Las dos posturas — lo que respaldan los textos, a favor y en contra

«Se eliminarán todas las barreras físicas a la circulación de personas entre la Unión y Gibraltar» [artículo 28]. El plan de ejecución del Reino Unido, para Gibraltar, dice que su primera fase, que debe completarse antes del 15 de julio de 2026, incluye «la demolición íntegra de la verja fronteriza» [acuerdo administrativo 1, Annex 2].

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo VI del Código de fronteras Schengen con respecto a las fronteras marítimas, las Partes garantizarán que, cualquiera que sea su nacionalidad, las personas puedan circular entre Gibraltar y los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen sin ser sometidas a inspecciones fronterizas» [artículo 30, apartado 1]. Si concurre una grave amenaza para el orden público, la salud pública o la seguridad interior, esos países de la UE o el Reino Unido, para Gibraltar, «podrán, con carácter excepcional, restablecer temporalmente el control fronterizo» por un plazo de hasta 10 días; ese plazo podrá prorrogarse por 20 días y después por periodos de un mes, hasta un máximo de seis meses en total, y solo «como último recurso» [artículo 30, apartado 2]. En caso de incumplimiento grave de los compromisos de la segunda parte, o si una Parte considera que está expuesta a una amenaza grave y persistente para la seguridad interior por la falta de controles, cualquiera de las Partes, tras consultas, podrá suspender temporalmente sus obligaciones de los títulos I a V de la segunda parte [artículo 67, apartado 1]. Para los viajeros que se desplazan entre Gibraltar y España, «no será necesario realizar verificaciones y controles rutinarios» de aduanas; esto se entiende «sin perjuicio del artículo 22, apartado 3, del anexo 23 del acuerdo y de cualesquiera controles no discriminatorios que puedan llevar a cabo las autoridades aduaneras de España en territorio español» [acuerdo administrativo 7, Travellers, paragraph 6.7].

Para las personas residentes en Gibraltar que no cumplen las demás condiciones de entrada del artículo 6, apartado 1, del Código de fronteras Schengen, el tratado dice: «En todo caso, no se impedirá el cruce por los pasos fronterizos […] con el fin de entrar en Gibraltar» [artículo 43, apartado 2]. El derecho de España a denegar la entrada a los nacionales de países de fuera de la UE que no cumplen las condiciones de entrada se aplica «a excepción de las personas residentes en Gibraltar y las personas que se encuadren en las categorías recogidas en el artículo 6, apartado 5, del Código de fronteras Schengen» [artículo 33, apartado 4, letra a), inciso ii)].

«Las inspecciones fronterizas a la entrada serán realizadas por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar y, posteriormente, por las autoridades competentes del Reino de España»; a la salida, el orden es el inverso [artículo 29, apartado 5]. Si las autoridades de España exigen una acción coercitiva para la detención o la privación de libertad y la persona reside en Gibraltar, «solo las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán llevar a cabo la acción coercitiva»; esas autoridades «efectuarán esa acción coercitiva» a petición de España, una vez que tengan la información necesaria para ejecutarla conforme a Derecho [artículo 34, apartado 9]. Por otra parte, el artículo 33, apartado 4, letra c), inciso ii), da a las autoridades de España el derecho a «detener, cachear, retener, interrogar o poner bajo protección a una persona, o intervenir o registrar sus efectos personales, siempre que ello se encuentre justificado en el desarrollo del control fronterizo efectuado por las autoridades competentes del Reino de España y de conformidad con el Derecho español, de la Unión e internacional». El texto no dice cómo se aplican a la vez a los residentes el artículo 33, apartado 4, letra c), inciso ii), y el artículo 34, apartado 9.

El tratado, los acuerdos administrativos y «las medidas, instrumentos o prácticas adoptados en aplicación o como resultado de ellos» «se entenderán sin perjuicio de las respectivas posiciones jurídicas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o del Reino de España en relación con la soberanía y la jurisdicción, y no afectarán de otro modo a dichas posiciones jurídicas» [artículo 2]. La sexta parte (solución de diferencias) «no se aplicará a las diferencias relativas a la soberanía y la jurisdicción»; si la Parte demandada presenta una declaración motivada de que una solicitud puede afectar a esas posiciones, el tribunal de arbitraje «no se pronunciará» sobre ellas [artículo 301, apartado 6]. El artículo 2 también queda fuera de las disposiciones a las que se aplica la sexta parte [artículo 301, apartado 2, letra a)]. Cada uno de los siete acuerdos administrativos contiene una cláusula parecida [acuerdos administrativos 1–7, preambles].

«Se crea una unión aduanera entre la Unión y el Reino Unido, respecto a Gibraltar» [artículo 240]; «Queda prohibida la aplicación de derechos de aduana de importación y de exportación, así como exacciones de efecto equivalente, entre la Unión y Gibraltar» [artículo 243]; se eliminarán las barreras físicas para las mercancías que circulan por vía terrestre, «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 252 ni de los trámites que deban cumplirse y las comprobaciones y los controles que puedan efectuar las Partes para velar por la correcta aplicación del presente título» [artículo 246, apartado 1]. Hasta que el Consejo de Cooperación adopte la decisión del artículo 247, apartado 1, y esta entre en vigor, «Gibraltar se considerará un territorio tercero con arreglo al Derecho de la Unión en materia aduanera, tributaria o mercantil» [artículo 247, apartado 5].

Los ciudadanos de la UE que residen legalmente en España y son trabajadores fronterizos por cuenta ajena tienen igualdad de trato en Gibraltar, también en la retribución, el despido, la afiliación a sindicatos, la formación y las «ventajas sociales y fiscales, excepto los derechos de acceso a la vivienda» [artículo 292, apartado 3]; los nacionales del Reino Unido que residen legalmente en Gibraltar tienen el derecho equivalente en España [artículo 292, apartado 2, y apartado 4]. El artículo 21, apartado 1, que dice que el tratado no confiere derechos a las personas y no se puede invocar directamente en los ordenamientos jurídicos internos, se declara «sin perjuicio de lo dispuesto en» los títulos I y II de la cuarta parte. El artículo 21 no dice cómo podrán las personas acogerse a esos títulos. Según el artículo 336, apartado 5, el título II de la tercera parte y el título III de la cuarta parte, entre otros, dejan de aplicarse mientras estén suspendidos o hayan terminado los acuerdos administrativos que allí se nombran; el título II de la cuarta parte no se nombra allí.

«Las obligaciones en virtud del Protocolo relativo a la coordinación en materia de seguridad social o sus anexos no podrán suspenderse en virtud del presente artículo» [artículo 316, apartado 3] (el artículo 316 trata de las medidas temporales que siguen a un laudo arbitral). Los trabajadores fronterizos reciben prestaciones de enfermedad en especie en el lugar de trabajo [artículo SSC.17, apartado 1]; los trabajadores transfronterizos en desempleo reciben las prestaciones del Estado de su último empleo [artículo SSC.56, apartado 1]. El artículo 316, apartado 3, solo nombra el artículo 316. El artículo 209, apartado 12, sobre la suspensión de obligaciones tras unas medidas correctoras en materia de ayudas estatales, no menciona el Protocolo; dice que el nivel de suspensión se propone «conforme con los principios formulados en el artículo 316», y no dice si el artículo 316, apartado 3, es uno de esos principios. Según el artículo 336, apartado 5, el título III de la cuarta parte (coordinación de la seguridad social) deja de aplicarse desde el día en que se suspenden o terminan los acuerdos administrativos que allí se nombran, y vuelve a aplicarse cuando se levanta la suspensión o se celebran nuevos acuerdos administrativos.

