personal suyo o puesto a su disposición por contrato, el vehículo es suyo, comprado a crédito o alquilado por él, y el transporte «no sea más que una actividad accesoria a las actividades generales del transportista de mercancías por carretera»; y las mercancías en vehículos de motor cuya velocidad máxima autorizada no pase de 40 km/h.

El artículo 278 es la licencia que deja de exigirse. La exención se refiere a la zona contigua a la frontera (artículo 3, apartado 1, letra g): los municipios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar); el texto no dice cómo se aplica al tránsito entre el Reino Unido y Gibraltar del artículo 277, que también cruza territorio de la UE fuera de esa zona. Este artículo solo suprime la licencia; no dice nada de las normas sobre conductores, vehículos y tráfico de los artículos 280 a 282.

Según la letra e), una empresa que lleva mercancías de su propiedad, o que ha vendido, comprado, dado en alquiler o alquilado, producido, extraído, transformado o reparado, en un vehículo suyo, comprado a crédito o alquilado, conducido por su propio personal o por personal puesto a su disposición por contrato, hacia o desde sus propias instalaciones o para sus propias necesidades, no necesita licencia de transporte en la zona contigua a la frontera, siempre que ese transporte «no sea más que una actividad accesoria» a sus actividades generales; deben cumplirse cada una de las cinco condiciones de la letra e). Según la letra c), está exento un vehículo con una masa de carga admisible de hasta 2,5 toneladas, incluidos los remolques, sin ninguna condición sobre lo que lleva ni sobre de quién son las mercancías. El artículo dice que estos transportes «podrán realizarse en la zona contigua a la frontera»; no dice si la exención cubre también la parte del recorrido dentro de Gibraltar.

Los siguientes tipos de transporte de mercancías, así como los recorridos de vacío realizados conjuntamente con dicho transporte, podrán realizarse en la zona contigua a la frontera sin una licencia válida como se señala en el artículo 278:
a) el transporte de correo como servicio universal;
b) el transporte de vehículos accidentados o averiados;
c) el transporte de mercancías en vehículos de motor cuya masa de carga admisible, incluida la de los remolques, no exceda de 2,5 toneladas;
d) el transporte de productos, aparatos, equipos y otros artículos médicos necesarios para la atención médica en situaciones de ayuda de emergencia, en particular, en caso de desastres naturales y asistencia humanitaria;
e) el transporte de mercancías en vehículos siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
i) que las mercancías transportadas sean propiedad de los transportistas de mercancías por carretera o hayan sido vendidas, compradas, dadas en alquiler o alquiladas, producidas, extraídas, transformadas o reparadas por el transportista;
ii) que el objeto del viaje sea transportar las mercancías a las instalaciones del transportista de mercancías por carretera o expedirlas desde dichas instalaciones o desplazarlas en el interior o al exterior de las instalaciones para sus propias necesidades;
iii) que los vehículos utilizados para dicho transporte sean conducidos por personal empleado por el transportista de mercancías por carretera o puesto a su disposición con arreglo a una obligación contractual;
iv) que los vehículos que transporten las mercancías sean propiedad del transportista de mercancías por carretera, hayan sido comprados por él a crédito o hayan sido alquilados; y
v) que dicho transporte no sea más que una actividad accesoria a las actividades generales del transportista de mercancías por carretera;
f) el transporte de mercancías mediante vehículos de motor con una velocidad máxima autorizada que no supere los 40 km/h.

Texto oficial Artículo 279 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Si una parte considera que la otra ha adoptado una nueva norma de transporte por carretera que no cumple el anexo 27 (en particular, cuando el comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio no ha adoptado una decisión según el artículo 283) y la aplica de todos modos a sus transportistas, conductores o vehículos, podrá, después de notificarlo, adoptar «las medidas correctoras adecuadas, entre ellas la suspensión de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario». Hay dos límites: las medidas no podrán exceder el perjuicio (la «anulación o menoscabo») causado por la norma en cuestión, y surten efecto como muy pronto 7 días después de la notificación. Deben dejar de aplicarse cuando la parte que las adoptó considere que la otra cumple este capítulo, o en cumplimiento de un laudo del tribunal de arbitraje. Ninguna de las dos partes podrá invocar el Acuerdo de la OMC ni ningún otro acuerdo internacional para impedir la suspensión.

El artículo 283 es el procedimiento de notificación y de comité; el apartado 1 se refiere en particular a los casos en que el comité del tratado UE-Reino Unido sobre economía y comercio no ha adoptado una decisión según ese artículo. El tribunal de arbitraje es el órgano de solución de diferencias de la sexta parte. El anexo 27 contiene los requisitos del transporte por carretera con los que se compara la nueva norma.

Cualquiera de las Partes podrá suspender obligaciones de este tratado o de cualquier acuerdo complementario, no solo las del transporte por carretera, si considera que la otra Parte ha adoptado una nueva norma que incumple el anexo 27 y la aplica a sus transportistas, conductores o vehículos. No hace falta una resolución previa. Los límites son que las medidas no pueden exceder el perjuicio causado, surten efecto como muy pronto 7 días después de la notificación y dejan de aplicarse cuando la Parte que las adoptó considera que la otra cumple o cuando lo exige un laudo del tribunal de arbitraje. El caso puede surgir de una nueva norma adoptada por cualquiera de las Partes.

1. Si una Parte considera que la otra Parte ha adoptado una nueva medida reguladora que no cumple los requisitos del anexo 27, en particular, en los casos en que el Comité Especializado en Economía y Comercio no haya adoptado una decisión con arreglo al artículo 283, y la otra Parte aplica, no obstante, las disposiciones de la nueva medida reguladora a los transportistas de mercancías por carretera, conductores o vehículos de la primera Parte, dicha primera Parte podrá, previa notificación a la otra Parte, adoptar las medidas correctoras adecuadas, entre ellas la suspensión de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario, siempre que dichas medidas:
a) no excedan el nivel equivalente a la anulación o menoscabo causado por la nueva medida reguladora adoptada por la otra Parte que no cumple los requisitos del anexo 27; y
b) surtan efecto, como muy pronto, siete días después de que la Parte que tenga intención de adoptar tales medidas haya notificado a la otra Parte al amparo del presente apartado.
2. Las medidas correctoras adecuadas dejarán de aplicarse:
a) cuando la Parte que las haya adoptado considere que la otra Parte cumple con sus obligaciones en virtud del presente capítulo; o
b) en cumplimiento de un laudo del tribunal de arbitraje.
3. Las Partes no invocarán el Acuerdo de la OMC ni ningún otro acuerdo internacional para impedir a la otra Parte suspender sus obligaciones en virtud del presente artículo.

Texto oficial Artículo 284 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Apartado 1: los vehículos de los transportistas de mercancías por carretera que hagan los recorridos de los artículos 276 o 277 están exentos de los impuestos y tasas de la otra Parte sobre la posesión o la circulación (el uso en carretera) de vehículos. Apartado 2: la exención no cubre un impuesto o tasa sobre el consumo de combustible, una tasa por el uso de una carretera o red de carreteras, ni un canon por el uso de determinados puentes, túneles o transbordadores. Apartado 3: el carburante de los depósitos normales del vehículo y de los contenedores especiales admitidos temporalmente, que se usa directamente para mover el vehículo y, cuando corresponda, para hacer funcionar los sistemas de refrigeración y otros sistemas durante el transporte, y los lubricantes que el vehículo necesita para funcionar con normalidad durante el viaje, están exentos de derechos de aduana y de cualquier otro impuesto o gravamen, como el IVA y los impuestos especiales, y no están sujetos a restricciones de importación. Apartado 4: las piezas de repuesto importadas para reparar, en el territorio de una Parte, un vehículo matriculado o puesto en circulación en la otra Parte se admiten en importación temporal con franquicia, sin prohibiciones ni restricciones de importación. Las piezas sustituidas están sujetas a derechos de aduana y otros impuestos (IVA) y deben reexportarse o destruirse bajo el control de las autoridades aduaneras de la otra Parte.

El artículo 289, apartado 2, dice que los artículos 276 y 277 no se aplican a una ventaja que una Parte conceda según un convenio fiscal. El artículo 289, apartado 1, según el cual un convenio fiscal prevalece sobre el tratado cuando son incompatibles, cubre los títulos I y II de la tercera parte; este artículo está en el título III.

Los transportistas que hagan los recorridos de los artículos 276 o 277 están exentos de los impuestos y tasas de la otra Parte sobre la posesión o la circulación de vehículos (apartado 1). No quedan cubiertos los impuestos o tasas sobre el consumo de combustible, las tasas por el uso de carreteras ni los cánones por determinados puentes, túneles o transbordadores (apartado 2). El apartado 3 se limita al carburante de los depósitos normales del vehículo y de los contenedores especiales admitidos temporalmente que se usa directamente para mover el vehículo o hacer funcionar sus sistemas durante el transporte, y a los lubricantes necesarios para el viaje.