Para una medida prevista de concesión o modificación de ayudas estatales «de las mencionadas en el artículo 201» mediante una ley del Parlamento de Gibraltar (Act of the Gibraltar Parliament), no se aplica la regla de la autorización previa [artículo 205, apartado 6] ni la facultad de la autoridad independiente de ordenar la recuperación de la ayuda [artículo 205, apartado 7]. El Reino Unido, para Gibraltar, debe garantizar que esa medida prevista se notifique a su autoridad independiente [artículo 205, apartado 6] y que esa autoridad «esté facultada para emitir un dictamen»; el Reino Unido, para Gibraltar, «tendrá en cuenta dicho dictamen y, en su caso, propondrá modificaciones de la Ley en cuestión, que se someterán a la consideración del Parlamento de Gibraltar» [artículo 205, apartado 6, y apartado 7].

«El Consejo de Cooperación establecerá un mecanismo financiero para promover la cohesión entre Gibraltar y la zona contigua a la frontera, también en materia de formación y empleo» [artículo 299, apartado 1]; «Ambas Partes deberían proporcionar financiación» [artículo 299, apartado 2].

El Concordat dice que el Gobierno del Reino Unido "will not, other than in the most exceptional circumstances, take the necessary steps with a view of terminating the Agreement unless termination is supported by" (en español: no tomará, salvo en las circunstancias más excepcionales, las medidas necesarias para poner fin al tratado, a menos que la terminación cuente con el apoyo de) una moción aprobada por al menos tres cuartas partes del número total de miembros del Parlamento de Gibraltar, o de la mayoría simple de los votos emitidos en un referéndum de todas las personas con derecho a votar en las elecciones al Parlamento de Gibraltar. Se refiere al ejercicio de las facultades de los artículos 66 o 334, y se aplica tras una "full consultation with the Government of Gibraltar" (en español: consulta plena con el Gobierno de Gibraltar) [Concordat, sección Termination and Suspension (terminación y suspensión)].

Redacción original de esta celda: Condicional (un compromiso del Gobierno del Reino Unido en el Concordat, que es un acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de Gibraltar y no forma parte del tratado; tiene una excepción para las "most exceptional circumstances" (en español: circunstancias más excepcionales); la UE y España no son partes del Concordat)

El Reino Unido, para Gibraltar, podrá notificar al comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas que «los propios nacionales del Reino Unido […] no serán entregados o que su entrega se autorizará únicamente con arreglo a determinadas condiciones especificadas», por motivos «relacionados con los principios o prácticas fundamentales de la legislación interna» [artículo 122, apartado 2].

Redacción original de esta celda: Firme en cuanto a la facultad tal como está redactada; solo surte efecto si el Reino Unido, para Gibraltar, hace una notificación. No se hizo ninguna: LN 2026/237 deja constancia de que "The United Kingdom, in respect of Gibraltar, makes no notification in relation to this provision" (en español: el Reino Unido, para Gibraltar, no hace ninguna notificación en relación con esta disposición). Las notificaciones «solo podrán renovarse o hacerse por primera vez durante los tres meses anteriores al cuarto aniversario de la entrada en vigor del presente Acuerdo y, posteriormente, cada cinco años a partir de entonces», siempre que en ese momento se cumplan las condiciones del artículo 122, apartado 2 [artículo 149]

En el marco de 31 de diciembre de 2020: "The Gibraltar authorities will first decide on the authorization or denial of entry through the entry points of Gibraltar" (en español: las autoridades de Gibraltar decidirán primero sobre la autorización o la denegación de la entrada por los puntos de entrada de Gibraltar); las condiciones "will be cumulative" (en español: serán acumulativas) [marco, anexo 1, apartado 1]; "entry and exit through them will only be permitted on completion of both Gibraltar and Schengen checks" (en español: la entrada y la salida por ellos solo se permitirán una vez completadas tanto las inspecciones de Gibraltar como las de Schengen) [marco, apartado 5]. El artículo 29, apartado 5, del tratado prevé el mismo orden de inspecciones a la entrada, y el artículo 29, apartado 7, «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32, apartado 3, y en el artículo 43», prevé condiciones de entrada acumulativas.

La frontera. El artículo 28 dice: «Se eliminarán todas las barreras físicas a la circulación de personas entre la Unión y Gibraltar». El plan de ejecución del Reino Unido, para Gibraltar, anexo al primer acuerdo administrativo, dice que su primera fase, que debe completarse antes del 15 de julio de 2026, incluye «la demolición íntegra de la verja fronteriza» [acuerdo administrativo 1, anexo 2; artículo 28]. El artículo 30, apartado 1, dice que las Partes «garantizarán que, cualquiera que sea su nacionalidad, las personas puedan circular entre Gibraltar y los Estados miembros que aplican íntegramente el acervoAcervoEl conjunto del Derecho de la UE — tratados, reglamentos, directivas, sentencias de los tribunales — tal como está en cada momento. de Schengen sin ser sometidas a inspecciones fronterizas», con la salvedad de las normas sobre fronteras marítimas del anexo VI del Código de fronteras Schengen y de los artículos 30, apartado 2, y 67. Para las mercancías, el artículo 240 crea una unión aduaneraTerritorio aduanero / unión aduaneraLa zona dentro de la cual las mercancías circulan sin controles ni derechos de aduana porque sus miembros aplican un único arancel exterior. Las mercancías de fuera pasan la aduana una sola vez, al entrar, para toda la zona. entre la UE y el Reino Unido, para Gibraltar; el artículo 243 prohíbe los derechos de aduana y las exacciones de efecto equivalente entre la UE y Gibraltar, y el artículo 246, apartado 1, prevé que se eliminen las barreras físicas para las mercancías que circulan por vía terrestre, salvo los trámites, las comprobaciones y los controles que menciona. Hasta que el Consejo de CooperaciónConsejo de CooperaciónEl órgano conjunto superior del tratado: la UE y el Reino Unido, con las personas que designa Gibraltar junto al ministro británico según el Concordat. Supervisa el tratado y toma las decisiones que el tratado le reserva. adopte la decisión del artículo 247, apartado 1, y esta entre en vigor, Gibraltar «se considerará un territorio tercero con arreglo al Derecho de la Unión en materia aduanera, tributaria o mercantil» [artículo 247, apartado 5]. Para los viajeros que circulan entre Gibraltar y España, el acuerdo administrativo 7 dice que «no será necesario realizar verificaciones y controles rutinarios» de aduanas; ese apartado se entiende «sin perjuicio del artículo 22, apartado 3, del anexo 23 del acuerdo y de cualesquiera controles no discriminatorios que puedan llevar a cabo las autoridades aduaneras de España en territorio español» [acuerdo administrativo 7, parte sobre viajeros, apartado 6.7].

Inspecciones, agentes y armas. El Reino Unido, para Gibraltar, y España deben establecer pasos fronterizos en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar [artículo 29, apartado 1]. Como excepción, el artículo 29, apartado 3, permite que las inspecciones fronterizas se hagan en el paso fronterizo del aeropuerto si el volumen de tráfico del puerto permite un nivel elevado, uniforme y efectivo de control en el paso fronterizo del aeropuerto; en ese caso, los pasajeros y las tripulaciones que llegan al puerto son conducidos hasta el aeropuerto. El acuerdo administrativo 4, apartado 2.2.2, dice que se considera que se cumplen las condiciones del artículo 29, apartado 3: en el caso de los transbordadores, cuando no existen conexiones directas entre Gibraltar y un puerto fuera del espacio Schengen; en el caso de los cruceros, cuando ninguno comienza ni termina su itinerario en Gibraltar. A la entrada, las autoridades competentesAutoridad competenteEl organismo público puesto a cargo de un asunto. del Reino Unido, para Gibraltar, hacen primero las inspecciones, y las de España, «posteriormente»; a la salida, el orden es el inverso [artículo 29, apartado 5]. Las inspecciones de segunda línea deben hacerse en la zona de inspecciones de segunda línea [artículo 29, apartado 6]. Los textos dicen lo siguiente sobre quién está presente y cómo va vestido y equipado.

Aeropuerto, dentro de las cabinas de inmigración Schengen, Ropa (uniforme): Los agentes «podrán llevar uniforme». El acuerdo administrativo lo introduce con las palabras «Como norma general»

Aeropuerto, fuera de las cabinas y fuera de la zona de inspecciones de segunda línea, Personal presente: Un agente español «podrá estar presente para controlar las puertas automáticas y conducir a los pasajeros», cuando sea necesario, a la zona de inspecciones de segunda línea (apartado 2.1.4, letra b)); las inspecciones de Schengen podrán hacerse fuera de las cabinas cuando lo justifique la evaluación del riesgo que haga España (apartado 2.3.2)

Aeropuerto, fuera de las cabinas y fuera de la zona de inspecciones de segunda línea, Ropa (uniforme): «usarán indumentaria civil, pero estarán debidamente identificados»

Aeropuerto, fuera de las cabinas y fuera de la zona de inspecciones de segunda línea, Acompañamiento de Gibraltar: Los funcionarios del Reino Unido, para Gibraltar, «podrán acompañarlos»

Puerto: viajeros que entraron en Gibraltar por mar y van a España, Ropa (uniforme): «Vestirán de paisano, aunque debidamente identificados»

Puerto: viajeros que entraron en Gibraltar por mar y van a España, Armas: «no portarán armas reglamentarias»

Puerto: viajeros que entraron en Gibraltar por mar y van a España, Acompañamiento de Gibraltar: Las autoridades del Reino Unido, para Gibraltar, «acompañarán a dichos funcionarios hacia y desde el puerto y les prestarán acompañamiento mientras permanezcan en él»

Visitas conjuntas de aduanas, Ropa (uniforme): «vestirán de paisano, estarán debidamente identificados»

Visitas conjuntas de aduanas, Armas: «no portarán armas reglamentarias»

Continuación de la vigilancia, Armas: Podrán llevar su arma de servicio durante la vigilancia, «salvo que el Participante requerido decida expresamente lo contrario»; está prohibido usarla «excepto en caso de legítima defensa» (apartado 3.4, letra c))

Continuación de la vigilancia, Facultades sobre una persona: «no podrán interrogar ni detener a la persona vigilada»; está prohibida la entrada en domicilios particulares (apartado 3.4, letras d) y e))

Persecución, Ropa (uniforme): «fácilmente identificables, o bien porque llevan un uniforme o un brazalete, o dispositivos accesorios colocados en el vehículo»; está prohibido ir de paisano en vehículos sin distintivos (apartado 6.4, letra c))

Persecución, Armas: Podrán llevar su arma de servicio; está prohibido usarla «salvo en caso de legítima defensa» (apartado 6.4, letra d))

Patrullas marítimas conjuntas, Ropa (uniforme): No se indica; el buque de cada parte va «sin distintivos» y será «identificado con el pabellón europeo u aquella otra insignia o inscripción visible acordada» (apartado 3.2.4)

Patrullas marítimas conjuntas, Facultades sobre una persona: Si hay que detener o privar de libertad a una persona, «lo hará la autoridad competente del territorio en el que se haya aprehendido a la persona, y de conformidad con la legislación de dicho territorio» (apartado 3.2.5)

Residentes. El derecho de España a denegar la entrada a los nacionales de terceros paísesTercer paísNormalmente un país que no es de la UE, pero el tratado dice en cada lugar quién cuenta. En el capítulo del tratado sobre la orden de detención, «tercer país» es cualquier país que no sea un país de la UE ni el Reino Unido, tampoco cuando actúa respecto de Gibraltar. En la norma del tratado sobre protección de datos, las referencias a terceros países y a sus autoridades en las normas de protección de datos de la UE que el tratado enumera no incluyen al Reino Unido, respecto a Gibraltar, ni a sus autoridades, siempre que el Reino Unido, respecto a Gibraltar, tenga esas mismas normas en su propio Derecho y las aplique de forma efectiva, como exige el tratado. Hay que leer el texto del tratado en cada lugar para saber quién cuenta. que no reúnen las condiciones de entrada no alcanza a «las personas residentes en Gibraltar» [artículo 33, apartado 4, letra a), inciso ii)]. «En todo caso, no se impedirá el cruce por los pasos fronterizos» para entrar en Gibraltar a una persona residente que no cumple las demás condiciones de entrada de Schengen [artículo 43, apartado 2]. Sobre las personas residentes que no cumplen todas las condiciones de entrada, el tratado dice: «Podrá autorizarse la entrada al territorio de los Estados miembros a aquellas personas residentes en Gibraltar que no cumplan las condiciones de entrada establecidas en el artículo 6, apartado 1, del Código de fronteras Schengen, al objeto de que puedan llegar a Gibraltar, a no ser que figuren en la lista nacional de personas no admisibles del Estado miembro en cuyas fronteras exteriores se presenten y que la descripción que les afecte esté acompañada de medidas que se opongan a la entrada o al tránsito» [artículo 44]. No se estampa ningún sello de entrada ni de salida en los documentos de viaje de las personas residentes en Gibraltar cuando cruzan las fronteras exteriores de un país de la UE, sea o no por los pasos fronterizos del artículo 29, apartado 1; esas personas están exentas de los requisitos del Sistema de Entradas y Salidas y de la obligación de tener una autorización de viaje SEIAV (ETIAS) [artículo 42]. Cuando las autoridades de España exigen una acción coercitiva para la detención o la privación de libertad de una persona residente en Gibraltar, «solo las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán llevar a cabo la acción coercitiva»; estas la llevan a cabo a petición de España [artículo 34, apartado 9]. Cuando hace falta una acción coercitiva para la detención o la privación de libertad por descripciones que solo están en las bases de datos de una de las partes, en las inspecciones a la entrada la persona «no se opondrá a la detención o la privación de libertad; o, alternativamente, se le permitirá optar por que se le deniegue la entrada», y en las de salida «se le permitirá optar por que se le obligue a salir» [artículo 34, apartado 5]. Si, tras recibir las garantías del acuerdo administrativo 4, apartado 2.4.1, la persona plantea reparos sobre los derechos humanos en relación con su detención, su privación de libertad o su expulsión de la zona de inspecciones de segunda línea, o si existe una obligación internacional contradictoria en materia de extradición, las autoridades del Reino Unido, para Gibraltar, «solicitarán la suspensión de la expulsión hasta que las autoridades judiciales competentes hayan resuelto el asunto», por un procedimiento rápido [acuerdo administrativo 4, apartado 2.4.3]. El artículo 34, apartado 7, trata aparte las descripciones que existen en las dos partes cuando solo una autoridad puede actuar: en ese caso actúan las autoridades de España y, en casos excepcionales, cuando hay reparos individuales sobre los derechos humanos u obligaciones internacionales contradictorias en materia de extradición, la autoridad que corresponda podrá solicitar la suspensión de la detención y de la privación de libertad. Las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, examinan las solicitudes de protección internacional presentadas en Gibraltar, con las salvedades del artículo 53, apartados 6 a 10 [artículo 53, apartado 1]; quien pasa por las inspecciones fronterizas podrá presentarla, en su lugar, ante las autoridades de España, que entonces la examinan [artículo 53, apartados 3 y 4]; las autoridades de España podrán oponerse, en un plazo de 14 días, a que el Reino Unido, para Gibraltar, conceda la protección (los 14 días podrán ampliarse hasta 14 días más); en ese caso, las autoridades del Reino Unido, para Gibraltar, no deben conceder la protección hasta que hayan tenido plenamente en cuenta toda la información que aporte España [artículo 53, apartado 7].