1. Los vehículos de los transportistas de mercancías por carretera de una de las Partes que realicen uno de los recorridos a que se refieren los artículos 276 o 277, estarán exentos de los impuestos y tasas de posesión o circulación de vehículos en el territorio de la otra Parte.
2. La exención mencionada en el apartado 1 no se aplicará a:
a) un impuesto o tasa sobre el consumo de combustible;
b) una tasa por el uso de una carretera o red de carreteras; o
c) un canon por el uso de determinados puentes, túneles o transbordadores.
3. El carburante contenido en los depósitos normales de los vehículos y de los contenedores especiales admitidos temporalmente, que se utilice directamente para la propulsión y, en su caso, para el funcionamiento, durante el transporte, de los sistemas de refrigeración y otros sistemas, así como los lubricantes presentes en los vehículos de motor y necesarios para su funcionamiento normal durante el viaje, estarán exentos de derechos de aduana y de cualesquiera otros impuestos y gravámenes, como el IVA y los impuestos especiales, y no estarán sujetos a ninguna restricción de importación.
4. Las piezas de repuesto importadas para la reparación de un vehículo en el territorio de una Parte que haya sido matriculado o puesto en circulación en la otra Parte se admitirán al amparo de una importación con franquicia temporal y sin prohibición ni restricción de importación. Las piezas sustituidas están sujetas a derechos de aduana y otros impuestos
(IVA) y serán reexportadas o destruidas bajo el control de las autoridades aduaneras de la otra Parte.

Texto oficial Artículo 285 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Cada parte debe dar a los buques que presten transporte marítimo internacional y que enarbolen el pabellón de cualquier país de la UE o del Reino Unido (Gibraltar), o que sean explotados por proveedores de servicios de la otra parte, un trato no menos favorable que a sus propios buques en el acceso a los puertos, el uso de las infraestructuras portuarias, el uso de los servicios marítimos auxiliares, y las instalaciones aduaneras y la asignación de atracaderos e instalaciones de carga y descarga, incluidas las tasas y gravámenes conexos. Cada parte debe también poner a disposición de los proveedores de servicios de transporte marítimo internacional de la otra parte, en el puerto y en las aguas interiores del puerto, los servicios portuarios de la lista (practicaje, remolque, aprovisionamiento, carga de combustible y agua, recogida de basura y eliminación de residuos de lastre, servicios del capitán del puerto, ayudas a la navegación, reparaciones de emergencia, anclaje, atraque y desatraque, y servicios en tierra como las comunicaciones, el agua y la electricidad) en condiciones razonables y no menos favorables que las de sus propios proveedores, incluidas las tasas, las especificaciones y la calidad del servicio.

Dos notas a pie de página recogen las definiciones: los «servicios de transporte marítimo internacional» son el transporte de pasajeros o carga por buques marítimos entre un puerto de una Parte y un puerto de la otra Parte o de un tercer país, o entre puertos de diferentes países de la UE, incluida la contratación puerta a puerta con un único documento de transporte; los «servicios marítimos auxiliares» son los servicios de carga y descarga, despacho de aduanas, estaciones y depósitos de contenedores, agencia marítima, expedición de cargamentos y almacenamiento. Las excepciones generales del artículo 287, apartado 2, y las excepciones de seguridad del artículo 288 se aplican a este título.

El artículo 286 exige un trato no menos favorable que el que cada Parte da a sus propios buques y proveedores (lo que se suele llamar trato nacional) en el acceso a los puertos, las infraestructuras portuarias, los servicios marítimos auxiliares, las instalaciones aduaneras y los atracaderos, y en los servicios portuarios de la lista, entre ellos la carga de combustible y el aprovisionamiento. Se aplica a los buques que prestan servicios de transporte marítimo internacional, que la nota define como el transporte entre un puerto de una Parte y un puerto de la otra Parte o de un tercer país, o entre puertos de diferentes países de la UE. El artículo trata del trato en el puerto. La definición de la nota no incluye el transporte entre dos puertos del mismo país de la UE (lo que se suele llamar cabotaje). El artículo 2 dice que el tratado no afecta a las posiciones jurídicas del Reino Unido ni de España sobre la soberanía y la jurisdicción.

Cada una de las Partes:
a) concederá a los buques que presten servicios de transporte marítimo internacional (43), y que enarbolen pabellón de cualquier Estado miembro o del Reino Unido (Gibraltar) o que sean explotados por proveedores de servicios de la otra Parte, un trato no menos favorable que el que conceda a sus propios buques, por lo que respecta, entre otras cosas:
i) al acceso a los puertos;
ii) al uso de infraestructuras portuarias;
iii) al uso de servicios marítimos auxiliares (44); y iv) a las instalaciones aduaneras y la asignación de atracaderos e instalaciones para carga y descarga, incluidas las tasas y gravámenes conexos; y
b) pondrá a disposición de los proveedores de servicios de transporte marítimo internacional de la otra Parte, en el puerto y en las aguas interiores del puerto, en términos y condiciones razonables y no menos favorables que los que aplica a sus propios proveedores o buques (incluidas las tasas y gravámenes, las especificaciones y la calidad del servicio que se presta), los siguientes servicios portuarios: practicaje y servicio de remolque, aprovisionamiento, carga de combustible y agua, recogida de basura y eliminación de residuos de lastre, servicios del capitán del puerto, ayudas a la navegación, instalaciones de reparación de emergencia, anclaje, atracaderos y servicios de atraque y desatraque, así como servicios operativos en tierra esenciales para las operaciones de embarque, incluidas las comunicaciones, el agua y los suministros eléctricos.

Texto oficial Artículo 286 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Apartado 1: para los títulos I y II de la tercera parte (la igualdad de condiciones; y las aduanas, los impuestos indirectos y el comercio), cualquiera de las Partes podrá adoptar o mantener medidas compatibles con el artículo XX del GATT de 1994 (las excepciones generales del acuerdo sobre mercancías de la Organización Mundial del Comercio, que cubren, por ejemplo, la moral pública, la salud y la conservación), que se incorpora a este tratado. Apartado 2: para el título III (transporte), cualquiera de las Partes podrá adoptar o ejecutar medidas necesarias para proteger la seguridad pública, la moral pública o el orden público; para proteger la vida o la salud de las personas, de los animales o de los vegetales; o para lograr el cumplimiento de leyes compatibles con este tratado, entre ellas las relativas al fraude, al incumplimiento de contratos, a la intimidad de los datos personales, al carácter confidencial de los registros y las cuentas personales, y a la seguridad. Esto se aplica siempre que las medidas no se apliquen como discriminación arbitraria o injustificable entre países en los que prevalezcan condiciones similares, ni como una restricción encubierta del comercio de servicios. Una nota a pie de página dice que las excepciones de seguridad pública y de orden público solo podrán invocarse cuando «se plantee una amenaza verdadera y suficientemente grave para uno de los intereses fundamentales de la sociedad». Apartado 3: las medidas sanitarias incluyen las medidas medioambientales necesarias; la letra g) del artículo XX cubre la conservación de los recursos naturales vivos y no vivos no renovables; las medidas que aplican acuerdos multilaterales sobre medio ambiente pueden incluirse en esas letras. Apartado 4: antes de usar las letras i) y j) del artículo XX (medidas sobre materiales nacionales y sobre productos escasos), una Parte debe facilitar a la otra toda la información pertinente y buscar una solución aceptable para las dos; si no hay acuerdo en 30 días, podrá aplicar las medidas. En circunstancias excepcionales y críticas que exijan una reacción inmediata, podrá aplicar de inmediato medidas preventivas, y debe informar de inmediato a la otra Parte.

Las excepciones alcanzan a los títulos sobre mercancías y sobre igualdad de condiciones y a los tres capítulos de transporte (artículos 271 a 286). El artículo 288 es la excepción de seguridad, y el artículo 289, la excepción de los convenios fiscales. El artículo XX del GATT de 1994 es un texto de la OMC, no un artículo de este tratado.

El apartado 1 se aplica a los títulos I y II de la tercera parte, y el apartado 2, al título III (artículos 271 a 286). Los dos se aplican a cualquiera de las Partes. La nota a pie de página limita los motivos de seguridad pública y de orden público del apartado 2, letra a), a una amenaza verdadera y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad. La información previa y la consulta de 30 días del apartado 4 se aplican a las medidas de las letras i) y j) del artículo XX del GATT de 1994; el artículo no fija ese paso para las demás excepciones.

1. Nada de lo dispuesto en los títulos I y II de la presente parte podrá entenderse como un impedimento para que una Parte adopte o mantenga medidas compatibles con el artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en lo sucesivo, «GATT de 1994»). Con este fin, el artículo XX del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.
2. Siempre y cuando dichas medidas no se apliquen de forma que constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre países en los que prevalezcan condiciones similares, o una restricción encubierta del comercio de servicios, nada de lo dispuesto en el título III de la presente parte podrá entenderse como un impedimento para que cualquiera de las Partes adopte o ejecute medidas:
a) necesarias para proteger la seguridad y la moral públicas, o para mantener el orden público (45);
b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;
c) necesarias para lograr el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, incluidas las relativas a:
i) la prevención de prácticas engañosas y fraudulentas o los medios para hacer frente a los efectos del incumplimiento de los contratos;
ii) la protección de la intimidad de los particulares en relación con el tratamiento y la difusión de datos personales y la protección del carácter confidencial de los registros y de las cuentas personales; y iii) la seguridad.
3. Para mayor certeza, las Partes entienden que, en la medida en que dichas medidas pudieran no ser conformes a las disposiciones de los títulos I, II y III de la presente parte:
a) las medidas a que se refiere el artículo XX, letra b), del GATT de 1994 y el apartado 2, letra b), del presente artículo incluyen las medidas medioambientales necesarias para proteger la salud o la vida de las personas y los animales o para preservar los vegetales;
b) el artículo XX, letra g), del GATT de 1994, se aplicará a las medidas para la conservación de los recursos naturales vivos y no vivos no renovables; y
c) las medidas adoptadas para aplicar acuerdos multilaterales sobre medio ambiente pueden incluirse en el artículo XX, letras b) o g), del GATT de 1994 o en el apartado 2, letra b), del presente artículo.
4. Antes de que una Parte adopte las medidas previstas en el artículo XX, letras i) y j), del GATT de 1994, dicha Parte facilitará a la otra Parte toda la información pertinente, con vistas a encontrar una solución aceptable para ambas Partes. Si no se alcanza un acuerdo a los treinta días de haber facilitado la información, la Parte podrá aplicar las medidas pertinentes.
Cuando concurran circunstancias excepcionales y críticas que exijan una reacción inmediata que haga imposible la información o el examen previos, la Parte que tenga intención de adoptar las medidas podrá aplicar de inmediato las medidas preventivas necesarias para hacer frente a la situación. Dicha Parte informará inmediatamente de ello a la otra Parte.

Texto oficial Artículo 287 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Apartado 1: nada de los títulos I y II de la tercera parte (la igualdad de condiciones; y las aduanas, los impuestos indirectos y el comercio) afecta a los derechos y obligaciones de la UE o de sus países y del Reino Unido, para Gibraltar, según un convenio fiscal. Si este tratado y ese convenio fiscal son incompatibles, «prevalecerán las disposiciones del acuerdo fiscal por lo que respecta a la incompatibilidad». En el caso de un convenio fiscal entre la UE o sus países y el Reino Unido, para Gibraltar, las autoridades competentes pertinentes según este tratado y según ese convenio deciden conjuntamente si hay una incompatibilidad. Apartado 2: los artículos 276 y 277 (transporte por carretera) no se aplican a una ventaja que una Parte conceda según un convenio fiscal. Apartado 3: nada de los títulos I y II impide que una Parte adopte, mantenga o ejecute una medida destinada a la imposición o recaudación equitativa o efectiva de impuestos directos (los impuestos sobre los ingresos o el capital, según los define el apartado 4, letra a)), o que distinga entre contribuyentes que no están en la misma situación, en particular por su lugar de residencia a efectos fiscales o por el lugar donde invierten su capital. Esto se aplica siempre que las medidas no se apliquen como un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre países en los que prevalezcan condiciones similares, ni como una restricción encubierta del comercio y la inversión. Apartado 4: un «convenio fiscal» es un convenio para evitar la doble imposición «o cualquier otro acuerdo o mecanismo internacional relativo total o principalmente a la fiscalidad».

Una nota a pie de página del apartado 1 dice que la decisión conjunta sobre si hay una incompatibilidad no cambia lo que dice la sexta parte (solución de diferencias). El apartado 2 dice que los artículos 276 y 277 (transporte por carretera) no se aplican a una ventaja concedida según un convenio fiscal.

Una nota a pie de página de la definición de «convenio fiscal» del apartado 4, letra c), dice que incluye el Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, hecho en Londres y Madrid el 4 de marzo de 2019. Según el apartado 1, cuando un convenio fiscal y los títulos I y II de la tercera parte (la igualdad de condiciones; y las aduanas, los impuestos indirectos y el comercio) son incompatibles, «prevalecerán las disposiciones del acuerdo fiscal por lo que respecta a la incompatibilidad». En el caso de un convenio fiscal entre la UE o sus países y el Reino Unido, para Gibraltar, las autoridades competentes pertinentes según este tratado y según ese convenio deciden conjuntamente si hay una incompatibilidad; el artículo 289 no dice cuáles son esas autoridades.

1. Nada de lo dispuesto en los títulos I y II de la presente parte afectará a los derechos y obligaciones de la Unión o de sus Estados miembros y del Reino Unido, respecto a Gibraltar, en virtud de un convenio fiscal. En caso de incompatibilidad entre el presente Acuerdo y un convenio fiscal, prevalecerán las disposiciones del acuerdo fiscal por lo que respecta a la incompatibilidad. En el caso de un convenio fiscal celebrado entre la Unión o sus Estados miembros y el Reino Unido, respecto a Gibraltar, las autoridades competentes pertinentes en virtud del presente Acuerdo y del convenio fiscal de que se trate determinarán conjuntamente si existe alguna incompatibilidad entre el presente Acuerdo y dicho convenio fiscal (46).
2. Los artículos 276 y 277 no se aplicarán a ninguna ventaja otorgada por una Parte con arreglo a un convenio fiscal.
3. Siempre y cuando las medidas fiscales no se apliquen de forma que constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre países en los que prevalezcan condiciones similares, o una restricción encubierta del comercio y la inversión, nada de lo dispuesto en los títulos I y II de la presente parte podrá entenderse como un impedimento para que cualquiera de las Partes adopte, mantenga o ejecute cualquier medida:
a) destinada a garantizar la imposición o recaudación equitativas o efectivas (47) de impuestos directos; o
b) que establezca una distinción entre contribuyentes que no se encuentren en la misma situación, en particular, por lo que respecta a su lugar de residencia o al lugar de inversión de su capital.
4. A efectos del presente artículo, se entenderá por:
a) «impuestos directos»: todos los impuestos sobre los ingresos o el capital, incluidos los impuestos sobre los beneficios por enajenación de bienes, los impuestos de sucesiones, herencias y donaciones y los impuestos sobre los sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre plusvalías;
b) «residencia»: la residencia a efectos fiscales; y
c) «convenio fiscal»: un convenio destinado a evitar la doble imposición o cualquier otro acuerdo o mecanismo internacional relativo total o principalmente a la fiscalidad (48).

Texto oficial Artículo 289 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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La cuarta parte cubre tres grupos: los ciudadanos de la UE que residen legalmente en España; los nacionales del Reino Unido que residen legalmente en Gibraltar; y los miembros de su familia, siempre que esos miembros de la familia residan legalmente en España o en Gibraltar, respectivamente. Con independencia de su nacionalidad, son miembros de la familia: el cónyuge; la pareja registrada, si la legislación de Gibraltar o de España trata las uniones registradas como equivalentes al matrimonio; los descendientes directos menores de 21 años o a cargo, incluidos los del cónyuge o de la pareja; y los ascendientes directos a cargo (padres, abuelos), incluidos los del cónyuge o de la pareja. Un trabajador fronterizo por cuenta ajena es una persona de los dos primeros grupos que trabaja por cuenta ajena en Gibraltar o en España y regresa al otro lado al menos una vez por semana. Un trabajador fronterizo por cuenta propia es una persona de esos grupos que trabaja por cuenta propia tanto en Gibraltar (según su legislación) como en España (según la legislación española) y regresa al menos una vez por semana.

Los artículos 292, 293, 295, 296 y 297 de esta parte remiten al artículo 291, y la letra c) da la definición de familia que usa el artículo 293. El Protocolo relativo a la coordinación en materia de seguridad social (artículo 298) fija su propia lista de personas cubiertas, en su artículo SSC.3.

Las letras a) y b) combinan nacionalidad y residencia: un ciudadano de la UE debe residir legalmente en España, y un nacional del Reino Unido debe residir legalmente en Gibraltar. Un nacional español que vive en Gibraltar, o un nacional del Reino Unido (que no sea también ciudadano de la UE) que vive en España, no está en ninguno de los dos grupos, salvo que cumpla las condiciones de miembro de la familia de la letra c). Los nacionales de otros países no están en las letras a) ni b); entran en esta parte como miembros de la familia según la letra c), si residen legalmente en España o en Gibraltar, respectivamente. Un trabajador que no regresa al menos una vez por semana no es trabajador fronterizo según los apartados 2 y 3. La definición de trabajador por cuenta propia exige una actividad por cuenta propia tanto en Gibraltar como en España.