Soberanía. La cláusula de soberanía del artículo 2 y la cláusula parecida de cada uno de los siete acuerdos administrativos se recogen en la tabla. La sexta parte no se aplica a las diferencias sobre soberanía y jurisdicción, y el tribunal de arbitraje «no se pronunciará» sobre ellas una vez que la Parte demandada presente una declaración motivada [artículo 301, apartado 6]. La nota a pie de página de la definición de «aeropuerto de Gibraltar» lleva una cláusula parecida [artículo 271, letra d)]. Cuando una diferencia sometida a arbitraje «plantee una cuestión de interpretación de un concepto o de una disposición del Derecho de la Unión contenidos en un acto de la Unión mencionado en el presente Acuerdo», el tribunal de arbitraje no decide esa cuestión; pide una resolución al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vincula al tribunal de arbitraje [artículo 312, apartado 1]. Salvo lo que dice el artículo 20, una interpretación del tratado dada por los órganos jurisdiccionales de una Parte «no será vinculante para los órganos jurisdiccionales de la otra Parte» [artículo 18, apartado 3].

Disposiciones económicas e institucionales. La igualdad de trato de los trabajadores fronterizosTrabajadores fronterizosPersonas que viven en España y trabajan en Gibraltar., la coordinación de la seguridad social, las ayudas estatalesAyuda estatalDinero público o ventaja que se da a una empresa. Ahora debe notificarse antes de pagarse, y puede impugnarse. concedidas por ley del Parlamento de Gibraltar y el mecanismo de cohesión se recogen en la tabla. Según el artículo 286, cada Parte debe dar a los buques «que enarbolen pabellón de cualquier Estado miembro o del Reino Unido (Gibraltar) o que sean explotados por proveedores de servicios de la otra Parte» «un trato no menos favorable que el que conceda a sus propios buques» en el acceso a los puertos, el uso de las infraestructuras portuarias, los servicios marítimos auxiliares y las instalaciones aduaneras. Las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, expiden en Gibraltar los permisos de residencia y los carnés de identidad [artículo 45, apartado 1]. El Reino Unido, para Gibraltar, debe informar al Consejo de Cooperación de los cambios que se propongan en las condiciones de esos carnés y permisos, y el Consejo «se pronunciará sobre la compatibilidad de los mencionados cambios con el presente Acuerdo» en el plazo de un mes [artículo 45, apartado 4]. El Concordat dice que las obligaciones del Reino Unido "have been entered into with the consent of His Majesty's Government of Gibraltar and following its full participation in the negotiations" (en español: se han contraído con el consentimiento del Gobierno de Su Majestad de Gibraltar y tras su plena participación en las negociaciones); que, cuando corresponda, la expresión "United Kingdom, in respect of Gibraltar" (en español: Reino Unido, para Gibraltar) se entiende así: "understood to refer to the Government of Gibraltar or to Gibraltar as the case may be" (en español: referida al Gobierno de Gibraltar o a Gibraltar, según el caso), y recoge el compromiso sobre la terminación que figura en la tabla [Concordat, The treaty; Termination and Suspension].

Disposición, tal como estaba: artículo 46, apartado 2: «el Reino de España estimara procedente prohibir a esa persona la salida de Gibraltar para desplazarse al territorio de los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen»

Si España, a raíz de información recibida según el apartado 1 o de cualquier otra información, considera «que una persona residente en Gibraltar supone una amenaza lo suficientemente grave para el orden público o la seguridad interior, la salud pública o sus relaciones internacionales» y, por ese motivo, decide prohibirle «la salida de Gibraltar para desplazarse al territorio de los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen», «comunicará esa prohibición a las autoridades del Reino Unido, respecto a Gibraltar». La comunicación debe exponer los motivos y «los recursos contra la prohibición que la persona interesada pueda interponer ante un órgano jurisdiccional nacional del Reino de España»; además, «No se exigirá que la incoación de un recurso tenga efecto suspensivo sobre la resolución de prohibición de entrada» [artículo 46, apartado 2]. El Reino Unido, para Gibraltar, debe informar a la persona y, según el texto, «adoptará todas las medidas necesarias, entre ellas la cooperación policial y judicial con el Reino de España, para evitar que se burle la prohibición de viaje al espacio Schengen» [artículo 46, apartado 3]. El artículo 46 no se aplica a los miembros de la familia de ciudadanos de la UE ni a otros determinados miembros de la familia [artículo 46, apartado 4]. El texto del artículo 46, apartado 2, dice «prohibición de entrada» cuando la decisión se refiere a salir de Gibraltar, y no lo explica. No nombra otra vía de recurso que un órgano jurisdiccional nacional español.

Antes de expedir o renovar un permiso de residencia, las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, «lo comunicarán a las autoridades competentes del Reino de España» [artículo 50, apartado 2]. En el plazo de 28 días (prorrogable hasta 14 días más), las autoridades españolas «podrán manifestar» su oposición si, «de conformidad con el acervo de Schengen, se considera que el solicitante supone una amenaza para el orden público», «la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de un Estado miembro», se base o no esa consideración en una descripción del Sistema de Información de Schengen; en ese caso, las autoridades del Reino Unido, para Gibraltar, «no emitirán ni renovarán el permiso de residencia»; si no hay respuesta en el plazo, «se entenderá que esta es positiva» [artículo 50, apartados 3 y 4]. Si hay causa de oposición a que una persona sea titular de un permiso, las autoridades españolas «solicitarán» su retirada y las autoridades del Reino Unido, para Gibraltar, «retirarán sin dilación el permiso de residencia» [artículo 50, apartado 5]. El artículo 50 se aplica hasta que empiece a funcionar el Sistema de Información de Visados; desde esa fecha se aplica el artículo 51, que mantiene la comunicación a España y añade normas sobre la recogida de datos del sistema de visados y su envío a España [artículo 50, apartado 10; artículo 51]. Los apartados 2 a 6 del artículo 50 y 2 a 7 del artículo 51 no se aplican a los ciudadanos de la UE y los miembros de su familia, a los que se refieren las normas de la UE sobre la libre circulación de sus ciudadanos, ni a los nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Andorra y San Marino y los miembros de su familia que tengan derechos de libre circulación equivalentes según acuerdos con la UE [artículo 50, apartado 12; artículo 51, apartado 11]. Para los permisos ya vigentes, las autoridades del Reino Unido, para Gibraltar, comunican a España quiénes son sus titulares, y las autoridades españolas «podrán solicitar» la retirada si «se considerara, de conformidad con el acervo de Schengen, que el titular supone una amenaza»; las autoridades del Reino Unido, para Gibraltar, «retirarán el permiso de residencia de que se trate, retirada que será recurrible ante un órgano jurisdiccional nacional» [artículo 52, apartado 3], salvo en el caso de las personas del artículo 52, apartado 4.

Los carnés de identidad y los permisos de residencia solo podrán expedirse «a las personas que reúnan las condiciones que la legislación vigente en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo establezca» [artículo 45, apartado 2]. El Reino Unido, para Gibraltar, debe informar al Consejo de Cooperación de los cambios que se propongan, y el Consejo se pronuncia sobre su compatibilidad con el tratado en el plazo de un mes; el artículo 45 no dice qué ocurre si el Consejo considera que un cambio no es compatible; según el texto, «En todo caso, los cambios no permitirán que una persona obtenga» un carné de identidad por razón de residencia anterior sin haber residido en Gibraltar «durante diez años de forma continuada e inmediatamente anterior a la solicitud del carné», ni un permiso de residencia «sin acreditar un vínculo real con Gibraltar» [artículo 45, apartado 4]. Las condiciones para un carné por razones distintas de la residencia anterior, y para un permiso, no se cumplen con inversiones predeterminadas ni con pagos financieros predeterminados: esos hechos «no serán motivo para dar por cumplidas las condiciones» [artículo 45, apartado 6]. «No se expedirán visados de larga duración para Gibraltar» [artículo 49].