1. La presente parte se aplicará a las personas siguientes:
a) ciudadanos de la Unión que residan legalmente en el Reino de España;
b) nacionales del Reino Unido que residan legalmente en Gibraltar; y
c) miembros de la familia de las personas a que se refiere la letra a), siempre que residan legalmente en el Reino de España, y miembros de la familia de las personas a que se refiere la letra b), siempre que residan legalmente en Gibraltar. A efectos de la presente parte y con independencia de su nacionalidad, serán considerados miembros de la familia:
i) el cónyuge;
ii) la pareja con la que las personas mencionadas en las letras a) y b) hayan celebrado una unión registrada de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación pertinente de un Estado miembro o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, siempre que la legislación del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o del Reino de España, trate las uniones registradas como equivalentes al matrimonio y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación pertinente del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o del Reino de España, respectivamente;
iii) los descendientes directos menores de 21 años o a cargo, y los del cónyuge o de la pareja según lo definido en el inciso ii);
iv) los ascendientes directos a cargo y los del cónyuge o de la pareja según lo definido en el inciso ii).
2. A efectos de la presente parte, las personas a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), que ejerzan una actividad económica por cuenta ajena en Gibraltar o en el Reino de España y que regresen al menos una vez por semana al Reino de España o a Gibraltar, respectivamente, tendrán la consideración de trabajadores fronterizos por cuenta ajena.
3. A efectos de la presente parte, las personas a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), que ejerzan una actividad económica por cuenta propia tanto en Gibraltar, de conformidad con la legislación del Reino Unido, respecto a Gibraltar, como en el Reino de España, de conformidad con la legislación del Reino de España, y que regresen al menos una vez por semana al Reino de España y a Gibraltar, respectivamente, tendrán la consideración de trabajadores fronterizos por cuenta propia.

Texto oficial Artículo 291 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El artículo 291, apartado 1, fija dos grupos: los ciudadanos de la UE que residen legalmente en España (letra a)) y los nacionales del Reino Unido que residen legalmente en Gibraltar (letra b)). Un trabajador fronterizo por cuenta ajena es una persona de cualquiera de los dos grupos que trabaja por cuenta ajena en Gibraltar o en España y regresa al menos una vez por semana a España o a Gibraltar, respectivamente (artículo 291, apartado 2). Un trabajador fronterizo por cuenta propia es una persona de cualquiera de los dos grupos que trabaja por cuenta propia tanto en Gibraltar, según la ley que se aplica allí, como en España, según la ley española, y regresa al menos una vez por semana a España y a Gibraltar, respectivamente (artículo 291, apartado 3). Las personas del primer grupo tienen derecho a acceder a un trabajo por cuenta ajena como trabajadores fronterizos en Gibraltar y a ejercerlo «de conformidad con las normas aplicables a los nacionales del Reino Unido en Gibraltar» (apartado 1). Las personas del segundo grupo tienen el mismo derecho en España, según las normas aplicables a los nacionales españoles (apartado 2). Un trabajador fronterizo por cuenta ajena del primer grupo tiene en Gibraltar el mismo derecho a la igualdad de trato que los trabajadores por cuenta ajena del segundo grupo (apartado 3). Ese derecho abarca: no ser discriminado por razón de la nacionalidad en el empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo; la igualdad de trato en las condiciones de empleo, en especial en la retribución, el despido y, en caso de desempleo, la reintegración profesional o un nuevo empleo; «ventajas sociales y fiscales, excepto los derechos de acceso a la vivienda»; la afiliación a sindicatos y los derechos que conlleva, incluido el derecho a votar y a presentarse a los puestos de dirección de un sindicato, aunque estas personas «podrán ser excluidas de participar en la gestión de organismos de Derecho público y de ejercer un cargo de Derecho público»; y el mismo acceso a la formación en las escuelas de formación profesional y en los centros de readaptación o de reeducación profesional. Los trabajadores fronterizos por cuenta ajena del segundo grupo tienen en España la misma igualdad de trato que los trabajadores por cuenta ajena de nacionalidad española (apartado 4). El apartado 5 da derechos a las personas del primer grupo en Gibraltar y a las del segundo grupo en España. Podrán entrar, permanecer y salir para inscribirse en los servicios de empleo, a fin de conocer las oportunidades de empleo que correspondan a sus cualificaciones profesionales y, en caso necesario, dar los pasos adecuados para aceptar un empleo como trabajadores fronterizos por cuenta ajena. Esto incluye la ayuda de las oficinas de empleo en las mismas condiciones que los nacionales del Reino Unido en Gibraltar y los nacionales españoles en España (apartado 5, letra a)). También podrán entrar, permanecer y salir mientras trabajen como trabajadores fronterizos por cuenta ajena o por cuenta propia (apartado 5, letra b)). Conservan el estatuto de trabajador fronterizo si se encuentran en una de estas situaciones (apartado 5, letra c)): tienen una incapacidad temporal para trabajar por una enfermedad o un accidente; están en «paro involuntario debidamente acreditado» tras más de un año de empleo y se han inscrito como demandantes de empleo en el servicio de empleo competente; están en paro involuntario debidamente acreditado tras un contrato de duración determinada de menos de un año, o tras quedar en paro involuntario durante los primeros doce meses, y se han inscrito como demandantes de empleo en el servicio de empleo competente, y en ese caso el estatuto se mantiene «durante un período que no podrá ser inferior a seis meses»; o empiezan una formación profesional, que debe guardar relación con el empleo anterior salvo que estén en paro involuntario. A las personas de los dos grupos «se les podrá denegar el derecho a ocupar un puesto de trabajo en la administración pública» cuando ese puesto implique participar, de forma directa o indirecta, en el ejercicio de poderes conferidos por el Derecho público y en funciones que tienen por objeto salvaguardar los intereses generales del Reino Unido, para Gibraltar, de España o de otras autoridades públicas (apartado 6). Los trabajadores fronterizos por cuenta propia tienen los derechos del apartado 3, letras b) a e) (apartados 7 y 8).

El artículo 291 define los dos grupos, los miembros de su familia y la condición de regresar al menos una vez por semana. El artículo 294 solo admite excepciones a las normas de igualdad de trato de los apartados 3, 4 y 7 si están objetivamente justificadas y no van más allá de lo necesario. El artículo 293 extiende a los miembros de la familia la igualdad de trato en las ventajas sociales y fiscales. El artículo 296 da a los trabajadores fronterizos derecho a un documento que acredite su estatuto. El artículo 297 permite limitar los derechos de este título por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, con garantías. El apartado 8 aplica el apartado 7 «mutatis mutandis» (con los cambios necesarios) al segundo grupo, aunque el apartado 7 ya nombra a los dos grupos; el texto no dice por qué.

Este artículo da a los dos grupos derecho a entrar, permanecer y salir para los fines que enumera el apartado 5. No establece un derecho a vivir al otro lado de la frontera. El estatuto de trabajador fronterizo depende de regresar al menos una vez por semana a España o a Gibraltar, respectivamente (artículo 291, apartado 2, y apartado 3). La igualdad de trato del apartado 3, letra c), excluye los «derechos de acceso a la vivienda». El apartado 4 da al segundo grupo en España la igualdad de trato en las mismas materias que el apartado 3; lo hace con una remisión al apartado 3, sin repetir su contenido.