El tratado dice que «no se concederá a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, acceso a los sistemas de información y bases de datos establecidos al amparo del Derecho de la Unión» [artículo 31]. Las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, tienen acceso al sistema informático de tránsito y prueba del estatuto de la UE, o al sistema de tránsito específico de los anexos 19 y 21, a través del sistema informático de España [artículo 251, apartado 1]. Las autoridades competentes dentro de la UE «tendrán acceso continuo y en tiempo real a cualquier sistema informático pertinente utilizado por las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, para la aplicación del presente título» [artículo 251, apartado 2]. Acuerdo administrativo 7, sistemas informáticos, apartado 9: «Con el fin de proporcionar a España acceso en tiempo real a los sistemas portuarios, aeroportuarios y tributarios del Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar, comprendidos en el ámbito de aplicación de los anexos 19, 21, 22 y 23 del acuerdo, se facilitarán a España identificadores de usuario o procedimientos equivalentes».

La UE notifica un acto posterior de la UE de los tipos que recoge el artículo 19, apartado 1, letra b); en el plazo de 30 días, el Reino Unido, para Gibraltar, notifica su decisión de aceptarlo e incorporarlo, o no [artículo 19, apartados 2 y 3]. Si notifica que no acepta su contenido, si no notifica en el plazo de 30 días, o si no informa a la UE, a más tardar seis semanas después de la entrada en vigor del acto, de que lo ha incorporado, «se considerará terminado el presente Acuerdo, salvo decisión en contrario del Consejo de Cooperación, tras analizar detenidamente las posibilidades de mantener el Acuerdo, en un plazo de noventa días»; la terminación «surtirá efecto tres meses después de finalizar el plazo de noventa días» [artículo 19, apartado 5]. El Consejo de Cooperación decide «de común acuerdo» [artículo 24, apartado 2].

Tras la evaluación del artículo 65 (que el comité del tratado UE-Reino Unido sobre circulación de personas debe completar a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor de la segunda parte), y sin que cambie lo que dice el artículo 334, «tanto la Unión, sea o no a petición del Reino de España, como el Reino Unido podrán denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita por vía diplomática»; el tratado deja de estar en vigor el primer día del duodécimo mes siguiente a la notificación [artículo 66, apartado 1]. «Si, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, el Reino de España hubiera pedido a la Unión la denuncia del presente Acuerdo, la Unión adoptará las medidas necesarias de conformidad con sus procedimientos internos, con vistas a la denuncia del presente Acuerdo» [artículo 66, apartado 2]. La Declaración del Consejo y de la Comisión dice que "any measure taken by the Union in the implementation of the EU-UK Agreement on Gibraltar – including amendments, remedial measures, suspension of application of all or parts of the Agreement and termination - will require a prior agreement of the Kingdom of Spain, without prejudice to the competences of the Union and the prerogatives of the institutions" (en español: toda medida que adopte la UE para aplicar el tratado UE-Reino Unido sobre Gibraltar, incluidas las modificaciones, las medidas correctoras, la suspensión de la aplicación de todo el tratado o de parte de él y la terminación, requerirá el acuerdo previo del Reino de España, sin que cambien las competencias de la UE ni las prerrogativas de las instituciones).

Según el texto, «en caso de incumplimiento grave de los compromisos regulados por esta parte, o si cualquiera de las Partes considerara que está expuesta a una amenaza grave y persistente para la seguridad interior provocada por la ausencia de controles entre la Unión y Gibraltar, cualquiera de las Partes, previa consulta a la otra, podrá suspender temporalmente el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en virtud de los títulos I a V de la presente parte»; «La Unión tendrá debidamente en cuenta la opinión del Reino de España» [artículo 67, apartado 1]. La notificación indica el período; la suspensión «surtirá efectos el octavo día contado a partir de la notificación o, en su caso, en una fecha posterior indicada en la notificación»; y, según el texto, «Lo anterior será causa para el restablecimiento, por parte de los Estados miembros y por parte del Reino Unido, respecto a Gibraltar, del control fronterizo entre la Unión y Gibraltar» [artículo 67, apartado 2].

Cada acuerdo administrativo: «Cualquiera de los Participantes podrá dar por terminado el presente Acuerdo Administrativo notificándolo, por escrito»; deja de surtir efecto el primer día del duodécimo mes siguiente a la notificación [acuerdos administrativos 1–7, disposiciones finales; por ejemplo, acuerdo administrativo 4, apartado 4.2]. Según el artículo 336, apartado 5, los títulos I a IV de la segunda parte, el título II de la tercera parte y el título III de la cuarta parte «dejarán de aplicarse a partir del día en que los acuerdos administrativos a que se refieren los artículos 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260 y 265 del presente Acuerdo y el Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social se suspendan o lleguen a su fin»; «Empezarán a aplicarse de nuevo» cuando se levante la suspensión o se celebren nuevos acuerdos administrativos. Los Participantes son el Reino Unido, para Gibraltar, y España. El texto del artículo 336, apartado 5, no dice si basta con que se suspenda o termine uno de esos acuerdos administrativos, o si deben suspenderse o terminarse todos.

Hasta que entre en vigor la decisión del Consejo de Cooperación del artículo 247, apartado 1, las mercancías producidas en Gibraltar o importadas a Gibraltar están sujetas a un impuesto sobre las transacciones y, en el caso de las mercancías sujetas a impuestos especiales armonizados de la UE, a un impuesto especial en Gibraltar, que se aplican conforme al anexo 24 [artículo 248, apartados 1 a 4]. El tipo normal del impuesto sobre las transacciones «no será inferior al tipo normal del IVA más bajo aplicado por un Estado miembro que, en el momento de la firma del presente Acuerdo, es del 17 %»; el Reino Unido, para Gibraltar, «podrá aumentar gradualmente su tipo impositivo normal» durante tres años, según un cuadro de 15 %, 16 % y 17 % «(o el tipo impositivo que sea el más bajo aplicado por cualquier Estado miembro en ese momento)» [anexo 24, artículo 2, apartado 3, letra a)]. Para determinadas mercancías o categorías de mercancías, el órgano consultivo independiente podrá recomendar un tipo inferior que «nunca sería inferior en dos puntos porcentuales al tipo impositivo normal del IVA más bajo aplicado por cualquier Estado miembro»; transcurridos los tres años, podrá recomendar, si sus recomendaciones para mercancías concretas no bastan para evitar distorsiones reales significativas en Gibraltar o en la zona contigua a la frontera ligadas a la diferencia entre los tipos del impuesto sobre las transacciones y los del IVA de España, que el tipo normal se ajuste al alza o a la baja para todas las mercancías sujetas a ese tipo; el texto no dice si el límite de los dos puntos se aplica a ese ajuste. Impuestos especiales: los tipos mínimos de los impuestos especiales de la UE se aplican desde la entrada en vigor, y «los tipos de los impuestos especiales objetivo que no difieran en más de seis puntos porcentuales de los aplicados en el Reino de España o sean equivalentes al 94 % de estos» se aplican en un plazo de tres años [anexo 24, artículo 6, apartado 2]; el anexo 24, artículo 6, apartados 3 a 5, establece excepciones para los carburantes y para las labores del tabaco. Los nuevos impuestos especiales de la UE se aplican en Gibraltar «a menos que el órgano consultivo independiente recomiende, de conformidad con el artículo 248, apartado 5, del presente Acuerdo, una suspensión temporal de hasta un año» [anexo 24, artículo 6, apartado 1]. En el caso de los cigarrillos, «La diferencia de precio resultante del impuesto especial global aplicable no excederá de 0,80 EUR o del 15 % por paquete de cigarrillos, si esta diferencia da lugar a una diferencia de precio más baja» [anexo 24, apéndice 2, sección 3, apartado 3]; el texto no dice respecto a qué se mide esa diferencia. Si el órgano consultivo determina que existe una distorsión, el Reino Unido, para Gibraltar, «ajustará los tipos de los impuestos indirectos aplicables en Gibraltar» «teniendo en cuenta las recomendaciones de dicho órgano consultivo», dentro de los límites de los artículos 2 y 6 del anexo 24 [artículo 248, apartado 6].

Hay dos motivos distintos. Según el artículo 249, apartado 1, la UE «podrá recurrir» al procedimiento de salvaguardia si el Reino Unido, para Gibraltar, incumple su obligación del artículo 248, apartado 6, en relación con la evaluación continua del órgano consultivo, prevista en el artículo 248, apartado 5, letra a), si la UE lo considera apropiado y si se cumplen cuatro condiciones: que se estén produciendo distorsiones significativas del comercio entre Gibraltar y la UE para la mercancía o categoría de mercancías; que estén relacionadas con diferencias entre el impuesto sobre las transacciones y los impuestos especiales de Gibraltar y el IVA y los impuestos especiales de España; que hayan durado al menos 30 días; y que la UE tenga información objetiva, convincente y verificable que lo demuestre. Según el artículo 249, apartado 2, la UE podrá recurrir a él si el Reino Unido, para Gibraltar, incumple el artículo 248, apartado 6, en relación con la evaluación anual del órgano, prevista en el artículo 248, apartado 5, letra b), y si la UE lo considera apropiado; el apartado 2 no fija más condiciones. Tras la notificación y 10 días hábiles de consultas sin una solución mutuamente aceptable, la UE «podrá, durante un período máximo de treinta días, exigir el IVA y el impuesto especial aplicables» al abrir el régimen de tránsito para las mercancías destinadas a Gibraltar, al tipo del país de la UE del puesto aduanero designado [artículo 249, apartados 3 y 4]. Los 30 días podrán prorrogarse otros 30 días, con un aviso de al menos cuatro días hábiles, y el procedimiento podrá repetirse mientras persistan las condiciones [artículo 249, apartados 5 a 7]. Mientras la UE los exija, no se aplica la obligación del Reino Unido, para Gibraltar, de exigir el impuesto sobre las transacciones y los impuestos especiales sobre esas mercancías [artículo 249, apartado 9]. Los importes «serán conservados por ese Estado miembro» [artículo 249, apartado 11]. Si el Reino Unido, para Gibraltar, inicia un arbitraje para impugnar el acto de la UE, el tribunal de arbitraje lo trata como un caso de urgencia [artículo 249, apartado 8].

Las transferencias de productos de la Lista Común Militar y de armas de fuego de las categorías A, B y C, «cuando estén destinadas a las fuerzas armadas, la policía o las autoridades públicas del Reino Unido en Gibraltar», están sujetas a las normas «del Derecho español en materia de control de las exportaciones de material de defensa y de doble uso»; «El Reino de España impondrá un requisito de autorización para las transferencias de estos productos» [artículo 261, apartado 1]. La autoridad competente de España «podrá negarse a conceder una autorización de transferencia y podrá anular, suspender, modificar o revocar» una que ya haya concedido, de conformidad con los Reglamentos (UE) n.º 258/2012 y (UE) 2025/41 [artículo 263, apartado 3]. Salvo las mercancías transferidas con fines comerciales y las mercancías sanitarias y fitosanitarias, los productos que llegan en aeronaves o buques estatales o en envíos estatales y que están destinados exclusivamente al uso oficial del Ministerio de Defensa del Reino Unido o de «fuerzas visitantes de terceros países» tienen su transferencia «regulada exclusivamente por el régimen especial establecido en el presente artículo», es decir, el artículo 264, con una lista y un certificado que se entregan al funcionario de enlace de España antes de la transferencia [artículo 264, apartados 1 y 2].

Según el texto, «Se constituirá una empresa conjunta bajo la responsabilidad compartida del Reino Unido, respecto a Gibraltar, y del Reino de España»; «La empresa conjunta no se constituirá en ninguno de los dos Estados con responsabilidad compartida en relación con la empresa conjunta, y se constituirá en un Estado miembro» [artículo 274, apartado 1]. La empresa conjunta selecciona, «mediante un proceso ordinario de licitación», la sociedad mercantil encargada de la gestión corriente del aeropuerto, y la supervisa [artículo 274, apartado 1].

El Reino Unido, para Gibraltar, «velará por que ningún crucero haga escala en Gibraltar directamente desde terceros países distintos del Reino Unido» [acuerdo administrativo 4, apartado 2.2.1]. Esa frase está en un apartado que empieza así: «Cuando se cumplan las condiciones del artículo 29, apartado 3, del acuerdo»; el texto no dice si la frase se aplica solo mientras se cumplan esas condiciones. Respecto de las condiciones del artículo 29, apartado 3, «Se considerará que se cumplen» en el caso de los cruceros cuando «ninguno comience o termine su itinerario en Gibraltar» [acuerdo administrativo 4, apartado 2.2.2]. Cuando no se cumplen las condiciones del artículo 29, apartado 3, se aplica el apartado 2.2.3.

El texto de 2020 dice que el tratado "may establish a reasonable implementation period" (en español: podrá establecer un período de aplicación razonable), y después: "In the event that, after consultations on the results of the arrangements of the implementation period, either of the parts ... are not satisfied with the results at the end of the implementation period, the agreement will be terminated at the end of that period" (en español: si, tras las consultas sobre los resultados de las medidas del período de aplicación, alguna de las partes no está satisfecha con los resultados al final del período de aplicación, se pondrá fin al acuerdo al final de ese período) [marco, apartado 10]. El tratado prevé una evaluación por el comité del tratado UE-Reino Unido a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor de la segunda parte [artículo 65] y la denuncia voluntaria por la UE, «sea o no a petición del Reino de España», o por el Reino Unido [artículo 66]. El texto de 2020 se refiere a agentes españoles en el puerto y el aeropuerto, y dice que, durante el período de aplicación, España, de acuerdo con las autoridades de Gibraltar, "shall request operational assistance from the European Border and Coast Guard Agency" (en español: solicitará asistencia operativa a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) [marco, apartado 10]; las palabras "Frontex" y "European Border and Coast Guard" (en español: Guardia Europea de Fronteras y Costas) no aparecen en el tratado ni en los siete acuerdos administrativos.

Circulación. Según el artículo 46, el Reino Unido, para Gibraltar, debe revisar con regularidad los riesgos que se derivan de los viajes de los residentes a los países de la UE que aplican íntegramente las normas de Schengen y entregar a España una evaluación de esos riesgos «con una periodicidad mínima trimestral» [artículo 46, apartado 1]. Lo que sigue a la decisión de España de prohibir a un residente salir de Gibraltar se expone en la tabla [artículo 46, apartados 2 y 3]. Según el artículo 34, apartado 1, las autoridades del Reino Unido, para Gibraltar, y las de España actúan cada una ante las descripciones de sus propias bases de datos y sistemas de información. Según el texto, «no se concederá a las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, acceso a los sistemas de información y bases de datos establecidos al amparo del Derecho de la Unión» [artículo 31]. La tabla también recoge el acceso al sistema de tránsito de la UE, a través del sistema informático de España, que el artículo 251, apartado 1, les da para los fines de los artículos 242, 245, 247 y 248.