1. Las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letra a), tendrán derecho a acceder a una actividad por cuenta ajena como trabajadores fronterizos en Gibraltar y a ejercerla de conformidad con las normas aplicables a los nacionales del Reino Unido en Gibraltar.
2. Las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letra b), tendrán derecho a acceder a una actividad por cuenta ajena como trabajadores fronterizos en el Reino de España y a ejercerla de conformidad con las normas aplicables a los nacionales españoles en el Reino de España.
3. Las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letra a), que sean trabajadores fronterizos por cuenta ajena gozarán en Gibraltar del mismo derecho a la igualdad de trato que los trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letra b). Esto implicará:
a) el derecho a no ser discriminado por razón de la nacionalidad con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo y de empleo;
b) el derecho a recibir un trato igualitario en cuanto a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, en caso de desempleo;
c) ventajas sociales y fiscales, excepto los derechos de acceso a la vivienda;
d) la afiliación a sindicatos y el ejercicio de los derechos correspondientes, incluido el derecho a votar y optar a puestos administrativos o directivos en un sindicato; no obstante, podrán ser excluidas de participar en la gestión de organismos de Derecho público y de ejercer un cargo de Derecho público; y
e) los mismos derechos en lo que respecta al acceso a la formación en las escuelas de formación profesional y los centros de readaptación o de reeducación profesional.
4. Las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letra b), que sean trabajadores fronterizos por cuenta ajena gozarán del mismo derecho a la igualdad de trato que los trabajadores por cuenta ajena de nacionalidad española en el Reino de España respecto de las materias a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.
5. Las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letras a) y b), gozarán de los siguientes derechos en Gibraltar y en el Reino de España, respectivamente:
a) el derecho de entrada, estancia y salida para inscribirse en los servicios de empleo a fin de que estas personas puedan conocer las oportunidades de empleo correspondientes a sus cualificaciones profesionales y, en caso necesario, adoptar las medidas adecuadas para aceptar un empleo como trabajadores fronterizos por cuenta ajena; esto incluirá el derecho a ser asistidas por las oficinas de empleo en las mismas condiciones que los nacionales del Reino Unido en Gibraltar y los nacionales españoles en el Reino de España;
b) el derecho de entrada, estancia y salida mientras se ejerza una actividad por cuenta ajena como trabajador fronterizo o una actividad por cuenta propia como trabajador fronterizo;
c) el derecho a conservar el estatuto de trabajador fronterizo siempre que se encuentren en una de las circunstancias siguientes:
i) sufrir una incapacidad laboral temporal resultante de una enfermedad o accidente;
ii) encontrarse en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleadas durante más de un año y haberse inscrito en el servicio de empleo competente como demandantes de empleo;
iii) encontrarse en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber completado un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año, o tras haber quedado en paro involuntario durante los primeros doce meses y estar inscritas en el servicio de empleo competente como demandantes de empleo. En este caso, el estatuto de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a seis meses; o iv) haber emprendido una formación profesional. Salvo que se encuentren en situación de paro involuntario, el mantenimiento del estatuto de trabajador exigirá que la formación guarde relación con el empleo previo.
6. A las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letras a) y b), se les podrá denegar el derecho a ocupar un puesto de trabajo en la administración pública que implique una participación directa o indirecta en el ejercicio de poderes conferidos por el Derecho público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Reino Unido, respecto a Gibraltar, o del Reino de España, según el caso, o de otras autoridades públicas.
7. Las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letras a) y b), que sean trabajadores fronterizos por cuenta propia gozarán de los derechos establecidos en el apartado 3, letras b) a e), del presente artículo.
8. El apartado 7 del presente artículo se aplicará mutatis mutandis a las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letra b), que sean trabajadores fronterizos por cuenta propia.

Texto oficial Artículo 292 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Apartado 1: los miembros de la familia de un trabajador fronterizo del primer grupo tienen un «derecho derivado» a la igualdad de trato en el acceso a las ventajas sociales y fiscales. El primer grupo son los ciudadanos de la UE que residen legalmente en España (artículo 291, apartado 1, letra a)), y el trabajador debe ser trabajador fronterizo por cuenta ajena o por cuenta propia (artículo 291, apartado 2, y apartado 3). Un derecho derivado es el que nace del vínculo de la persona con el trabajador. La comparación se hace con los miembros de la familia de los nacionales del Reino Unido que residen legalmente en Gibraltar y trabajan por cuenta ajena o por cuenta propia en Gibraltar. Los miembros de la familia se definen en el artículo 291, apartado 1, letra c). Apartado 2: los hijos de los trabajadores del primer grupo que son trabajadores fronterizos por cuenta ajena o por cuenta propia en Gibraltar, «siempre que dichos hijos residan en Gibraltar», tienen derecho a la igualdad de trato en el acceso a los cursos de educación general, de aprendizaje y de formación profesional. La comparación se hace con los hijos de los nacionales del Reino Unido que residen legalmente en Gibraltar y están empleados en Gibraltar. El apartado 3 aplica las dos normas «mutatis mutandis» (con los cambios necesarios) a los miembros de la familia y a los hijos de los nacionales del Reino Unido que residen legalmente en Gibraltar y son trabajadores fronterizos por cuenta ajena o por cuenta propia en España.

El artículo 291, apartado 1, letra c), define a los miembros de la familia, con independencia de su nacionalidad: el cónyuge; la pareja de una unión registrada, cuando la legislación de Gibraltar o de España trata las uniones registradas como equivalentes al matrimonio; los descendientes directos menores de 21 años o a cargo, y los del cónyuge o de la pareja; y los ascendientes directos a cargo (como los padres), y los del cónyuge o de la pareja. Exige que los miembros de la familia del primer grupo residan legalmente en España, y que los del segundo grupo residan legalmente en Gibraltar. El artículo 292, apartado 3, letra c), es el derecho a ventajas sociales y fiscales que el apartado 1 extiende a los miembros de la familia.

Este artículo trata de la igualdad de trato en las ventajas sociales y fiscales y, para los hijos, en la educación y la formación. No da por sí mismo a los miembros de la familia un derecho a trabajar ni a vivir en Gibraltar o en España. El artículo 291, apartado 1, letra c), incluye en esta parte del tratado a los miembros de la familia del primer grupo «siempre que residan legalmente en el Reino de España». El apartado 2 da el derecho a la educación a los hijos «siempre que dichos hijos residan en Gibraltar». El texto no dice cómo encajan estas dos condiciones, ni si un hijo que reside en Gibraltar sigue siendo miembro de la familia según el artículo 291, apartado 1, letra c). La misma cuestión se plantea, a la inversa, en el apartado 3.

1. Los miembros de la familia, tal como se definen en el artículo 291, apartado 1, letra c), de las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letra a), que sean trabajadores fronterizos por cuenta ajena o trabajadores fronterizos por cuenta propia, gozarán de un derecho derivado a la igualdad de trato en el acceso a las ventajas sociales y fiscales con los miembros de la familia de las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letra b), que sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia en Gibraltar.
2. Los hijos de las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letra a), que sean trabajadores fronterizos por cuenta ajena o por cuenta propia en Gibraltar, siempre que dichos hijos residan en Gibraltar, gozarán del derecho a la igualdad de trato en el acceso a los cursos de educación general, de aprendizaje y de formación profesional, con los hijos de las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letra b), empleados en Gibraltar.
3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo se aplicarán mutatis mutandis a los miembros de la familia y a los hijos de las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letra b), que sean trabajadores fronterizos por cuenta ajena o por cuenta propia en el Reino de España.

Texto oficial Artículo 293 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El apartado 1 se refiere a las personas de cualquiera de los dos grupos del artículo 291, apartado 1, que trabajan por cuenta ajena para un empleador que normalmente ejerce sus actividades en España (o, para el segundo grupo, en Gibraltar) y a las que ese empleador desplaza durante un período limitado a Gibraltar (o a España) para prestar, por cuenta del empleador, servicios «producidos y consumidos localmente en la zona contigua a la frontera». La zona contigua a la frontera es el territorio de los municipios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en España (artículo 3, apartado 1, letra g)). Estos trabajadores tienen derecho a entrar, salir y permanecer «sin obstáculos» en la medida necesaria para prestar esos servicios. También tienen derecho, en igualdad de trato, a las condiciones laborales del territorio de destino que fijan las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, o los convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación universal, es decir, los que deben respetar todas las empresas del sector o profesión de que se trate en ese ámbito territorial (apartado 2). El anexo 28 enumera esas condiciones laborales. Las condiciones más favorables para los trabajadores desplazados se siguen aplicando. Cuando no hay un sistema para declarar los convenios de aplicación universal, o además de ese sistema, Gibraltar y España podrán, «si así lo deciden», basarse en los convenios que surtan efecto general en todas las empresas similares de la zona y del sector, o en los convenios nacionales celebrados por las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas y aplicados en todo el territorio nacional (apartado 3). «Se considerará que existe igualdad de trato» cuando los empleadores nacionales que están en una situación similar se encuentran sujetos, en el lugar o el sector de que se trate, a las mismas obligaciones que los empleadores que desplazan trabajadores en las materias del anexo 28, y deben cumplir esas obligaciones con los mismos efectos (apartado 4).

El anexo 28 enumera las condiciones laborales que un trabajador desplazado recibe del territorio de destino. El artículo 291 aporta los dos grupos: el trabajador desplazado debe ser un ciudadano de la UE que reside legalmente en España o un nacional del Reino Unido que reside legalmente en Gibraltar. El artículo 297 fija las razones y las garantías para limitar los derechos de este título, también estos derechos de entrada y estancia.

El artículo se refiere a las personas de los dos grupos del artículo 291, apartado 1: los ciudadanos de la UE que residen legalmente en España y los nacionales del Reino Unido que residen legalmente en Gibraltar. Un trabajador del mismo desplazamiento que no pertenece a ninguno de los dos grupos no está cubierto por este artículo. El desplazamiento debe hacerse «durante un período limitado»; aquí no se fija una duración máxima. El artículo 3, apartado 1, letra g), define la zona contigua a la frontera como unos municipios de España; el texto no dice cómo se aplican los servicios «consumidos localmente en la zona contigua a la frontera» a un desplazamiento a Gibraltar. El apartado 1 se refiere a convenios «de otro modo aplicables de conformidad con el apartado 2», pero las otras bases están en el apartado 3; el texto no lo explica.

1. Las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letras a) y b), que ejerzan una actividad por cuenta ajena para un empleador que normalmente ejerza sus actividades en el Reino de España y Gibraltar, respectivamente, y a las que dicho empleador desplace durante un período limitado a Gibraltar y al Reino de España, respectivamente, para prestar servicios producidos y consumidos localmente en la zona contigua a la frontera por cuenta de dicho empleador, gozarán sin obstáculos del derecho de entrada, salida y estancia que sea necesario para la prestación de dichos servicios y gozarán, sobre la base de la igualdad de trato, de las condiciones laborales establecidas en el territorio al que el trabajador esté desplazado y que estén establecidas en dicho territorio por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas o por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación universal o de otro modo aplicables de conformidad con el apartado 2 del presente artículo. Dichas condiciones laborales se enumeran en el anexo 28 del presente Acuerdo. La aplicación de dichas condiciones laborales no impedirá la aplicación de condiciones laborales más favorables para los trabajadores desplazados.
2. A los efectos del presente artículo, por «convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación universal» se entenderán aquellos convenios colectivos o laudos arbitrales que deban respetar todas las empresas pertenecientes al sector o profesión de que se trate correspondientes al ámbito de aplicación territorial de estos.
3. A falta de, o además de, un sistema de declaración de aplicación universal de convenios colectivos o laudos arbitrales en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2, Gibraltar y el Reino de España podrán basarse, si así lo deciden, en:
a) los convenios colectivos o laudos arbitrales que surtan efecto general en todas las empresas similares pertenecientes a la profesión o al sector de que se trate y correspondientes al ámbito de aplicación territorial de estos; y/o
b) los convenios colectivos celebrados por las organizaciones de los interlocutores sociales más representativas a escala nacional y que sean ampliamente aplicados en el conjunto del territorio nacional.
4. Se considerará que existe igualdad de trato, en el sentido del apartado 1, cuando los empleadores nacionales que se encuentren en una situación similar:
a) estén sujetos, en el lugar en cuestión o en el sector de que se trate, a las mismas obligaciones que los empleadores que desplazan trabajadores con respecto a los asuntos enumerados en el anexo 28, y
b) se les exija cumplir dichas obligaciones con los mismos efectos.

Texto oficial Artículo 295 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Los derechos de este título (artículos 292 a 297) «podrán ser limitados por medidas que estén justificadas por razones de orden público, seguridad pública o salud pública» (apartado 1). Las medidas por razones de orden público o seguridad pública deben ser proporcionadas y «basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado»; las condenas penales anteriores no son por sí solas una razón para adoptarlas (apartado 2). En cuanto a la salud, «Las únicas enfermedades» que justifican limitar la entrada, la salida o la estancia son las enfermedades con potencial epidémico según los instrumentos correspondientes de la Organización Mundial de la Salud, y otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas si son objeto de disposiciones de protección aplicables a las personas cubiertas (apartado 3). La decisión debe notificarse a la persona por escrito, de una manera que pueda entender, con sus razones expuestas con precisión y por extenso, salvo que a ello se opongan razones de seguridad del Estado. La notificación debe indicar el órgano jurisdiccional o la instancia administrativa ante la que se puede recurrir, el plazo para recurrir y, cuando proceda, el plazo concedido para salir del territorio (apartado 4). La persona debe tener acceso a un recurso judicial y, en su caso, administrativo (una vía para impugnar la decisión), que examine la legalidad de la decisión y los hechos y circunstancias, y que garantice que la decisión no sea desproporcionada (apartado 5). El Reino Unido, para Gibraltar, o España no podrán impedir que la persona presente su defensa en persona, salvo cuando su comparecencia «pueda causar graves problemas de orden público o seguridad pública» o cuando el recurso o la revisión judicial se refiera a una denegación de entrada en el territorio (apartado 6).

El artículo 291 fija las personas cubiertas. El artículo 294 trata de las excepciones a la igualdad de trato en el trabajo; este artículo trata de las limitaciones de los derechos de este título, entre ellos la entrada, la estancia y la salida.

Estas razones y garantías se aplican a las limitaciones de los derechos de este título, en Gibraltar y en España. Esos derechos incluyen los de los miembros de la familia según el artículo 293. Según el apartado 6, el derecho a presentar la defensa en persona no alcanza a un recurso o una revisión judicial sobre una denegación de entrada en el territorio.

1. Los derechos concedidos en virtud del presente título podrán ser limitados por medidas que estén justificadas por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.
2. Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas.
3. Las únicas enfermedades que podrán justificar medidas que limiten la estancia, entrada o salida serán las enfermedades con potencial epidémico según se definen en los instrumentos correspondientes de la Organización Mundial de la Salud, así como otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas siempre que sean objeto de disposiciones de protección aplicables a las personas a que se refiere el artículo 291, apartado 1, letras a) y b).
4. Toda decisión adoptada en virtud del apartado 1 deberá notificarse al interesado por escrito, de una manera que le permita entender su contenido e implicaciones. Se le comunicarán, con precisión y por extenso, las razones de orden público, seguridad pública o salud pública en las que se base la decisión que le afecte, a menos que a ello se opongan razones de seguridad del Estado. En la notificación se indicará el órgano jurisdiccional o instancia administrativa ante la cual el interesado puede interponer recurso, así como el plazo establecido para ello y, cuando proceda, el plazo concedido para salir del territorio.
5. Cuando se tome una decisión en su contra por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, el interesado podrá recurrirla por la vía judicial y, en su caso, administrativa o solicitar su revisión. El procedimiento de recurso deberá permitir el examen de la legalidad de la decisión, así como de los hechos y circunstancias en que se base la medida propuesta. Dicho procedimiento deberá garantizar que la decisión no sea desproporcionada.
6. El Reino Unido, respecto a Gibraltar, o el Reino de España, no podrán impedir que el particular presente su defensa en persona, excepto cuando su comparecencia pueda causar graves problemas de orden público o seguridad pública o cuando el recurso administrativo o judicial se refiera a una denegación de entrada en el territorio.

Texto oficial Artículo 297 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Para garantizar los derechos de seguridad social de las personas cubiertas por el Protocolo relativo a la coordinación en materia de seguridad social, el Reino Unido, para Gibraltar, y el Reino de España deben aplicar sus sistemas de seguridad social de conformidad con ese Protocolo. Ese es todo el artículo. Las normas detalladas están en el Protocolo, no aquí. La obligación recae en el Reino Unido, para Gibraltar, y en España, no en la UE.

El Protocolo relativo a la coordinación en materia de seguridad social es un protocolo de este tratado. Según su artículo SSC.2, el procedimiento del artículo 6, apartado 2, y apartado 3 del tratado no se aplica a las comunicaciones formales ni a las decisiones que deban notificarse, adoptadas por las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, o dirigidas a ellas, según el Protocolo. El artículo 6, apartado 2, y el apartado 3 tratan de la certificación de los documentos de Gibraltar por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) y de la mención del FCDO en las notificaciones de las autoridades competentes de Gibraltar.

El Protocolo fija su propia lista de personas cubiertas (artículo SSC.3 del Protocolo): los ciudadanos de la UE que residen legalmente en España y que están o estuvieron sujetos a la legislación del Reino Unido, para Gibraltar, tras trabajar como trabajadores fronterizos en Gibraltar, con los miembros de su familia y sus supervivientes que residen en España; los nacionales del Reino Unido que residen legalmente en Gibraltar y que están o estuvieron sujetos a la legislación española tras trabajar como trabajadores fronterizos en España, con los miembros de su familia y sus supervivientes que residen en Gibraltar; y los trabajadores desplazados según el artículo 295 que regresan al menos una vez por semana a España o a Gibraltar, respectivamente. El artículo 336, apartado 2, puso como condición para la aplicación provisional, entre otras, que se notificara que «los acuerdos administrativos a que se refieren los artículos 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260 y 265 del presente Acuerdo y el Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social están en vigor y se han aplicado plenamente». El artículo 301, apartado 5, deja fuera de la sexta parte (solución de diferencias) las diferencias sobre el Protocolo en casos particulares, y el artículo 316, apartado 3, dice que las obligaciones del Protocolo no podrán suspenderse según ese artículo.

Con el fin de garantizar los derechos en materia de seguridad social de las personas cubiertas por el Protocolo relativo a la coordinación en materia de seguridad social, el Reino Unido, respecto a Gibraltar, y el Reino de España aplicarán sus sistemas de seguridad social de conformidad con dicho Protocolo.