Residencia. Las normas sobre la comunicación, la oposición y la retirada de los permisos de residencia, y sus excepciones, se exponen en la tabla [artículos 50 a 52]. Los carnés de identidad y los permisos de residencia solo podrán expedirse a quienes cumplan las condiciones de la legislación vigente cuando entró en vigor el tratado; los cambios que se propongan se comunican al Consejo de Cooperación para que dé su opinión, dentro de los límites que se exponen en la tabla [artículo 45, apartados 2 y 4]. El acuerdo fiscal de 2019 dispone que «Los nacionales españoles que trasladen su residencia a Gibraltar con posterioridad a la fecha de la firma del presente Acuerdo se considerarán, en todos los casos, residentes fiscales exclusivamente de España», dentro de las normas especiales para determinar la residencia, que se aplican «sin perjuicio de los criterios establecidos en los anteriores apartados» [acuerdo fiscal, artículo 2, apartado 1, letra c), inciso i)]. También dispone que las autoridades fiscales de Gibraltar den a las autoridades fiscales españolas «acceso libre y directo a las anotaciones del Registro Mercantil de Gibraltar (Registrar of Companies in Gibraltar)», así como «al Registro de la Propiedad de Gibraltar (Gibraltar Land Registry)» [acuerdo fiscal, artículo 3, apartado 5, letra c)].

Mercancías e impuestos. La unión aduanera se expone más arriba. Hasta que el Consejo de Cooperación adopte la decisión del artículo 247, apartado 1, y esta entre en vigor, Gibraltar «se considerará un territorio tercero con arreglo al Derecho de la Unión en materia aduanera, tributaria o mercantil»; toda mercancía distinta de las que los viajeros transporten en su equipaje personal «se introducirá en Gibraltar y se exportará de Gibraltar exclusivamente por vía terrestre», y, como excepción, las mercancías de la UE también podrán introducirse por vía marítima y las mercancías también podrán transportarse por vía marítima de Gibraltar a países de fuera de la UE [artículo 247, apartados 3 a 5]. Este documento no comprobó si esa decisión se ha adoptado. Los tipos de los impuestos y el procedimiento de salvaguardia se exponen en la tabla [anexo 24; artículos 248 y 249]. Según el anexo 21, artículo 3, apartado 7, los países de la UE abonan los derechos en la cuenta de la Comisión Europea y «retendrán, en concepto de gastos de recaudación, un porcentaje de los derechos de importación percibidos» en nombre del Reino Unido, para Gibraltar, según el tipo de retención que se aplica en la UE. Según el acuerdo administrativo 7, las autoridades aduaneras y de impuestos especialesImpuestos especialesImpuestos sobre el tabaco, el alcohol y el combustible — ahora ligados a los mínimos de la UE y, con el tiempo, a los tipos de España. de España tienen «acceso continuo en línea y en tiempo real» a la información del artículo 2, apartado 2, del anexo 22, para las actuaciones y medidasMedidaLa palabra del tratado para cualquier actuación de un gobierno con efectos jurídicos: una ley, un reglamento, una decisión, una práctica administrativa. que enumera el artículo 2, apartado 1, del anexo 22 [apartado 4.1]; y, en una visita conjunta, las autoridades competentes de España piden a las autoridades competentes del Reino Unido, para Gibraltar, «que lleven a cabo las actuaciones y medidas pertinentes de conformidad con el acuerdo y con el apartado 2.2 del presente acuerdo administrativo», y estas «procederán conforme a lo solicitado» [apartado 6.2.1]. Las visitas conjuntas empiezan con una notificación de las autoridades competentes de España, para inspeccionar «las aeronaves, los buques, las infraestructuras y las instalaciones pertinentes en Gibraltar respecto de las cuales se haya identificado un riesgo para el mercado interior de mercancías de la Unión» [apartado 6.1].

Seguridad e infraestructuras. Las normas sobre armas y material militar y sobre la empresa conjunta del aeropuerto se exponen en la tabla. Según el acuerdo administrativo 5, los agentes de cualquiera de los Participantes que persigan a una persona hallada en flagrante delito de comisión de una de las infracciones del anexo 8 del tratado, o de participación en ella, o que persigan a una persona evadida mientras estaba bajo detención provisional o cumpliendo una pena, podrán proseguir la persecución en el territorio del otro, de conformidad con el artículo 56 del tratado y los apartados 5.1 a 6.4 del acuerdo administrativo [apartado 4.1], y podrán llevar armas de servicio con la condición citada más arriba [apartado 6.4, letra d)]. Si los agentes que persiguen podrán retener a la persona lo fija una declaración que cada Participante hace a través del Grupo de Trabajo [apartado 6.2]: o bien los agentes que persiguen «no tendrán derecho a aprehender a la persona perseguida», o bien, si no se pide el cese de la persecución y las autoridades locales no pueden intervenir con la rapidez suficiente, «podrán retener a la persona perseguida» hasta que las autoridades locales puedan determinar su identidad o detenerla [apartado 6.1]. Este documento no ha encontrado el texto de ninguna de las dos declaraciones. La disposición sobre los cruceros está en la tabla.

Medio ambiente, ayudas estatales y solución de diferencias. Según el texto, «La Unión no debilitará ni reducirá sus niveles de protección medioambiental y climática por debajo de los niveles existentes a 31 de diciembre de 2020» [artículo 219, apartado 3]. El Reino Unido, para Gibraltar, «mantendrá unos niveles de protección medioambiental y climática equivalentes a los vigentes en la Unión» [artículo 219, apartado 4], y debe velar por que su sistema de tarificación del carbono, o sus medidas equivalentes, tengan «un ámbito de aplicación y efectividad equivalentes a los del sistema vigente en la Unión en el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo» [artículo 220, apartado 2]. Si una parte considera que una ayuda estatal de la otra parte causa, o hay un riesgo grave de que cause, «un efecto negativo importante sobre el comercio de mercancías y la inversión entre las Partes», podrá presentar una solicitud escrita de información y consultas; no antes de 60 días desde la solicitud, y tras notificar las medidas que pretende adoptar, «podrá adoptar unilateralmente las medidas correctoras adecuadas» si hay pruebas de que una ayuda estatal de la otra parte causa, o hay un riesgo grave de que cause, un efecto negativo importante sobre el comercio de mercancías o la inversión entre las dos partes; las medidas deben estar «limitadas a lo estrictamente necesario y proporcionado»; la otra parte podrá pedir un arbitraje en el plazo de cinco días, y esa petición no suspende las medidas [artículo 209, apartados 1 a 4, 8 y 9]. El capítulo de fiscalidad «no estará sujeto a la solución de diferencias establecida con arreglo a la sexta parte» [artículo 213]; el artículo 301, apartado 2, letra d), excluye de las disposiciones cubiertas los capítulos 3, 4, 5 y 6 del título I de la tercera parte (fiscalidad, normas laborales y de protección social, medio ambiente y clima, y otros instrumentos para el comercio y el desarrollo sostenible), junto con el artículo 199, apartados 1, 2 y 4, y los artículos 207 y 208.