Texto oficial Artículo 298 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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El Consejo de Cooperación (el órgano conjunto de la UE y el Reino Unido creado por el tratado) «establecerá un mecanismo financiero para promover la cohesión» entre Gibraltar y la zona contigua a la frontera, que es el territorio de los municipios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en España (artículo 3, apartado 1, letra g)), «también en materia de formación y empleo». Esas medidas «deberían tener en cuenta» la protección de los intereses financieros de las Partes contra el fraude, otras actividades ilegales e irregularidades. «Ambas Partes deberían proporcionar financiación para el mecanismo» (apartado 2). Las Partes son la UE y el Reino Unido, para Gibraltar (artículo 3, apartado 1, letra a)). El artículo usa una obligación («establecerá») para crear el mecanismo y una recomendación («deberían») para la financiación. No fija ninguna cantidad, reparto, calendario ni forma de gestión.

El artículo 1 fija el objetivo del tratado: una relación de cooperación mutua entre las Partes que «promueva asimismo la prosperidad compartida y unas relaciones estrechas y constructivas» respecto a Gibraltar y a la zona adyacente de España, en particular los municipios del Campo de Gibraltar. El artículo 3, apartado 1, letra g), define la zona contigua a la frontera. El artículo 24 hace que las decisiones del Consejo de Cooperación sean vinculantes para las Partes y exige que se adopten de común acuerdo.

El artículo no fija una cantidad, un reparto entre las dos Partes, una fecha ni un papel para el Gobierno de Gibraltar o los municipios del Campo de Gibraltar. No dice si la financiación que aporte Gibraltar contaría como aportación del Reino Unido. La formación y el empleo se nombran como ejemplos (el texto dice «también en materia de formación y empleo»); el artículo no limita el mecanismo a ellos. El Consejo de Cooperación decide de común acuerdo (artículo 24, apartado 2).

1. El Consejo de Cooperación establecerá un mecanismo financiero para promover la cohesión entre Gibraltar y la zona contigua a la frontera, también en materia de formación y empleo. Tales medidas deberían tener en cuenta la protección de los intereses financieros de las Partes contra el fraude y otras actividades ilegales e irregularidades.
2. Ambas Partes deberían proporcionar financiación para el mecanismo a que se refiere el apartado 1.

Texto oficial Artículo 299 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

Por separado, España financia inversiones en los municipios del Campo de Gibraltar con su propio decreto, el Real Decreto 732/2026 (publicado en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, el 17 de septiembre de 2026), que concede hasta 7 300 000 euros a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para agua, residuos, equipamiento y digitalización en ocho municipios. No es el mecanismo financiero del artículo 299, apartado 1, del Acuerdo respecto a Gibraltar entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra. El decreto no menciona ese tratado, ni ningún tratado, ni el artículo 299.

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La sexta parte se aplica a las diferencias entre las Partes (la UE y el Reino Unido, para Gibraltar) sobre la interpretación y la aplicación del tratado o de cualquier acuerdo complementario. Las disposiciones que abarca se llaman «disposiciones contempladas» (apartado 1). Esto depende de lo que dicen los apartados 2 a 5. El apartado 2 dice que las disposiciones contempladas incluyen todas las disposiciones del tratado y de cualquier acuerdo complementario, salvo: el artículo 2 (soberanía); el título II de la primera parte (base de la cooperación); el título V de la segunda parte (cooperación policial y judicial), también cuando se aplica a situaciones reguladas por otras disposiciones; y, en el título I de la tercera parte (igualdad de condiciones), el artículo 199, apartado 1, y apartados 2 y 4, los artículos 207 y 208 (recuperación de ayudas estatales y consultas), y los capítulos 3, 4, 5 y 6 (fiscalidad; normas laborales y sociales; medio ambiente y clima; otros instrumentos para el comercio y el desarrollo sostenible). El apartado 3 dice que cualquiera de las Partes podrá «acudir al Consejo de Cooperación» para resolver una diferencia sobre las obligaciones derivadas de «las disposiciones mencionadas en el apartado 2». El apartado 4 dice que el artículo 302 (ningún otro mecanismo de solución de diferencias) se aplica a esas disposiciones. El apartado 2 nombra a la vez las disposiciones contempladas y las excepciones, y el texto no dice a cuáles se refieren los apartados 3 y 4. La sexta parte no se aplica a las diferencias sobre el Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social o sus anexos «en casos particulares» (apartado 5). No se aplica a ninguna diferencia relativa a la soberanía y la jurisdicción (apartado 6). Si la Parte demandada presenta al tribunal de arbitraje una declaración motivada de que la solicitud «puede afectar a la posición jurídica del Reino Unido o del Reino de España o con respecto a la soberanía y la jurisdicción», el tribunal de arbitraje no debe pronunciarse sobre la soberanía y la jurisdicción, ni sobre ningún asunto que requiera o implique una decisión sobre ellas, y «declarará inmediatamente su falta de competencia» sobre esas cuestiones y sobre las que surtan efecto sobre ellas. Ninguna decisión adoptada en esta parte, incluidas las decisiones y los laudos del tribunal de arbitraje, surte efecto jurídico alguno, directo ni indirecto, en la posición jurídica del Reino Unido o de España con respecto a la soberanía y la jurisdicción.

El artículo 2 es el artículo sobre la soberanía. El título II de la primera parte son los artículos 8 a 16; el título V de la segunda parte, los artículos 70 a 195; los capítulos 3 a 6 del título I de la tercera parte, los artículos 211 a 234. El artículo 235 prevé consultas para el artículo 199, apartado 3, y para los capítulos 4, 5 y 6 de ese título, y el artículo 236, un grupo de expertos; el artículo 237 aplica el grupo de expertos a los capítulos 4 y 5. El artículo 302 prohíbe llevar una diferencia sobre el tratado a cualquier mecanismo distinto de los que prevé el tratado. El Protocolo de seguridad social queda excluido para los casos particulares, y el artículo 316, apartado 3, prohíbe suspender las obligaciones que nacen de él.

Las disposiciones excluidas son: el artículo 2 (soberanía); el título II de la primera parte (base de la cooperación, artículos 8 a 16); el título V de la segunda parte (cooperación policial y judicial, artículos 70 a 195, incluida la entrega de personas del capítulo 5); y partes del título I de la tercera parte (igualdad de condiciones). Otras disposiciones sobre la actuación policial no están en la lista, por ejemplo la cooperación policial del título III de la segunda parte (artículos 54 a 63) y la lucha contra el blanqueo de capitales del título VI de la segunda parte. El apartado 3 permite a una Parte llevar al Consejo de Cooperación una diferencia sobre las obligaciones derivadas de «las disposiciones mencionadas en el apartado 2» (el texto dice «acudir al Consejo de Cooperación»). El texto no dice si se refiere a las disposiciones contempladas, a las excluidas o a ambas. El Consejo de Cooperación decide de común acuerdo (artículo 24, apartado 2). El apartado 6 dice que la sexta parte no se aplica a ninguna diferencia relativa a la soberanía y la jurisdicción; además, una declaración motivada de la Parte demandada obliga al tribunal de arbitraje a declarar que no tiene competencia sobre esas cuestiones.

1. La presente parte se aplicará, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 a 5, a las diferencias entre las Partes relativas a la interpretación y aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario («disposiciones contempladas»).
2. Las disposiciones contempladas incluirán todas las disposiciones del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario, a excepción de las siguientes:
a) el artículo 2;
b) el título II de la primera parte;
c) el título V de la segunda parte, también cuando se aplique en relación con situaciones reguladas por otras disposiciones del presente Acuerdo;
d) el artículo 199, apartados 1, 2 y 4, los artículos 207 y 208, y los capítulos 3, 4, 5 y 6 del título I de la tercera parte.
3. Cualquiera de las Partes podrá acudir al Consejo de Cooperación para resolver una diferencia sobre las obligaciones derivadas de las disposiciones mencionadas en el apartado 2.
4. El artículo 302 se aplicará a las disposiciones mencionadas en el apartado 2 del presente artículo.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, la presente parte no se aplicará a las diferencias relacionadas con la interpretación y aplicación de las disposiciones del Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social o de sus anexos en casos particulares.
6. La presente parte no se aplicará a las diferencias relativas a la soberanía y la jurisdicción. Si la Parte demandada presenta una declaración motivada al tribunal de arbitraje en el sentido de que la solicitud puede afectar a la posición jurídica del Reino Unido o del Reino de España o con respecto a la soberanía y la jurisdicción, el tribunal de arbitraje no se pronunciará sobre la diferencia con respecto a la soberanía y la jurisdicción ni sobre cualquier asunto que requiera o implique una decisión sobre la soberanía o la jurisdicción y declarará inmediatamente su falta de competencia sobre las cuestiones relativas a la soberanía y a la jurisdicción o que surtan un efecto sobre ellas.
Ninguna decisión adoptada en el marco de la presente parte, inclusive las decisiones y los laudos de un tribunal de arbitraje, surtirá efecto jurídico alguno directo ni indirecto en la posición jurídica del Reino Unido o del Reino de España con respecto a la soberanía y la jurisdicción.

Texto oficial Artículo 301 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Si se alega que una medida incumple a la vez este tratado (o un acuerdo complementario) y una obligación sustancialmente equivalente de otro acuerdo internacional del que son parte las dos Partes, la Parte que reclama elige el foro. Una vez que ha elegido e iniciado el procedimiento — en esta parte, eso significa solicitar un tribunal de arbitraje según el artículo 305 —, no podrá iniciar un procedimiento sobre la misma medida en el marco del otro acuerdo, salvo que el primer foro no emita sus conclusiones por razones procesales o jurisdiccionales. Con esa salvedad, ni este tratado ni ningún acuerdo complementario impiden que una Parte suspenda obligaciones cuando lo haya autorizado el procedimiento de solución de diferencias de otro acuerdo internacional del que son parte las dos Partes; y no podrá invocarse ningún otro acuerdo entre las dos Partes para impedir que una Parte suspenda obligaciones según esta parte.

El apartado 3, letra a), fija como momento en que el procedimiento se considera iniciado según esta parte la solicitud de un tribunal de arbitraje según el artículo 305, y no la solicitud anterior de consultas según el artículo 304. El artículo 329, apartado 1, dice que este tratado no es un acuerdo complementario del Acuerdo de Comercio y Cooperación.

El artículo no nombra los otros acuerdos internacionales a los que se refiere. El apartado 4 funciona en los dos sentidos: este tratado no impide que una Parte suspenda obligaciones cuando lo haya autorizado el procedimiento de solución de diferencias de otro acuerdo (salvo lo que dice el apartado 2), y no podrá invocarse ningún otro acuerdo entre las Partes para impedir que una Parte suspenda obligaciones según esta parte (véase el artículo 316).

1. Si surge una diferencia en relación con una medida supuestamente contraria a una obligación derivada del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario y de una obligación sustancialmente equivalente en virtud de otro acuerdo internacional suscrito por ambas Partes, la Parte que solicite reparación seleccionará el foro en el que deberá resolverse la diferencia.
2. Cuando una de las Partes haya seleccionado el foro e iniciado procedimientos de solución de diferencias en virtud de la presente parte o en el marco de otro acuerdo internacional, dicha Parte no iniciará estos procedimientos en virtud del otro acuerdo internacional con respecto a la medida concreta a que se refiere el apartado 1, a menos que el primer foro seleccionado no emita sus conclusiones por razones procesales o jurisdiccionales.
3. A efectos del presente artículo:
a) los procedimientos de solución de diferencias conforme a la presente parte se considerarán incoados cuando una Parte solicite la constitución de un tribunal de arbitraje en virtud del artículo 305; y
b) los procedimientos de solución de diferencias en el marco de cualquier otro acuerdo se considerarán incoados si se inician de conformidad con las disposiciones pertinentes de ese acuerdo.
4. Sin perjuicio del apartado 2, nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo o en cualquier acuerdo complementario podrá impedir que una Parte suspenda obligaciones con la autorización obtenida en virtud de los procedimientos de solución de diferencias de otro acuerdo internacional en el que sean parte las Partes. No se invocará ningún otro acuerdo internacional entre las Partes para impedir que una Parte suspenda obligaciones al amparo de la presente parte.

Texto oficial Artículo 303 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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Si una Parte (la Parte demandante) considera que la otra (la Parte demandada) ha incumplido el tratado o un acuerdo complementario, las dos Partes deben intentar resolver el asunto con consultas de buena fe. La Parte demandante podrá pedirlas por escrito, con sus motivos, la medida de que se trata, el fundamento jurídico y las disposiciones en que se basa. La Parte demandada debe responder sin demora y, en cualquier caso, en un plazo de 10 días desde la recepción. Las consultas se celebran en un plazo de 30 días desde la recepción, de manera presencial o por otro medio acordado; si son presenciales, en el territorio de la Parte demandada, salvo que se acuerde otra cosa. Se consideran concluidas a los 45 días, salvo que las dos Partes acepten continuarlas. Las consultas sobre cuestiones urgentes, incluidas las de mercancías perecederas o estacionales, se celebran en un plazo de 20 días y se consideran concluidas en esos 20 días, salvo que las dos Partes acepten continuarlas. Cada Parte debe dar información factual suficiente para un examen completo y procurar que participe personal con experiencia en la materia. Las consultas se celebran en el marco del Consejo de Cooperación, salvo en las diferencias sobre los capítulos 3, 4 y 5 del título I de la tercera parte (fiscalidad, trabajo y medio ambiente), y el Consejo podrá resolver la diferencia con una decisión. Las consultas, en especial la información declarada confidencial y las posiciones adoptadas, son confidenciales y no afectan a los derechos de ninguna de las Partes en procedimientos posteriores.

El artículo 305 permite a la Parte demandante solicitar un tribunal de arbitraje si la Parte demandada no responde en 10 días, si las consultas no se celebran a tiempo, si las Partes acuerdan no celebrar consultas o si las consultas terminan sin acuerdo. Las consultas sobre los capítulos 3, 4 y 5 del título I de la tercera parte (artículos 211 a 223) se celebran fuera del Consejo de Cooperación; el artículo 301, apartado 2, letra d), también excluye esos capítulos del arbitraje. El artículo 24 hace que una decisión del Consejo de Cooperación sea vinculante para las dos Partes.

El artículo 305, apartado 1, letra c), permite a las Partes acordar no celebrar consultas. Las consultas presenciales tienen lugar «en el territorio de la Parte demandada», salvo que se acuerde otra cosa; cuando la Parte demandada es el Reino Unido, para Gibraltar, el texto no dice si eso significa Gibraltar u otro lugar del Reino Unido. Cuando las consultas se celebran en el Consejo de Cooperación, el lugar se rige por el Reglamento de procedimiento del Consejo de Cooperación (apartado 7). Las consultas son confidenciales (apartado 8), mientras que los laudos y las decisiones del tribunal de arbitraje (artículo 321, apartado 5) y las soluciones de mutuo acuerdo (artículo 323, apartado 3) se hacen públicos, con protección de la información confidencial. Una decisión del Consejo de Cooperación necesita el consentimiento de las dos Partes (artículo 24, apartado 2).

1. Si una Parte («Parte demandante») considera que la otra Parte («Parte demandada») ha incumplido una obligación en virtud del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario, las Partes procurarán resolver el asunto mediante consultas de buena fe para llegar a una solución de mutuo acuerdo.
2. La Parte demandante podrá solicitar la celebración de consultas mediante una solicitud presentada por escrito a la Parte demandada. La Parte demandante especificará en su solicitud por escrito los motivos de la solicitud, especificando las medidas de que se trata, el fundamento jurídico de la solicitud y las disposiciones contempladas que considere aplicables.
3. La Parte demandada responderá a la solicitud sin demora y, en cualquier caso, a más tardar diez días después de la fecha de su recepción. Las consultas se celebrarán de manera presencial o por cualquier otro medio de comunicación acordado por las Partes, en un plazo de treinta días a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Si se celebran presencialmente, las consultas tendrán lugar en el territorio de la Parte demandada, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
4. Las consultas se considerarán concluidas cuarenta y cinco días después de la fecha de recepción de la solicitud, salvo que las Partes acepten continuarlas.
5. Las consultas sobre cuestiones de urgencia, incluidas aquellas relacionadas con mercancías perecederas o mercancías estacionales, se celebrarán en un plazo de veinte días a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Las consultas se considerarán concluidas en ese plazo de veinte días, salvo que las Partes acepten continuarlas.
6. Cada una de las Partes facilitará información factual suficiente para permitir un examen completo de la medida en cuestión, que incluya un examen del modo en que podría afectar al funcionamiento y la aplicación del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario. Cada una de las Partes se esforzará por garantizar la participación del personal de sus autoridades competentes que tenga experiencia en la materia objeto de las consultas.
7. Las consultas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se celebrarán en el marco del Consejo de Cooperación, con excepción de las diferencias relativas a los capítulos 3, 4 y 5 del título I de la tercera parte. El Consejo de Cooperación podrá resolver la diferencia mediante decisión. Se aplicarán los plazos previstos en el apartado 3 del presente artículo. El lugar de celebración de las reuniones se regirá por el Reglamento de procedimiento del Consejo de Cooperación.
8. Las consultas, en especial cualquier información declarada confidencial y las posiciones adoptadas por las Partes durante las consultas, serán confidenciales y se entenderán sin perjuicio de los derechos de cualquiera de las Partes en otros procedimientos.

Texto oficial Artículo 304 en el Diario Oficial, L 2026/1562 (EUR-Lex) · GOV.UK, MS No. 9 (2026), documento completo (en inglés)

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