La pregunta planteada. A Pannick se le preguntó: "Does anything in the treaty between the EU and the UK setting out Gibraltar's future relationship with the EU undermine UK sovereignty or jurisdiction over Gibraltar?" (en español: ¿Hay algo en el tratado entre la UE y el Reino Unido que establece la relación futura de Gibraltar con la UE que menoscabe la soberanía o la jurisdicción del Reino Unido sobre Gibraltar?). A Trinidad se le pidió que dijera si alguna disposición del borrador del tratado "undermine the UK's sovereignty or jurisdiction over Gibraltar" (en español: menoscaba la soberanía o la jurisdicción del Reino Unido sobre Gibraltar). A Caruana se le preguntó si los documentos del tratado contienen "any legal concessions on sovereignty of Gibraltar" (en español: alguna concesión jurídica sobre la soberanía de Gibraltar). Pannick y Trinidad concluyen que nada en el tratado menoscaba la soberanía o la jurisdicción del Reino Unido sobre Gibraltar. Caruana concluye que el tratado no hace ninguna concesión sobre la soberanía, "subject to what I say in para 8" (en español: con la salvedad de lo que digo en el apartado 8), es decir, el aeropuerto. Las preguntas se referían a la soberanía y la jurisdicción en sentido jurídico; Caruana escribe que su dictamen se limita a la soberanía en su sentido jurídico y que no expresa "no view whatsoever" (en español: ninguna opinión en absoluto) sobre el tratado desde el punto de vista de la opinión política (apartado 6). Pannick escribe que las medidas prácticas del tratado "certainly confer powers on the EU, and in some respects Spain as the relevant Member States, and involve the application of EU law to be applied (in the event of a dispute) by the Court of Justice" (en español: sin duda confieren poderes a la UE y, en algunos aspectos, a España como los países de la UE correspondientes, y suponen la aplicación del Derecho de la UE, que aplicará el Tribunal de Justicia en caso de diferencia) (apartado 60); se apoya en el artículo 2 y, como argumento adicional, en la facultad de denuncia del artículo 334 (apartado 63). Trinidad escribe que la arquitectura del tratado es "less constitutionally intrusive than EU membership" (en español: menos intrusiva desde el punto de vista constitucional que la pertenencia a la UE) y que algunas de sus obligaciones son "qualitatively similar" (en español: cualitativamente similares) a las de la pertenencia; también escribe que algunos aspectos "can be considered more 'operationally' intrusive than anything Gibraltar had to accept by virtue of its participation in the EU" (en español: pueden considerarse más intrusivos, en lo operativo, que todo lo que Gibraltar tuvo que aceptar por su participación en la UE) y que la acción coercitiva española en la frontera se describe mejor como "treaty-based, limited functional delegations" (en español: delegaciones funcionales limitadas basadas en el tratado), y la compara con los controles yuxtapuestos de los acuerdos del túnel del canal de la Mancha.

Los puntos en que el dictamen de Caruana se apoya en instrucciones. Caruana dice que el "purport and extent" (en español: sentido y alcance) de las disposiciones del artículo 274 es "not clear" (en español: no claro). Hace constar que el fiscal general "has informed and instructed" (en español: le ha informado y le ha dado instrucciones) de que el papel de la empresa conjunta está "limited to ensuring that the tender process is conducted in accordance with EU law and that the appointed commercial company complies with the relevant and specified Treaty requirements" (en español: limitado a asegurar que el proceso de licitación se ajusta al Derecho de la UE y que la sociedad mercantil designada cumple los requisitos pertinentes y especificados del tratado). Su conclusión de que el artículo 274 no entrega la soberanía ni la jurisdicción sobre el aeropuerto se mantiene "so long as" (en español: mientras) el papel de la empresa no vaya más allá de ese papel; da como ejemplos que la empresa sea la empleadora contratante de la sociedad mercantil, o que el contrato o los empleados de la sociedad mercantil queden sometidos a las leyes o los tribunales de un lugar distinto de Gibraltar. También escribe: "I am instructed that Gibraltar's obligations under the Treaty will be administered by Gibraltar's own competent constitutional authorities and enforced by its own authorities." (en español: se me ha indicado que las obligaciones de Gibraltar según el tratado las administrarán las propias autoridades constitucionales competentes de Gibraltar y las harán cumplir sus propias autoridades). La pregunta 22 del registro de preguntas trata de la empresa conjunta del artículo 274.

Caruana, apartado 9. Caruana escribe que, según lo dispuesto desde el artículo 34, apartado 3, hasta el artículo 34, apartado 5 (y los acuerdos administrativos propuestos sobre Schengen), una persona sobre la que solo hay una descripción en las bases de datos y sistemas de información de Gibraltar "cannot be detained by Gibraltar without their consent and, if they do not, must be allowed to exit Gibraltar" (en español: Gibraltar no puede retenerla sin su consentimiento y, si no lo da, hay que permitirle salir de Gibraltar). El texto del artículo 34, apartado 5, es este: cuando hace falta una acción coercitiva para detener o retener a una persona por descripciones que solo constan en las bases de datos de una de las partes, «la persona no se opondrá a la detención o la privación de libertad; o, alternativamente, se le permitirá optar por que se le deniegue la entrada» (inspecciones a la entrada) o «se le permitirá optar por que se le obligue a salir» (inspecciones a la salida). Escribe que esas disposiciones, "while not constituting concessions of Sovereignty to Spain or anyone else, curtail the legal effect and enforceability of Gibraltar's laws by its law enforcement agencies and of arrest warrants issued by Gibraltar's courts" (en español: aunque no constituyen concesiones de soberanía a España ni a nadie más, limitan el efecto jurídico y la ejecutabilidad, por parte de sus cuerpos de seguridad, de las leyes de Gibraltar y de las órdenes de detención dictadas por los tribunales de Gibraltar), de un modo que "would not appear to be required by the exigencies of the common, collective control of access to and egress from the Schengen (plus Gibraltar) common space" (en español: no parecería exigido por las necesidades del control común y colectivo de la entrada y la salida del espacio común Schengen, más Gibraltar). El reglamento 10 de las TGEU Implementation (Border Checks and Alerts) Regulations 2026 (LN 165/2026), dictadas por el Gobierno de Gibraltar, regula el procedimiento del artículo 34, apartado 5, durante las inspecciones fronterizas a la entrada.

¿Qué cubre cada dictamen? Sobre las preguntas que se les plantearon (si el tratado menoscaba la soberanía o la jurisdicción del Reino Unido sobre Gibraltar, o si contiene concesiones jurídicas sobre la soberanía), los tres concluyen que no (Caruana, con la salvedad de su apartado 8). Los apartados 8 y 9 de Caruana tratan de dos disposiciones concretas: el artículo 274 (el aeropuerto) y el artículo 34 (la detención por descripciones). Este documento no ha expuesto todo lo demás que dice cada dictamen; los dictámenes están en la lista de fuentes. El dictamen de Trinidad está marcado como "privileged and confidential" (en español: confidencial y amparado por el secreto profesional) y se presentó ante el Parlamento.

Las disposiciones de la postura a favor se comprobaron de la misma manera, y los demás documentos de este conjunto las recogen con las mismas palabras: el derecho de España a denegar la entrada a nacionales de países de fuera de la UE no alcanza a las personas residentes en Gibraltar, y el artículo 43, apartado 2, dice: «En todo caso, no se impedirá el cruce por los pasos fronterizos a que se refiere el artículo 29, apartado 1, del presente Acuerdo, con el fin de entrar en Gibraltar, a las personas residentes en Gibraltar que incumplan las demás condiciones de entrada establecidas en el artículo 6, apartado 1, del Código de fronteras Schengen» [artículos 33, apartado 4, letra a), inciso ii); 43, apartado 2]; cuando las autoridades de España exijan la detención o la retención de un residente, «solo las autoridades competentes del Reino Unido, respecto a Gibraltar, podrán llevar a cabo la acción coercitiva» [artículo 34, apartado 9]; los residentes están exentos del Sistema de Entradas y Salidas y del SEIAV, y no se les estampa ningún sello [artículo 42]; y las obligaciones del Protocolo relativo a la coordinación en materia de seguridad social no podrán suspenderse según el artículo 316 [artículo 316, apartado 3].

Se buscó en los textos y no se encontró: cualquier disposición sobre si los agentes fronterizos españoles de las cabinas del aeropuerto llevan armas (acuerdo administrativo 4 trata solo del uniforme, apartado 2.1.4; las armas solo se tratan en los acuerdos administrativos 5 y 7); cualquier texto de las declaraciones sobre la persecución previstas en el acuerdo administrativo 5, apartado 6.2; cualquier cifra del mecanismo financiero del artículo 299; cualquier vía de recurso en Gibraltar contra una prohibición de viajar del artículo 46, apartado 2; cualquier referencia a Frontex o a la Guardia Europea de Fronteras y Costas en el tratado o en los siete acuerdos administrativos.